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Cuidar la institucionalidad del presidente José Mujica
Por Raúl Legnani*
"Patria para todos y con todos", dijo José Mujica el 1º de marzo de 2010 al asumir la presidencia de la República. Ya antes había dicho, el día de la victoria, "ni vencidos, ni vencedores". En contra de lo que Mujica piensa, todo indica que el FA votará el proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad.
Con esa consigna renovada quedó claro que se iniciaba una nueva etapa en el país en la perspectiva de la unidad nacional, no sólo con la oposición sino también con los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los pasos siguientes confirmaron sus intenciones: ofreció cargos a los partidos de oposición, quienes con mucha facilidad ¬ prevista por cierto- aceptaron la propuesta, y elaboró un discurso para los uniformados, con una fuerte impronta reconciliadora. El Uruguay parecía un país de hadas, que sobrevolaban por encima de las cabezas de los niños y ancianos, que sonreían al amanecer.
Mujica sabía lo que se estaba jugando, no porque le hubiera puesto un freno al pensamiento radical de sus años jóvenes, sino porque sabía que su historia estaba bajo sospecha para la mitad de la sociedad uruguaya, pero fundamentalmente para los uniformados.
Cuando el presidente habla de su preocupación por el "factor militar", sabe que está hablando también del "factor Tupamaro", porque si bien la teoría de los dos demonios enfrentados no explica ni las causas ni el carácter de la dictadura ¬allá en el fondo lo trampea y oculta la participación de los civiles de los partidos tradicionales y empresariales y agrarios, el capital financiero y el imperialismo-, no se puede desconocer que hay una fuerte impronta que pervive entre aquellos que se agarraron a tiros, antes del golpe de Estado. Mujica sabía y sabe que no es lo mismo ser un presidente como Tabaré Vázquez que viene la de ciencia y la academia, con la ventaja de ser de La Teja, a ser un presidente que proviene de la propaganda armada o de la guerrilla.
Ya en los primeros meses de gobierno mostró cuáles eran sus intenciones. Fue así que no ocultó que las FFAA están "llenas de pobres" y se comprometió "a movernos rápido para aliviar en algo la penuria salarial que las aflige". "El pasado no es excusa para que hoy no nos demos cuenta que una patria de todos incluye a estos soldados", agregó para que no quedaran dudas de sus intenciones.
El 2 de marzo de 2010, cuando asume un muchacho sencillo como Luis Rosadilla al frente del Ministerio de Defensa, el Presidente reconoció que carga una "mochila" en alusión a su antigua etapa de guerrillero y a los trece años que pasó en prisión, pero que no pretende saldar cuentas del pasado desde el poder.
"No somos aficionados a vivir de la nostalgia ni de páginas amarillas, todos los días amanece, la vida comienza. Siempre estamos comenzando, la vida se vive con coraje y hacia adelante", afirmó Mujica emocionado.
"Cada cual tendrá que cargar con su mochila, pero las mochilas no son ejercicio de saldar cuentas cuando hay que construir, por eso hoy esto es muy simbólico, tremendamente simbólico", sentenció, sabiendo que el desafío no era sencillo.
El momento más crucial de su nueva política y de aproximación al diálogo con los integrantes de las FFAA fue el 16 de marzo de 2010, cuando aún el gobierno daba sus primeros pasos, ante oficiales de las tres armas reconoció que "esto no funciona por ordeno y mando" y que lo más difícil de la lucha por la unidad nacional es "ser capaces de generar sentimientos, afectividad en su pueblo, por sus Fuerzas Armadas". No habló de las FFAA y de su afectividad por su pueblo.
Refiriéndose a las consecuencias de la dictadura en el plano de la violación de los derechos humanos, dijo: "Desde el año 1985 sentimos gente que -con razón o sin ella- reclama que hay que dar vuelta la página y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia -también con razón o sin ella-. Unos y otros son parte de nuestro pueblo. Yo no juzgo. No soy juez, soy Presidente", constató.
Luego de reclamar caminos comunes, indicó que "El camino que les vengo a proponer, al fin de cuentas, ya lo ensayó este país. ¿Qué fue nuestra historia nacional de conflictos de blancos y colorados? Décadas de tensión y de guerra terminaron cuando tuvieron la inteligencia de construir ciudadanía en común". Con estas reflexiones puso, quizás sin quererlo, en un mismo plano a la guerra civil de 1904 con el terrorismo de Estado de 1973, lo que no es aceptado por la mayoría del Frente Amplio y las organizaciones de derechos humanos. Tampoco del PIT-CNT.
Sabiendo del riesgo que contenían sus palabras dijo que "inevitablemente me van a pegar tirios y troyanos: lo descuento, porque he tomado la decisión muy profunda, ya muy vieja, de caminar con todos". "No queremos que los soldados de hoy carguen con la historia como un fardo. Si acaso, como una lección, y que los niños que crezcan y palpiten otro tiempo vean otras Fuerzas Armadas".
De inmediato sugirió la posibilidad de que los militares participaran de algunas actividades propias de los civiles "cuando tratemos de reparar heridas sociales en algún asentamiento, en el que seguramente viven soldados pobres, también", aclarando que "es necesario que los soldados que participen se lleven algo en el bolsillo, no todo es deber, también hay obligaciones que significan compromisos".
Sobre esto nunca se conoció una respuesta contundente de las Fuerzas Armadas, quienes comenzaron a los pocos meses a molestarse por considerar que el presupuesto destinado al instituto militar no era el que habían imaginado o soñado. Para peor, saltó la corrupción en la Armada.
Jamás, en los meses de 2010, el Presidente se refirió al tema de la violación de los derechos humanos, aunque había votado por la anulación de la Ley de Caducidad. Todo indicó, como lo mostró el tiempo, que había acatado el pronunciamiento ciudadano por cierto negativo.
Para Mujica el tema estaba resuelto, por eso se limitó a aplicar, al igual que Tabaré Vázquez, el artículo 4º de la Ley de Caducidad y dio vía libre a la búsqueda de restos óseos en tierras militares. Mostró, así, que seguía buscando horadar la impunidad, pero con el pulso de un pescador. Igual que su antecesor presidencial.
Es en este abril, con la aprobación del Senado de la ley interpretativa, momento en el que Eleuterio Fernández Huidobro renuncia a su banca porque el proyecto es "un mamarracho", Mujica se ve obligado a referirse al tema, porque afecta "la unidad nacional", el pilar fundamental de su política como presidente de la República. Y reconoce estar presionado por la oposición y los militares para que vete la ley que anula la impunidad. Por eso señala que vive un "dilema" entre respetar la voluntad ciudadana expresada en dos plebiscitos o la mayoría parlamentaria que pone fin a la caducidad.
Mayo en la cruz de los caminos Antes del 20 de mayo la Cámara de Diputados considerará la Ley interpretativa, en medio de críticas de la oposición y rumores sobre formas de malestar militar, que nadie sabe qué alcance tienen.
Todo indica que el Frente Amplio no cambiará su postura y votará el proyecto de ley, contradiciendo el sentimiento del presidente de la República, quien no cuenta ni con el apoyo del Movimiento de Participación Popular, que supo fundar con lucidez y que tuvo la contribución de un lúcido ex dirigente maoísta como fue Marcos Abelenda.
Lo más significativo es que la concepción de Mujica sobre la unidad nacional no pudo calar en la fuerza política, lo que muestra al bloque de gobierno debilitado, en medio de una crisis.
A la vez los promotores de la anulación no aparecen con capacidad de convocatoria ¬no pudieron rodear al Palacio Legislativo cuando se aprobó en el Senado-, lo que podría ser muy grave si existiera resistencia de los uniformados a comparecer ante la Justicia, si la ley de interpretación es promulgada y no es declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Hoy en el país no hay condiciones para una crisis institucional de gravedad, pero sí de minoridad en su alcance, porque puede pasar que sectores militares que creen que van a sufrir una "razzia desde la izquierda", donde puede caer cualquiera (ese es su razonamiento perverso), busquen hacerse notar con el fin de descentrar la agenda política y de gestión de gobierno, lo que puede repercutir negativamente en el exterior del país, donde en Brasil hay una situación en algunos aspectos similar a la nuestra, porque no es lo mismo ser presidente obrero que presidenta guerrillera.
Si el Frente Amplio está dispuesto a ir para adelante con lo resuelto en el Senado, tiene que poner detrás de los votos en Diputados multitudes convencidas y para ello necesitan ideas, propaganda, militancia y organización, además de alianzas y de un Presidente que no se sienta distante de lo que votaron sus correligionarios. Y con ello no está garantizado nada. Pero, es lo que hay, valor.
También puede surgir un nuevo escenario que obligue a buscar salidas legales, donde la responsabilidad caerá en el presidente de la República, quien tiene la potestad de vetar la ley o establecer la amnistía. En este caso la imagen de Mujica se vería debilitada, porque un amplio sector de la ciudadanía recordaría a Wilson Ferreira en plena reculada y aceptando la Ley de Caducidad.
La única salida que tiene el Frente Amplio para seguir por el camino de la anulación de la impunidad, es poner a consideración de la ciudadanía el proyecto de ley mediante un plebiscito, luego de promulgada la ley -como lo plantearon Fernández Huidobro y Oscar de los Santos, en su momento, a lo que ahora se agrega el diputado Luis Albero Lacalle Pou-, como forma de llegar al fin deseado y no comprometer la imagen del Presidente, que hay que cuidarla como a una niña de 15 años, se esté de acuerdo o no con el camino que asumió el Presidente por su propia voluntad.
La imagen del Presidente es, repito, algo que hay que cuidar. Eso depende del propio Presidente, pero también de su propia fuerza política. Ya tenemos la experiencia de Salvador Allende, que no solo cayó por las cacerolas de la derecha pituca, sino por la visión ultra de sectores del PS y del MIR chileno. A los presidentes se los cuida y los presidentes deben dejarse cuidar.
• Nota publicada este domingo en La República
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