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Argentina: el tsunami
intervencionista
Por Pablo Broder*
Número anterior de
La ONDA digital
Ha sido casi una constante en estas columnas, reflexionar sobre la cadena lógica del proceso de crecimiento sustentable de un país: imprescindiblemente de inicio la decisión política de encararlo como programa central de Estado, y luego atender con constancia y seriedad las condiciones que objetivamente se plantean para llegar a ese objetivo.
Entre esos requisitos que el crecimiento plantea, ocupa un lugar no menor la inversión privada, sea nacional o externa, que al par de acercar los medios de financiación, constituye la llave para incorporar la tecnología, indispensable en un mundo globalizado, para tornar a la Argentina en un país competitivo en el orden internacional.
Esto supone no solo el clima de seguridad jurídica y la perspectiva de rentabilidad que toda inversión requiere, sino las características necesarias del entorno nacional donde ese capital habría de desempeñarse.
Un ambiente hostil, conflictivo, con cambios arbitrarios y permanentes de las reglas de juego, sin equilibrio de poderes que garantice el Estado de Derecho y la vigencia de las garantías constitucionales, no constituye el aliciente ideal para convocar inversiones, salvo aquellas atraídas por subsidios, prebendas o favores que desde el ámbito oficial se le puedan proporcionar.
La Argentina viene de vivir, por primera vez en su historia, una década completa de precios altos para su producción agrícola, bajas tasas de interés, gran afluencia mundial de capitales y condiciones sumamente favorables (el famoso “viento de cola”) para países como el nuestro.
Sin embargo, sectores estratégicos como la electricidad, el gas, el petróleo, la nafta, el gasoil, el transporte aéreo y terrestre y la infraestructura vial tienen menos oferta -en relación con la demanda- que en 2001.
Respecto al poder adquisitivo, el último estudio de la CEPAL señala que la Argentina es el único país de la región cuya clase media se redujo entre 1990 y 2007. El resto de las naciones la vio crecer, con excepción de Colombia, que registró una paridad. (1)
¿Qué pudo haber ocurrido para que no se hubiera podido aprovechar el reseñado clima de bonanza mundial? La respuesta es casi obvia. ¿Cómo crecer, si se hace más crudo el avance del Gobierno hacia el sector privado? ¿Cómo aspirar a un crecimiento sustentable si en lugar de facilitar la operación del empresariado privado, se lo hostiga? ¿Cómo atraer al capital privado cuando un funcionario tan objetado como el secretario de Comercio, a quien se le atribuye entre otros “logros” la destrucción del INDEC, el destrato general a la clase empresaria, etc., no sólo no ha sido reemplazado sino que aparenta ganar cada vez más espacios
En efecto, el Gobierno Nacional dispuso de hecho que el mencionado Secretario de Comercio también tenga el manejo diario de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci), que reemplaza a la disuelta Oncca, organismo que pagaba compensaciones y otorgaba los registros para las exportaciones del campo. A tal fin se ha designado para dirigir la mencionada unidad, a un hombre que si bien en el organigrama formal, responderá al ministro de Economía, presidente de la Ucesci, y a los ministros de Agricultura, y de Industria, los analistas aseguran que reportará a Moreno, quienes a su vez hacen mención que el nuevo funcionario tiene otro vínculo con el poder: militaría en La Cámpora, la organización de los jóvenes K. Por el nuevo titular del organismo pasarán unos 3000 millones de pesos por año en compensaciones. De hecho, con la ahora disuelta Oncca, el Gobierno pagó en ese concepto a molinos, industrias avícolas y establecimientos de engorde a corral $ 10.500 millones desde 2007. (2)
Las amenazas al crecimiento
Reiteradamente en estas columnas hemos señalado que pese a los altos guarismos nominales de crecimiento, la economía argentina se encontraba amenazada por un múltiple frente de riesgos: la inseguridad jurídica, los cuellos de botella en infraestructura, producto de la falta de inversión, tanto pública como privada, y la presión inflacionaria que en los últimos años ha adquirido niveles de gran magnitud, entre los mayores del orbe. La actualidad nos encuentra con dichos problemas lejos de ser resueltos, y potenciándose riesgosamente.
La inflación
La inflación real se estabilizó peligrosamente en torno al 2% mensual. De acuerdo con el promedio de las mediciones privadas, en el mes de abril el costo de vida volvió a registrar un alza que oscila entre 1,8 y 2%, en línea con los niveles alcanzados en el primer trimestre del año 2011, pero con el agravante de que el último mes es tradicionalmente de baja estacionalidad. (3)
De mantenerse la actual tendencia, el año 2011 culminaría con una inflación cercana a la de 2010, proyectándose un nivel del 26/27 por ciento.
En línea con esta perspectiva inflacionaria, las demandas de importantes gremios que están discutiendo al momento de redactar estas líneas sus convenios, son por alzas superiores al 33 por ciento, que se hacen eco de la percepción de una inflación creciente que erosiona el poder adquisitivo de los salarios.
En general, los directivos de las empresas esperan que los sindicatos les reclamen este año un incremento salarial que, en promedio, llegaría al 30%. La cifra, que surge del resultado de una encuesta realizada en marzo pasado, muestra que las expectativas inflacionarias crecieron: en diciembre, y para el mismo promedio, los ejecutivos habían previsto el 27,8%. (5)
Por su parte, el diario La Nación ha señalado: “Mientras el Banco Central viene emitiendo a tasas del 38% anual, el Gobierno insiste en negar la inflación y se limita a formular afirmaciones contradictorias, como que hay dispersión de precios o que, en vez de invertir, los empresarios ajustan por precio. El proceso inflacionario que genera la avalancha de emisión monetaria trata de esconderse detrás de un IPC que nadie cree, presiones burocráticas sobre las empresas y, además, han lanzado programas como Merluza para Todos, Carne para Todos y ahora el secretario Guillermo Moreno lanzaría una red de mercados para abastecer a la población al menor costo posible. Si como sostiene el Gobierno, aquí no hay un aumento generalizado, sino dispersión de precios, donde unos venden más caro que otros, no haría falta que Moreno se tomara la molestia de malgastar los recursos de los contribuyentes en las mencionadas redes de mercados. …y con los camioncitos de Carne para Todos. … En segundo lugar, el Gobierno no para de adoptar medidas para que cualquier inversor medianamente sensato piense en cómo fugar sus capitales“(3)
Intervencionismo y hostigamiento
El anteriormente descrito clima necesario para el devenir de la empresa privada y la atracción de nuevas inversiones, ha sufrido varios reveses adicionales en los últimos tiempos:
Ejemplo 1: En una nueva ofensiva contra las empresas exportadoras de cereales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció ayer que la Justicia ordenó 165 allanamientos a empresas cereal eras y particulares, presuntamente vinculados con maniobras de evasión fiscal.
Entre enero y marzo, el organismo fiscal ya había realizado otros operativos de esta naturaleza. Por otro lado, fuentes vinculadas a la industria, dijeron que en las empresas se cree que la medida es parte de una ofensiva armada por el Gobierno para desacreditar a las compañías.
"Quieren mostrar a los exportadores como empresas corruptas y evasoras, y después tomar alguna medida drástica para intervenir en el comercio granario o, directamente, nacionalizar todo el negocio" (2)
En una de las empresas se mostraron sorprendidos por la presencia de gendarmes en sus oficinas, incluso armados. "Fue un operativo agresivo, en relación con otros que hicieron. Esto fue un circo mediático; vinieron con Gendarmería, pero no hubiera sido necesaria su presencia”. (1) Un ejecutivo señaló que en su empresa sólo pidieron facturas de los clientes con los cuales opera la firma. "Para eso, hubiera bastado que pidieran un requerimiento formal de información y no venir con Gendarmería. Son cosas que suelen requerir y se contestan”.
Por otra parte, resultó sugestiva la llegada casi simultánea al comienzo del operativo, de medios de comunicación cercanos al oficialismo.
Ejemplo 2: El Gobierno colocó más directores en empresas
En base al decreto 441 -por el cual se eliminó el límite del 5% que tenía la Anses para ejercer sus derechos políticos en las empresas privadas (6) - con una velocidad digna de un tsunami (de allí el título de esta nota) en un lapso de sólo cuatro días, el Gobierno logró hacer valer el peso de las acciones que posee en varias empresas privadas. Así, pudo renovar el mandato de directores que ya votaban en nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) e incorporó a otros. (1)
Si bien desde un punto de vista práctico la incorporación de directores representando a un paquete minoritario de acciones (como son las detentadas por el Estado) no produce consecuencias determinantes, la medida, y la velocidad de su implementación, exhibe una vez más los avances de la intervención estatal en el sector económico privado.
Ejemplo 3: La presidenta anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y sociedades extranjeras, las que no podrán adquirir más del 20% de la superficie agropecuaria del territorio nacional.
La iniciativa, establece dicho límite a toda titularidad de dominio foráneo de tierras rurales en el territorio nacional. Además se impondrá un tope de 1000 hectáreas para cada propietario del exterior, sea persona física o jurídica.
La Nación, las provincias y los municipios serán las autoridades de aplicación de la ley, que afectará a personas físicas y jurídicas que exploten producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos rurales.
La ley crea un Registro Único Nacional de Tierras Rurales (más burocracia y más empleos públicos) en el ámbito del Ministerio de Justicia. Opiniones encontradas en la dirigencia rural y dudas en los operadores del negocio de compraventa de campos fueron las sensaciones que predominaron tras el anuncio. (4)
Es de desear que un tema de semejante entidad sea discutido con la racionalidad que la circunstancia y las necesidades de inversión del país requieren, sin incidencia de presiones, premuras ni especulaciones electorales.
Institucionales
Sin seguridad jurídica ni respeto a las instituciones no hay inversión
En párrafos anteriores se señalaba las condiciones ineludibles que debían existir en el seno de una sociedad para propiciar la llegada de inversiones que factibilicen el crecimiento.
E insoslayablemente el respeto a la Constitución, a las leyes, a la división republicana de poderes, ocupa lugar de privilegio en ese cartabón en el cual se miden las posibles inversiones.
La realidad actual argentina ofrece, lamentablemente, múltiples muestras de carencias en ese sentido. Simplemente a modo de ilustración, se comentan dos recientes episodios que hacen, uno a la división de poderes y al respeto a las decisiones judiciales por parte del poder administrador, y el otro a la preservación de ese derecho fundamental, como es la libertad de expresión.
Episodio 1: Incumplen una nueva orden de desalojo
Por cuarta vez en sólo cuatro meses, el gobierno nacional desoyó una orden judicial para desalojar inmuebles usurpados que pertenecen o son administrados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. (2)
La negativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cumplir la directiva de desocupar esas aceras, dispuesta por una jueza penal y contravencional -confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero-, se tradujo en la presentación de un recurso judicial que obligó a la magistrado a postergar el desalojo.
Si bien efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional fueron apostados en el lugar, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que los agentes trabajarían para "mantener las condiciones de seguridad" necesarias, asumiendo la discrecionalidad de aceptar o desobedecer el sentido de la orden judicial.
El gobierno nacional ya anteriormente, se había negado a cumplir sentencias de desalojo durante el conflicto por la ocupación del parque Indoamericano. Tampoco acató el Ministerio de Seguridad de la Nación la resolución de un juez federal de Quílmes, de desalojar un complejo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) construido en Villa Soldatí para trasladar familias que viven en la indigencia a la vera del Riachuelo y usurpado por otras familias de villas cercanas. Ante la inacción del gobierno nacional y la resistencia de los ocupantes por abandonar el edificio, el inmueble continúa tomado.
Sugestivamente diferente fue la actitud de Poder Ejecutivo Nacional cuando hubo que desalojar instalaciones tomadas por usurpadores, y que pertenecían a la esfera del Gobierno Nacional. En ese caso, con la fuerza pública, el desalojo se efectivizó.
Episodio 2: Denuncia ADEPA persecución a la prensa
ADEPA, entidad que agrupa a más de un centenar de publicaciones de todo el país, advirtió sobre la inacción y silencio oficiales, frente a los bloqueos a las plantas impresoras de Clarín, Olé, La Nanación, La Voz del Interior y Día a Día.
En un documento (2) advierte que se está "frente a las sombras de una cultura autoritaria" pese a que formalmente se pueda todavía decir lo que se piensa, quien lo haga debe atenerse a las consecuencias persecutorias. ...esto es válido tanto para los periodistas como para los medios que no estén lisa y llanamente al servicio del Gobierno o bajo su entera dependencia económica y política".
El informe hace referencia, además, a "las acciones que apuntaron al menoscabo personal y profesional de periodistas, directivos y empresarios de medios a través del trato prepotente y descalificatorio por parte de algunos funcionarios o de campañas de hostigamiento y desprestigio desde el cada vez mayor número de medios oficiales o afines al Gobierno, virtualmente sostenidos por un uso arbitrario de la pauta oficial" y cuestionó a las autoridades nacionales por "agregar el aliento de escraches públicos que llegaron al extremo de estimular a niños y a jóvenes a escupir sobre las imágenes desplegadas en la vía pública de periodistas que osaron juzgar críticamente al Gobierno".
En el orden internacional
En consonancia con la realidad actual, la Argentina, fue ignorada en el capítulo para América latina del Foro Económico Mundial, que se desarrolló en Brasil .Ni como polo de posibles inversiones, ni como factor económico, ni como eje de alguna de la veintena de sesiones previstas.
Anfitrión de uno de los eventos regionales de negocios más importantes del año, Brasil explicitó su interés por atraer nuevos capitales extranjeros y aumentar su rol internacional. En el transcurso de una mesa redonda, el canciller brasileño, el secretario general de la OEA, el titular de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias, entre otras personalidades, debatieron sobre "el rol de América latina en el sistema de gobernabilidad global". Hablaron de Brasil, de la India, de China, de otras potencias emergentes, y hasta de las posibilidades de inversión que ofrecen Uruguay y Paraguay. La Argentina no fue mencionada en momento alguno. (2)
En consonancia, se acelera la fuga de divisas
A pesar de la decisión del Banco Central de redoblar los controles cambiarios, economistas privados prevén que la fuga de divisas del año 2011 será "levemente superior a la de 2010 (US$ 13.000 millones versus US$ 11.400 millones), alimentada por la incertidumbre en torno de los próximos comicios y la progresiva dolarización de la economía, y superará la proyección oficial de superávit comercial de US$ 11.000 millones. (3)
Ante esta tendencia, recordando que para el crecimiento sustentable es imprescindible contar con una tasa de inversión significativa, en base al aporte de capitales nacionales y extranjeros, se puede inferir que el camino hacia el futuro presenta, a no dudarlo, serios interrogantes..
* Economista argentino. Su último libro: “El ocaso de la era K.” Editorial Turmalina. Buenos Aires. 2010
Referencias del diario: La Nación de Buenos Aires: (1) 30-4-2011; (2) 29-4-2011;(3) 2-5-2011; (4) 28-4-2011." (5) Los datos surgen de una encuesta realizada por SEL Consultores en 122 compañías que son líderes en sus segmentos y que, en total, emplean a 214.000 personas.
(6) El Decreto 441 fue objetado en su validez ante la Justicia por algunas empresas, argumentando que la disposición requiere de una ley del Congreso.
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