El derecho, la
política y la ética
Por Fernando Blanco*

Los dirigentes políticos y los periodistas somos tan arrogantes que siempre queremos y creemos tener opinión formada y claramente definida sobre todos los temas. Sin embargo, no siempre es así.

Tengo la sensación de que en el caso de la ley que, a través de una interpretación de la Constitución, declara inaplicables los artículos 1, 3 y 4 de la ley de caducidad, no tenemos una opinión bien delineada y nos da vergüenza reconocerlo en forma pública.

Todos vimos que cada dirigente político peleó a brazo partido por defender su posición. Pero mi pregunta es ¿fueron auténticos en lo que estaban señalando? Yo no puedo creer que haya políticos que estén convencidos cuando sostienen que hay que dar vuelta la página y hay que dejar a los familiares de los desaparecidos sin siquiera saber qué ocurrió con sus seres queridos. Tampoco puedo creer que haya otros dirigentes que se sientan cómodos cuando defienden esta nueva ley que, sin lugar a duda, arrastra por el barro el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009.

Seguramente, en su fuero íntimo, cada uno de los que sostienen que las cosas tienen que quedar como están para respetar el voto de la gente, deben sentir un gusto muy amargo cuando piensan en esas mujeres que están en las postrimerías de su vida viendo que la vela se apaga de a poco y se van a tener que ir de este mundo sin saber qué pasó, y sin ver el castigo a los culpables de tanto sufrimiento.

Seguramente, en su fuero íntimo, cada uno de los que, desde la política, siguen haciendo intentos para hacer desaparecer de nuestro sistema normativo esa monstruosidad jurídica, esa inmoralidad, que es la ley de caducidad; también deben sentir ese sabor amargo al cerrar los ojos de noche y pensar en las dos oportunidades que recorrieron el país pidiéndole a la gente que fuera a las urnas para tomar la decisión final.

Estoy convencido de que, equivocados o con razón, estos dos grupos de políticos están actuando de buena fe.

Pero hay otros que defienden la ley de caducidad porque no les importa en lo más mínimo el sufrimiento de los demás. Entienden, tal vez, que son muy pocas las personas que vienen sufriendo hace décadas. No se dan cuenta que el sufrimiento de las personas no es cuantificable. Son esos que creen que tienen que ir presos solo los ladrones de gallinas que siempre pertenecieron a ese sector de la sociedad eternamente excluido.

Una tarde lluviosa, en un juzgado de la ciudad vieja, el abogado Germán Amondarain me dijo “pobre tipo” cuando le conté que habían procesado con prisión al arquitecto Raúl Wilner, responsable de la obra de reciclaje del ex hotel Juncal, cuyo derrumbe provocó la muerte de dos obreros. Claro!!! Era un arquitecto, un señor de la alta sociedad. ¿Cómo va a ir a la cárcel?

Muchos de esos personajes son los que creen que los que cometen delitos desde el poder, deben tener un tratamiento especial.

Ahora fíjense que cosa curiosa, yo no estoy en ninguno de esos grupos. Y reconozco que no tengo opinión formada. No puedo llegar a una conclusión porque me angustia el dolor de quienes están sufriendo la injusticia, pero también me angustia el engaño al que fueron sometidos aquellos que votaron por mantener la ley de caducidad.

Todo esto está mal parido. El nudo sigue estando en 1986, cuando el Partido Colorado con muy pocas excepciones y el Partido Nacional con un poco más de excepciones, decidieron (supuestamente con la presión de los tiranos de la dictadura) promover una ley que le sacaba las castañas del fuego a los delincuentes que actuaron bajo la protección de otros delincuentes que gobernaron el país a prepo. Esos colorados y blancos se cagaron encima de la Constitución y de nuestro sistema de leyes.

Después, manipulando la piola con la finalidad de desatar ese primer nudo, la izquierda terminó haciendo otro nudo sobre el anterior, es decir, llamar a la gente a las urnas para que una mayoría resolviera si había que hacer justicia o no. Suena a disparate.

Después, pasados los años, los sucesivos gobiernos, integrados por los mismos cobardes que en 1986 protegieron con la ley de caducidad a los operadores de la dictadura, dejaron de lado su propia ley, bloqueando toda posibilidad de investigar los hechos tal como lo establece el artículo 4° de la norma, y protegiendo de facto a aquellos que por una razón u otra no estaban amparados.

La puerta de la justicia se abrió en 2005, cuando Tabaré Vázquez aplicó la ley. Simplemente eso. La aplicó. No es que le haya dado otra interpretación. La aplicó, a diferencia de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Le quitó protección a los civiles que cometieron delitos durante la dictadura porque la ley no los protege. Le quitó protección a los mandos responsables de los delitos cometidos por los subalternos porque la ley tampoco los protege. Le quitó la protección a los que cometieron delitos antes del 27 de junio de 1973 porque la ley tampoco les da amparo.

Luego el fallido voto rosado de 2009, y después la ley interpretativa de la Constitución a través de la cual se pretende bloquear al monstruo creado en 1986.

Una cagada detrás de la otra.

*Periodista uruguayo

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