UNESCO: sistema educativo
de Chile fomenta la desigualdad
Entrevista a Vernor Muñoz*

(Sobre Argentina Chile, Uruguay y Finlandia)

INFORME COMPLETO

- A propósito de las demandas del movimiento estudiantil en Chile usted comenta que “lo bonito de esto es lo feo que se está poniendo”. ¿Lo ve como una oportunidad?
- Absolutamente. La historia no transcurre unívocamente y los cambios que ha tenido la humanidad siempre han ocurrido como parte de situaciones caóticas, críticas y comprometedoras. Así es como se aprende colectivamente: de los errores, de los tropiezos y de las dificultades, por eso cada crisis tiene el germen de su propia superación.

- Hablemos de su estudio, ¿cuál es el aporte de analizar comparativamente los marcos legales y las leyes de educación de los cuatro países estudiados?
- Uno se da cuenta de lo que tiene o no tiene, no sólo cuando se mira al espejo sino también cuando reconoce a las otras personas como personas legítimas. En el caso de los países ocurre algo similar. Cuando un país aprende de su vecino puede dimensionar cuáles son aquellas características de su constitución social y política que puede mejorar. La comparación permite eso, establecer un balance entre lo que se tiene y lo que se carece.

- Una comparación implica identificar elementos comunes, diferencias y derivar en conclusiones críticas ¿cuáles son las conclusiones críticas a su parecer más significativas del estudio?
- Hay varias y de diferentes magnitudes. Una central es que si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina, de protección y garantía. Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza. Esto arroja una necesidad adicional que es construir un lenguaje común en torno al derecho de la educación.

- ¿Estamos usando las mismas palabras para connotar cosas distintas?
- Se trata de conceptos distintos en un marco común del derecho a la educación.

- En Chile ¿se refuerza más el concepto de libertad de educación por sobre el derecho a la educación?
- Sí es evidente que sí. Pero al mismo tiempo sería injusto no decir que dentro del marco normativo chileno sí se reconoce la vinculación del derecho internacional en materia educativa. Desde ese punto de vista, yo diría que Chile sí tiene un compromiso con el marco general de los derechos humanos, pero con miradas distintas a la de otros países.

-¿De qué manera esas miradas distintas también se traducen en áreas en las cuales hay que seguir avanzando de manera que la retórica jurídica responda a la práctica social del ejercicio del derecho a la educación?
- El vacío entre la retórica jurídica y la práctica social es un fenómeno que se da en todos los países, incluso en los países llamados desarrollados. Esto porque la formulación normativa, además de constituir obligaciones y derechos, también es una propuesta política de sociedad. Entonces es evidente que siempre va a ver un vacío entre lo que la norma dice y lo que encontramos en la realidad. Lo que pasa es que ese vacío en materia educativa es muchas veces descomunal.

- Un vacío con grandes consecuencias…
- Consecuencias enormes porque no se tutela un derecho fundamental de las personas que es el de la educación y que además tiene la característica por ser un hecho habilitante. O sea, un derecho que permite generar capacidades para disfrutar todos los demás derechos. Por eso es tan importante, porque tiene implicancias civiles, políticas, económicas y culturales.

- ¿Y quiénes son los responsables?
- En el cumplimiento del derecho a la educación, los principales obligados son los Estados. Pero también es cierto que la comunidad educativa, los países donantes, las organizaciones internacionales, tienen también responsabilidad y la obligación de cooperar y ayudar en caso de que un país tenga dificultades de garantizar este derecho. Y si extendemos la mirada, sabemos que por definición los derechos humanos son responsabilidad de todas las personas, porque el concepto de “responsabilidad” significa conciencia de los derechos de los demás.

- En tu estudio hablas de la gratuidad como un principio, como una apuesta política básica para el ejercicio del derecho de la educación. ¿Hay formas distintas de abordar esa opción?
- El tema de la gratuidad es un elemento estructural, fundante, es un requisito para el ejercicio del derecho a la educación, no es una moda ni un invento. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal y algunos otros instrumentos de carácter regional claramente establecen que la gratuidad de la educación es una obligación para la educación primaria y que para el caso de la educación secundaria y universitaria, es una obligación progresiva.

- El carácter de progresivo suena a retórica…
- Pero es mucho más que eso. Implica que tiene que garantizarse en algún momento. La obligación progresiva, que está establecida en el artículo dos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece otra obligación concomitante, pero esta vez es de carácter inmediato y es que los estados tienen la obligación de tomar medidas concretas para avanzar en la gratuidad de la educación media o secundaria y universitaria.

- ¿Bastaría iniciar ese camino progresivo para destrabar algunos de los conflictos actuales e iniciar nuevas conversaciones?
- La gratuidad tiene al menos dos connotaciones. Una es la de hacer, respetar y proteger, que en el caso de la educación primaria es indiscutible. Pero también tiene una connotación programática, es decir, también implica una declaración de voluntad política, de declaración de principios y por supuesto que ello implica una visión ideológica a favor de la universalización de la educación para todos y todas. La sola declaración de la gratuidad, sin ningún tipo de acción consecuente, no significa nada. Pero sí si el principio de la gratuidad se asume como un principio que va a desencadenar acciones y propuestas para que en un plazo determinado se concrete. En el caso chileno, se aboga por la gratuidad, pero no está garantizada jurídicamente.

- ¿Considera que la gratuidad es una característica irrenunciable?
- La gratuidad es un elemento imprescindible porque significa una visión política a favor del derecho de la educación. Por definición la educación pública tiene que ofrecerse gratuitamente, ya sea de manera actual o progresiva, porque es lo que garantiza la igualdad de oportunidades y de acceso a la educación para todos y todas.

- Sabemos que en el mundo hay un déficit global para la financiación de educación y que las desigualdades dentro de los países son un reflejo de la disparidad que se da a nivel internacional en lo que respecta a la enseñanza secundaria. ¿Qué de este informe sirve para repensar la situación mundial de la educación?
- El derecho a la educación no es un derecho que tenga un interés especial ni exclusivo en los países en vías de desarrollo o pobres. El derecho a la educación es un tema para todos los países del mundo porque no se limita a los temas de acceso o de permanencia. El derecho a la educación también tiene relación directa con el contenido de la educación y de la gestión educativa, tiene que ver con los procesos de inclusión y exclusión que están presentes en todos los países. Cada nuevo estudio, nos permite volver a las preguntas básicas tales como ¿para qué estamos educando?

* Muñoz es profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010) y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación y consultor de diversas agencias de la ONU y de organizaciones internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos.

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