El Fondo de Solidaridad, una
gabela poco transparente
Por el Lic. Fernando Britos V.

Bajo el título “Más solidario” el semanario Brecha1 presta sus páginas a una defensa de esta gabela - establecida en 1994 y duplicada arbitrariamente en el 2001 con el llamado “Adicional” con un destino completamente distinto de las becas - bajo la forma de un impuesto a los estudios universitarios y superiores en UdelaR y UTU, reconocidamente injusto que ahora, las autoridades encabezadas por el sociólogo Marcos Supervielle defienden al tiempo que intentan amortiguar algunas de sus perversiones más notables.

Ha llegado la hora de que hablemos sin tapujos de estos asuntos. En primer lugar debe cuestionarse el uso del término solidaridad para este engendro que opera como persona pública no estatal.

La solidaridad es uno de los valores más preciados de una comunidad. También es el objetivo a derribar por parte del neoliberalismo. Esta era la principal recomendación del fundamentalista Von Hayek pero sus discípulos criollos aprendieron que lo más astuto es utilizar el término con el propósito de desvirtuarlo. Esto es lo que hicieron los promotores de la Ley 16.524 cuando soplaban en el Uruguay los vientos neoliberales del gobierno del Dr. Lacalle.

En efecto, en 1994 se creó un impuesto para gravar, en lo fundamental, a los egresados que habían resistido los intentos de imponer matrícula onerosa para los estudios superiores y de limitar el ingreso a los mismos. La justificación del nuevo tributo era la “solidaridad intergeneracional” para que los egresados de la Universidad de la República y los de la UTU de carreras de tres años o más financiaran becas para estudiantes que demostraran tener dificultades económicas.

El momento que vivía el país no puede ser ignorado. La solidaridad intergeneracional que se invocaba estaba bajo duro ataque en el terreno de la seguridad social, que iba a culminar precisamente con su perforación definitiva, en 1995, con la creación del llamado “sistema mixto” para las jubilaciones, la creación de las AFAP y las cuentas individuales, que mantuvo intactas las jubilaciones de privilegio, las cajas deficitarias y el sistema confiscatorio establecido por la dictadura a través de los infames topes jubilatorios.

El Fondo de Solidaridad y las AFAP son producto de la misma concepción socialmente regresiva y sus resultados no son muy diferentes. En efecto, el Fondo de Solidaridad exhibe cifras de unas 6.000 becas anuales concedidas en los últimos ejercicios que implican unos 4.800 pesos mensuales para los beneficiarios.
Para administrar esto se creó una institución pública de derecho privado (persona pública no estatal) - otro capítulo de la típica receta gerencial neoliberal - donde los costos de administración a duras penas pueden ser inferidos de los balances (en el año 2009, último disponible, los costos de operación alcanzaban al 4,6% de la recaudación y creciendo) y en la que la cantidad de funcionarios, sus salarios y los gastos de gestión son bastante opacos debido a las modalidades que se emplean habitualmente para presentar los informes y balances de este tipo de instituciones.
El objetivo, que era sustraerle el control de las becas a la Universidad de la República se consiguió completamente con la anuencia vergonzante del Rector de la época.

Los funcionarios de este Fondo ingresan bajo los sistemas clientelistas más crudos, casi no hay llamados públicos ni evaluaciones objetivas o requerimientos puesto que estos se manejan según las fórmulas ignotas de las empresas de consultoría y selección de personal. Sus funcionarios no están amparados en organización gremial alguna y las escalas salariales, las condiciones de trabajo y la dotación es manejada arbitrariamente por un gerente general y un grupito de tecnócratas seguramente muy bien remunerados.

Por encima, una Comisión Administradora de siete miembros cuyos integrantes, a título honorario, son fruto de un alambicado y nada democrático procedimiento de designaciones (un representante del Ministerio de Educación y Cultura, quién la preside (actualmente el Lic. Soc. Marcos Supervielle), uno de la Universidad de la República, (el Cr. Hugo Martínez Quaglia) quien se desempeña como Secretario, otro de la Administración Nacional de Educación Pública (actualmente no provisto), uno de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (el Dr. Enrique Barmaimón), otro de la Caja Notarial de Seguridad Social (Esc. Marisa Peixoto), otro del Banco de la República Oriental del Uruguay (Dr. Daniel García Vernengo) y otro de la Agrupación Universitaria del Uruguay (la Lic. Bibl. Aída Sogaray). Para los autores de la ley original no era concebible que hubiese algún representante de los esforzados contribuyentes y mucho menos de los destinatarios.

Ahora este aparato se mueve para contrarrestar los reclamos y las críticas que se le vienen haciendo y un semanario le presta sus páginas a través de un artículo muy parecido a los “reportajes pagados” que suelen constituir una parte de la propaganda disimulada como información que recomiendan los manuales gerenciales de administración.

Le duele a estos administradores de la gabela que haya quien no ejerciendo la profesión y sin obtener beneficio alguno de los estudios por los que recibió un título reclame contra la injusticia del tributo. Entonces levantan una conjetura maliciosa: todos los egresados tienen que pagar aunque manejen un taxi, trabajen como serenos o vendan verduras en la feria porque, según ellos, algún beneficio deben obtener de la formación gratuita que les proporcionó UTU o la Universidad (“por algo será”).

El argumento tiene resultados perversos. Por una parte, los veteranos que decidimos recibirnos tardíamente en alguna carrera que nunca ejerceríamos nos encontramos con un agobiante y nuevo impuesto, imprevisible, alevoso y que no tiene nada que ver con la actividad con la que nos ganamos la vida.

El mensaje es claro: no se te ocurra recibirte porque te confiscarán, con los medios más coactivos (retención de sueldos, clearing de informes, embargos) un aporte para el apetito fiscalista del nuevo engendro. No importa que pagues tus impuestos (IRPF, etc.) para financiar la educación pública superior como todos los ciudadanos. Quisiste tener un título, pues, te cobraremos más de 8.000 pesos por cada año que tengas ese papelito colgado en la pared porque para el Fondo la educación es en verdad un lujo, no un derecho sino un privilegio y el que accedió a él debe pagar sin rechistar y sin darle muchas vueltas al asunto. “No podemos ir a tanto detalle - dice Supervielle - de otro modo tendríamos que tener un algoritmo con 50 variables para hacer el sistema más justo”).

Otro mensaje claro es que la enseñanza superior privada es mejor porque allí se paga pero después no te cobran un impuesto a los títulos durante toda tu vida útil o bien, estudiaste y te recibiste, pues bien tratá de emigrar antes de los cinco años de gracia que te da el Fondo porque además de lo difícil que sea abrirte camino en tu profesión te esquilmarán con esta gabela (ellos no están para los algoritmos). Naturalmente, este invento no existe en el extranjero ni siquiera en Chile que mantiene uno de los sistemas más regresivos del mundo (allí la matrícula es previa y no posterior, entre otras cosas).

Una conclusión implícita es que si pagas al Fondo pensando que tus hijos o los de tus vecinos más modestos van a poder recibir una beca que le daría cierto efecto atenuante a una exacción como ésta, te estarás equivocando feo. Nadie puede suponer que con 4.800 pesos mensuales se puede mantener a un hijo estudiando en la Universidad de la República o en UTU. No se puede sostener honestamente que semejantes becas cubren la totalidad o la mayor parte del costo de estudios universitarios. Colocar a un hijo en la educación superior es, para la gente del común, una verdadera y esforzada empresa familiar y eso no lo pueden ignorar los defensores de la gabela.

Es mejor una beca que nada pero deberían dejar de llenarse la boca con los millones que reparten y con lo bien que administran y prestar atención a las injusticias que generan. El intento de desplazar la atención pública hacia “los beneficios” del Fondo parece poco ético. Sobre todo porque este incluye el famoso Adicional, que es un monto igualmente oneroso que se impuso en el 2001 (duplicando el impuesto para los universitarios contribuyentes) cuyo destino específico son las inversiones en infraestructura y desarrollos en el interior del país de la UdelaR. Ese aporte que dicen alcanza a unos 11 millones de dólares anuales sirve para ganarse el silencio benévolo de quienes reciben este generoso “refuerzo” presupuestal.

El diputado José Carlos Cardoso (PN), que algo ha de saber del asunto porque fue en el pasado integrante de la Comisión Administradora del Fondo, presentó un proyecto de ley para eliminar el Adicional que ha de estar encajonado en algún lado.
Ahora, para colmo de males, los actuales integrantes de la Comisión Administradora tienen un proyecto de reforma del Fondo que pretende transformarlo en un nuevo impuesto (un 1% de los ingresos independientemente de la actividad en la que se generen) incorporando al BPS a la dirección del Fondo y alineándolo con el IRPF.

Según parece el anteproyecto de estos administradores debería ser adoptado por el Poder Ejecutivo, en este caso por medio del Ministerio de Educación y Cultura, y enviado a consideración del Poder Legislativo para introducir modificaciones a la ley. Es de esperar que esto se haga mediante un debate público franco y profundo, verdaderamente democrático y donde se esclarezcan los puntos oscuros y se elimine, definitivamente, el carácter neoliberal, neogerencialista y regresivo del mal llamado Fondo de Solidaridad.

Porley, Carolina (2012) “Más solidario. Aporte al Fondo de Solidaridad podría pasar a ser progresivo y alineado con el IRPF”, en Brecha, del 18/V/2012; 12 y 13.

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