La violencia y el crimen en Latinoamérica están
debilitando la legitimidad democrática
F. Javier Díaz y P. Meller

El pasado 13 de agosto se presentó en Chile el libro "Violencia y Cohesión Social en América Latina", editado por los investigadores de Cieplan (Corporación de Estudios para Latinoamérica) Francisco Javier Díaz y Patricio Meller. En éste estudio se indica que la violencia y el crimen son una de las principales amenazas a la cohesión social. Lamentablemente, América Latina se erige como la región más violenta del planeta. En el fenómeno de la violencia se conjugan, además, una serie de variables negativas para el desarrollo, como son la desigualdad, la discriminación y la segregación territorial. Lo que sigue a continuación son algunos pasajes del libro y el link al libro en formato pdf.

“Cada año, más de 200 millones de latinoamericanos son víctimas de algún acto delictivo, siendo las tasas de criminalidad más altas del mundo. Mientras Europa o América del Norte presentan tasas de homicidios dolosos inferiores a 4 por cada 100.000 habitantes, el promedio en el Caribe y en América del Sur sobrepasa los 18, a la vez que el promedio de América Central y México sobrepasa los 252.

En los últimos años, además, se ha producido un alarmante recrudecimiento de la violencia en diversos países. Observadores y analistas han llegado a señalar el peligro de que algunas zonas de la región se transformen en una suerte de “Somalía latinoamericana”

En países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Venezuela, la tasa de homicidios sobrepasa los 40 por cada 100.000 habitantes, mostrando un fuerte crecimiento en la última década. El fenómeno se extiende y agrava en territorios específicos dentro de países como México, Brasil o Colombia. En los países considerados “seguros”, como Argentina, Perú, Chile o Uruguay, la seguridad ciudadana está dentro de las principales preocupaciones de los ciudadanos. E incluso en esos lugares, determinados barrios al interior de las grandes ciudades presentan índices de temor y cifras de criminalidad significativamente más altas que en el resto del país.

El problema a menudo se contamina y agrava por causa del narcotráfico y las mafias. Las bandas de crimen organizado asolan ciudades y barrios, atemorizando a los ciudadanos. América Latina está muy expuesta en ese respecto: se ubica próxima a los mercados mundiales de la droga en Estados Unidos y Europa, con sectores campesinos que ven en la producción y traslado de la sustancia una actividad infinitamente más rentable que las actividades lícitas. La región andina, por ejemplo, produce casi el 90% de la cocaína mundial, lo que genera una estela de organizaciones delictuales y el desarrollo del poder corruptor. Poco a poco, en algunos países comienza a observarse bandas delictuales de alta sofisticación en su organización y logística, las que ejercen control físico sobre determinados barrios y territorios. El secuestro, la extorsión o el cobro de rentas a cambio de protección, se han hecho práctica frecuente en numerosos territorios de nuestra región.

Extendida sensación de vulnerabilidad
Lo anteriormente expuesto genera una extendida sensación de vulnerabilidad en las personas, escepticismo en la capacidad del Estado para controlar el fenómeno, así como desconfianza en la rectitud de instituciones tan relevantes como el Poder Judicial,el sistema político y las policías. El temor hace que se replieguen las asociaciones de individuos y que se debilite la sociedad civil. En ocasiones, la reacción gubernamental deja las cosas peor: operaciones policiales semimilitarizadas en las que se vulneran los derechos civiles, así como enfrentamientos armados donde muchas veces terminan muriendo personas inocentes.

Como apunta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el “déficit de estatalidad” es extremo (PNUD 2010, 184). La ineficacia del Estado para controlar el orden hace que se pierda confianza en la autoridad, que no se denuncien los hechos delictivos y que se genere, incluso, una tendencia a privatizar la seguridad pública, que va desde la proliferación de empresas privadas de seguridad, hasta la poco civilizada práctica del linchamiento y la venganza. Todo ello provoca un evidente y creciente fenómeno de desintegración social que conlleva que se debilite la cohesión de la comunidad.

¿Cómo enfrentar este fenómeno? ¿Cómo detener su crecimiento y extensión? ¿Por dónde empezar a atacar el problema? Son estas algunas de las preguntas que se hacen las autoridades y la sociedad civil de la región completa. Un temor fundado recorre el pensamiento de todos: el crimen en América Latina está debilitando fuertemente los lazos mínimos que unen a las sociedades. La legitimidad democrática, la observancia de las leyes, la fortaleza de las instituciones estatales y el funcionamiento de los mercados pueden colocarse en jaque producto de la violencia delictual, a la vez que se deterioran gravemente los vínculos comunitarios entre los individuos y la confianza general en la sociedad. Pero al mismo tiempo, una intuición se hace cada vez más compartida: el simple enfoque de la represión y el castigo del delito no es la solución de fondo que requiere este verdadero drama social que aqueja a millones de latinoamericanos.

Políticas públicas y seguridad
La relevancia de la seguridad y la violencia en América Latina han provocado que el tema cope la agenda pública y que se erija como principal preocupación de los latinoamericanos, incluso más que otros aún pendientes en la región, como el empleo, la pobreza, la educación o la desigualdad. Según muestran diversos estudios de opinión -como el LAPOP o el Latinobarómetro-, el tema de la inseguridad en la vida cotidiana de las personas se ubica consistentemente al tope de la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Según ECOSOCIAL de CIEPLAN, el índice de temor en los siete países que componen la muestra bordea el 40%, mientras que más de un tercio de los encuestados legitima la defensa privada.

Ahora bien, la cobertura mediática del fenómeno también contribuye en cómo los ciudadanos perciben el peligro real. De esta forma, no es poco común presenciar altos niveles de temor en países que poseen bajos índices de criminalidad (comparativamente hablando) o, como en el caso de Chile, cifras de alto temor contrastadas con cifras de victimización relativamente estables. En el caso chileno, el índice de Inseguridad subió de 41% a 53% entre 2005 y 2009, mientras que el índice de Victimización bajó de 38% a 33%, según cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana 2009.

Todo ello ha perjudicado abordar de manera adecuada el tema desde las perspectivas de las políticas públicas. En efecto, es tal la gravedad y sobre todo la espectacularidad del problema, que el votante exige a los políticos terminar pronto y de manera drástica con la inseguridad. Para afrontar el tema de manera integral, sin embargo, las políticas públicas toman cierto tiempo en madurar. Además, como apunta Lucía Dammert en su trabajo en este volumen, no está disponible toda la información que se requiere ni existen datos homologables para poder comparar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en cada país.

"Populismo Penal"
Es muy común, por tanto, que prácticamente todos los sectores políticos caigan en lo que Dammert denomina “populismo penal”, es decir, un discurso que prioriza medidas comunicacionales sin base en evidencia. Por lo general, se trata de un discurso altamente punitivo, que conlleva alza de penas y encarcelamiento (incluyendo a adolescentes, producto de sucesivas reformas legales), sin mayor preocupación por las consecuencias de dicha opción.

El “populismo penal” lleva a que las políticas públicas en materia de seguridad se centren en las consecuencias del delito y la sanción, antes que en las causas del delito y la violencia. Ello provoca que incluso, al preocuparse de las consecuencias de delito, no se privilegien las mejores alternativas de persecución y castigo. Como todo populismo, el “populismo penal” sencillamente no escucha las recomendaciones de los expertos e insiste en repetir fórmulas que no han demostrado éxito, pero que sin embargo intuitivamente pueden aparecer como necesarias. El mejor ejemplo es el alza de penas.

Con todo, crecientemente ha ido generándose en la región una comunidad de estudios acerca del tema. Más allá del “populismo penal”, poco a poco en América Latina se han ido llevando a cabo algunas reformas de largo alcance para abordar algunas aristas del tema, fundamentalmente en materia de reformas judiciales y procesales y, en algunos casos, reformas en los servicios policiales.

Asimismo, se ha generado una buena literatura y datos empíricos acerca de algunos otros temas, como victimización, inseguridad, percepciones delictuales, costes económicos de la violencia, implicancias legales, entre otros.

Hay un aspecto que merece ser profundizado y hacerlo de manera comparada en la región. Se trata de los determinantes sociales del delito, es decir, estudiar aquellas condiciones sociales (edad, trabajo, estudio, empleo, movilidad, etc.) que hacen más proclive que un individuo caiga en los círculos delictuales.

En resumen, este volumen habla de las diversas aristas que deben considerarse a la hora de hablar de políticas públicas en materia de violencia y cohesión social. Claramente asume una óptica multidisciplinaria y propone, en breve, que la política pública en materia de seguridad debe asumir una óptica multisectorial que, comprendiendo la gravedad y urgencia del problema, proponga medidas de mediano y largo plazo especialmente en materia de determinantes sociales y territoriales. Solo de esa manera, creemos, se podrá enfrentar el fenómeno en su globalidad.

Transformación que erosionado las relaciones sociales
El actual desafío político es aun mayor, por cuanto el proceso de modernización de los últimos 30 años ha generado una estela de cambios sociales en aquel ethos cultural y valórico. Los cambios de las últimas tres décadas en América Latina han sido dramáticos: crecimiento de las ciudades, apertura de las economías, extensión ,del mercado en las formas de intercambio y asignación de recursos, aumento generalizado de los años de escolaridad, reformas del sistema escolar, estabilidad macroeconómica, mayores niveles de consumo de la población, ingreso a la fase de transición demográfica, incorporación laboral de la mujer, estabilización de la democracia, una creciente cultura de derechos, acceso a las tecnologías de la información y los medios de comunicación masivos.

Toda esta gran transformación ha erosionado las relaciones sociales de tipo tradicional sobre las que reposaba históricamente la cohesión social en muchos países de la región, sin ofrecer alternativas inclusivas de reemplazo. De esta forma, la principal amenaza a la cohesión social latinoamericana es la que podría surgir de un doble Proceso.

Igualdad simbólica
En definitiva, tanto la expansión de la democracia como del mercado generan una igualdad simbólica entre los individuos que debe ser acompañada y reforzada por las políticas públicas. Esa igualdad simbólica, “cuando es desprovista de esperanza o de recursos, conduce a conductas predatorias y criminales (...) Pero esta misma igualdad simbólica de los ciudadanos es lo que los impulsa, en ciertas ocasiones, a exigir el respeto de la ley y en caso de necesidad, a buscar su defensa a través del derecho. La primera conspira contra la cohesión social (...) La segunda apuntala la cohesión social, puesto que transmite un suplemento de confianza en las instituciones. El que prime, a término, una u otra de estas sinergias, dependerá de la naturaleza del juego democrático que se afirmará en la región en las próximas décadas” (Sorj y Martucelli 2008, 167).

Es, por tanto, deber del Estado hacerse cargo de esta realidad apremiante para millones de ciudadanos en América Latina. La inseguridad y la violencia ciertamente son un efecto de la situación social que viven miles de latinoamericanos, especialmente jóvenes. Pero ellas son también causa de un deterioro significativo de la cohesión social.

Sus consecuencias pueden ser dramáticas si es que no se actúa a tiempo y eficientemente. Y la simple represión policial no es el camino, como queda de manifiesto en los textos que se presentan en este libro.

La democracia en riesgo
“(...) la lucha contra el crimen se convierte en una línea de acción clave en promoción de la cohesión social. Si el control del crimen no se convierte en una prioridad de los Estados entonces la democracia misma puede estar en riesgo como consecuencia del apoyo masivo de la sociedad hacia las soluciones basadas en la autoridad o, lo que es peor, la sociedad puede aprender a convivir con las organizaciones de bandidos que regulan la oferta de bienes y servicios en el barrio”.

¿La enseñanza una salida?
Muchas investigaciones evidencian que la educación aumenta las posibilidades de empleo. Sin embargo, en América Latina esta situación no se ratifica debido a que la educación no se logra instalar como la mejor vía para el éxito social y económico. La brecha entre los contenidos educativos y las herramientas necesarias para la vida laboral posterior es un problema que debe ser enfrentado con rapidez.

Choque entre realidad y igualdad simbólica
Las TIC generan una mayor interacción con el mundo cultural global y que ellas tienen el potencial de comunicar y provocar interacción entre grupos de personas con intereses similares. Sin embargo, las alertas son muchas. Como se revisó precedentemente, la modernidad plantea enormes desafíos a la cohesión social, al alterar las bases tradicionales de confianzas, jerarquías, división de labores y formas de pertenecer a la sociedad. Si ya la economía de mercado y la democracia generan enormes mutaciones en aquella sociedad tradicional, donde la igualdad simbólica de los individuos choca brutalmente con la realidad, el potencial de cambio de las TIC es similar o mayor. ¿Qué tipo de nuevas asociaciones generarán? ¿Logrará crear sentidos comunes de pertenencia y solidaridad entre quienes participan de ellas? Por lo pronto, el Estado ya sabe que tiene un desafío: la brecha digital se está transformando, aceleradamente, en una nueva brecha social.

Policia y Justicia
Las situaciones descritas previamente requieren de una respuesta estatal sólida, organizada y profesional. Lamentablemente, la realidad muestra lo opuesto, con instituciones policiales penetradas por la corrupción, limitada eficiencia y baja profesionalización. En los sistemas de justicia la situación no es mucho mejor. La sensación de impunidad vinculada con la inefectividad, lentitud y corrupción del sistema, no ha podido ser contrarrestada con los procesos de reforma del procedimiento penal implementados en múltiples países de la región.

(…) La desconfianza en el gobierno en general presenta mayor complejidad cuando se pregunta por la percepción sobre la justicia. Es preocupante reconocer que vivimos en un continente donde la ciudadanía no confía en el Poder Judicial. Probablemente considera que no es impartida para todos por igual y la vincula con hechos de corrupción o alta ineficiencia”.

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Fuente: Cieplan - Corporación de estudios para
Latinoamérica // Foto: Elespectador com

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