El juez Garzón perseguido
por investigar crímenes y corrupción
Crónica

ENTREVISTA AL JUEZ GARZÓN

“Poco menos de un año antes de morir, en septiembre de 2009, el escritor José Saramago publicó una dura columna de opinión en el diario El País. Allí se refería a las 114.266 personas que una investigación judicial había catastrado como víctimas de asesinatos y desapariciones ocurridas en España entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, después, durante la dictadura del general Francisco Franco. También hablaba de la deuda del Estado español, “que ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico”. Y agregaba:

“La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Hoy resulta raro ver a Garzón, el hombre que logró la detención de Pinochet a fines de los ’90 en Londres -lo que dio inició una nueva era en el derecho internacional que llevó a muchos ex dictadores a quedarse en sus casas-, sentado en el banquillo de los acusados.

El 23 de enero, El Mundo publicó las claves de las tres causas que Garzón enfrenta ante el Tribunal Supremo, todas por prevaricación. Y la primera de ellas, a la que Saramago se refería en su columna, esta semana entró en la recta final. El delito que se le imputa: investigar los crímenes del franquismo. Un hecho que The New York Times calificó como una “ofensa a la justicia y a la historia”.

Las asociaciones de ultraderecha Manos Limpias y Libertad e Identidad lo acusaron de atribuir a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional. La justicia española acogió la querella y, aunque la persecución judicial ha sido criticada por jueces y fiscales en todo el mundo y a pesar de que la Fiscalía española y la defensa del juez han pedido la nulidad del juicio y su absolución, todo ha seguido su curso. Hoy Garzón, que cuenta con el apoyo del a ciudadanía, se arriesga a que el Tribunal Supremo lo inhabilite por hasta 20 años.

Hasta ayer, se desarrolló la fase testimonial del juicio a Garzón. Entonces comenzaron a surgir las historias de los familiares que recurrieron a Garzón en busca de justicia, ya que lo consideraban como “la última vía para cerrar heridas”.

José Pérez (76) estaba citado a declarar ayer para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre, pero no pudo ir porque estaba enfermo. Sí llegó María Martín (81), a quien le preguntaron ante el tribunal: “¿A usted la han ayudado hasta ahora a encontrar a su madre?”. Su respuesta fue breve y lapidaria: “No”, dijo con su voz que parece estar apagándose.

Cuando le tocó hablar a Fausto Canales, contó que el 20 de agosto de 1936 un grupo de falangistas entró en siete domicilios del pueblo, uno el de su padre. Fausto tenía dos años. Los detenidos fueron fusilados de madrugada. Y Olga Alcega aseguró que no tenía ningún afán de venganza, sino que lo único que pretendía era saber por qué mataron a su abuelo y quiénes lo hicieron. También declaró Antonio Solsona, cuyo padre también fue desaparecido por darle pan y huevos a los maquis.

Esos son sólo algunos de las decenas de casos que expuso la defensa de Garzón en el juicio, aunque no sólo llegaron allí para defender a Garzón, sino que también para exigirle a la justicia que los ayude a encontrar a sus familiares.

El acusado también declaró ante los magistrados del Tribunal Supremo:

“No es cuestión de ideología, sino de que me correspondió un asunto e hice lo que creía que tenía que hacer acomodándome a las leyes nacionales e internacionales”, dijo. (Fuente; CHIPRE /Chile)

Opina José Miguel Insulza (OEA)
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha criticado la condena de once años de inhabilitación contra el juez español Baltasar Garzón y dijo que éste tiene abiertas las puertas para trabajar en ese organismo.

En una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, Insulza considera que “es algo doloroso y exagerado” la condena, impuesta por el Tribunal Supremo español por haber permitido escuchas telefónicas entre un acusado en una trama de corrupción relacionada con ex altos cargos del Partido Popular y sus abogados.

El responsable de la OEA opina que cuando un juez dicta órdenes y un tribunal considera que no fueron apropiadas, lo que hace es anularlas o aplicarle una sanción menor, pero. añade, terminar “con su carrera por esto, me parece insólito”.

Preguntado por posibles consideraciones políticas en esta sanción, Insulza cree que precisamente Garzón, está siendo juzgado también por declararse competente para juzgar los crímenes de la dictadura en España (1939-1975), aunque aún no se conoce la sentencia de este proceso.

Sobre el futuro del juez, Insulza señala además que “las puertas de la OEA siempre van a estar abiertas para trabajar con Garzón”.(Dinamo cl)

Garzón: "Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada".
“Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido. (Madrid a 9 de febrero de 2012)

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