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Uruguay a
mediados de 2010
Conflicto, desigualdad e
Instituciones laborales
por Jorge Notaro*
jnotaro@netgate.com.uy
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La relación capital – trabajo es
desigual, implica la dominación del primero sobre el
segundo y un conflicto de intereses. Los Sistemas de
Relaciones Laborales pueden acentuar o atenuar la
desigualdad y el conflicto.
En el Uruguay se aprecian cambios
importantes desde mediados del siglo XX hasta
principios del siglo XXI
en ambos aspectos.
La hipótesis central de la ponencia
es que los cambios en el Sistema de Relaciones
durante la década de los años noventa acentuaron la
desigualdad y desde 2005 se revirtió la tendencia
por el fortalecieron a las organizaciones
sindicales.
 Conflicto,
desigualdad e instituciones laborales:
Uruguay a mediados de
2010
La relación capital –
trabajo es desigual, implica la dominación del
primero sobre el segundo y un conflicto de
intereses. Los Sistemas de Relaciones Laborales (SRRLL)
pueden acentuar o atenuar la desigualdad y el
conflicto. En el Uruguay se aprecian cambios
importantes desde mediados del siglo XX hasta
principios del siglo XXI en ambos aspectos.
La hipótesis central
de la ponencia es que los cambios institucionales
que se procesaron entre 2005 y 2009 fortalecieron a
las organizaciones sindicales y redujeron la
desigualdad en las relaciones de poder en el mundo
del trabajo.
Se presenta un
esquema del marco teórico metodológico, la evolución
de las interrelaciones entre los actores sociales y
su expresión en el SRRLL y finalmente, la evolución
reciente y la situación actual.
Marco teórico
metodológico
Se consideran los
Sistemas de Relaciones Laborales como institución
componente del proceso social, en sus
interrelaciones con los actores sociales que lo
integran así como con las estructuras del contexto.
Los SRRLL están
asociados al capitalismo ya que suponen que la
relación capital – trabajo es la más importante y
por lo tanto, se justifican como objeto de estudio.
Surgieron con la industrialización y canalizan el
conflicto capital -trabajo sobre contenidos
relacionados con la actividad laboral, como el
salario y las condiciones de trabajo. Convoca a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores
incluyendo principalmente a los trabajadores
concentrados en grandes empresas, creando escenarios
con instancias de negociación para resolverlo.
De las lecturas que
formaron parte de mi actividad en la Juventud
Socialista a mediados de la década de los años
sesenta, una idea de la dialéctica materialista me
acompaña hasta hoy: proceso social. Esa idea
sencilla orienta este enfoque metodológico en tres
aspectos.
En primer lugar, la
hipótesis de que es probable que entre los diversos
aspectos que estudian las ciencias sociales, como la
economía, la sociedad, la política, la cultura o el
derecho, existan interrelaciones y su búsqueda debe
formar parte de la investigación. El proceso social
es uno sólo, pero su división y simplificación
mediante la abstracción son necesarias para la
elaboración de teorías. El análisis “concreto de una
situación concreta” requiere tener en cuenta al
mismo tiempo las múltiples dimensiones y sus
interrelaciones. Este enfoque era uno de los
objetivos del informe de OIT sobre las relaciones de
trabajo en América Latina, “Un tercer objetivo del
libro es el de mostrar la viabilidad de los enfoques
socio institucionales que combinen el análisis
jurídico con la referencia a la práctica, y sobre
todo a los problemas que se enfrenan hoy en los
diversos países de la región. Aunque el papel
prominente que sigue aún desempeñando la legislación
obliga a destacar la dimensión `juslaboralista ´ de
las relaciones laborales, se ha hecho un esfuerzo
por incluir ciertas referencias estadísticas y por
introducir informaciones sobre la razón de ser de
las diversas instituciones y las modalidades y
variantes que ellas presentan en la práctica.”
En segundo lugar, la
hipótesis de que el presente resulta del pasado e
incide sobre el futuro, por lo que el análisis debe
tener en cuenta la dimensión temporal. El objeto de
estudio de las ciencias sociales está en permanente
cambio por lo que una relación de causalidad entre
variables que se cumplía hasta ayer en un país o
región podría no cumplirse en otros países y
regiones en ese momento así como puede no cumplirse
hoy en alguno o algunos de los países o regiones. Es
poco probable que la relaciones causales del Uruguay
de los años cuarenta o del Perú de hoy, se cumplan
en el Uruguay a principios del siglo XXI (excepto
generalidades tan abstractas como poco operativas
para la investigación empírica).
En los trabajos de la
OIT hay una permanente referencia a los cambios en
el contexto económico y político y se analizan sus
interrelaciones con las relaciones laborales. En los
últimos años se ha prestado particular atención a
los cambios resultantes de los modelos de desarrollo
económico, de las dictaduras y el posterior retorno
a la democracia, de las crisis económicas y de las
políticas de liberalización y apertura. Entre los
impactos un tema central ha sido identificar un
sistema de relaciones laborales que estimulara la
inversión, el crecimiento y el empleo.
En tercer lugar, las
especificidades de un lugar durante cierto período
se comprenden en un contexto más abstracto y
permanente. Señala Hyman que “El estado de las
`relaciones industriales´ o de la lucha de clase no
puede simplemente deducirse de una caracterización
general de la coyuntura económica y política, pero
tampoco puede entenderse si no se relaciona con este
contexto. Es necesario tener en cuenta la
especificidad de las instituciones y los proceso de
mediación que son en ciertos aspectos particulares
en cada nación, actividad económica, empresa y lugar
de trabajo; y los que pueden variar en sus efectos
en el tiempo”.
En el presente
documento se parte del concepto de Dunlop (1958):
“En cualquier instante de su desarrollo, se
considera que un sistema de relaciones industriales
está compuesto por ciertos actores, ciertos
contextos, una ideología que los mantiene unidos y
un cuerpo de normas creadas para dirigir a los
actores en el lugar y comunidad de trabajo”. Se
excluye el componente de “ideología”, se considera
que los actores inciden con sus estrategias en la
modificación de los SRRLL señalando “Creemos que un
modelo más realista de las relaciones industriales
deber reconocer en primer lugar el papel activo de
la administración en dar forma a las relaciones
industriales (un punto de vista opuesto al
tradicional de reacción frente a las presiones
sindicales) y en segundo lugar, los diferentes
niveles de la toma de decisiones en las relaciones
entre las organizaciones de empresas, trabajadores y
gobierno y sus efectos independientes en los
resultados de las relaciones industriales.
Esta es la razón por la que creemos
que el
concepto de estrategia, o de opción estratégica,
puede ayudar a agregar un componente más dinámico a
la teoría de sistemas y ayudar a explicar algunos de
los cambios en las relaciones industriales en los
Estados Unidos.”. Estos autores consideran que las
opciones estratégicas complementan pero no
sustituyen en enfoque de “sistemas”.
Es habitual el uso
del concepto “sistema de relaciones laborales” sin
definirlo o el análisis de las relaciones sin
utilizar esa categoría; no forma parte del Glosario
elaborado por OIT y como consecuencia tampoco se
encuentran tipologías o modelos de sistemas que
permitan identificar cambios. Por último, es muy
poco frecuente el análisis de las relaciones de
poder entre los actores y de estos con el sistema
político. Una excepción la constituye el informe de
OIT sobre Uruguay que define los objetivos de los
SRRLL y analiza las características del caso
uruguayo.
Se considera que el
SRRLL tiene cuatro componentes, los actores, los
escenarios, el grado en que se combinan
cooperación/participación y confrontación/conflicto
y las relaciones de poder. Se consideran “actores” a
las organizaciones que representan a los
trabajadores o a los empresarios, y al Estado; se
analiza su evolución, estructura interna y
funciones. Se consideran "escenarios" a la
delimitación de quienes, como y que negocian;
comprende las instituciones (ámbitos u organismos),
los procedimientos (o formas) de relación de los
actores, las normas legales que definen sus
funciones y competencias, y los temas que se
discuten (contenidos). Entre las formas de relación
se considera la negociación colectiva, la
participación de las organizaciones en instituciones
del Estado y la participación de los trabajadores en
organismos en la empresa. Entre los contenidos, en
primer lugar la fijación de salarios dentro de los
márgenes de la legislación vigente; las condiciones
de trabajo; los conflictos y los procedimientos de
prevención y resolución.
Se agregan como parte
del contexto y condicionantes del perfil de los
Sistemas y de sus cambios, a la situación económica,
la estructura social y el sistema político. Se
incluyen las relaciones de poder en la empresa y con
relación al sistema político (Touraine 1987), como
condicionantes del SRRLL y como resultado, en
aspectos que transcienden al SRRLL como las
políticas económicas y participación en el sistema
político.
En Uruguay el proceso
de cambio de los SRRLL y su multidimensionalidad han
sido destacados desde el Derecho del Trabajo. Señala
Castello que “El sistema de relaciones laborales y
su segmento jurídico, el Derecho del trabajo, se han
caracterizado desde sus orígenes por su constante
transformación”. Destaca como causas o factores a
los cambios en sus componentes que modifican sus
interrelaciones así como las relaciones con los
otros subsistemas del sistema social, “en especial
los de índole económico y político”. Rosenbaum
considera “que las instituciones del derecho del
trabajo y las relaciones laborales que confluyen en
ellas, enfrentan un proceso de transformación
profundo…(que) han alcanzado tanto a trabajadores
como a empleadores, a sus organizaciones
profesionales y al propio Estado.”
La estructura social
y el Sistema de Relaciones Laborales
El proceso y los
actores sociales
El Uruguay es un país
capitalista dependiente y por lo tanto se
caracteriza por una estructura social que genera
explotación y una estructura económica deformada.
En este marco abstracto es necesario incorporar las
particularidades del país en cada período, las
alianzas sociales dominantes y dominadas, sus
cambios internos y en la correlación de fuerzas.
Tanto la estrategia
impulsada por las exportaciones de carne, lana y
cuero hasta principios del siglo XX como la de
desarrollo industrial sustitutivo de importaciones
para el mercado interno tuvieron alianzas sociales
de apoyo claramente identificadas. Algunos
indicadores del apoyo a la política económica por el
capital son el aumento de la inversión, del nivel de
actividad y de los depósitos bancarios. La
dependencia de Inglaterra duró hasta la segunda
guerra mundial y desde ese momento el poder imperial
lo ejercieron los Estados Unidos de Norteamérica. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcó en
Uruguay en 1959, año en que se firmó la primera
carta de intención y continúa condicionando la
política económica.
La economía uruguaya
creció a tasas importantes durante la primera mitad
del siglo veinte, primero por el impulso de las
exportaciones ganaderas y luego por la sustitución
de importaciones industriales para el mercado
interno. En sus últimos años tuvo como estímulos la
segunda guerra mundial y la guerra de Corea, que
generaron una mayor demanda y altos precios de la
carne vacuna y la lana principalmente.
Finalizada la guerra
la economía dejó de crecer, no se crearon nuevos
puestos de trabajo en las actividades productivas,
los gobiernos empezaron a utilizar más intensamente
las políticas de clientela con cargos públicos
innecesarios y repartiendo jubilaciones. El
estancamiento del producto puso en marcha una puja
distributiva entre los principales actores sociales
para mantener o mejorar su participación en esa
riqueza de magnitud constante.
En una economía con
mercados internos protegidos y predominantemente
oligopólicos los aumentos de salarios se trasladaban
a los precios y el tipo de cambio administrado y
descendente en términos reales permitía
transferencias de ingresos desde los ganaderos hacia
los actores urbanos. Los ganaderos tenían como
instrumento “retener su producción” lo que provocaba
escasez de moneda extranjera y dificultaba las
importaciones, se perdían reservas y el país quedaba
al borde de la incapacidad de pagos externos. El
gobierno tenía que devaluar para que se reiniciaran
las exportaciones y aumentar su disponibilidad de
moneda extranjera, con lo cual exportando a precios
internacionales dados, los ganaderos, las barracas
exportadoras de lana y la industria que producía
tops, aumentaban sus ingresos reales. Por períodos
mejoraban los salarios reales o la rentabilidad
industrial y comercial, la devaluación mejoraba los
ingresos de los ganaderos y deterioraba los de los
actores urbanos, y en ese relativo empate social y
económico funcionaba la economía uruguaya en un
círculo vicioso de estancamiento del nivel de
actividad, pugna distributiva e inflación.
En el año 1968 con
una inflación que por primera vez pasó del 100%
anual, se resolvió congelar los precios y los
salarios. Se acercaba la convocatoria de los
consejos de salarios con de modo que se congelaron
precios altos y salarios bajos, lo que consolidó la
transferencia de ingresos desde los asalariados
hacia los capitalistas. Esta experiencia terminó con
una importante devaluación en 1971/72, que se
trasladó a los precios pero no fue acompañada por un
aumento de salarios, lo que provocó una caída de 17%
del salario real. Fue la caída más pronunciada en un
solo año, mayor a la que posteriormente se siguió
acumulando durante la dictadura. La plusvalía
captada por las actividades ganaderas aumentó un 50%
sobre el nivel de 1971.
Con la congelación,
de la espiral precios – salarios se transitó a la
espiral de la violencia, para imponer la congelación
se reprimió la actividad sindica militarizando a los
bancarios funcionarios públicos de servicios
esenciales en huelga y confinándolos en distintas
instalaciones; reprimiendo las protestas callejeras
estudiantiles; la llegada de Dan Mitrione como parte
de la cooperación del gobierno de los EE.UU para
enseñar a torturar, lo que tuvo como consecuencia
que un grupo de patriotas violara la ley para
mandarlo de vuelta.
El largo proceso de
deterioro económico y político así como los
conflictos sociales fueron modificando el peso
relativo de los actores y agudizando la
contradicción entre las Fuerzas Armadas como soporte
de un sistema político en el que tenían un papel
secundario y los gobernantes que tomaban las
decisiones, que se resolvió a mediados de 1973 con
el golpe de Estado.
La dictadura adoptó
dos medidas de política económica que modificaron el
funcionamiento de la actividad económica y la
importancia relativa de los actores, la
liberalización de las tasas de interese y del
movimiento internacional de capital. Cuando las
tasas de interés se liberaron y empezaron a aumentar
más que la inflación, la intermediación financiera
se convirtió en una actividad más rentable y el
crédito comenzó a tener un costo. El ingreso de
capital del exterior diluyó la base del poder de los
ganaderos que, por ejemplo, perdió la capacidad de
presionar por las devaluaciones.
Los cambios en el
Estado y en la economía derivaron en el ascendente
protagonismo de un nuevo actor social “La
distribución de costos y beneficios, así como los
resultados sobre el proceso económico, permiten
hablar de un modelo que pasó de tener un carácter
antipopular a tener un carácter antinacional. Se
consolidó la hegemonía del capital financiero
internacional sobre el proceso económico.”. La
alianza de clases dominantes se modificó durante el
último cuarto del siglo veinte con la aparición de
un cuarto socio hegemónico, el capital financiero.
En torno a este se constituyó una “lumpenburguesía”
de auditorias, estudios jurídicos y contables, que
lucraron con las operaciones de venta cartera. Tiene
su base en las instituciones de intermediación
financiera y articula también a los acreedores
externos y los propietarios de depósitos bancarios,
residentes en el país o en el exterior. Las
prioridades de la política económica fueron el pago
de la deuda externa, la creación de mejores
condiciones de pago a los deudores de la banca
instalada en el país y la supervivencia de las
instituciones de intermediación financiera. El FMI
recuperó protagonismo por la contracción de la
financiación privada externa y reinició las
operaciones de apoyo condicionado al establecimiento
de metas de estabilización de precios, fiscales y
monetarias.
Los Sistemas de
Relaciones Laborales
El proceso que
desemboca en la formación de un sistema de
relaciones laborales en el Uruguay se inicia a fines
del siglo XIX, por la acción de un conjunto de
condiciones políticas, económicas y sociales,
nacionales e internacionales.
El Uruguay tuvo una
legislación social y laboral muy avanzada, como por
ejemplo la creación de los Consejos de Salarios y
las asignaciones familiares en el año 1943, ley
10.449 del 12 de noviembre. La convocatoria
periódica de los consejos de salarios estimuló el
desarrollo de las organizaciones sindicales y
permitió a los trabajadores asalariados lograr
mejoras en sus salarios.
Con la aprobación de
la ley inició una nueva etapa en el SRRLL. La misma
estableció “Créanse los Consejos de Salarios que
tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los
salarios que deben percibir los trabajadores,
empleados u obreros del comercio, la industria,
oficinas y escritorios de propiedad privada y los
servicios públicos no atendidos por el Estado.”
Estarían integrados por representantes de los
empresarios y los trabajadores surgidos de
elecciones con voto secreto y del Poder Ejecutivo.
La convocatoria se suspendió en 1968 se retomó en
1985 y a fines de 1992 se suspendió nuevamente
dejando la negociación salarial librada a los
actores; este cambio permitió el predominio de los
empresarios sobre los trabajadores, lo que se
reflejó en modificaciones en las condiciones de
trabajo que contribuyeron a la caída del salario
real privado.
Se ubica en la década
de los cuarenta “una clase trabajadora urbano –
industrial que está en pleno proceso de crecimiento”
por la convergencia de trabajadores inmigrantes y
del interior del país, así como la incorporación de
mujeres y jóvenes., con una diversidad ideológica y
organizativa “en lo que pensamos fue su proyección
histórica en la vida social y política de las
agitadas décadas siguientes de los 50 y 60”.
Las primeras luchas,
que acompañaron el surgimiento del proletariado
(trabajadores asalariados de la industria) a fin del
siglo diecinueve y principios del veinte. Los
obreros eran 80.000 en 1930 y en las organizaciones
sindicales predominaban los proyectos
revolucionarios y la acción directa.
Rosenbaum destaca las
múltiples dimensiones del funcionamiento de los
Consejos considerando que “los efectos del sistema
excedieron las previsiones originarias del
legislador de la época” y se constituyeron en “la
variable de sustentación del modelo de relaciones
laborales de nuestro país” así como una fuente del
derecho del trabajo individual (el salario y las
condiciones de trabajo y empleo) y colectivo (la
negociación, la libertad sindical y el convenio
colectivo).
La Ley implicó la
institucionalización de la lucha de clases al
reconocer la existencia de actores sindicales y
empresariales con puntos de vista e intereses
contradictorios y al mismo tiempo convoca a la
superación del conflicto con la participación del
Estado aceptando la relación capital – trabajo y el
sistema político.
Entre 1968 y 1984 los
Consejos no funcionaron, suspendidos por una
resolución de congelación de precios y salarios
primero y la prohibición de la actividad sindical
después; con el retorno a la democracia en 1985 se
convocaron nuevamente. La degradación del SRRLL se
inició a fines de 1992 con la suspensión de la
convocatoria de los Consejos dejando la negociación
salarial librada a los actores. El Estado se retrajo
en su rol de establecer normas y controlar su
cumplimiento, de construir escenarios de negociación
y mediar en los conflictos, por cambios en la
definición de su papel y dificultades financieras.
Las estrategias de desarrollo económico de la década
de los noventa no consideraban relevante la
participación de los actores sociales e incluso
cuestionaban a las organizaciones sectoriales como
introductoras de “imperfecciones” en los mercados.
Se permitió el
predominio de los empresarios sobre los
trabajadores, lo que se reflejó en modificaciones en
las condiciones de trabajo y el deterioro de la
calidad del empleo, contribuyendo a la caída del
salario real en el sector privado. Aumentó el
bipartismo y la descentralización con convenios a
nivel de empresa, se redujo la negociación colectiva
y el número de convenios. Se complementó con el
tripartismo en la confrontación, dado que fue usual
recurrir al MTSS cuando surgían conflictos. La
descentralización presentó también situaciones
intermedias (mixtas o articuladas) en las que
algunos aspectos se acordaron a nivel de rama y
otros en cada empresa. El movimiento sindical
combinó una mayor conflictividad con la
participación en nuevos ámbitos vinculados a la
integración, la reestructura productiva, el empleo y
el medio ambiente.
Los cambios en la
estructura económica contribuyeron a modificar la
composición y a debilitar al movimiento sindical. El
cierre de las grandes empresas industriales donde la
organización sindical era importante y a la
expansión del empleo asalariado en los servicios, en
los que no se desarrolló la organización sindical.
De las grandes empresas industriales que operaban en
1991, el 25% había cerrado en 1996, por lo que se
habían perdido cuarenta mil puestos de trabajo; las
sobrevivientes continuaban aumentando el nivel de
actividad con importantes inversiones y cambios
tecnológicos, con doce mil personas menos ocupadas.
Los
cambios en la estructura del PBI por reducción de la
importancia relativa de la industria y aumento de
los servicios, “fue impulsado, fundamentalmente, por
el crecimiento de una cantidad de formas que
difieren sustancialmente del trabajo a tiempo
completo, estable y con aportes completos a la
seguridad social”. Sumado a la apertura económica,
el aumento del desempleo y del empleo con
restricciones, aumentan la heterogeneidad de los
asalariados “lo que muestra
las dificultades que enfrentaba a fines del siglo XX
el sindicalismo al intentar llevar adelante una
acción colectiva”.
La caída de la tasa
de afiliación desde los años noventa estuvo
condicionada por los cambios en la construcción de
nuevos empleos y las nuevas formas de inserción
laboral que contribuyeron a la transformación de la
estructura social. Una parte de los obreros se
transformaron en cooperativistas en las empresas
quebradas, en trabajadores por cuenta propia o
pequeños empresarios para proveer bienes y
servicios tercerizados; en trabajadores no
registrados para generar un ingreso sin los costos
de la seguridad social y la tributación.
Durante toda la etapa
se continuó fijando el salario mínimo nacional, el
de los trabajadores rurales y el del servicio
doméstico. Funcionaron consejos tripartitos en las
actividades que tenían precios controlados como la
salud y el transporte de pasajeros, así como en la
construcción, actividad en la que el Estado es el
cliente más importante por las obras públicas y los
créditos para la construcción de viviendas. Estas
actividades, así como los bancos, llegaron al final
de período sin discontinuidades en la negociación,
con convenios colectivos que establecían salarios
mínimos por categorías y sindicatos fuertes.
Comprenden a 90.000 asalariados de la actividad
privada, algo más del 20% del total de trabajadores
comprendidos en los Consejos de Salarios.
Evolución reciente y
situación actual
El contexto económico
y político
Durante el gobierno
del Frente Amplio (2005 – 2009) se mantuvo la
alianza de clases dominantes con hegemonía del
capital financiero, pero cambió la
correlación de fuerzas por el aumento del peso de
las organizaciones sindicales. Los principales
indicadores son los resultados económicos que
aseguraron al capital una rentabilidad alta y
superior a la de la década previa y la presencia del
FMI en la propuesta de las políticas implementadas.
Se perciben cambios
en la estructura económica por el aumento de la
inversión extranjera directa en el agro y la
industria, pero que no se han expresado en las
estrategias políticas de las organizaciones
empresariales. Al asumir el nuevo gobierno
persistían dos problemas complejos:
a) Financiero, tanto externo como interno. i) La deuda
externa acumulaba vencimientos en 2005 y 2006 por
U$S 6.150 millones, muy superiores a las reservas y
con un saldo negativo en cuenta corriente; la deuda
bruta del sector público equivalía al PBI en 2004.
ii) Durante el primer trimestre de 2005, los
activos de reserva del BCU se redujeron en un 16.6%
y se situaron en 2.095 millones de dólares. iii) En
lo interno, la alta morosidad indicaba las
dificultades de los deudores para devolver los
créditos a la banca pública y privada.
b) Social, por la duplicación de la población pobre o
indigente, el deterioro de la calidad del empleo y
la caída pronunciada de salarios y pasividades
reales. El importante aumento del número de personas
ocupadas durante 2004 no se reflejó en aumentos de
los salarios reales ni en reducción del número de
personas pobres.
Desde 2006 el nivel
de actividad económica y el número de personas
ocupadas superaron los previos a la recesión de
1999 – 2003 y la tasa de desempleo alcanzó el nivel
mínimo de las últimas tres décadas. Estos
resultados excepcionales se apoyaron en el “shock”
externo más favorable de los últimos cincuenta años,
por el aumento de la demanda y los precios de las
exportaciones así como por una oferta de fondos
abundante y a bajas tasas.
Se lograron con tipo
de cambio real alto o en descenso, así como con
inflación en descenso o ascendente. No fueron
anulados por los impactos de la crisis internacional
que provocó un descenso de las exportaciones a fines
de 2008, pero sin que la economía tuviera dos
trimestres sucesivos de caída del PBI. Resultaron
compatibles con cambios en la política laboral que
incluyó medidas que la literatura alineada con el
consenso de Washington considera “rigideces”.
Entre 2055 y 2009 el
crecimiento del PBI superó el 30% y los salarios
reales se encontraban levemente por debajo del nivel
de 1997 – 2001, en el sector privado un 4% por
debajo y en el público un 3% por encima. El número
de personas ocupadas se estabilizó en torno al
millón y medio.
Si se tiene en cuenta
el aumento del nivel de actividad económica (PBI y
el ingreso disponible en el país (YNBD) se puede
afirmar que existía un importante margen para
aumentar los salarios reales privados sin afectar la
competitividad. En el siguiente Cuadro se desagrega
la masa salarial separando al personal directivo que
no está comprendido en los Consejos de Salarios. Los
obreros y empleados del sector privado percibieron
algo menos del 12% del YNBD y los del sector público
en torno al 7%. Si se incluyen otros ingresos de
sectores populares, como los de los trabajadores por
cuenta propia con y sin local, las jubilaciones y
las transferencias hacia las familias de menores
ingresos, se llega a la tercera parte del YNBD con
un porcentaje decreciente durante los últimos tres
años.
Los otros dos tercios
corresponden a ingresos a) del trabajo del personal
directivo, profesionales universitarios y patrones;
b) del capital, que la Encuesta de Hogares no capta
y se aproximan al 50% del YNBD.
Excepto: Pasividades,
según BPS.
Obreros y Empleados
Privados incluye Cooperativistas
En junio de 2005 el
gobierno del FA firmó un acuerdo a tres años con el
FMI que aprobó créditos por U$S 1.130 millones de
dólares para el período. A las cláusulas
tradicionales se agregaron referencias a mejorar las
condiciones sociales, una más equitativa
distribución de los beneficios del crecimiento y un
programa transitorio para dar respuesta a las
urgentes necesidades sociales.
El director A.
Carstens señaló como debilidades y riesgos la
magnitud de la deuda pública, la situación del
sistema financiero y los obstáculos a la inversión.
Recordó las reformas pendientes en la DGI y en la
Seguridad Social. El comunicado de prensa destacó
que “La política monetaria continuará centrada en
`base money targeting´ en el contexto de un régimen
de tipo de cambio flexible hasta que las condiciones
permitan cambiar a un `inflation targeting
framework´”.
Para preparar este
cambio, el programa proponía un fortalecimiento de
la autonomía y la posición financiera del Banco
Central.
Se proyectaba un
crecimiento del PBI al 4% anual, la reducción
gradual de la inflación al 1% anual para llegar a
2008 al 3.5%, un aumento de las exportaciones al 9%
anual y de las reservas en U$S 1.500 millones al fin
del período. La meta de superávit fiscal era del 4%
del PBI para reducir la relación deuda pública –
producto del 60% en 2008 al 50% en 2012; en 2005-
2006 se aceptó un superávit menor para financiar el
programa de emergencia social.
El 30 de noviembre de
2006 se canceló anticipadamente la deuda con el FMI,
que en ese momento era de U$S 1.100 millones pero el
programa se mantuvo. El Consejo de Dirección del FMI
destacó que la recuperación de la economía uruguaya
había superado las expectativas y que era necesario
mantener el superávit primario de 4% del PBI para
“reducir la carga de la deuda y anclar la
credibilidad de la política”.
Siguió vigente la
libertad sin restricciones del movimiento
internacional de capitales y del mercado cambiario,
que treinta y cinco años después continúa como la
dejó la dictadura, permitiendo el ingreso y el
egreso de capitales por cualquier monto, por
cualquier período y para cualquier uso.
El nuevo Sistema de
Relaciones Laborales y la desigualdad
El gobierno del
Frente Amplio procesó una profunda reforma laboral
de la que surgió un nuevo Sistema de Relaciones
Laborales Regulado y Participativo. Desde el punto
de vista del Consenso de Washington se agregaron “rigideces”,
que no impidieron los aumentos del producto, de la
inversión, del empleo y de los salarios reales. Se
consolidaron escenarios tripartitos, se
fortalecieron los actores sociales y se alcanzó un
mayor equilibrio en las relaciones de poder. El
gobierno fue el principal protagonista con sus
propuestas y su estilo negociador, creó condiciones
para el desarrollo de la actividad sindical y
aseguró una alta rentabilidad al capital. Fue el
punto de referencia de conflictos con el movimiento
sindical por los aumentos de salarios y con el
sector empresarial por los cambios que implicaban
un recorte de su poder. Los aumentos del salario
real propuestos por el Poder Ejecutivo para el
sector privado para los cinco años eran desde un
mínimo de 9.1% hasta un máximo de 20.5% e implicaban
el incumplimiento del compromiso preelectoral sobre
la recuperación de la pérdida durante la crisis
previa. El aumento logrado es 6.7% superior al
máximo propuesto y se logró a pesar de las
propuestas.
Cambiaron los actores
por el protagonismo del gobierno y el
fortalecimiento de los actores sociales. Surgió un
actor empresarial que expresa los intereses comunes
y generales, se desarrollaron las organizaciones
sindicales y se incluyeron todos los trabajadores
asalariados en los Consejos, 834.100 privados y
225.100 públicos (Notaro, 2010). Las relaciones
capital – trabajo se volvieron más complejas por el
papel del gobierno con una visión sobre las
relaciones entre salarios, empleo, inflación y
competitividad, que busca el logro de metas
macroeconómicas, las que a su vez están
condicionadas por los organismos multilaterales de
crédito y las valoraciones de las empresas
calificadoras de riesgo.
La categoría
“Reforma Laboral” surgió durante la década de
los años noventa, considerando que en una época de
globalización de la economía era necesario reducir
la intervención estatal y las regulaciones, para
estimular la inversión, la competitividad, el
aumento del nivel y la calidad del empleo. Se
propone modificar el SRRLL con el objetivo de
impactar sobre la economía (Banco Mundial 1995, BID
1998 y 2003). Estas propuestas se apoyan en una
parte de los lineamientos que se conocen como
“Consenso de Washington”, que incluyen la
liberalización de la tasa de interés, el comercio y
las inversiones extranjeras directas; la
privatización de las empresas públicas y la
desregulación de las actividades económicas.
Williamson ha destacado que en general se omite que
también propuso un tipo de cambio real competitivo y
no incluyó la liberalización total de la cuenta
capital del balance de pagos (Williamson 2004).
Tiene algunas excepciones con un enfoque más amplio
que incorpora las políticas de formación y los
aumentos de productividad. Resultados distintos
surgieron de las investigaciones de la OIT.
Fundamentos sobre la
necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo para
lograr mayores tasas de crecimiento se encuentran
en Forteza y Rama. Las conclusiones principales son
que las reformas económicas son exitosas cuando los
mercados de trabajo son flexibles, que la rigidez
hace más lento el crecimiento y la recuperación de
la recesión, lo que a su vez es principalmente el
resultado de la importancia relativa de la
sindicalización y del empleo público8. Concluyen que
Uruguay tiene el mercado de trabajo más rígido de
América Latina y Chile el más flexible, mientras que
USA presenta el más flexible de los países
industrializados.
Las conclusiones no
sobrevivieron a la reciente crisis. Durante 2009 el
PBI en Chile cayó un 2%, la tasa de ocupación bajó
un 1% y el desempleo aumentó de 7.9% a 10.0% En los
Estados Unidos el PBI comenzó a caer en el último
trimestre de 2008 y en 2009 acumuló un 2.7%, con un
aumento del desempleo de 5.8% en 2008 a 9.3% en
2009. En Uruguay durante 2009 el PBI creció 2%, la
tasa de desempleo se mantuvo en 7.6% y trabajaron
28.000 personas más que durante el año anterior.
La Ley sobre el
Sistema de Negociación Colectiva delegó en el
Consejo Superior Tripartito facultades que hasta ese
momento correspondían al Poder Ejecutivo, como la
integración de los grupos de los Consejos de
Salarios, la creación de nuevos subgrupos, la
reclasificación de empresas y la fijación del
salario mínimo. Como nuevas facultades a los
Consejos corresponderá regular la licencia sindical
y las condiciones de trabajo.
Por exigencia del
Poder Ejecutivo se incorporó una cláusula de
salvaguarda que establecía que el MEF y el MTSS
convocarían a los Consejos de los grupos afectados
para revisar los aumentos de salarios si se
verificaban cambios importantes en el nivel de
actividad o los precios externos, por ejemplo.
También se han destacado entre los nuevos contenidos
de las negociaciones la creación de comisiones para
estudiar condiciones de trabajo; remuneraciones
variables presentes en convenios previos que a
través del Consejo de Salarios se convierten en
obligatorias para todas las empresas comprendidas en
el grupo; tercerizaciones; trabajo informal,
igualdad de género; formación profesional; seguridad
y salud laboral.
La ley marco creó
condiciones para aumentar la cooperación y reducir
la confrontación. El artículo 5 institucionaliza la
colaboración y las consultas con el objetivo del
“fomento de la comprensión mutua y de las buenas
relaciones entre las autoridades públicas y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, así
como entre las propias organizaciones”. Se asigna la
función de mediación y conciliación al MTSS
(artículo 18), se faculta a los actores sociales a
acordar mecanismos de prevención y solución de
conflictos así como la posibilidad de recurrir al
MTSS o al Consejo de Salarios (artículo 20) y que
“Durante la vigencia de los convenios que se
celebren, las partes se obligan a no promover
acciones que contradigan lo pactado ni aplicar
medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo”
(artículo 21).
Cambiaron las
relaciones de poder por el aumento del peso de las
organizaciones sindicales, lo que permite una mayor
equidad en el Sistema. Se transitó desde una
“marginación sometida” por la persecución que
limitaba la actividad sindical a una “asociación
contestataria” en la cual el gobierno, las cámaras
empresariales y los sindicatos asumieron tanto el
conflicto como la cooperación. Destaca Ermida que
“hubo reformas estructurales, esto es reformas
legislativas que afectan la estructura misma de las
relaciones laborales y la división de poder entre
los actores, es decir, se fortaleció claramente el
sector trabajador y en particular la organización
sindical.” El proletariado industrial que se
desarrolló con la economía cerrada y la sustitución
de importaciones, se contrajo al comenzar la segunda
mitad del siglo y tuvo una recuperación entre 1984
y 1989. Durante la década de los años 90 se
cerraron grandes fábricas, se incrementó el empleo
asalariado en actividades terciarias y en parte no
registradas en la seguridad social, es decir, sin
las bases de organización productiva de los períodos
anteriores.
El Uruguay es un caso
similar al de los Estados Unidos analizado por
Braverman y los trabajadores asalariados es un grupo
más amplio y heterogéneo que el proletariado
definido como “los trabajadores de la industria
moderna” a mediados del siglo diecinueve. Se observa
la importancia de las trabajadoras del servicio
doméstico, de los asalariados rurales en parte
concentrados y en parte dispersos, los asalariados
de las pequeñas empresas o de las actividades
comerciales y de servicios así como la importancia
de los trabajadores no asalariados.
La reconstrucción de
los escenarios tripartitos fue un estímulo muy
importante para el desarrollo de las organizaciones
sindicales y según estimaciones de la central, “En
2004, el PIT-CNT registraba 130 mil trabajadores
agremiados y actualmente cuenta con 320 mil
afiliados. El crecimiento se produjo por el ingreso
de trabajadores a los gremios ya existentes y por la
creación de 630 nuevos sindicatos”, con datos de la
ECHA de 2006, estimaron que el 10% de los
asalariados privados (76 mil personas) y el 42% de
los públicos (92 mil personas) estaban afiliados a
un sindicato, una cifra intermedia en un año
intermedio del período que es similar a la
estimación del ICD; de los privados el 40% se afilió
entre 2004 y 2006 y en los públicos se detecta un
salto entre 1985 y 1987.
La burguesía y el
proletariado coexisten con otros grupos sociales
surgidos de las relaciones de producción como los
patrones de pequeñas empresas, los trabajadores
urbanos por cuenta propia o los productores
familiares rurales y los patrones de PYMES que
trabajan junto a los asalariados, así como resultado
de la participación del Estado en la actividad
económica como los proletarios de las empresas
públicas, los empleados de la administración pública
nacional o departamental o los pasivos. Una parte
importante de la población se puede considerar
excluida, en la medida en que no realiza ninguna
práctica integradora como resultado del desempleo,
la deserción del sistema educativo de niños y
jóvenes, la segregación territorial y el delito.
Entre los asalariados
privados algo más de un tercio no están registrados
en la seguridad social, 90.000 trabajan en el
servicio doméstico y 100.000 son rurales. Además hay
289.000 trabajadores por cuenta propia con local
(profesores particulares, modistas, etc.) y 62.000
sin local (vendedores ambulantes, cuidadores de
autos, etc.). Del total de 115.000 empresas
formales, 110.000 tienen menos de 20 trabajadores;
de este total habría que deducir 10.000 empresas de
profesionales con 23.000 trabajadores. Son 43.000
comercios con un total de 130.000 trabajadores,
14.000 industrias con 48.000 y 15.000 empresas de
transporte con 39.000 trabajadores. Hay además
630.000 pasivos, la mayor parte por haber sido
trabajadores asalariados.
Se requieren
acciones para promover el desarrollo y la
participación de organizaciones populares de
trabajadores no asalariados y empresarios de
empresas con escala de actividad pequeña y media.
Fortaleciéndolos se podrá crear un Sistema de
Participación Social que incluya a estos nuevos
actores y a los tradicionales, que complemente el
tripartismo reconociendo la complejidad de la
sociedad contemporánea, generando escenarios para el
multipartismo y la incorporación de nuevos temas en
la agenda. Los actores sociales, en interacción con
instituciones públicas, fortalecen la democracia.
Contribuyen a una sociedad equitativa y a una
economía competitiva, sin pretender que la nueva
realidad económica y social se ajuste a las viejas
instituciones y legislación.
*) Este trabajo cuenta con una rigurosa
documentación de referencias y bibliografías
aportadas por el autor que se pueden consultar en la
versión pdf, que este editor (L.Od.) no puede
incluir en esta versión Web. Por razones técnicas.
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad de
la República Resumen
*)
Trabajo presentado en las IX Jornadas de
Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR, Montevideo, 13-15 de setiembre de 2010)
Jorge Notaro:
Investigador profesor Grado 5 Efectivo, Contador
Público – Economista y autor de diversos trabajos y
libros.
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