La respuesta del gobierno
de Venezuela a Obama
Por Niko Schvarz*

Unas declaraciones agraviantes e injerencistas del presidente Barack Obama formuladas el 3 de mayo en México, en que hizo causa común con la oposición golpista y fascistizante de Venezuela, merecieron la digna réplica del gobierno de la República Bolivariana, a través de un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores fechado el 4 de mayo.

El mismo cita en exordio una carta de protesta de Simón Bolívar al Sr. Irvine, agente del gobierno norteamericano, dada en Angostura el 7 de octubre de 1818, y señala: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana las declaraciones emitidas por el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la ciudad de México el pasado 3 de mayo. Nuevamente el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países del mundo, incluida la Misión Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y reconocidos por la totalidad de los gobiernos latinoamericanos y caribeños y gobiernos de otros continentes”.

El presidente Obama tuvo el atrevimiento de afirmar en México que “el pueblo venezolano merece determinar su propio destino libre de la clase de prácticas que ya se han desterrado en gran parte de América Latina”. Se le responde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ha logrado superar esas prácticas nefastas (que en el pasado EEUU avalaba para disponer de gobiernos dóciles a sus mandatos), alcanzando un sistema automatizado de voto en el cual el elector emite su sufragio mediante una máquina de votación que totaliza al final del proceso electoral y envía los resultados a la sala de totalización, pudiéndose verificar, como efectivamente se hace mediante diversas auditorías, antes, durante y después del proceso comicial, la exactitud de los datos contenidos en las respectivas actas. La declaración se abstuvo de comparar ese sistema de eficiencia y transparencia sin igual a las elecciones en EEUU que dieron ganador a Bush frente a Gore en la Florida, a través de un fraude manifiesto. Por ejemplo.

En su agresiva escalada verbal el presidente Obama se hizo eco de los infundios de la oposición venezolana y sus corifeos (los medios de difusión yankis en primer término), referidos a “informes que prueban que Venezuela no observa los principios básicos de derechos humanos, democracia, libertad de prensa y libertad de reunión”. Es lo contrario de lo que se observa en Venezuela todos los días a toda hora, y de lo que sucedió y sucede antes, durante y después de las elecciones del 14 de abril. Basta ver Globovisión para comprobarlo. El comunicado oficial señala que la Constitución bolivariana contiene el más avanzado catálogo de derechos humanos de la región, y que su práctica es inveterada.

Pero donde realmente Obama se pasa de la raya, siempre en el afán de oficiar de repetidor de Henrique Capriles y sus secuaces, es cuando expresa que “el hemisferio completo está viendo la violencia, las protestas y los ataques a la oposición”. Con razón dice el comunicado oficial que esto provoca indignación en el pueblo venezolano, y especialmente entre los familiares de las víctimas fatales de los desmanes de los grupos incitados por el candidato derrotado el 15 de abril. Por cierto, y a pesar de la deformación mediática -dice el comunicado- “el hemisferio puido ser testigo de cómo el desconocimiento de los resultados electorales por parte del principal candidato opositor, perdedor, y su llamado al odio y la violencia en las calles, ocasionaron el asesinato político de nueve compatriotas, comprometidos con la revolución”, a lo que se agregó el asedio a centros de salud en que había médicos cubanos, incendios provocados de edificaciones y bienes públicos, quema de casas de organizaciones políticas democráticas y otros actos vandálicos que se suman al expediente de violencia de los sectores opositores. Obama nunca mencionó estos actos, y la CNN y consortes tampoco.

Lo que el hemisferio y la humanidad entera miran con horror es lo que sucede en la prisión ilegal de Guantánamo, donde por más de una década se practica la tortura y demás tratos crueles y degradantes de la condición humana, constituyendo uno de los capítulos más bochornosos de la historia. Se le recuerda a Obama que tanto en 2008 como en 2012 prometió clausurar ese antro, y no ha cumplido su palabra.

Obama busca un Pinochet para Venezuela
La conclusión del documento es la siguiente: “Su declaración falaz, destemplada e injerencista, presidente Obama, alienta el surgimiento de un Pinochet en Venezuela”. A ese mismo fin conduce toda la campaña desaforada que sigue realizando la oposición a velas desplegadas, a la vez amplificada al máximo por personajes de la derecha en todo el mundo, desde Uribe hasta los dirigentes del PP español, las agencias y los medios estadounidenses, desde Roger Noriega, Otto Reich y la mafia de Miami a la CNN, los medios colombianos escritos y de TV, y un largo etcétera. Las huestes de Capriles andan recorriendo Estados Unidos y otros países de América y Europa, con su verba subversiva acogida por todos los medios de difusión de la derecha. En esa onda se ha inscrito incluso el senador uruguayo Ope Pasquet. Hay que ver, además, la virulencia y el odio que trasuntan las sucesivas intervenciones televisivas de Capriles y sus allegados por Globovisión, a todas las horas, llamando una y otra vez a desconocer el resultado electoral, con vistas a provocar una situación de caos en el país, propicia a reeditar un golpe de estado al estilo del de abril 2002.

Es en este marco que se sitúa la alocución de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, la Dra. Tibisay Lucena, exhaustiva y técnicamente fundamentada, un modelo de claridad conceptual y expositiva. Fue formulada en Caracas el 27 de abril y difundida por cadena de radio y TV.

El alegato de Tibisay Lucena
La rectora del CNE informó que el 18 de abril el organismo resolvió realizar una nueva auditoría, que se agrega a las ya efectuadas, verificadas y acordadas, del proceso electoral del 14 de abril.

Previamente, aclaró que todas las organizaciones políticas auditaron en cada una de las fases del proceso electoral todos los elementos que conforman el sistema automatizado, certificando el buen funcionamiento e integridad del mismo. Las actas de cada auditoría, con la firma de sus técnicos, pueden ser consultadas por quien quiera en el sitio oficial del CNE.

En el período previo a la elección, el equipo de Capriles solicitó otras garantías, agregadas al conjunto de las auditorías que forman parte integral del sistema electoral, y se aprobaron todas. Solicitó la incorporación de un testigo por candidato en la sala de transmisión del Sistema de Información al Elector (SIE), y se aprobó. Solicitó la inclusión de un testigo en la sala de contingencia de miembros de mesa, y se aprobó. Solicitó una nueva auditoría a la memoria removible con datos de las máquinas de votación, y se aprobó.

Esas garantías adicionales, sumadas a la nueva auditoría que se resolvió, suman 18 procesos de auditorías, que integran un sistema electoral reconocido elección tras elección en su fortaleza y en la confiabilidad de sus resultados. Todo esto se ignora a la hora de formular nuevas exigencias (por parte de los sectores de la oposición).

A quienes manifestaron inconformidad cuando se anunciaron los resultados electorales, el CNE les advirtió que las vías para recurrir los actos del CNE están en la Constitución y la ley. Finalmente, en la tarde del 17 de abril se recibió una comunicación por parte del ciudadano Capriles con una serie de solicitudes. El CNE consideró que era imposible aprobarlas en los términos planteados, porque no están previstos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la búsqueda de una vía para la conciliación, se propuso a los interesados la ampliación de la única auditoría que restaba para culminar con el cronograma de la elección que ya había finalizado. Esta decisión fue comunicada al país por cadena de radio y TV, al término de la cual Capriles expresó su conformidad. No obstante, en posteriores declaraciones dijo que lo aprobado no era suficiente y que habría que decidir una revisión del proceso electoral. Se le respondió que el proceso de verificación ampliada decidido tiene como objetivo definido en la ley el de verificar el buen funcionamiento de la máquina, a fin de comprobar la correspondencia entre el comprobante del voto y el acta emitida por la máquina. En ningún caso de trata de un nuevo escrutinio.

Expresa luego el informe de la rectora: “Días después de aprobada la ampliación, voceros del equipo del ciudadano Capriles introdujeron un documento distinto al primero, en donde solicitan revisiones impracticables porque están fuera del rango de lo que comprende una verificación ciudadana y de lo aprobado en sesión, y otras que ya habían realizado ellos mismos, como es la auditoría al registro electoral y a la producción de los cuadernos de votación, tal y como consta en las actas de esos procesos”.

Respecto al documento inicial presentado el 17 de abril, la rectora señala que constituye un intento de impugnación, y en este caso (según el artículo 202 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales) debe ser presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, el documento es acompañado de anexos sobre supuestas violaciones a la ley electoral, y la rectora demuestra en una descripción minuciosa que no se podría realizar ninguna investigación porque no se señala en forma clara cuáles son los hechos que supuestamente vulneran las normas, cuáles son las mesas electorales, las actas, las personas involucradas, el posible daño inferido, etc. Se cita al respecto una serie de ejemplos concluyentes. Otra de las denuncias objeta que en algunas mesas Maduro obtuvo más del 95% de la votación, y se responde que Capriles obtuvo más del 95% de la votación en 58 mesas. Se dijo en otro lugar que fueron retirados los testigos en 286 centros de votación, pero el CNU no recibió una sola denuncia en ese sentido el día de la elección, y en el anexo respectivo aparecen apenas 6 registros referidos a esta situación, sin que en ninguno se ofrezcan elementos para comprobar su veracidad. Por lo demás, no existe registro alguno de irregularidades en las actas refrendadas por los testigos de cada candidato.

Entra entonces al tema de la ampliación de la auditoría, no sin antes recordar que la auditoría de verificación ciudadana fase I ya se realizó en 54% de todas las mesas, es decir 20.800. Incluso en algunas regiones esta verificación se extendió a 60% de las mesas de votación. Este procedimiento se llevó a cabo con absoluta normalidad con un resultado de error cero. Luego, el jueves 18 de abril se realizó la auditoría fase II que es del 0,5% de las mesas electorales, también con un resultado de error cero.

Posteriormente el CNE resolvió realizar la ampliación de la verificación ciudadana. Esta se efectuará mediante la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos en el acta de votación elaborada por los miembros de la mesa, según establece la citada Ley Orgánica de Procesos Electorales. De acuerdo con la misma, se procederá de la siguiente manera: 1) se extraerá una muestra aleatoria del 46% de las mesas que no fueron auditadas el 14 de abril, lo que será definido con los técnicos de las organizaciones políticas. 2) Se hará una auditoría durante 10 días continuos al término de las cuales se realizará un informe, y se repetirá la operación hasta llegar al mes. 3) La labor se efectuará en un ambiente seguro y técnicamente controlado. 4) Se procurará auditar diariamente la mayor cantidad posible de mesas. 5) Los técnicos de las organizaciones políticas participarán en el proceso. Participarán en conjunto 24 auditores, 60 asistentes de auditoría externa, 60 asistentes del CNE, 6 coordinadores externos, 12 coordinadores del CNE y 30 técnicos de los partidos.

Este proceso ya se ha puesto en marcha. Existen pues todas las garantías posibles e imaginables para asegurar la más absoluta limpidez del acto electoral, su verificación y control. El CNE culmina con este llamado: “Es la hora de la sensatez, de apostar a la racionalidad y el respeto a la Constitución y la ley. Es obligación ineludible de cada ciudadana y ciudadano de este país, aportar al mantenimiento de la paz nacional y construir la convivencia en sociedad”.

*Periodista y escritor uruguayo

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