La Justicia
como problema
Por Héctor Valle*

“El universo de las leyes es infinitamente más grande que el del
derecho.El derecho es la manera en que Occidente ordena las
reglas que se imponen a los hombres.Es heredero del ius,
que designaba las formas mediante las cuales se expresa
la justicia;pero al basarse en la idea de dirección (directum)
une la idea de justicia con la línea de conducta, ya presente
en la regula (regla) o la norma (escuadra) latina.Regla,
escuadra, líneas y ángulos rectos: con el derecho, la justicia
se vuelve una cuestiónde trazado geométrico más que de
casuística;proviene más de una mensura que de un arbitraje,
aun cuando siempre se trata a fin de cuentas, según la célebre
fórmula del Digesto, de darle a cada uno lo suyo
(suum cuique tribuere).”
Alain Supiot, “Homo Juridicus”.

Se trata de nosotros; de nuestra sociedad - inserta en la complejidad del mundo globalizado - y de cómo y en qué medida continuamos respetando las normas que nos supimos dar, en democracia, para convivir y poder, así, ser en plenitud personas que ejercemos una libertad responsable, o sea, ciudadanos.

Estas palabras llevan consigo la pretensión de ser o apuntar - quizá sea mejor expresarlo así - a una reflexión serena y lo más abarcadora posible sobre las premisas constitutivas de una sociedad democrática que se dio a sí misma un Estado de derecho, en la plena vigencia de sus 3 Poderes.

En buen romance, saber si continuamos siendo un conjunto de personas, devenidas ciudadanas, o si vamos hacia una mera suma de individuos para los cuales la Verdad y la Justicia está del lado de sus intereses y sentimientos y no en la equidistancia que marca la razón jurídica, establecida en aquel cuerpo (estructura) que, bajo la égida de nuestra Constitución, ramificándose a través de las leyes y las diferentes normativas que las regulan, que hacen o buscan dar continente y sentido a la vida en comunidad.

Cuando uno advierte, en el diario vivir, que estas premisas básicas están siendo atacadas de diversos modos y desde diversos planos, por ambos lados del espectro político y societario, nace una preocupación tan seria como digna de ser compartida.

Entendemos que se daña a la Justicia cuando se la hostiga de una y mil maneras, no respetando, enteramente, la discreción y la acción del debido proceso, al buscarse - repito, por diferentes medios - entorpecerlo, con el fin subalterno de doblegarlo.

Nótese, entonces, no sólo lo absurdo de este comportamiento sino, y especialmente, el peligro que esto conlleva para la sociedad, toda vez que prospera el interés subjetivo valiéndose para ello, cada quien, del poder que en ese momento pueda esgrimirse abierta o encubiertamente.

El italiano Luigi Ferrajoli, notable pensador de la filosofía del derecho, nos recuerda, en un pasaje de su obra “Derechos y garantías”, que: “(…) Es evidente que esta triple crisis del derecho corre el riesgo de traducirse en una crisis de la democracia. Porque, en efecto, en todos los aspectos señalados, equivale a una crisis del principio de legalidad, es decir, de la sujeción de los poderes públicos a la ley, en la que se fundan tanto la soberanía popular como el paradigma del Estado de derecho. Y se resuelve en la reproducción de formas neoabsolutistas del poder público, carentes de límites y de controles y gobernadas por intereses fuertes y ocultos, dentro de nuestros ordenamientos.” (El subrayado es de mi responsabilidad)

Nos hallamos, pues, ante una crisis de la democracia participativa y, de seguir así, estaríamos encaminándonos hacia una mera puesta en escena de la democracia, vía una democracia electoral, escenografía que ya es dable observar en varios lugares del mundo, tanto de la periferia como de su supuesta centralidad.

¿Hacia una crisis de la democracia?
Esta cuestión - aunque espinosa y nada agradable de ser planteada como una hipótesis de trabajo factible de ser real en un tiempo cercano o medio - debe ser considerada por todos aquellos que sientan y actúen como ciudadanos, o sea que vivan con seriedad su corresponsabilidad en los asuntos societarios.

Nunca debemos olvidar algo que, si bien de Perogrullo, puede perfectamente ser considerado así: La democracia no es constitutiva del ser humano sino, y tan sólo, un estadio (por ahora, el más fiable y libre que hemos sabido darnos) en el progreso de lo humano en el hombre, como especie.

Ya con miras a finalizar estos apuntes, traemos a colación una reflexión autorizada: Se trata del español Francisco J. Laporta - catedrático español en filosofía del derecho - quien, en su obra “El imperio de la ley - una visión actual”, nos dice lo siguiente: “(…) Pues bien, si el llamado poder soberano no es sino un conjunto complejo de prácticas sociales de aceptación de reglas, entonces podemos decir aquello que afirmó con cierta oscuridad Robert von Mohl, uno de los padres fundadores del Rechtsstaat: lo que puede limitar al poder soberano es una (Sittengesetz der Vernunft), es decir, la exigencia ética viva en la sociedad de que el poder se someta a normas jurídicas anteriores. Lo que hace posible el imperio de la ley y la consiguiente limitación jurídica del soberano es la incorporación de la ética individual y social de las exigencias morales que ese ideal lleva consigo. Más allá de un mero problema conceptual o lógico que descansa muchas veces en ciertos equívocos, el problema del imperio de la ley es el de la existencia de una práctica social colectiva basada en una determinada educación ciudadana respecto a las exigencias éticas del ejercicio del poder.” (Tanto el subrayado cuanto las negritas son de mi responsabilidad)

En suma, y dicho en buen romance, que en vez de intentar torcer el brazo de la Justicia para el lado que nos convenga, debemos hacer el mayor esfuerzo por ayudar a la parte que nos sea afín por la razón que fuere, DESDE EL RESPETO IRRESTRICTO AL DEBIDO PROCESO, a la estructura del Poder Judicial y, esencialmente, a la letra y espíritu de la Constitución de nuestra República, esa que tantas veces, no sin dolor y hasta con pérdida de vidas humanas, supimos defender.

Debemos respetar las estructuras societarias que nos dimos, libre y responsablemente, para convivir sobre la base del respeto, la igualdad y la libertad, siguiendo para ello el dictado de leyes y normativas que regulan tal accionar.

De lo contrario, toda vez que, puesta a prueba nuestra visión de las cosas, busquemos eliminar el supuesto escollo que encontramos ante nosotros - a través de medios exógenos y bastardos a la ética societaria, a la razón jurídica y a las normas que regulan el debido proceso - le estaremos infligiendo un daño tan severo como permanente a la democracia y así, consciente o inconscientemente, estaremos cobijando una nueva noche sobre la libertad, la ley y la vida digna de nuestros conciudadanos.

Porque la ética de la responsabilidad es posible; porque debemos poner todo de nosotros para una mejora sustantiva, y permanente, consideramos que la vía regia para lograrlo - y mantenerlo, críticamente, a través del tiempo - parece ser la educación.

Una educación que sea, crecientemente libre, laica, gratuita y que acerque una formación de la persona humana acorde con los valores más caros a la democracia participativa.

Valores, de los cuales queremos aquí y ahora destacar los siguientes: el crecimiento intelectual desde la libertad responsable, atendiendo siempre a la salvaguardia de la igualdad en la diversidad, y siendo contestes en ser solidariamente activos, especialmente en el conocimiento y apertura al otro (sea al diferente, como al desconocido y especialmente al disidente).

Y hacerlo no sólo para quienes conviven en nuestra circunstancia de vida sino también de la región que nos comprende y convoca a interrelacionarnos cada vez más activamente: la Patria Grande.

Todo comienza hoy; nada espera a mañana.-

*Analista, investigador, disertante uruguayo

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