Las habas y la Universidad
Por Dardo Gutiérrez Centeno

Mi abuela - asturiana de pura cepa - solía citar el viejo proverbio “en todos lados se cuecen habas y en mi casa a calderadas” y ciertamente no lo hacía por prejuicios gastronómicos contra el fruto de esta respetable trepadora herbácea que agregaba ad libitum a los porotos de manteca de su épica fabada.

En la enseñanza de nuestro país hay problemas, no cabe duda. Sin embargo la atención mediática se concentra, poderosamente, en Secundaria y ante la movilización de sus docentes las habas que se cuecen en otros ámbitos de la educación, pública y privada, pasan desapercibidas. Esto es lo que ha estado sucediendo en relación con la Universidad de la República donde suceden episodios turbulentos que no trascienden ni atraen el interés de los medios.

Todos los que observan el fenómeno desde dentro aseguran que esta turbulencia se produce a causa de un conjunto de fallas graves en la conducción superior de la alta casa de estudios. Sería excesivo responsabilizar exclusivamente al Rector Rodrigo Arocena de la falta de rumbo, de acción y de coherencia que se percibe en un entorno cada vez más reducido y más desprovisto de ideas y convicciones.
A pesar de la partenogénesis endogámica que multiplicó y compartimentó los órganos de gobierno, la “Segunda Reforma” no camina. La vieja Ley Orgánica preveía un Consejo Directivo Central (el C.D.C.). Después se creó el Consejo Ejecutivo Delegado que concentró el poder en menos manos y últimamente el Rector sacó de una galera cada vez más improductiva dos “consejitos delegados” que reemplazan al C.E.D., uno de Gestión Administrativa y Presupuestal y otro Académico (para integrar cualquiera de los dos hay que ser miembro del C.D.C. por lo que el cogollito del gobierno se estrechó mucho más).

Este “proyecto” es la continuación de un proceso de concentración del poder en un grupo reducido de cargos electivos y del desarrollo de un creciente número de cargos de particular confianza y tecnócratas cooptadas a nivel central. Sin embargo, cuando se encuentra avanzado el segundo periodo del Rector Arocena, la Segunda Reforma Universitaria resulta ser como algunos “niños prodigio” que ya no son niños y que nunca llegaron a ser prodigios.

Desde la tormenta que desató Mario Wschebor a la cabeza de “los Cuatro Decanos”, hace tres lustros, ninguno de los temas sustantivos de la Universidad se ha resuelto. Las bonísimas intenciones de sucesivos rectores han ido ahogándose enredadas en los sargazos del Triángulo de las Bermudas. El fenómeno es muy complejo como para despacharlo con algunos clisés pero el trancazo fenomenal que padece la Universidad se ubica, sin lugar a dudas a nivel central.

En las Facultades, Escuelas y servicios se hace mucho pero por más que los remos se agiten, el Titanic sigue navegando en su rumbo de colisión, lentamente, sin bamboleos perceptibles. La orquesta seguirá tocando aunque la montaña helada se encuentre adelante y en el puente de mando cada vez hay menos gente capaz de interpretar las manchas en la pantalla verde del radar o de ver las luces rojas que se encienden en los tableros.

Ahora la vía de agua se ha producido en una de las cubiertas inferiores donde los desastres nunca llegan a ser captados por el oído o el olfato de los pasajeros de primera clase. Sin embargo esta vez el daño ha producido cierto estrépito por debajo de la línea de flotación, es decir entre quienes no tienen gravitación alguna sobre el gobierno de la Universidad de la República: sus funcionarios no docentes (en lo fundamental administrativos, especializados, técnicos, de oficios y servicios generales e incluso algunos profesionales).

Aún desde antes de la ascensión de Arocena se viene relegando a los no docentes, limitando su participación en todo sentido y adoptando políticas discriminatorias. Esto se percibe al comprobar las diferencias existentes entre funcionarios así como el desconocimiento de la Ley Orgánica, las ordenanzas y reglamentos que promueven algunos de los personajes más connotados del actual gobierno universitario. Además se ha producido una ascendencia creciente de ciertas direcciones generales que, en verdad, son cargos de confianza encargadas de aplicar un estilo de gestión de corte gerencial, es decir un trasplante acrítico de las recetas corporativas a la gestión de la Universidad Mayor.

Uno de los principales promotores de estas políticas gerenciales, es - por ejemplo - el Pro Rector de Investigación y al mismo tiempo Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Ing. Gregory Randall. Este personaje, famoso por la discrecionalidad absoluta con la que se maneja, se jacta de su capacidad ejecutiva que, en resumen, consiste en salirse con la suya sin pararse en los medios y en ubicar a su gente en donde le place burlando los mecanismos regulares si es preciso. Él es el especialista en captar, introducir y colocar a “los más capaces”, repartiendo prebendas y canonjías, especialmente en el interior del país. En cuanto a los no docentes, la sabiduría expresa de Randall es que se trata de funcionarios públicos holgazanes, faltos de iniciativa, renuentes a seguir el paso de los jóvenes genios y sobre todo resistentes a los cambios, reacios y contestatarios en la defensa de sus derechos. Como todos los Llaneros Solitarios de la inteligencia, Randall es soberbio, autoritario e incapaz de encontrar el rumbo de acuerdos y de conjunción de fuerzas con quienes sustentan una visión de universidad distinta de la suya, que es lo que se necesita para sacar a la Universidad del atolladero.

Este año culminó un concurso de ascenso para acceder a cargos de Jefe de Sección Administrativo, los mandos medios que son vitales para la gestión universitaria. Unos 350 funcionarios habían iniciado el proceso meses antes mediante la presentación de sus antecedentes y méritos y se habían sometido a una prueba de conocimientos que abarcaba los distintos aspectos de su futuro desempeño. El Tribunal oportunamente designado por el Consejo Central estaba integrado por cuatro Directores de División del escalafón administrativo (el grado más alto de la carrera funcionarial) y por un quinto, un Director de Departamento elegido por los concursantes mediante voto secreto.

En junio concluyeron las actuaciones de acuerdo con lo establecido en las normas y usos regulares de la Universidad. Los concursantes, que antes habían sabido los puntajes asignados a sus antecedentes, conocieron los resultados de las pruebas en acto público, accedieron individualmente a las mismas y ejercieron el derecho de pedir aclaraciones y formular objeciones. Una vez cumplida esta última etapa, el Tribunal elaboró el acta final, entregó todas las actuaciones a la Dirección General de Personal (D.G.P.) y concluyó su trabajo. La función de la D.G.P. era someter el fallo a la homologación por el Consejo universitario (CDGAP). La Ordenanza establece la autonomía técnica de los Tribunales y el fallo solamente puede ser improbado o anulado en caso de registrarse vicios graves de procedimiento. Para superar la prueba era preciso alcanzar la mitad del puntaje asignado a la misma. Unos 150 aspirantes lo consiguieron, los restantes 200 no. Aunque el número de cargos vacantes es un misterio los concursantes estiman que habría unos 120 o 130 disponibles en toda la Universidad.

Durante un par de meses se extendió la espera hasta que ya en setiembre la Directora General de Personal, María Luisa Salgado, produjo un informe denunciando vicios graves de procedimiento que habría cometido el Tribunal y que debería provocar la anulación de la prueba o eventualmente del concurso mismo. Con una celeridad nunca vista, la Dirección General Jurídica de la Universidad, encabezada por Mariana Gulla, produjo un informe respaldando el de la Directora de Personal. El informe de la Jurídica incluía una extraordinaria originalidad que calificados juristas - incluyendo a uno de los citados como autoridad en esa pieza - calificaron como tecnicismos sin valor. Extralimitándose, la Dra. Gulla iba mucho más allá de lo debido, es decir de advertir si el fallo presentaba vicios graves de procedimiento o no y recomendaba que se “recorrigiesen” tres preguntas opinando sobre las típicas cuestiones de mérito que cualquier tribunal sabe no son materia del opinómetro.

Además cuestionó como grave falta que el Tribunal hubiese descalificado a media docena de concursantes que habían identificado sus pruebas, ya sea mediante firma, nombre y apellido, nombres de fantasía o garabatos. Si bien este aspecto no está reglamentado es uso de la Universidad preservar el anonimato de las pruebas para asegurar la imparcialidad de la corrección. Los concursantes invariablemente son advertidos, en todos los concursos de ascenso e ingreso, que no deben identificar su prueba en forma alguna dado que sus señas obran en sobre aparte que es abierto en el acto final antes mencionado.

En el ámbito reducido de sus adeptos (docentes, egresados y estudiantes), el Rector impuso fácilmente una resolución del consejito que ordenaba al tribunal que había actuado en el concurso que “recorrigiese” las tres preguntas objetadas por las Directoras Generales y que incorporase las pruebas del puñado de concursantes que habían sido descalificados por identificar las suyas.

Esta insólita resolución produjo una serie de recursos. Los integrantes del Tribunal dirigieron una nota al Consejo en la que explicaban que su actuación no había sido errónea, exponían los procedimientos seguidos y en particular la corrección de las preguntas objetadas y las razones de la descalificación de quienes habían identificado sus pruebas. Un grupo de “perdedores” presentó un recurso reclamando la anulación de la prueba, posiblemente porque comprobaron que la “recorrección” no les favorecería. Un grupo de “ganadores” recurrió la resolución reclamando la homologación inmediata del fallo del Tribunal. A su vez, los integrantes del Tribunal se agraviaron de lo que entendieron como una descalificación de su desempeño profesional y un serio cuestionamiento a su integridad y probidad personales. Un grupo grande de concursantes quedó paralizado y anonadado ante la demostración de discrecionalidad y la sensación de impotencia que les provocó la actuación de las autoridades.

Los universitarios que han seguido de cerca este vendaval no creen que la razón fundamental de estas manipulaciones haya sido la intención de “salvar” a algunos de los concursantes que habrían perdido y que “no podían perder” porque subrogan irregularmente varias Jefaturas desde hace muchos años. Se dice que el Dr. Ricardo Roca, Pro Rector de Gestión le habría manifestado a los integrantes del Tribunal - después del fallo - que con esos funcionarios subrogantes en situación irregular “la Universidad mantenía una deuda patrimonial” que debía saldarse haciendo que salvaran la prueba. Si esto se confirmase denotaría una grave falencia ética y técnica inadmisible en un jerarca universitario. Asimismo, corren versiones acerca de la identidad de alguno de los concursantes que identificaron sus pruebas que pertenecerían al entorno del Rector pero estas son versiones y la verdad parece estar en otro lado.

Lo que seguramente está en la mira de las autoridades universitarias es el núcleo medular del sistema de concursos. Lo que pretenden las Directoras Generales, respaldadas por el Rector y su entorno, es descalificar al Tribunal de este concurso y de este modo sentar una tesis hasta ahora mascullada entre dientes o fallida en la intentona: los tribunales de los concursos de ascenso de los funcionarios no docentes deben estar integrados por docentes, por profesionales, abogados, psicólogos, técnicos en administración, porque los no docentes, aunque sean funcionarios experimentados de los grados más altos de su escalafón, son ineptos, torpes, incompetentes. Integrar los tribunales con “técnicos” de su confianza e incluir pruebas psicológicas y entrevistas de evaluación es la forma ideal para disimular la manipulación y la designación arbitraria y clientelista de los amigos y entenados.

Este no es un pronóstico caprichoso porque, de hecho, el 6 de diciembre el Consejo Directivo Central de la Universidad, actuando como organismo de alzada, ratificó lo resuelto por el consejito en reñida votaciòn.

Como los integrantes del Tribunal original se habían eximido de la recorrección por entender que habían perdido la condición fundamental de su accionar: la imparcialidad - dado que el anonimato de los concursantes desapareció - designaron un tribunal ad hoc integrado nada menos que por la Directora General de Personal (claramente recusable por haber prejuzgado tanto en los aspectos generales como particulares del fallo que ahora “recorregirá” lo que la hace absolutamente parcial). La segunda integrante de este mini tribunal es una contadora pública que se desempeña como mano derecha del Pro Rector de Gestión, Roca. La tercera es una funcionaria que recibió algunos votos para integrar el Tribunal original en nombre de los concursantes y que aceptó después que la mayoría de quienes la precedían se negaran a hacer ese papelón.

A través de Salgado y de alguna de sus colaboradoras del círculo más estrecho del Rector se habría pretendido reclutar para este “tribunal recorrector” a algunas de las más antiguas Directoras de División del escalafón administrativo que se rehusaron a desempeñar este triste papel. A falta de alguien menos comprometido, el Rector no tuvo más remedio que empeñar a la principal promotora del problema y a una colaboradora de su Pro Rector de Gestión para hacer el trabajo.

Otro tema que despierta fuertes sospechas en la mayoría de los concursantes es el hecho que todas las pruebas, ya identificadas, están desde hace seis meses en poder de la Directora General de Personal y no existen garantías suficientes de que hayan sido imparcialmente salvaguardadas o seguridad en cuanto a la intangibilidad de sus contenidos.

Pero ahora viene lo más interesante. Se aproxima el verano. Los canales de televisión abierta sacan a relucir enlatados extranjeros, a veces interesantes. Uno de ellos muestra la forma en que los grandes magos hacen sus trucos. Exponen el backstage y se puede ver como hacen desaparecer un tanque mediante luces y espejos o como es que la muchachita se escurre de la caja sin que la hagan mortadela a sablazos y aparece después exultante y sanita.

A la Universidad le ha pasado algo parecido y el backstage (es decir precisamente lo que sucede detrás del escenario) ha quedado expuesto cuando se considera lo que sucedió entre el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal (consejito) de setiembre y el Consejo Directivo Central de diciembre.

Era tan endeble la resolución del consejito que muchos actores universitarios empezaron a cuestionarla y a reclamar que el asunto se llevara a la discusión de cada una de las Facultades de la Universidad. El Rector y su séquito se opusieron tanto como pudieron a este intento por democratizar y clarificar la cuestión.

Desde el punto de vista náutico, el capitán dispuso cerrar los compartimientos estancos para evitar que la inundación se extendiera a toda la nave (“aquí no ha pasado nada, se cometió un error y ahora lo reparamos”, etc.) pero no lo consiguió. Casi la totalidad de las Facultades discutió el asunto y se pronunció unánimemente o casi por la homologación inmediata del fallo original como única salida al atolladero en el que se había sumido a la Universidad.

El Consejo de la Facultad de Derecho - por ejemplo - se pronunció lapidariamente contra el dictamen de la Dirección General Jurídica y reclamó la homologación como única salida ajustada a derecho. Uno de los argumentos esgrimidos por el Rector, en las fuertes presiones que hizo sobre todos los integrantes del CDC, fue que la “juridificación” de las resoluciones políticas que implicaba el dictamen de Jurídica no podía ser cuestionada por quienes no eran abogados. Esto recibió una contundente refutación, entre otras, por parte del Vice Rector, Eduardo Manta, Decano de Química que explicó que la postura de su Facultad, a favor de la homologación del fallo, había sido consultada y se respaldaba en la opinión de tres eminentes juristas. Estos debates y votaciones resultaron sorprendentes porque los docentes, egresados y estudiantes a nivel central del CDC votaron con el Rector Arocena por la “recorrección” - que obtuvo 11 votos en 20 - mientras que los representantes de las Facultades, mandatados por sus Consejos votaron por la homologación - 9 votos en 20.

Los docentes y estudiantes, por abrumadora mayoría, votaron en cada centro por la homologación y comprobaron que sus representantes a nivel central votaron con el Rector. Esta contradicción dejó al desnudo un problema clave del gobierno universitario: la representatividad de los delegados de la Asociación de Docentes, de los egresados y de la FEUU que apoyaron al Rector e ignoraron la opinión de sus mandantes y ni siquiera consultaron o informaron a sus bases sobre el asunto.

Para la mayoría de los universitarios esta ruptura insanable es una victoria pírrica que muestra como funciona realmente el gobierno de la Universidad: un grupo de poder que rodea al Rector y que constituye su único apoyo no representa a sus electores, ni siquiera los toma en cuenta.

Es posible que a resultas de la última Convención de la FEUU el grupo en que se apoya Arocena se haya debilitado pero, de todas maneras seguirá operando. El truco ha quedado al descubierto y ha permitido comprender una de las razones fundamentales por las cuales el Titanic parece condenado a naufragar.

Entre los pendientes cuentan las secuelas de la confrontación agudizada entre los funcionarios de carrera, que ven avasallados sus legítimos derechos y su creciente exclusión, y los gobernantes electos de la Universidad que, más allá de su deseo de conservar sus posiciones de poder y ser reelectos, no parecen capaces de trazar un rumbo coherente con las necesidades del país. El Rector y su séquito ha demostrado que, por encima de sus buenas intenciones, es renuente a reconocer el potencial de todos los actores universitarios y poco competente para movilizarlos sin manipularlos ni imponerles sus intereses corporativos.

Uno de los problemas que entraña esta confrontación radica en que, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decrete la nulidad de estas actuaciones, como es altamente probable que lo haga dentro de algunos años, llegará la hora de las responsabilidades. Para entonces posiblemente Arocena ya haya concluido su segundo y último periodo como Rector y su Pro Rector de Gestión y sus Directoras Generales de Personal y de Jurídica ya hayan dejado sus cargos en buena hora. Otros tendrán que juntar los platos rotos y asumir las reparaciones pero el daño que ya se ha causado a la confianza que debe reinar entre los universitarios es, estrictamente, irreparable

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