DECLARACIÓN
Proyecto Miramar: sobre
la Ley de impunidad
(Redes Frenteamplistas)

En las últimas horas se conoció la declaración del Proyecto Miramar (Redes Frenteamplistas), acerca del Frente Amplio y la Ley de impunidad. Esta declaración fue entregada por una delegación a la Mesa Política
del Frente Amplio.

El Plenario del Frente Amplio debe encontrar una solución a uno de los temas más importantes de la sociedad uruguaya: liquidar los aspectos legales de la impunidad. Así lo exige el hecho de que el Poder Judicial declaró inconstitucional la ley de Caducidad en forma reiterada desde 2009, por unanimidad de los miembros de la Suprema Corte, y, también, que la Corte Interamericana de DDHH impone la erradicación de semejante mamarracho de todo el ordenamiento jurídico nacional.

Desgraciadamente, el resto de los partidos con representación parlamentaria no ha contribuido a encontrar caminos para subsanar una situación creada en 1986 por la mayoría de blancos y colorados; los mismos que ahora con total irresponsabilidad se lavan las manos y se desentienden del lío político, jurídico y ético que han engendrado, intentando sacar rédito de semejante situación. Con alegría decimos que es el FA la única fuerza política que se hace cargo de la situación heredada y que se ha comprometido, ante la sociedad y la Justicia nacional e internacional, a resolver definitivamente la cuestión en el marco del más pleno respeto a la Constitución. Así lo exige el programa presentado a la ciudadanía en las últimas elecciones, así lo exigen nuestros valores identitarios, así lo exige una sociedad que pretende avanzar en todos los terrenos.

Con dolor decimos que es el FA el principal responsable de la situación de confusión y tensión que estamos viviendo sus seguidores y la sociedad en su conjunto. Las marchas y contramarchas, los proyectos que van y vienen, las acusaciones cruzadas entre legisladores y dirigentes de primer orden, la irrupción tardía de los principales referentes, no hacen más que desvirtuar esta batalla principal por mejorar la democracia uruguaya en uno de sus aspectos medulares: la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo y nada menos que en lo referente a crímenes de lesa humanidad.

Esta ha sido nuestra bandera más justa, más unitaria, más amplia. Una bandera que creció, maduró y transformó a la propia izquierda y los sectores progresistas de varias generaciones desde el regreso a la vida democrática. Una bandera a la cual se le abrió la puerta en decenas de miles de hogares de nuestro país y que fue llevada como insignia en el corazón con distintos formatos por centenares de miles de uruguayas y uruguayos. Hoy, a la hora de concretar uno de los pasos más trascendentes, esa bandera se nos estrecha y enreda por no encontrar los caminos de acuerdo y compromiso que la situación exige. Agriando la alegría y aplastando el entusiasmo que la causa comporta.

No somos todos responsables por igual: la dirección del FA, los tres líderes naturales que todos reconocemos, los legisladores y las direcciones de los sectores de mayor peso electoral y social deben asumir, en primera persona, esta situación.

Nosotros -militantes, activistas, votantes- también llevamos nuestra parte por omisión, por no gritarlo más fuerte, por no exigirlo de acuerdo a nuestra propia historia. Este camino es continuación de una senda que no ha hecho otra cosa que desacumular fuerzas, como indica el estado actual del FA, su incapacidad movilizadora y organizativa, así como el alicaído prestigio de sus dirigentes ante la sociedad.

Queremos que el gobierno, encabezado por nuestro presidente, sea el adalid de la defensa y promoción de los DDHH en toda su extensión, en todas las materias y para todos, lo que exige un hoy concreto que trabaje con esa guía. No es, como se dijo, una cuestión de la fuerza política -así nos fue hasta ahora-, es parte de la esencia del programa de transformaciones que estamos desarrollando y no puede fragmentarse en temas del presente y del pasado, en derechos humanos para algunas cosas y no para otras, en responsabilidades de unos y no de otros.

Necesitamos ese discurso en boca de nuestros dirigentes más queridos, ellos hablan por todos nosotros a la sociedad.

Confiamos en la responsabilidad de la Mesa, del Plenario y de nuestros principales dirigentes; la sociedad espera del FA una solución que dé satisfacción jurídica a los problemas planteados así como la tranquilidad y la alegría de que estamos en el mejor camino para erradicar la impunidad y el sometimiento del Poder Judicial, a más de 25 años de reconquistada la democracia.

Queremos celebrarlo con todos, en la calle, en los hogares, en los trabajos y centros de estudio; será un gran paso, aunque no el último, en el largo camino por limpiar nuestra sociedad de los lastres del terrorismo de Estado que
aún cargamos.

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