Megaciudades, intermedias y nuevos asentamientos
Seguridad ciudadana, preocupación en
América Latina y el Caribe
Documento de CEPAL

La gobernanza global para el desarrollo
sostenible debe construirse, El planeta
es uno, la especie humana también.

El examen de los principales indicadores revela que América Latina y el Caribe logró avances importantes hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente en las metas de reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y el acceso al agua. Estos progresos, sin embargo, no son suficientes para cerrar las brechas y superar los rezagos que han caracterizado a la región.

El desarrollo de las dos últimas décadas pone claramente de manifiesto sus deficiencias estructurales. Algunas pueden resumirse en que: No basta con el crecimiento económico si no se incorpora la relación intrínseca que tiene con el medio ambiente y su protección, y el desacople en el uso de energías contaminantes; no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades sobre la base de género, la etnia y el territorio, que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo…

“Los actuales niveles de violencia, crimen e inseguridad en América Latina generan altos costos para sus ciudadanos, sus comunidades y sus instituciones. Aunque su cuantificación es difícil e imprecisa, la evidencia apunta a que tienen un impacto negativo en la economía y en la calidad de vida de los latinoamericanos. Por ejemplo, tomando en cuenta solamente los costos directos, las estimaciones apuntan a que la mayor parte de los países de la región destinan más del 5% de su PIB anual a seguridad y en algunos países la cifra es superior al 12% (Banco Mundial, 2011).

Por su parte, las empresas gastan en seguridad hasta un 2,8% del monto de sus ventas totales en América Latina y el Caribe, mientras que en Centroamérica esa cifra llega al 3,7% (Banco Mundial, 2011). Más aún, uno de cada tres ciudadanos latinoamericanos ha cambiado sus lugares de compra y la misma proporción ha limitado sus lugares de recreación (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 2012). Entre aquellos ciudadanos que han sido víctimas directas de algún delito la proporción es aún mayor: uno de cada dos ha cambiado sus lugares de compra y cuatro de cada diez han limitado sus lugares de recreación. Lo anterior afecta la economía de estos países y sus perspectivas de crecimiento económico y refleja, además, el impacto que la violencia y el crimen tienen en la libertad de movimiento de las personas y en su percepción de seguridad.

La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones en América Latina y el Caribe, por lo que es imprescindible otorgarle un lugar central en el proceso de debate sobre la agenda para el desarrollo post-2015. En 2010, el porcentaje de homicidios por arma de fuego en América del Sur, el Caribe y Centroamérica fue el más alto entre 15 subregiones, seguido por el registrado en África Subsahariana.

La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de áreas pobres y altamente pobladas. Este es el caso del Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Venezuela (República Bolivariana de), donde las tasas de robo, la violencia doméstica, el crimen organizado, las pandillas callejeras y el tráfico de estupefacientes también se encuentran en aumento y han sido asociados con el incremento de las tasas de homicidio. Más aún, en la violencia llegan a reproducirse los patrones de inequidad que se observan en otros ámbitos, como ocurre en el Brasil, donde la probabilidad de ser víctima de un asesinato entre los adolescentes de ascendencia afroamericana es casi el triple de la que se registra entre los adolescentes de ascendencia europea. Sería necesario un acercamiento integral al problema de la violencia y la prevención de lesiones para propiciar también la reducción de otras formas de violencia, como la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y social e incluso las muertes por accidentes de tránsito.

Las interrelaciones entre la violencia contra la mujer y el VIH, como una de las causas principales y también consecuencia, están ahora ampliamente reconocidas. Las mujeres con VIH tienen más probabilidades de haber sufrido violencia, del mismo modo que las que han sido víctimas de la violencia tienen más probabilidades de contraer el VIH (Hale y Vazquez, 2011).

“La seguridad humana es un marco normativo de carácter dinámico y práctico para abordar las amenazas generalizadas e intersectoriales de manera coherente e integral a través de una mayor colaboración y asociación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y los agentes de base comunitaria” (Naciones Unidas, 2012b). La inseguridad de las personas es resultante de una combinación nefasta de inseguridades que limitan la libertad y la vida digna.

La inseguridad de la integridad física es resultante de una cadena de factores causales como la destrucción del tejido social por la migración, el desmembramiento familiar, la discriminación y la ausencia de oportunidades laborales; en definitiva, de la desigualdad. Por ello el abordaje es multidimensional (OPS, 2012).

Asentamientos humanos: megaciudades, ciudades intermedias y nuevos asentamientos
Junto con el rápido proceso de urbanización de la región, que a la fecha acumula cinco megaciudades (ciudades con más de 10 millones de habitantes), más del 77% de la población regional vive en zonas urbanas, lo que ha traído severas repercusiones en términos de seguridad ciudadana, salud urbana y medio ambiente.

Como la región de más alta urbanización (alrededor del 80%, frente al 73% de Europa), América Latina y el Caribe requiere políticas específicas que permitan a sus ciudades desempeñar un papel privilegiado en la consecución de los logros del desarrollo. Si bien la ciudad y una densidad moderada contribuyen a un uso más eficiente de los recursos disponibles, el crecimiento y la expansión actual de las ciudades de la región ha sido disperso e inconexo, y muestra un patrón de baja densidad que es insostenible en el largo plazo. El proceso de urbanización tenderá a alcanzar un 87% hacia 2050 y el cambio demográfico se espera moderado. La existencia de más ciudades y un paisaje urbano en crecimiento representan un gran reto para la región en términos sociales y ambientales, particularmente debido a los altos costos de la infraestructura, al uso informal de la tierra y al aumento de la huella ecológica. América Latina es también la única región donde la migración interurbana (de ciudad a ciudad) constituye alrededor del 50% del crecimiento de la población urbana.

Aun cuando en esta área puede encontrarse una enorme heterogeneidad, la situación de la vivienda es un reflejo general de las necesidades urbanas, los progresos del desarrollo y los retos futuros de la región. El avance insuficiente en la meta 7D del séptimo ODM, que apunta a “haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales”, refleja la realidad desigual que viven una de cada cuatro personas que habitan este tipo de barrios en la región. Aunque las acepciones de “barrio marginal” varían en distintos lugares del mundo, todas ellas se encuentran asociadas a condiciones de vida y ambientales deplorables, servicios sanitarios y de agua precarios o inexistentes, hacinamiento, construcciones precarias, localización geográfica riesgosa, incertidumbre en la tenencia, vulnerabilidad ante riesgos de salud e inseguridad. Con el fin de asegurar la sustentabilidad, todo asentamiento excluido debe ser completamente integrado a la ciudad y sus beneficios, y en particular a aquellos de acceso igualitario a los medios de subsistencia y la calidad de vida. Debe notarse, por último, que si bien las mejoras a barrios marginales han disminuido la proporción de población que vive en ellos, en términos absolutos el número de habitantes de este tipo de asentamientos de hecho ha aumentado de 106 millones a 111 millones”.

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