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Libertad, orden
y autoridad
por Pablo Ferreira
pafer78@adinet.com.uy
Algunos avances sobre las elaboraciones
discursivas respecto a la democracia
en los Partidos Tradicionales uruguayos
entre 1951 y 1973
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El trabajo presenta avances de una investigación en
curso referida a las transformaciones de las
elaboraciones discursivas sobre la democracia, la
libertad, el orden, la autoridad, el consenso entre
las elites gobernantes y su relacionamiento con la
sociedad civil,
en los partidos tradicionales uruguayos, entre 1951
y 1973.
Para ello, se está realizando un relevamiento de los
discursos parlamentarios en tres momentos
trascendentes políticamente: los debates respecto a
las reformas constitucionales aprobadas en 1951 y
1966, y la aprobación de la
Ley de Seguridad del Estado de julio de 1972.
Algunas de las conclusiones preliminares del
proyecto señalan la transformación profunda en las
ideas sobre la democracia en ambos partidos a lo
largo del período; la tensión aguda entre los
ideales de libertad y de orden, intrínseca al
pensamiento liberal, pero exacerbada por la crisis;
el impacto de la guerra fría en la construcción
conceptual de la democracia; la dificultad para
incorporar a sectores extensos de la sociedad en los
proyectos que los partidos articulan para enfrentar
la crisis, y finalmente, el avance autoritario desde
el Estado y desde los partidos como medio de
disciplinar a una sociedad sobre la que gobiernan
pero han perdido capacidad de imponer su hegemonía.
En esta instancia, presentamos el primer tramo de la
investigación, basado en el análisis de los
discursos pronunciados en la Cámara de Senadores, en
el marco del debate sobre la reforma constitucional
que se aprobó en 1951 y entró en vigencia en 1952.
Buscamos asimismo, poner en discusión los avances
del proyecto y las posibilidades de la metodología
de trabajo propuesta para contrastar
las
hipótesis que hemos planteado.
(…)
Nuestro
trabajo pretende inscribirse en la búsqueda de
nuevas miradas sobre el sistema político uruguayo en
el pasado reciente que se viene realizando desde la
Ciencia Política y desde la historiografía nacional.
En ese cruce de caminos disciplinar, el proyecto se
propone transitar de la teoría política al análisis
discursivo de los representantes parlamentarios de
los partidos tradicionales en tres coyunturas
históricas de trascendencia, seleccionadas por su
capacidad de operar como “ventanas” para el análisis
del sistema de partidos y sus transformaciones. Nos
referimos al debate previo a la reforma
constitucional aprobada en 1951, el que antecede a
la reforma de 1966, y a la aprobación de la “Ley de
Seguridad del Estado” en el año 1972.
En base
a la literatura sobre el tema, partimos del supuesto
de que en este período Uruguay procesa
transformaciones profundas. La lenta pero continua
crisis de su economía; la tensión social progresiva
que contrasta con las estructuras de amortiguación
estatal desarrolladas en décadas anteriores; la
creciente movilización de la sociedad civil
organizada (sindicatos obreros, movimiento
estudiantil); las transformaciones al interior del
sistema de partidos; y finalmente los impactos
externos, en especial las repercusiones de la Guerra
Fría en América Latina.
Postulamos como hipótesis descriptiva que los
partidos liberales uruguayos realizan de manera no
homogénea, sino marcada por el conflicto ideológico
y la competencia partidaria, un giro hacia
posiciones crecientemente autoritarias que se
refleja en el discurso político y es visible a
partir de las categorías de análisis seleccionadas.
A su ves
sostenemos como hipótesis explicativa que a) el
agravamiento de la crisis económica y la conciencia
de su carácter estructural; b) el proceso paralelo
de organización autónoma de la sociedad civil y c)
la influencia progresiva de la Guerra Fría; operan
como condicionantes principales (variables
independientes) de los avances y retrocesos en la
construcción de un consenso político que acepta la
limitación de las libertades en función de asegurar
el orden estatal y se refleja en el cambio
discursivo de los partidos liberales (variable
dependiente).
Para
estas IX Jornadas de Investigación de la Facultad de
Ciencias Sociales, presentamos el primer tramo de la
investigación, basado en el análisis de los
discursos pronunciados en la Cámara de Senadores, en
el marco del debate sobre la reforma constitucional
aprobada en 1951. Buscamos asimismo, poner en
discusión los avances del proyecto y las
posibilidades de la metodología de trabajo para
contrastar las hipótesis planteadas.
Algunos
aportes desde la teoría política
Teniendo
en cuenta las limitaciones de extensión del presente
trabajo resulta difícil exponer el marco teórico en
su conjunto. Por ello se plantearán solamente
aquellos aportes que consideramos fundamentales para
entender la lógica de un proyecto en marcha.
Democracia y liberalismo
Norberto
Bobbio (1991) plantea las diferencias históricas
entre los conceptos, en ocasiones apresuradamente
asociados, de liberalismo y democracia. Según el
autor, el problema de sus relaciones es complejo. El
liberalismo tiene un origen ligado a la modernidad y
refiere a una concepción del Estado con poderes y
funciones limitadas. Surge como oposición a la
concentración de poderes propia de las monarquías
liberales y se desarrolla en oposición a lo que, de
forma más contemporánea llamaríamos el “estado
social”.
Por su
parte, democracia hace referencia a una forma de
gobierno, aquella “en la cual el poder no está en
manos de uno o de unos cuantos sino de todos”.
Sostiene
el autor que el Estado liberal no es por fuerza
democrático, realizándose históricamente en
sociedades en las que “la participación en el
gobierno está muy restringida”. Al mismo tiempo,
señala que el Estado liberal clásico hoy se
encontraría en crisis por el avance de la
democratización.
La
preocupación de los liberales por limitar los
poderes del Estado se expresa en la defensa de
mecanismos constitucionales como garantía de los
derechos naturales del hombre, de la “libertad
negativa” (Bobbio, 1991:109), y como establecimiento
de mecanismos constitucionales que impidan el
ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder
(Ibíd. 17-20). Hacemos referencia a mecanismos
como el control del Poder Ejecutivo por el
Legislativo, la limitación de la acción legislativa
del Parlamento, el carácter independiente del Poder
Judicial y la autonomía de los gobiernos locales.
Las
teorías de la ingobernabilidad de las democracias
La
reflexión sobre la democracia desde fines de los
sesenta y en los años 70’ “(…) refleja una
preocupación por la ruptura del consenso, la crisis
de la democracia y el declive político y económico”
(Held, 1987: 277)
Con la
caída de la actividad económica mundial a mediados
de los setenta, el estado de bienestar
intervencionista empezó a perder su atractivo y pasó
a ser atacado tanto desde la izquierda (por haber
hecho pocas incursiones, en el ámbito de los
privilegiados y poderosos) y desde la derecha (por
haber sido demasiado costoso y una amenaza para la
libertad individual).” (Ibíd, 269)
En ese
marco, se procesa al interior del pensamiento
liberal, una revisión de premisas teóricas,
vinculadas al problema de la democracia y la
ingobernabilidad (Bobbio, 1991: 103-110).
Se trata
de una crítica liberal-conservadora de la democracia
vinculada al progresivo reencuentro entre el
pensamiento liberal y la versión clásica,
minimalista, del papel del Estado en la esfera
económica.
Si en
sus orígenes el pensamiento liberal tenía
previsiones frente al poder del Estado y su avance
sobre la esfera privada de la sociedad civil, las
transformaciones recientes del pensamiento liberal
hacen hincapié en la “incapacidad de los
gobiernos democráticos de dominar convenientemente
los conflictos de una sociedad compleja: un blanco
de signo opuesto, no el exceso sino el defecto de
poder” (Ibíd, 103).
Esa
incapacidad de las democracias se expresa en
diversos aspectos. En primer lugar la desproporción
entre las demandas de la sociedad civil y la
capacidad de respuesta del sistema político. La
democracia moderna sería la heredera de una serie de
institutos del estado liberal, la libertad de
reunión y de asociación, la libertad para la
organización de los grupos de interés, el
sindicalismo libre y la libertad de acción de los
partidos. Estos institutos, facilitan los constantes
petitorios de la sociedad civil hacia los poderes
públicos, bajo la amenaza de disminuir el consenso.
Se sostiene que “mientras la democracia hace que
la demanda sea fácil y la respuesta difícil, la
autocracia hace que la demanda sea difícil y la
respuesta fácil” (Ibíd; 105).
Otra
crítica del liberalismo conservador a la democracia
refiere a la conflictividad social que esta
posibilita. En sociedades pluralistas, el conflicto
de clase se multiplica por una variedad de
conflictos corporativos, donde los intereses
contrapuestos son muchos, y donde no se puede dar
satisfacción a uno sin dañar a otro.
Es
cuestionada también la mayor distribución del poder
que generan las democracias. Se trata de un poder
“difuso”, regulado por procedimientos que admiten la
participación y el disentimiento, con consecuencias
negativas para la toma de decisiones ya que ésta
“produce competencia en los poderes y termina por
crear un conflicto entre los mismos sujetos que
deberían resolver los conflictos, una especie de
conflicto a la segunda potencia” (Ibíd; 106).
Las
soluciones liberales al problema de la
ingobernabilidad de las democracias conducen en
muchos casos a una mayor tolerancia hacia formas
progresivamente autoritarias. Se plantea el
fortalecimiento del Poder Ejecutivo sobre el
legislativo para combatir la difusión del poder y
enfrentar con firmeza la conflictividad social; y la
limitación constitucional de las decisiones que
pueden ser tomadas en base a la regla mayoritaria,
en especial, aspectos del manejo económico, dejados
en manos de organismos especializados alejados de
los vaivenes de la política partidaria.
Según el
autor se trata de “un conflicto continuo y jamás
resuelto definitivamente entre la exigencia de los
liberales de un Estado que gobierne lo menos posible
y las peticiones de los democráticos de un Estado en
el que el gobierno esté lo más posible en manos de
los ciudadanos, refleja el contraste entre dos
maneras de entender la libertad, que se suelen
llamar libertad negativa y libertad positiva”
(Ibíd; 109)
La
democracia en clave de Guerra Fría. Miradas desde
América Latina
Panizza
(1990: 21-22) señala que en América Latina, el
liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX
“había servido de sustento ideológico no ha sectores
industriales en ascenso sino a regímenes
oligárquicos de exclusión política”. Si la
política se basaba formalmente en principios
liberales, la misma “tenía muy poco de democrática”,
era una actividad “organizada desde arriba y
controlada por una pequeña elite” (Ibíd). Lucía Sala
(2003), ha realizado una revisión histórica del
concepto de democracia en América Latina,
planteando como, hacia fines del siglo XIX, el
término reaparece (aunque todavía de forma
esporádica) en los programas de los partidos
nacional -reformistas como el Batllismo o la Unión
Cívica Radical.
El
cierre de la Segunda Guerra, marca la cresta de la
ola democratizadora en el continente. Sin embargo,
en cuestión de meses, las coordenadas políticas se
modifican y la democracia quedó asociada a las
dicotomías de la Guerra Fría. Así en la IX
Conferencia de Estados Americanos reunida en Bogotá
(1948), la Resolución XXXII titulada
“Preservación y defensa de la Democracia en
América”, tiene una “evidente filiación
poliárquica”.La democracia es definida como
representativa y “si bien poseía una nota
antidictatorial tuvo sobre todo un fuerte contenido
anticomunista y sirvió de fundamento ideológico a la
adhesión en el plano político y militar de los
estados latinoamericanos a Estados Unidos”
(Sala, 2003: 195)
En los
años 60’ se produce una fuerte desvalorización de la
“democracia formal” tanto por corrientes de
izquierda como también por partidos de derecha.
“La democracia era un argumento retórico por parte
de Estados Unidos contra los movimientos
revolucionarios e incluso las luchas populares
pacíficas, en tanto brindaba apoyo o contribuía a
imponer dictaduras. Era fuerte además el deterioro
de los sistemas políticos que no resolvían los
problemas acuciantes. El término democracia se
desprestigiaba al ser invocado por dictadores”.
Democracia y autoritarismo
En
diversos trabajos, Álvaro Rico (1988, 2003, 2005) ha
venido precisando una serie de conceptos referentes
a los límites entre autoritarismo y democracia desde
la particular peripecia uruguaya. El autor nos
propone entender la conformación de la
institucionalidad política moderna -y la democrática
en particular – como una tensión entre principios y
prácticas contrapuestas que se inscriben en el
origen de éstas mismas instituciones. De esta forma,
una serie de dualismos que el propio pensamiento
moderno presenta como excluyentes “(…) se combinan
en permanente tensión y transitan hacia un lado
(autoritario) o hacia el otro (democrático), hacia
la crisis o hacia la absorción de la crisis, por
métodos violentos o por métodos pacíficos, según las
épocas históricas, las cambiantes relaciones de
fuerza, el contexto internacional, los niveles de
cuestionamiento social al status quo, la existencia
o no de grupos antisistema, la voluntad e intención
de los gobernantes y otras variables que se definen
(y definen) una coyuntura histórica determinada (…)”
(Rico, A. 2005: 29)
Es en
este marco interpretativo que podemos entender las
permanentes tensiones entre libertad y orden, entre
democracia y autoridad que marcan los discursos de
múltiples referentes políticos que se estudiarán en
el presente trabajo. Según Rico, en América Latina
una vez concluido el proceso de consolidación del
Estado moderno, el problema del orden pasó a ser,
fundamentalmente, “el orden de la sociedad, ya sea
por la vía transformista –reformista de su
construcción “desde” el Estado o por la vía
autoritaria de la contención represiva de los
procesos se autonomía social por el Estado”.
La
imposición del orden social como imperativo de
continuidad y el permanente péndulo entre formas de
gobierno parece acercarnos a una caracterización de
la relación “democracia –autoritarismo en el
continente no tanto como dos sistemas antagónicos o
etapas históricas cualitativamente separadas sino
como una tensión interna reversible, constituyente
de los mismos sistemas políticos latinoamericanos”
(Rico, 2003: 236)
Para
nuestro país, “(...)el carácter secuencial y
gradualista del proceso de crisis -iniciado a
mediados de los años cincuenta y profundizado en los
años sesenta y principios de los setenta -, está
lleno de ejemplos que permiten sostener que
democracia y autoritarismo no constituyen lógicas
ajenas o antagónicas entre sí sino que se
superpusieron contradictoriamente al interior del
mismo sistema político-estatal, alimentando el
espiral de violencia o la dinámica disruptiva que
tendrá su desenlace hacia el lado autoritario con el
golpe de Estado, en 1973”. Cuando se impone la
Dictadura “muchos de los presupuestos
autoritarios, en el plano político, jurídico,
discursivo y militar, estaban ya prefigurados en la
institucionalidad democrática” (Rico, A, 2005:
28-29)
Los
trabajos de Rico (1988, 2000, 2003 y 2005) abren
líneas muy interesantes para pensar como “degeneran”
las democracias y como, en el caso uruguayo son los
propios liberales, quienes transforman sus ideas y
transitan hacia prácticas de corte cada vez más
autoritarias desde el monopolio del aparato estatal.
Si bien
adherimos, en líneas generales a la interpretación
del autor, creemos que el análisis temporalmente
centrado en el último tramo de los años sesenta y
comienzos de los setenta, no aclara los orígenes del
proceso. Ve los cambios discursivos y las nuevas
prácticas autoritarias de una democracia que
degenera pero desconoce las características de base
de la misma. Propone además una mirada desde el
estado, mientras que nuestro trabajo privilegia a
los partidos como unidad constructora de sentidos
respecto a la democracia. Pensamos que, desde ellos,
podemos avanzar en la búsqueda de un nuevo espacio
político conservador, surgido del encuentro entre
los viejos conservadores estudiados por Barrán
(2004) y diversos sectores liberales que
“derechizan” sus prácticas y discursos, y dotan de
nuevos sentidos a la democracia uruguaya desde fines
de los cincuenta.
En
definitiva, como señala Sartori (1988:26), un
sistema democrático “se establece como resultado
de presiones deontológicas”. Lo que la
democracia es no puede separarse de lo que los
actores crean que la democracia debiera ser. “Una
democracia existe solo mientras sus ideales y
valores lo crean” (…)
Uruguay
1951-52: Las tensiones de un país de excepción
Una
coyuntura externa que se transforma velozmente
El fin
de la segunda guerra mundial consolidó la hegemonía
de los EEUU al interior del sistema capitalista. La
rivalidad entre economías capitalistas competitivas
que determinó las relaciones internacionales en la
primera mitad del siglo, dio paso a una polarización
sistémica entre el capitalismo y el socialismo.
EEUU se
propuso reconvertir su industria para los tiempos de
paz, aceleró los procesos de innovación tecnológica,
reestructuró el sistema comercial y financiero
internacional en su provecho y apoyó la
reconstrucción de Europa Occidental y Japón como
freno al avance socialista, pero también como medio
de revitalizar la economía capitalista.
América
Latina pasó a convertirse en el “círculo más
interno de la zona de influencia de los EEUU”
(D’Elía 1982; 70), que procuró convertir a la región
en aliado incondicional y en complemento de su
economía.
Sin
embargo, los años inmediatamente posteriores a la
finalización de la guerra, ambientaron una coyuntura
favorable para el ensayo de proyectos
industrialistas que entraban en colisión con dichas
intenciones. Diversos países latinoamericanos
acumularon reservas durante la guerra que hicieron
posible el abastecimiento de bienes de capital,
materias primas y combustibles. Asimismo, esta
situación se complementó con el incremento de la
demanda y el aumento de los precios de la producción
primaria de los diversos estados.
Es en
ese marco que se ensayan proyectos de
industrialización sustitutiva de importaciones
(ISI), pilar económico de lo que Garretón ha
denominado, la matriz socio política “estatal,
nacional y popular”.3
Si la
industrialización es el pilar económico de la
matriz, el protagonismo estatal es fundamental para
articular o conciliar los intereses de los diversos
actores sociales incluidos en el proyecto, y el
nacionalismo opera como sustento ideológico del
modelo. En diversos países latinoamericanos, fuertes
liderazgos carismáticos marcan la etapa, dando forma
a la categoría de populismo. Dada la cercanía
respecto a nuestro país y su presencia como
verdadero contramodelo en el debate político local,
destacamos el caso argentino bajo el gobierno de
Juan Domingo Perón (1946-55).
El
contexto social y económico
Los años
que estamos estudiando (1950-52) marcan la fase
final del ciclo expansivo de nuestra economía, que
D’Elía (1982:27) define como el “desarrollo
acelerado” de posguerra; y también la aparición de
los primeros síntomas de la crisis.
Revisando brevemente las peculiaridades del caso
uruguayo debemos señalar el impacto positivo de la
coyuntura externa, que significó un aumento de la
demanda y de los precios de nuestra producción
primaria, la posibilidad de acumular reservas
durante la guerra y en la inmediata posguerra. Todo
ello ambientó las perspectivas industrialistas.
Fue
fundamental también en esta etapa el papel del
estado como articulador e impulsor del proceso de
industrialización, lo que nos lleva también a
destacar, la importancia de las alianzas políticas y
sociales que dieron impulso al modelo.
En ese
sentido, se trata de un proyecto de
industrialización donde el mercado interno está
llamado a desempeñar un papel central, lo que
permite una alianza positiva entre la burguesía
industrial, las capas medias y los sectores obreros.
Estos últimos dejan de ser únicamente un costo de
producción para convertirse en unidades de consumo,
centrales para la expansión del modelo.
Como
último aspecto vale destacar el cambio de
estructuras que género el desarrollo industrial.
Varió sustancialmente el peso del sector
manufacturero en el conjunto de la economía
nacional, se reestructuraron las importaciones,
disminuyendo el peso de los bienes de consumo e
incrementándose la importancia de los bienes de
capital, materias primas y combustibles, aumentó la
concentración del capital industrial, creció el
aparato estatal y se transformó cualitativa y
cuantitativamente la clase obrera.
Sin
embargo, hacia 1950 comenzaban a aparecer los
primeros síntomas de agotamiento del modelo. Las
condiciones externas variaban rápidamente,
recuperándose Europa más rápido de lo esperado,
disminuyendo la demanda y el precio de nuestras
exportaciones y elevándose el precio de los insumos
que necesitaba el desarrollo industrial.
La baja
en la rentabilidad del sector agropecuario y las
dificultades de la industria incrementaron las
tensiones al interior de las elites económicas y en
la relación de las mismas con el estado y los
sectores subalternos.
Se
produjo también un aumentó la conflictividad
sindical. Hugo Cores (1989; 10¬11) señala como en
1950 fueron ocupadas por los trabajadores más de 150
fábricas metalúrgicas. Al tiempo que se jugaba el
recordado mundial en Brasil “el gobierno quebró dos
importantes huelgas enviando al Ejército; la
portuaria del 22 al 25 de julio y la frigorífica del
12 de julio al 9 de agosto”. En octubre de 1951,
mientras se discutía la reforma constitucional cerca
de 40000 obreros realizaban una huelga solidaria con
los trabajadores de ANCAP, que se convertía en la
más larga de la historia del país. En marzo de 1952,
recién instalado el nuevo régimen colegiado, se
decretaba la aplicación de medidas prontas de
seguridad contra un conflicto de los trabajadores de
Salud Pública.
El
sistema de partidos
A
comienzos de los años cincuenta, nuestro sistema de
partidos se caracterizaba por la supervivencia del
histórico formato bipartidista, altamente
fragmentado, y por la presencia minoritaria en
términos electorales de los “partidos de ideas”.
El
Partido Colorado llegó a las elecciones de 1950
presentando tres candidaturas, reflejo de sus
fraccionamientos internos. A la derecha, los
sectores vinculados al terrismo, se aliaron entorno
a la candidatura de Eduardo Blanco Acevedo. Por su
parte, el batllismo, mostrando las profundas
divergencias ideológicas que se expresaban a su
interna, iba dividido entorno a dos candidaturas.
Por una
parte, la lista 14 de perfil más conservador,
impulsaba la fórmula Cesar Mayo Gutiérrez -Lorenzo
Batlle; mientras que la lista 15, con apoyo de Luis
Batlle, impulsaba a Martínez Trueba y Alfredo Brum.
Señala
D’Elía (55) que esta división del batllismo se
agudiza tras la muerte de Tomás Berreta en 1947,“(…)
Desde el diario “El Día” se acrecentaron los ataques
contra Luis Batlle acusándolo de realizar una
política personalista y autoritaria (…)”
Según el
autor, por encima de cualquier interpretación sobre
la personalidad de Luis Batlle, es evidente que en
el enfrentamiento de las dos facciones “jugaron
tanto el extremo conservadorismo de los señores
Batlle Pacheco cuanto la tendencia renovadora y
populista de Luis Batlle”.
Parece
indudable que esta nueva versión del Batllismo
aparecía como el fenómeno político de la época.
Según Caetano y Rilla (176) “el batllismo de Luis”
aprovechando el éxito de su tío; “apostó mucho
más a la recuperación que a la proyección, más a lo
conquistado que a lo por conquistar. La adhesión a
la democracia liberal fue en cambio un componente
distintivo de la experiencia; más aún, pasó a tener
valor de identificación nacional en una América
Latina sacudida por los populismos (…)”
En el
Partido Nacional, el herrerismo presentaba a su
líder histórico acompañado de Martín Echegoyen como
fórmula presidencial, representando el tradicional
espacio político que Gustavo De Armas (1999)
calificara como liberal-conservador. Otra fórmula
minoritaria (Estradé – Arrospide) aportaba unos 1500
votos al lema. Por su parte el Partido Nacional
Independiente, que se presentaba por fuera del lema
desde 1931, viraba hacia posiciones crecientemente
conservadoras, y presentaba la formula Asdrúbal
Delgado –Alberto Roldán.
La
reforma constitucional: proceso de elaboración
Desde
que en 1913, José Batlle y Ordóñez lanzara la
iniciativa del Poder Ejecutivo Colegiado, los
distintos componentes del sistema político uruguayo
debieron tomar posición ante dicha variante
institucional. La intensidad que adquirió el debate,
su capacidad de condensar otras discusiones
centrales en un momento todavía formativo del
sistema político, las negociaciones interpartidarias
que llevaron al régimen constitucional de 1918 y
finalmente la crisis política de 1933 que le puso
fin, cargaron de tonalidades emotivas el debate
sobre la alternativa colegialista.
Señala
D’Elía (61) como el batllismo elevó la propuesta
colegialista a “la categoría de principio
fundamental de su programa” político, aceptando la
Constitución de 1942 “como una transacción, como
salida para la crisis política iniciada en 1933”.
En
oportunidad de las elecciones de 1946 se plebiscitó
una reforma constitucional que proponía la
instauración del colegiado, siendo la propuesta
rechazada por la ciudadanía. Tuvo el apoyo de
batllistas, del nacionalismo independiente, la Unión
Cívica, y los partidos socialista y comunista. El
herrerismo se opuso, al igual que los sectores no
batllistas del Partido Colorado.
En
agosto de 1950, según Carlos Manini Ríos4, el
Partido Colorado alcanzó un trabajoso acuerdo que
permitía que los sectores batllistas y el
coloradismo no batllista sumen votos dentro del
mismo lema. En ese contexto, los herreristas ofrecen
sus votos para impulsar una reforma constitucional
colegialista. El batllismo rechaza por inoportuna la
propuesta pero se compromete a retomar las
conversaciones luego de las elecciones.
En este
escenario, poco después de asumir la Presidencia,
Martínez Trueba “provocó un vuelco político
decisivo” (D’Elía 1982:61). Por su iniciativa, se
iniciaron conversaciones entre el batllismo y el
herrerismo que culminaron con la firma de un acuerdo
para proceder a la reforma de la constitución sobre
la base de la implantación del Ejecutivo Colegiado.
Contando con el respaldo político necesario del
Partido Nacional y del Partido Colorado Batllista,
las bases de la reforma redactadas por una comisión
interpartidaria, luego de algunas modificaciones se
transformaron en Ley Constitucional. Se siguió así
el procedimiento de reforma establecida en el inciso
C del artículo 281 de la Constitución de 1942, que
preveía la iniciativa del Poder Legislativo por
mayoría especial (2/3 de cada una de las Cámaras, en
una misma Legislatura).
El 10 de
octubre de 1951 el proyecto fue aprobado por la
Cámara de Representantes por 85 votos contra 14 y
luego por la de Senadores, que le introdujo algunos
cambios refrendados posteriormente por los
representantes, por 26 votos contra 4. Una vez
sancionado el proyecto de ley se fijó como fecha de
realización del plebiscito, el 16 de diciembre de
1951.
Intencionalidades: lo que dice la historiografía
Con
respecto a las razones que tuvieron los actores
políticos para impulsar la Reforma Constitucional
realizaremos una síntesis de lo que ha señalado la
historiografía en su tratamiento del tema.
En el
trabajo clásico de Germán D’Elía, “El Uruguay
Neobatllista” (1982) se señalan diversas
factores explicativos del accionar partidario para
luego ensayar una interpretación de la reforma en
desde la dinámica de conjunto del sistema político.
Con
respecto al batllismo, destaca el autor la vigencia
del colegialismo, que puede constatarse a partir de
“las resoluciones de los organismos partidarios,
previas a las elecciones de 1950, y las
declaraciones de sus dirigentes” (Ibíd, 61). Señala
también como “notoria la preocupación de los
sectores que impulsaron el acuerdo respecto de la
futura acción de Luis Batlle”. Los batllistas de
la catorce en particular, “habían venido haciendo
hincapié en el carácter personalista de su accionar
político y la implantación del Colegiado significaba
eliminar todo riesgo de su retorno a la Presidencia
(…)” (Ibíd, 62)
Respecto
al Herrerismo, señala D’Elía como “(…) es visible
la aplicación de una táctica que (le) permitió
asegurarse, por lo menos, una integración
minoritaria del Ejecutivo y la participación en la
dirección de los Entes comerciales e industriales
del Estado.” (Ibíd, 61). Sin embargo, más allá
de los cálculos de los actores, destaca el autor
“(…) que el factor fundamental que condujo a ese
acuerdo interpartidario en torno a la Constitución
estuvo dado por la coyuntura interna e internacional
(…) el numen inspirador de la reforma fue el temor
de un avance de los sectores gremiales. En esencia,
pues, constituyó un acuerdo político para enfrentar
una crisis cuyos primeros indicios comenzaban a
manifestarse y que exigía un gobierno dispuesto a
reprimir los excesos del poder sindical. Dada la
integración bipartidaria de dicho gobierno, se
evitaría el riesgo de que alguno de los partidos
intentara obtener ventajas electorales a expensas de
la política aplicada. Solidaridad y garantías (…)”
(Ibíd, 62-64)
Más
cerca en el tiempo, Gerardo Caetano y José Rilla
(1994: 179-180) destacan que más allá “de los
soportes político partidarios de la reforma” la
nueva Constitución “parecía también responder a
los primeros síntomas de una inminente crisis
económica”. Habría sido identificada por los
partidos pactantes como un “abrazo de tradiciones
blanca y colorada para atemperar, mediante acuerdos
las amenazas del conflicto ideológico planetario de
la Guerra Fría”.
Finalmente en un trabajo más reciente, Esther Ruiz
(2007: 149) también hace énfasis en el comienzo de
la crisis, el malestar sindical, y la conciencia de
los actores partidarios respecto a la necesidad
“de compartir costos políticos” para “hacer frente a
una situación que se mostraba compleja y desafiante,
con un creciente descontento de los sectores
asalariados (…)”
La trama
del discurso
Diez
senadores intervienen como oradores en la discusión
en general del proyecto de reforma constitucional,
representativos de las diversas fracciones de los
partidos con representación en la Cámara Alta.5 Si
bien pretendemos en nuestra investigación abarcar
otras voces, consideramos que las relevadas pueden
considerarse representativas a los solos efectos de
presentar avances en la investigación.
¿Conciencia de la crisis?
Lo
primero constatable es la diversidad de diagnósticos
sobre la situación del país, que marca puntos de
partida diversos para el debate. Héctor Correa,
colorado independiente, “baldomirista” según el
mismo se define en el debate, y enfrentado al
proyecto reformista, plantea un panorama sombrío
sobre el futuro inmediato del país:
“Nos
acercamos a pasos agigantados, hacia una profunda
crisis. La vida financiera de la República, sufrirá
grandes perturbaciones, por sus repercusiones
sociales y económicas, y estará permanentemente
expuesta a variaciones sucesivas de imprevisible
entidad, que trastornarán fundamentalmente el propio
sistema que la tutela. El cambio de gobierno que se
proyecta, necesariamente, señor Presidente,
determinará un período de ajuste, penetración y
ordenamiento jurídico; de exploración, de
observación y ensayo, que incidirán de forma
enervante , facilitando el desarrollo del clima
caótico que vivimos, contagiante y peligroso para la
normalidad pública (…)”
Otro
planteo en igual sentido, es el del senador colorado
Carlos Manini Ríos, también opositor al proyecto:
“(…)
Hay una inoportunidad internacional para la reforma,
señor Presidente, una inoportunidad económica frente
a la gravedad de los problemas que tenemos por
delante, frente a la inmensidad de las tareas y
trabajos a realizar; una inoportunidad social porque
existe realmente -lo estamos viendo hoy mismo en la
calle y en los gremios – esa crisis de autoridad que
invocaba hace pocos días en la Sala del Senado el
Ministro del Interior, señor Guichón, esa crisis de
autoridad que necesita que el Gobierno se afirme en
este momento y no después de pasados los hechos.”
El mismo
autor advierte sobre los peligros de enfrentar la
crisis a partir del procedimiento de reforma
constitucional, verdadera “droga democrática (…)
que se da en cantidades masivas al país cada pocos
años, ante cualquier dificultad”.
Desde
una posición favorable al proyecto y polemizando con
quienes argumentaban su rechazo al mismo en la
delicada situación del país, el batllista Jaime
Bayley señalaba la oportunidad de la reforma, en la
delicada situación económica y financiera del país
que genera peligros para “la paz social”, sobre la
base de una situación internacional donde “la paz
internacional está sostenida, así, casi de milagro,
y están brotando focos de lucha en todas partes” .
Justamente la gravedad de la situación es la que
impone el acuerdo entre las elites políticas:
“(…)
porque el ritmo de la situación internacional está
en trance de verdadera angustia o es intensamente
dramática, es que se impone esta solución de cordura
que al país le dará, fundamentalmente –cosa que no
se ha dicho o no se ha querido decir-lo que el país
necesita, que es un gobierno con gran respaldo de
opinión, con gran responsabilidad, no para que mande
Juan, aunque la ciudadanía no lo apoye, sino para
que vayan a integrar ese gobierno los grandes
sectores de opinión, los grandes partidos políticos
(…)” ,“(…) cuanto mayor sea la gravedad de la
situación interna o de la situación internacional,
más se justifica que el país acoja e impulse la obra
iniciada por el acuerdo de los dos grandes partidos
para dar a las instituciones una estructura más
fuerte, más compatible con el enfrentamiento de esa
situación que se presenta como exageradamente
preocupante o grave”
También
desde filas nacionalistas se advierte sobre la
gravedad de la situación interna y sus riesgos
políticos, como argumento para justificar el pacto
entre las colectividades históricas. Eduardo Víctor
Haedo señala que el país se encuentra “expuesto a
convulsiones sociales de imprevisibles
contingencias, que pueden determinar en cualquier
momento, una de estas dos calamidades: o el poder
dictatorial, ejercido desde arriba, o la anarquía
desenfrenada impuesta desde abajo.”
De la
lectura de los discursos, se percibe como la
extendida conciencia de la crisis que plantean
diversos senadores, convive con discursos anclados
en la imagen excepcional y autocomplaciente del
Uruguay. Así, el batllista Efraím González Conzi
todavía afirmaba que Uruguay es “nuestra Grecia
Americana”, donde “hemos iniciado
una gran
obra de justicia social”, demostrando que “por medio
del reformismo parlamentario puede lograrse una
amplia reparación social”..
Desde
una óptica crítica a la propuesta reformista, el
senador Chouhy Terra, coincidía con la imagen de un
Uruguay de excepción, donde la crisis no aparece en
el horizonte;
“(…)
Disponemos, en primer término, de un sólido
prestigio internacional. Actuamos, por una de esas
eventualidades, como una especie de gran cofre fort
mundial. El dinero fluye a montones a refugiarse en
nuestro territorio y nuestros productos de economía
primaria adquieren valores desconocidos e
insospechables hasta ahora. Tenemos posibilidades
inmensas en lo que respecta a nuestra riqueza y a la
colocación de nuestros productos. Además en éstos
momentos, estamos cosechando los frutos de una
política de cooperación internacional de singular
acierto, que ha permitido que misiones técnicas, en
ese amplio campo de la colaboración internacional,
por la cual tanto hemos pugnado, nos ha venido a
presentar planes de un alcance extraordinario;
planes científicos, técnicos, de previsión social,
etc. perfectamente acabados. Podemos contar con el
asesoramiento técnico adecuado, tenemos, en una
palabra, todo lo que necesitamos.”
Modelos
de democracia y ciudadanía en debate
Diversos
tópicos del debate sobre la democracia se plantean
en los discursos parlamentarios referentes al
trámite de reforma constitucional. Uno de estos
debates refiere al papel de los partidos en la
democracia y su función como organizadores del
debate ciudadano. Así por ejemplo, Manini Ríos
define como “inalcanzable” el ideal “de que el
individuo se resuelva por sí mismo”, debiendo
manifestarse “forzosamente por intermedio de los
partidos políticos” que tienen la función de
“organizar el juego de las democracias, en la
realidad viva de las muchedumbres del país”.
Otro
problema que se debate es el de la responsabilidad
de los actores políticos, la que podría diluirse al
compartir éstos la responsabilidad ejecutiva. Así
por ejemplo, el senador colorado Héctor Correa
señalaba que “la responsabilidad por la mala
gestión no se impersonaliza al generalizarla, sino
que es necesario fijar un editor responsable
–partido político-quien rinda cuenta precisa de sus
actos al ser sometidos al veredicto popular”.
Esta posición del coloradismo, se explica por el
peso que dicho sector asumía como socio menor del
batllismo, tras los acuerdos electorales de 1950, y
que ahora, tras el acuerdo reformista entre
batllistas y herreristas, se diluía.
La
organización del ejecutivo colegiado dio paso
también al debate sobre las perspectivas que dicho
instrumento creaba para el consenso entre los
partidos gobernantes, el papel de las mayorías y de
las minorías. Así el senador batllista Antonio Rubio
señalaba en el debate que “(…) lo que busca la
Constitución, en mi concepto, es una mayoría
efectiva y unida que pueda gobernar con la
correspondiente intervención fiscalizadora de las
minorías”.
En la
misma línea de pensamiento, pero agregando las
ventajas del debate entre mayorías y minorías para
la búsqueda de alternativas políticas correctas, se
expresó el también Batllista senador Bayley;
“(…)
Háblese simplemente de las ventajas incuestionables
del Ejecutivo plural, en el cual la mayoría, o el
partido de la mayoría va a obrar no en secreto, no
entregado a la sola personalísima ocurrencia, que no
trasciende sino después de consumado el error o el
estropicio, de un hombre único, de un gobernante
único, sino que las decisiones las tomará la
mayoría, luego de discutirlas con otro gran sector
de opinión que ejerce allí permanentemente el
contralor”.
Reflejando la supervivencia discursiva de viejos
principios republicanos en el sentido de la defensa
del debate y la discusión política, el mismo senador
señala las ventajas de “(…) una discusión con
sentido como son todas las discusiones entre hombres
capaces colocados en un plano de total igualdad
jerárquica: son cambios de ideas que desembocarán en
soluciones que tanto podrán ser las que propugnen
los representantes de la mayoría, como las de la
minoría, como en fin, la amalgama o la aglutinación
de ambas, concretándose así lo que la Constitución
llama la voluntad del órgano”.
Gustavo
Gallinal, senador del Nacionalismo Independiente
expresaba una valoración coincidente de la
experiencia del viejo Consejo Nacional de
Administración; “(…) el Consejo fue una escuela
de tolerancia política. En el seno del mismo, viejos
adversarios, separados por enconadas hostilidades y
hasta salpicados todavía con la sangre reciente de
las últimas de las guerras civiles, aprendieron a
conocerse y a considerarse como colaboradores en la
obra diaria de lograr el progreso del país (…). Sus
deliberaciones se hicieron cada día más
sustanciales; se formaron en el Consejo, mayorías de
hombres bien inspirados de los dos grandes partidos
en que se divide la República, que hicieron frente
con enérgica resolución, a los más difíciles
problemas nacionales incluso, con el sacrificio de
su propia popularidad, efímera, pero prestando
servicios invalorables a la nación”.
Sin
embargo, ese debate de ideas no supera el ámbito de
las elites, no trasciende a la ciudadanía sino que
es encuadrado por los partidos. En esa línea, ante
la crítica por la no convocatoria a una
Constituyente para elaborar la reforma, el senador
Bayley señalaba;
“Se
quiere conectar con la idea de una constituyente, la
idea absolutamente ficticia, desconocida,
inconciliable con nuestra realidad política, de una
pretendida necesidad de dar previamente al pueblo el
conocimiento de la Constitución (…) Es claro que el
pueblo nunca ha sabido por anticipado, que dicen
determinados artículos o incisos de ninguna
Constitución habida o por haber. No lo ha sabido
nunca con anticipación, porque no es esa la función
del pueblo. En la organización política del tipo de
la de nuestro país, la discusión se hace en los
organismos representativos de la opinión popular;
por ella actúan sus representantes, popular y
libremente elegidos. El pueblo sigue o puede seguir
de cerca esa discusión que es amplia y pública; y si
se siente defraudado no ratifica al plebiscitarse la
reforma o no reelige a quienes, al ejercer su
representación no supieron interpretar los anhelos
populares”.
Es
interesante destacar como aún dentro de la línea
democrática más radical como la representada por el
batllismo la ciudadanía solo es concebida actuando a
través de los partidos, eligiendo entre las opciones
que los profesionales de la política les presentan.
Una
línea muy diferente de reflexión democrática es la
que plantea el herrerista Martín Echegoyen
advirtiendo sobre los peligros del Estado
providencial y su “impulso avasallador”.
Sostiene, a contrapelo del consenso respecto a un
rol intervencionista del Estado que caracteriza la
reflexión democrática del momento, que quienes
cuestionan la ampliación del protagonismo estatal
“corren el riesgo de aparecer como excesivamente
conservadores o retardatarios”, cuando “en
virtud de las pequeñas concesiones de cada día, el
Estado va haciéndose cada vez más poderoso y
extendiendo su radio de acción”, obligando al
político a estar atento para evitar “que se
produzca un desmedro penoso de la libertad del
individuo”.
De la
separación nítida entra la esfera pública y la
privada propia de la ciudadanía liberal “resulta la
debida armonía entre el ejercicio de esos derechos
fundamentales del individuo y la actuación de la
autoridad; la conciliación deseable entre el
gobierno y la libertad”.
Una
línea por cierto muy diferente a la batllista que
reivindicaba por entonces la llamada “democracia
integral”, basada en la libertad política y en
la plena seguridad social, que “se irán
imponiendo por encima de los apasionamientos
partidistas”.
Los
enemigos de la democracia
Si en el
plano de los discursos existe, al menos en la
superficie, un consenso de apoyo a la democracia
representativa con los matices expresados, en el
debate surge también el señalamiento de enemigos o
amenazas a la misma.
Las
menciones más recurrentes refieren al comunismo,
verdadera demostración del temprano desembarco del
discurso de la Guerra Fría en el Uruguay.
El
comunismo avanzaría en el marco de una democracia
débil, cuyos valores esenciales son utilizados para
“satisfacer ambiciones personales de poder
político” y donde “(…) las autoridades políticas
por errónea y peligrosa debilidad proselitista, se
vienen sometiendo y aceptando indiferentes los
atropellos de fuerzas organizadas para obtener una
muy diferente materialización integral de la
sociedad de la que corresponde al fuero de la
democracia (…). Esta debilidad “nunca será un
aliado del orden, sino por el contrario, de la
anarquía”.
También
desde filas del nacionalismo herrerista, Eduardo
Víctor Haedo, advertía a la Cámara que;
“(…)
están en peligro verdades esenciales del mundo y del
orden en que nosotros nacimos, en que hemos vivido y
deseamos permanecer. Creo más; que la complejidad de
los problemas creados por la aparición de una
extraordinaria fuerza materialista desenfrenada,
pero con mística y con poder y con bomba atómica,
obliga a los hombres a meditar no solamente en sus
destinos, sino a salirle al cruce para buscar
solución a los graves problemas sociales que
determina”.
El temor
a la movilización autónoma de la sociedad civil
aparece rápidamente en los discursos bajo la forma
de acusación de infiltración comunista;
“(…)Las masas trabajadoras se orientan a través de
éstos instrumentos de acción, -muchas veces
perturbadoras,-y son de fácil manejo, dada la
psicosis colectiva que las envuelve, en virtud del
mismo contenido materialista que las aglutina y la
exaltación a que son conducidas –sin advertirlo-por
los agitadores profesionales, que ejercen su
contralor y las preparan hábilmente para utilizarlas
luego con eficacia en la destrucción de la célula
primaria de la sociedad como foco primerísimo de
dominación (…)
En esa
línea, la reforma constitucional marcaría la
voluntad política conservadora de “salirle al
cruce a esas fuerzas revolucionarias que andan por
el mundo, para que no nos lleven por delante y
podamos salvar el patrimonio en las condiciones
esenciales de orden, patria, familia,
espiritualidad, que son definición de nuestra razón
de ser (…)”.
Es de
destacar que el discurso anticomunista no es
patrimonio exclusivo de los sectores conservadores.
Efraím González Conzi, batllista, luego de realizar
un racconto de la historia del comunismo uruguayo,
lo describe como un instrumento del “ideal
imperialista de Rusia que se nutre del aporte de los
comunistas del mundo al servicio de una camarilla
comandada por un solo hombre”.
Otro
peligro para la democracia, que aparece en los
discursos, es la demagogia de los partidos,
proclives a tomar medidas simpáticas, a “la
emulación y superación interna, dentro del Consejo,
frente a los postulados que se consideran de
beneplácito frente al electorado”., pero
incapaces de dar las respuestas necesarias a la
crisis.
La
instauración del poder ejecutivo colegiado es
reivindicada por sus defensores como freno a los
“desbordes de los apetitos o las apetencias de mando
o de poder”, compatibles con el régimen
presidencialista, pero “imposible en un régimen de
gobierno colegiado, tal como el que se propicia
(…)”.
También
como defensa del proyecto, el senador herrerista
Martín Echegoyen, planteaba la voluntad histórica de
su partido de “impedir todo margen de voluntad
arbitraria en el ejercicio del poder: evitar la
discrecionalidad del hombre, como método
gubernativo, por noble y sabia que fuera la
intención determinante que lo animara”,
destacando por tanto el personalismo como peligro
para la democracia.
Libertad, orden, autoridad
Álvaro
Rico (2005) ha destacado la permanente tensión,
constitutiva del estado liberal moderno, entre la
extensión de las libertades y la imposición del
orden estatal, que marca los discursos de las elites
políticas liberales a finales de los años sesenta.
Es por
ello que optamos por agrupar una serie de discursos
que marcan, ya en los tempranos cincuenta, la
presencia de dichas tensiones al interior del
liberalismo uruguayo.
En la
apertura del debate el senador colorado conservador
Héctor Correa, expresaba en su discurso la tensión
señalada anteriormente;
“(…)
La creencia, señor Presidente, de que todo lo que
constituye libertad e independencia en el
pensamiento y en la acción, es la razón de ser de la
democracia, es una realidad que nosotros vivimos y
que es ansiada, todavía, por muchos pueblos de la
tierra. Pero no hay que confundir, el gozo y el
ejercicio de la libertad, dentro del orden
democrático, con la destrucción de los sistemas
democráticos a que los vemos expuestos, por el abuso
de esa misma libertad. Muchos pueblos hay que han
gozado de ese privilegio, señor Presidente, y lo han
perdido por no haber reaccionado a tiempo contra los
males que nos acechan permanentemente. Ya se percibe
carencia de respeto a la autoridad pública y a la
ley (…)”.
Destaca,
en obvia referencia a los conflictos sindicales,
“las sucesivas claudicaciones de los hombres
públicos”, exigiendo acciones más enérgicas desde el
poder público en virtud de que “(…) el orden y las
medidas conducentes a hacerlo respetar, lejos de
estar reñidos con la democracia, constituyen su
íntima esencia (…)”
En otra
referencia al mismo punto que vale la pena destacar
señala que; “Esas masas humanas que integran
todos los pueblos de la tierra, sedientas hoy de
legítima justicia y bienestar, quieren buscar, por
sus propios medios, su nuevo destino, lo que
constituye un inmenso peligro. La ley y la
autoridad, deben salirles al paso. La primera,
amparando al hombre afirmando el principio de que la
individualidad humana es la cédula (sic) esencial de
la sociedad y la razón del Estado haciéndole
respetable y respetado.
La
segunda, la autoridad y en general el poder público,
aplicándose sin debilidad ni flaquezas, a mantener
el orden público y el acatamiento a las normas
jurídicas que regulan los derechos y deberes de la
sociedad y el Estado (…)”.
Desde
filas batllistas se responde a la acusación de
inacción frente a los conflictos sindicales, pero al
mismo tiempo se reconocen las tensiones entre
libertades y autoridad, señalando que “(…) el
gobierno actual ha tomado ya las medidas pertinentes
para restablecer los servicios públicos. Se puede,
tal vez, sostener que no ha adoptado medidas muy
enérgicas, contra la acción de los sindicatos
obreros; pero el gobierno cree que esta huelga puede
ser dominada y que puede restablecer el orden, sin
que se necesiten medidas más graves (…)”
El
consenso necesario
Otro eje
del debate fue el de las virtudes, potencialidades y
críticas al acuerdo entre los sectores mayoritarios
de ambos partidos tradicionales. Por los pactantes
el acuerdo fue considerado “una virtud superior del
instinto de conservación que tiene la República”38,
una “tregua en la batalla”, “comprobación de que
hay mucho de común en el alma de los combatientes, y
que todo ello concurre a favor de nuestra tierra y
su destino”
Así por
ejemplo, respaldando el acuerdo, el senador
Batllista Jaime Bayley señalaba las virtudes del
pacto remarcando como;
“en
las situaciones de intensa inquietud, de gran
preocupación en el orden económico, en el orden
social, político, jurídico, en lo interno y en lo
externo, mejor sirve para acallar esa inquietud o
para satisfacer las inquietudes populares un
Ejecutivo en que tengan representación, elementos de
los partidos mayoritarios que cuentan, por ser
tales, con un gran respaldo popular y con un gran
respaldo parlamentario, que es al que, en primer
término, va a acudir el Poder Ejecutivo, cuando
necesite tomar las grandes líneas de orientación
gubernamental para administrar y para regir los
destinos del país.”
El mismo
senador posteriormente señalaba como las reformas
constitucionales, para tener permanencia, “tienen
que resultar de pactos” que realizan los grandes
partidos, “cuando se acercan, cuando venciendo o
superando fronteras, no vacilan en hacerse
concesiones recíprocas, en bien del país afrontando
todos los riesgos, incluso el riesgo de que se les
señale graves contradicciones (…)”.
En la
misma línea de defensa del pacto como demostración
de un espíritu nacional que trasciende a los
partidos es expresada por el herrerista Echegoyen;
“(…) Una nación es un alma, y por lo tanto, requiere
un mínimun de cohesión, una conciencia colectiva
esencial y, con ella, la de un destino común, por
encima de todas las querellas cotidianas y por duras
que ellas sean. En consecuencia, desde el punto de
vista de la civilización política y de tal sentido
substancial de la nacionalidad, la confluencia, aún
cuando fuera reducida a términos breves o precarios,
de partidos que tienen sus líneas de combate
constantemente enfrentadas, desde hace largos años,
lejos de significar una claudicación, constituye la
prueba de que permanece vivo y actuante ese
sentimiento colectivo indispensable para la realidad
de nuestra misión como sociedad política (…)”.
Eduardo
Víctor Haedo, realiza en su intervención un largo
recorrido por la historia del país, señalando los
momentos de acuerdo entre los dos grandes partidos,
en una visión casi lineal, donde diversas
generaciones, van superando sus diferencias y
estableciendo acuerdos que fundan la nación. La
reforma de 1942 interrumpe “esa marcha progresiva
hacia soluciones que interpretan la realidad
nacional”
La
situación interna y externa que opera como amenaza,
obligaría a los partidos a “superar nuestras
pasiones y nuestros propios intereses y con el
sentido natural de modestia, admitir que cada uno de
nosotros, librados exclusivamente a los designios de
la pasión y del interés no puede afrontar con
acierto el estudio y la solución de tan graves
cuestiones. Es indispensable, entonces, que los dos
partidos, cada cual con su carácter y su fisonomía
propia, sin despersonalizarse ni desfigurarse,
entiendan en común, en el órgano de gobierno
ejecutivo de la nación, que debe orientar la marcha
del país y abordar problemas superiores a los
tradicionalismos y a los atavismos lógicos de los
intereses políticos.”
Entre
las miradas críticas al pacto constitucional se
señalan los perjuicios de un pacto entre los
sectores mayoritarios de ambos partidos que excluye
a las minorías presentes en los mismos. Así el
senador colorado Héctor Correa señala como;
“(…)
Fruto de un pacto exclusivista y peligroso se forma
un sistema institucional, que solo permite alcanzar
el ejercicio de la función de Gobierno y de
Administración Nacional, a dos grupos políticos –los
pactantes-en cuyo único beneficio, se distribuirán y
adjudicarán cargos de gobierno extendiéndose se
influencia directriz, en forma totalitaria, hacia la
administración comercial e industrial del Estado
representada por los entes autónomos y los servicios
descentralizados”.
También
desde el nacionalismo independiente, el senador
Gustavo Gallinal cuestionaba aspectos del proyecto,
destacando la conveniencia del pacto entre las
grandes fuerzas populares, pero destacando como
“(…) también es bueno y justo que intervengan y sean
escuchadas las minorías, porque las que hoy son
minorías, mañana en el juego normal de la
democracia, pueden ser mayorías, y aunque nunca
lleguen a serlo, representan y encarnan intereses
respetables, son voces que parten de zonas diversas
de la opinión pública y de la democracia nacional,
que tienen derecho a ser escuchadas y ser valoradas
dándose satisfacción a sus razonables reclamos (…)”.
Miradas
sobre la sociedad civil
Como
hemos señalado con anterioridad los discursos que
justifican la reforma y destacan el acuerdo entre
las elites políticas coinciden en destacar
transformaciones en el accionar político de la
sociedad civil, especialmente al interior de las
organizaciones sindicales.
Las
transformaciones estructurales que vive la clase
obrera uruguaya a partir de los años cuarenta
(Porrini; 2004) y la fuerte conflictividad sindical
imperante desde finales de la misma década, muy bien
estudiada por Hugo Cores (1989), parecería operar
como un factor de gran incidencia en los debates y
las decisiones de las elites políticas. Consideramos
que los grandes partidos históricos, comienzan a
percibir las dificultades del tradicionalismo para
continuar encuadrando en un marco pluralista a la
sociedad civil.
En esa
línea la sociedad civil organizada pasa ser vista
como una amenaza que invade el espacio de las elites
políticas, en general se sugiere la manipulación de
actores externos que operan en el sentido de
desligar a la sociedad de los partidos.
Así por
ejemplo, en la intervención del senador colorada
Héctor Correa vemos como se materializa esta imagen
respecto a los sindicatos;
“(…)
Las agremiaciones, siempre expuestas en nuestro
medio a las consignas del sindicato, en lugar de
llenar sus fines esenciales, lejos de ser gremiales,
se están haciendo políticas y van tomando
participación activa, adoptando posiciones, la
mayoría de las veces inconvenientes para la
solución, adecuada de sus problemas”
Otro
sector que comenzaba a tomar un protagonismo
progresivamente autónomo era el de los estudiantes
universitarios que reclamaban la autonomía y el
cogobierno. La reforma abría el camino para su
obtención por medio de la ley. Desde filas
batllistas, el senador González Conzi marcaba la
tensión entre políticos y organizaciones sociales;
“(…)No
permitiremos a nadie, pues, partidos, grupos
sociales u hombres el derecho exclusivo de agitar la
bandera de la autonomía universitaria y de la
democratización de la enseñanza pública. A nadie le
negamos el derecho de hacerlo. Pero afirmamos que si
se estableciera un orden de méritos en cuanto a
ejercicio de ese derecho, nos correspondería a
nosotros ocupar el primer rango. Haremos de la
Universidad una institución autónoma y libre, pero
no independiente. El pueblo la costea y el pueblo
debe vigilarla. Queremos una Universidad del pueblo,
para el pueblo y no para unos pocos. Nadie más
responsable que nosotros en cuanto a la marcha de la
Universidad, porque ha sido constante el esfuerzo
del batllismo en el sentido de elevarla, a fin de
que realice con eficacia sus honrosos fines
culturales, sociales y políticos.”
Chouy
Terra, senador colorado y opositor al proyecto
dejaba traslucir en su discurso esa tensión entre
política y sociedad e interpretaba la propuesta
reformista como una alternativa para enfrentar a esa
sociedad civil crecientemente movilizada;
“(…)Yo me pregunto, si en el fondo no se buscará el
Colegiado para tomar medidas respecto de ciertas
situaciones, ante las cuales el gobierno actual
demuestra una evidente debilidad (…)
Todas
las situaciones presentes, señor Senador. ¿O es que
acaso el señor Senador cree que no se debe pura y
exclusivamente al gobierno que tenemos estos
estallidos huelguísticos, la tensión de los
movimientos obreros, sin que se atine absolutamente
a nada (…)”
Algunas
valoraciones finales
Pese a
tratarse de un proyecto en marcha consideramos que
es posible avanzar algunas valoraciones sobre el
primer tramo del trabajo a partir del material
relevado:
1-Existe
entre los representantes partidarios una desigual
percepción de la situación del país en el momento en
que se debate la Reforma Constitucional. Los
“discursos de la crisis” conviven con planteos que
destacan la excepcionalidad de la situación
uruguaya.
2-La
centralidad de los partidos en la concepción
ciudadana de las elites políticas liberales.
Conservadores y reformistas conciben la vía
partidaria como la única válida para la
participación política de los ciudadanos.
3-Con
respecto a los enemigos de la democracia, podemos
apreciar la temprana irrupción del anticomunismo en
el discurso de las elites liberales. Pensemos que
todavía está lejos el triunfo de la revolución
cubana, que el Partido Comunista de Uruguay tiene un
peso reducido, etc. Sin embargo, el discurso de los
actores está constantemente salpicado de referencias
al comunismo como amenaza de la democracia.
4-Todavía no aparece de manera reiterada en los
discursos la tensión entre la extensión de las
libertades democráticas y la demanda de autoridad.
Dichas tensiones serán más evidentes a partir de la
década del sesenta. Aún las elites liberales se
consideran capaces de alcanzar “el justo medio”.
5-Se
aprecia en los discursos las dificultades de los
partidos liberales para encuadrar a la sociedad
civil, en espacial a la clase obrera.
6-La
concepción compartida (incluso por algunos
detractores del proyecto) respecto a la necesidad
del pacto entre las elites para sostener el sistema
político y enfrentar los desafíos de la crisis
económica y de la sociedad civil.
- Este
trabajo cuenta con una rigurosa documentación de
referencias y bibliografías aportada por el autor
que se pueden consultar en la versión pdf, que este
editor (L.Od.) no puede incluir en esta versión Web.
Por razones técnicas.
Trabajo presentado en las IX Jornadas de
Investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales, UdelaR, Montevideo, 13-15 de setiembre de
2010
Autor: Pablo Ferreira Dpto. de Historia del Uruguay-FHCE–
UdelaR// Maestría en
Ciencia Política – ICP-FCS-UdelaR
Correo electrónico: pafer78@adinet.com.uy
LA
ONDA®
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