En el tema aguas no caben
las reacciones inhibidoras
Por José De Lukas*

El debate por las dificultades del abastecimiento del agua a Montevideo y las distintas ciudades y poblados del interior del país no es nuevo. Más cercanos en el tiempo el plebiscito sobre el agua del 2004 marca el debate más abarcativo que se dio la sociedad sobre el tema, aún teniendo en cuenta que el centro de discusión era la privatización o no del sistema de abastecimiento del agua en varios puntos del país. Ha quedado siempre pospuesto una discusión de cómo (Ley surgida mediante) establecer líneas estratégicas para una distribución sustentable, y técnicamente de calidad del agua para un Uruguay en desarrollo y concebido éste como un servicio esencial y humano.

Un olor y gusto desagradable en el agua de OSE en Montevideo que se inició el jueves 7 de marzo, colocó bajo sospecha la calidad del agua potable, dejando al descubierto entre otros aspectos esta postergación de la discusión de fondo: estado real de los monitoreos, capacidades tecnológicas disponibles por OSE y fuentes alternativas al Río Santa Lucia.

Para suplir estas dificultades se ha visto a las distintas autoridades vinculadas a OSE -servicio estatal -que se encarga de distribuir y administrar el agua en el país, en una permanente necesidad de autodefensa y justificación de su trabajo. Esta actitud loable desde el punto de vista de comunicación con la sociedad, no hace más que reducir e impedir que una emergencia como ésta posibilite una discusión profunda sobre un tema viejo y a punto de convertirse en mucho más complejo, por los nuevos ingredientes que la componen.

Si bien el episodio del 7 de marzo dio paso en un primer momento a una discusión entre jerarcas de OSE, algunas personalidades de la academia y la sociedad civil colocaron en un primer plano las enormes dificultades que existen dentro de los organismos del estado institucionalmente vinculados al tema agua, para elaborar políticas de conjunto. Este es un aspecto grave y preocupante si de planes y estrategias e institucionalidad estamos hablando. Más aun cuando la reforma del 2004 estableció por ley que el Estado tiene la responsabilidad intransferible de asegurar “como derecho humano fundamental, el acceso al agua potable y el saneamiento y estos servicios serán prestados exclusivamente por el Estado”.

Una reflexión más amplia sobre las dificultades que desde el propio Estado se tienen para abordar en tiempo y forma el tema agua, no puede exceptuar el retraso que se ha producido en el Parlamento por ejemplo (no es el único) en abordar y decidir el proyecto de minería de gran porte, que tiene directas implicancias con el tema aguas. Muy especialmente si pronto tenemos que pronunciarnos sobre eventuales prospecciones de hidrocarburos por el método o la técnica del fracking; temas ya planteados en Argentina y Brasil, que nos vincula especialmente por la posibilidad de la contaminación de los acuíferos y del agua de superficie.

El Estado, contando con la DINAMA, todos los elemento de información y la posibilidades técnicas de generar sistemas de monitoreo y relevamientos sobre el tema agua, no puede “dejarse sorprender” o descubrir luego “que son temas evitables”.

Dan cuenta de las dificultades endógenas del Estado para tratar a fondo este tema las reacciones del vicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte, cuando se enoja y considera como afirmaciones “alarmistas”, las declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro de que si a "Aguas Corrientes (que) es el lugar de donde sacamos agua potable para dos millones de habitantes de Montevideo y área metropolitana, llega a pasar algo, es la catástrofe más grande imaginable que Uruguay podría vivir”.

O la reacción del ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, señalando como alarmista las declaraciones del ingeniero Daniel Panario, grado 5 de la Facultad de Ciencias, quien realizó un inventario sobre los peligros que sus investigaciones le vienen evidenciando desde hace varios años, referido al grado de contaminación de nuestras aguas. Más inoportunas resultan estas reacciones inhibidoras de todo intercambio científico, cuando ya desde hace bastante tiempo y en forma creciente los testimonios científicos y de los otros se suman sobre “problemas de contaminación” en las aguas del Río Negro, Río de la Plata, Río Santa Lucía y sus cuencas entre otros. Pero desde el Estado no surgen informes o documentos públicos que expongan detalladamente cual es el estado de situación de este tema.

La creación de un sano y respetuoso debate entre el conjunto del Estado uruguayo y sus organismos especializados, la sociedad Civil, la academia, especialistas en el tema y organismos internacionales es la base mínima que puede dejarnos como resultado una plataforma o guía de ruta para posicionarnos como país sobre el tema “aguas” que tiene la necesaria inmediatez de saber con base científica qué estamos consumiendo en Montevideo y el área metropolitana, pero también la posibilidad como país de entrar en una dimensión más amplia que se avecina compleja y de aristas dramáticas sobre este recurso imprescindible que es el agua en cantidad, calidad y que hoy Uruguay lo tiene en abundancia. Todos estos elementos debieran convertirnos en consumidores responsables, ahorrando y evitando su contaminación. Sobre el tema, el Estado tiene de conjunto un rol intransferible.

*Columnista uruguayo

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