Morir trabajando
El neogerencialismo y la banalización
del mal y la violencia en el trabajo
Por el Lic. Fernando Britos V.

Desde el punto de vista de la salud laboral no hay medida o preocupación que sea despreciable si de lo que se trata es de salvar vidas, evitar accidentes y enfermedades previsibles y mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos de trabajo. Sin embargo y sin que esto implique un juicio global o fácil, hay que reconocer que pocos logros se obtienen sin la participación y la vigilancia de los propios trabajadores. Un ejemplo de todos conocidos es el papel asumido por el SUNCA para prevenir y reparar los accidentes en una actividad como la construcción que figura entre las más peligrosas de las que se desarrollan en nuestro país.

Con los años y la lucha de los trabajadores ha ido quedando claro que los riesgos físicos y psicosociales se extienden mucho más allá del entorno inmediato y del medio ambiente laboral. Dicho de otro modo, el medio ambiente laboral de cualquier trabajador se extiende hasta abarcar sus momentos de descanso y de ocio y envuelve también a su hogar, su familia y muchas veces a su barrio y a sus vecinos.

También se ha ido abriendo camino lentamente la convicción de que los riesgos físicos y psicosociales y las consecuencias del sufrimiento en el trabajo, en tanto secuelas permanentes, no se terminan cuando el vínculo laboral se interrumpe por la razón que sea: cambio de trabajo, jubilación, retiro forzoso y aún por el deceso del trabajador.

Los sufrimientos de las víctimas del nazismo y el estudio de las huellas que dejó en la psiquis de quienes sobrevivieron, produjo la aparición del concepto de daño transgeneracional. Los hijos y los nietos de quienes habían escapado al infierno concentracionario sufrían, aún sin saberlo, sus secuelas. Natural y desgraciadamente, los países asolados por el Plan Cóndor han suministrado evidencias abundantes de los terribles alcances y daños irreparables producidos por las torturas, los asesinatos, las desapariciones y demás crímenes del terrorismo de Estado, que afectan a las generaciones posteriores. La aparición de hijos, de nietos y de restos óseos son testimonio perdurable.

La concepción del daño transgeneracional y las secuelas duraderas del terorrismo de Estado, basada en evidencias provenientes del campo de la psicología y la psicopatología, ha ido confluyendo a impulso de los historiadores y científicos sociales como Álvaro Rico, Carlos Demassi - para no citar sino dos - a otros conexos, por ejemplo, al campo de la seguridad ciudadana puesto que es posible establecer en forma concreta de que manera los doce años de dictadura en nuestro país (1973-1985) - un lapso cronológicamente igual al del predominio del nazismo en Alemania (1933-1945) - contribuyeron a que el temor y la banalización del mal y la violencia produjeran un deterioro en la convivencia y en valores y derechos humanos básicos que ahora se reflejan en conductas brutales que no admiten consideraciones ni soluciones ahistóricas y simplistas y en elaboraciones justificatorias como la tramposa “teoría de los dos demonios”.

Hay artículos precursores, como los de Doris Hajer sobre psicología y nazismo, y una amplia bibliografía internacional sobre estos asuntos. Sin embargo también existen actuales preocupaciones compartidas: ¿qué se perdió y que se magnificó durante los años de plomo en materia de convivencia? ¿cómo hemos sido afectados, en sentido amplio y profundo, en las praxis profesionales y en la vida ciudadana, por el terror y por la impunidad de los perpetradores? ¿cómo fue que el temor, la desensibilización y la indiferencia, componentes de los procesos de banalización, se diseminaron durante décadas y alcanzaron otros ámbitos de la sociedad?. Estas cuestiones que nos interrogan a todos todavía no han sido adecuadamente aquilatados por la academia.

Es grande la tarea pero hay líneas de investigación y de trabajo, que no se contraponen ni deben distraer esfuerzos de la búsqueda de evidencias y rastros documentales de los crímenes más atroces, pero que todavía permanecen en un segundo o tercer plano. Una de estas líneas es la investigación de los delitos económicos cometidos por la dictadura en nuestro país, verbigracia el daño económico y moral que sufrieron las personas y las instituciones entre 1973 y 1985 y cuyas secuelas se extienden hasta el presente.

No estamos hablando de delitos contra la propiedad en sentido clásico y puntual - que los hubo - sino de la corrupción, las operaciones de saqueo, las apropiaciones y manipulaciones de la cosa pública y las conductas dolosas sistemáticas que fueron parte integral del gobierno dictatorial y que se produjeron al amparo del control omnímodo que se ejerció.

Algunas de estas pequeñas y grandes corruptelas fueron incorporadas bajo el manto de “reformas” o “racionalizaciones” y de ese modo lograron pasar agachadas durante el proceso de restablecimiento de la democracia y consiguieron su “naturalización” de modo que casi treinta años después de implantadas siguen tan campantes.

Los rastros de esas curiosas supervivencias de la dictadura han quedado en un segundo plano como producto de la resistencia ofrecida por la impunidad y el ocultamiento de la verdad en materia de crímenes sangrientos.

Ocasionalmente se vislumbra el carácter duradero de esos engendros cuando los trabajadores nos recuerdan que dependencias como la Dirección Nacional de Meteorología o la Dirección General de Aviación Civil, que en el pasado fueron reinos de taifas en la repartija de los militares durante la dictadura siguen estando, inexplicablemente, bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional.

Una de las medidas más injustas, confiscatorias y lesivas de derechos humanos fundamentales, adoptada por la dictadura en 1979, sigue muy campante perjudicando a miles de ciudadanos y aún ganando adeptos y sobre todo cultivando indiferencias en todos los gobiernos posteriores a 1985. Se trata de los topes jubilatorios impuestos por la dictadura a través del Acta Institucional N°9, en 1979.

En aquel momento, el régimen metió mano en la seguridad social y estableció un tope adicional para todas las pasividades de lo que había sido la Caja de Jubilaciones de Industria y Comercio. Este tope, que algunos ignorantes o maliciosos confunden con la tasa de reemplazo, es decir con el porcentaje de los ingresos como activo que percibirá el trabajador como jubilación, es una confiscación. En efecto, el trabajador aporta según un salario del 100% para recibir una jubilación de 60, 65 o 70% según corresponda pero el tope, arbitrariamente fijado hace que esa tasa se reduzca a un 50% o aún menos. El dinero que se les confisca a los trabajadores que aportaron se destina a pagar las jubilaciones de privilegio y a enjugar los déficits bestiales de las Cajas Militar y Policial.

Esta lógica de latrocinio, de robar a la mayoría para repartir entre los súbditos privilegiados, es la de todas las tiranías. Lo grave es que después de 1985, ya en democracia, se restableció el BPS, después se liquidó el régimen de solidaridad intergeneracional mediante la creación de las cuentas individuales y el lucrativo invento para los operadores de las AFAPs y aquellos topes se mantuvieron intactos hasta la actualidad.

Quienes han comprado las recetas neogerencialistas del manejo de la cosa pública aducen que los topes jubilatorios, que limitan lo percibido a menos de 50.000 pesos mensuales independientemente del aporte que durante años se hizo en actividad, es un mecanismo loable porque de este modo las cigarras que pasaron la vida cantando con grandes salarios debieron haber ahorrado para su vejez, como lo hacen las hormigas. Esta canallada argumental, que algún sedicente experto ha puesto por escrito, resulta sublevante cuando se la ve operar en la práctica.

En la Universidad de la República, cuyos funcionarios están topeados, esa confiscación afecta gravemente a quienes no han hecho ejercicio liberal de su profesión o no se han dispersado en el multiempleo. Sabios humildes, dedicados enteramente a la investigación y la docencia, están condenados a morir trabajando, como nuestro querido Renzo Pi, recientemente fallecido.

Otros también destacadísimos, jubilados pero incansables y cubiertos de honores, deben vivir con esos topes indignos después de que se les confiscaron sus aportes. El reconocimiento y el profesorado emérito parecen no alcanzar para que la Universidad caiga en la cuenta de estas injusticias y contribuya, en forma institucional y efectiva, a denunciarlas y a promover la anulación de esa norma perversa.

Tampoco es posible sostener que, estos delitos y secuelas económicas de la dictadura (que como vimos nunca son meramente económicas sino que juegan un papel de retaliación simbólica) no han sido denunciados y advertidos porque esto se ha hecho. Se sabe que los jubilados afectados por estos topes son entre 6.000 y 7.000 y que el universo potencial de activos impedidos de jubilarse para evitar un daño económico podría triplicar esa cifra. Existe en la red un sitio que convoca a los Jubilados Uruguayos Topeados.

Lo preocupante del asunto es la invisibilidad del problema, la indiferencia, la falta de sensibilidad que rodea a este verdadero delito en contra de los trabajadores. Todos los gobiernos, todos los jerarcas, todos los legisladores de todos los partidos, han sido, en algún momento, entrevistados o han conocido el asunto. Todos han expresado comprensión y hasta algún parlamentario ha esbozado un tímido proyecto de ley para desarticular los topes confiscatorios.

Sin embargo, el tema es cuidadosamente soslayado en el llamado Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, un encuentro lustral, cupular y de acceso estrictamente reservado que, por cierto, no hace honor a su nombre y que, de hecho lo que promueve es la legitimación de las políticas oficiales, incluyendo, por exclusión, la anulación de la injusticia.

LA ONDA® DIGITAL