Habitar Uruguay
¿Solidaridad? …al fondo
Por el arquitecto Luis Fabre

Quienes nos encontrábamos en ejercicio de una profesión en el año 1996 debimos incorporar a nuestros aportes jubilatorios el impuesto con este nombre creado por el gobierno de Luis Alberto Lacalle. El cobro coercitivo del mismo no tuvo en consideración que, de una u otra forma, la mayoría de profesionales reintegramos a la sociedad en servicios sin cargo parte del costo de la carrera que ella nos solventó. Si bien reconocemos que esas contrapartidas obedecen a un criterio personal- partiendo de una toma de conciencia sobre el rol de servidor a la comunidad que cada uno asume según su vocación y propósitos-la Ley, que procuró generalizar y homogeneizar la devolución traducida en dinero, descartó los incentivos morales que históricamente han movido a los profesionales en ese sentido. Instituyó la injusticia con un pago fijado arbitrariamente, igualitario, en una sociedad con una población que apenas crece, cuya proporción de potenciales clientes profesionales disminuye en función del aumento de estos y hace en promedio menos remunerada su actividad. No en vano el índice de profesionales en no-ejercicio de actividad siguió aumentando a pesar del auge económico del país.

¿No quiere sopa?
A esta proyección negativa, casi una violación del derecho a trabajar para el propio sustento, durante el gobierno de Jorge Batlle le agregaron, en el año 2002, el Adicional para financiar obras de la Universidad. Este nuevo impuesto agregado ya no por “solidaridad” con los estudiantes becados, sino con la Institución, desfinanciada por décadas de escasa inversión. Con la misma lógica se debería cobrar a los estudiantes de la recién creada Universidad Tecnológica. Ruego por qué no se les ocurra. Al respecto solo acotaremos que en la actualidad la Enseñanza recibe más del 4 y medio por ciento del P.B.I. con un monto neto mayor debido al crecimiento de la economía en los últimos años.

Pero además..
Este Organismo paraestatal de Derecho público abusa de sus potestades discrecionales para maltratar, de derecho y de hecho, a los profesionales. Cualquiera que se haya presentado en sus oficinas sabe muy bien a qué me refiero. Se ha corporativizado, priorizando un objetivo recaudador por sobre toda otra consideración. La norma hacia el profesional es la sospecha. De acuerdo con ellas (normas y sospecha) cualquier ingreso- aunque no provenga de la profesión- obliga a pagar al Fondo. Para exonerarse, la carga de pruebas-medios de vida- recae sobre el profesional y el plazo de su presentación era hasta hace muy poco de 60 días. El plazo que el Fondo en cambio se toma para considerarlas es indeterminado. Las posibles exoneraciones, restringidas en tiempo pero ampliadas por la solicitud de pruebas, son discrecionalmente evaluadas. El comité evaluador de exoneraciones está compuesto por funcionarios propios. Anotamos que hasta el Servicio de Tránsito de la Intendencia dirime las apelaciones por multas con una Comisión independiente.

El chantaje
La coerción del cobro llega hasta la inclusión en el Clearing de informes. Ni siquiera el Estado procede con sus Servicios de esta manera.” Las consecuencias para el deudor, de estar incluido en la base de datos pueden ser gravísimas” escribe un economista en el País del 10 del corriente mes. Las deudas de los profesionales han convertido al Organismo en una financiera casi monopólica, puesto que si el Fondo envía un deudor al clearing, el mismo no puede obtener un préstamo externo. Ergo, financia con el organismo. Nos preguntamos si en esta lógica corporativa, maquiavélica, el fondo beca a estudiantes o a futuros clientes.

Lo más grave
Lo dicho no es todo ni lo peor. Hay un agravante insoslayable al análisis integral de este asunto y es el veto que impone el fondo de solidaridad a la obtención de la jubilación en la Caja Profesional. El profesional puede haber pagado todos los aportes jubilatorios, pero si no pagó lo que exige el Fondo, está impedido de jubilarse. Al final de un lapso prolongado de vida, satisfechas las causales de antigüedad y cantidad de años trabajados, procurando jubilarse, puede verse enfrentado a una paradojal situación: para pagar saldos deudores con ambos organismos debe apelar a un préstamo.. que le será negado por figurar en el Clearing.

La demagogia
Reservamos para el final la consideración del elemento simbólico que disfraza esta realidad en que se viola derechos, entre otros el de informar al estudiante el pago retroactivo de la carrera profesional, sumado a los aportes de los padres y el simultáneo trabajo de ellos mismos durante la misma. Se trata del nombre del Fondo, esa palabra que supimos hacer carne en las movilizaciones estudiantiles por presupuesto junto a los trabajadores. Por definición la solidaridad es voluntaria, no coercitiva. Define la esencia de la colaboración entre humanos, la ayuda desinteresada al otro. Este aporte es obligatorio, no solidario.

El pago retroactivo, coercitivo de las Carreras terciarias llevó a la rebelión al estudiantado chileno. Parece que aquí tendremos que apelar al propio, futuro interés de los estudiantes para movilizarse junto a nosotros contra este engendro mercantilista. No me duelen prendas. Sostengo la teoría de que a todos los estudiantes hay que pagar por estudiar, con una ampliación del concepto de trabajo y por que una sociedad más culta siempre será más libre y más dignamente ocupada. El Estado, asignador, distribuidor de recursos, debe financiar-por el principio de igualdad de oportunidades y para la producción de conocimiento que la Academia realiza con independencia del poder económico- lo que equivocada o intencionadamente se ha cargado sobre los profesionales.

Las responsabilidades
Las Asociaciones de Profesionales deberían pronunciarse actualizadamente sobre este tema, no permanecer omisas. La Caja de Jubilaciones Profesionales, para cumplir con su razón de ser, su cabal cometido-otorgar las jubilaciones- debe revisar el veto que impone el Fondo a las jubilaciones desligándose de la conveniencia financiera de postergar el derecho a la misma de sus a portantes, genuinos acreedores. En todo esto hay responsabilidades políticas e institucionales- pasadas y presentes- que hoy comenzamos aquí a señalar. Y seguiremos; no tengan dudas.

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