Brasil: el repertorio del urbanismo militarizado
Por Manoela Miklos y Tomaz Paoliello

San Pablo sigue la tendencia mundial y también es víctima del “urbanismo militarizado”, que se propone controlar a la población por medio del empleo sistemático de tácticas agresivas y del uso de los medios de comunicación para la difusión y normalización de discursos

Hemos asistido a la implementación de políticas públicas altamente cuestionables en la ciudad y en el Estado de San Pablo. La operación Asfixia, llevada a cabo en conjunto por la alcaldía de la capital y por el gobierno estatal en la región de la Cracolândia, es uno de los ejemplos más paradigmáticos de estos procesos en curso.

A principios de enero de este año, el área en el centro de la ciudad en que tradicionalmente se reunían usuarios y traficantes de drogas, en especial del crack, fue ocupada por la Policía Militar, con apoyo de la Guardia Civil Metropolitana. A partir de entonces, y de forma agresiva, esta población pasó a ser eliminada del distrito. La operación tuvo como objetivo declarado por las autoridades imposibilitar al usuario el acceso a la droga, trayendo “dolor y sufrimiento” a los dependientes y forzándolos a buscar tratamiento.

En São José dos Campos, en una iniciativa igualmente cuestionable, la Policía Militar, en acuerdo con la alcaldía de la ciudad y el gobierno del estado de San Pablo, actuó brutalmente para desocupar la región del Pinheirinho - interrumpiendo negociaciones en curso, vetando la posibilidad de diálogo y arrojando a la calle aproximadamente a 6 mil personas. Los casos de Cracolândia y del Pinheirinho son ejemplos claros de que estamos frente a un proceso de militarización de la gestión urbana que avanza a pasos galopantes.

De los 31 subprefectos de la ciudad de San Pablo, 28 son militares retirados y 96 de la reserva fueron designados para actuar en la Secretaría de Coordinación de Subprefecturas (SMSP). Policías militares jubilados también están presentes en otros órganos de la gestión pública paulista: en la Compañía de Ingeniería de Tráfico (CET), en el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu), en la Secretaría de Transportes e, incluso, en el Servicio Fúnebre. La Policía Militar desempeña todavía un papel relevante en las acciones antipiratería de control urbano implementadas por la alcaldía. Desde 2005, hay policías militares en la Secretaría de Seguridad Urbana, en la Guardia Civil Metropolitana (GCM) y en Defensa Civil. Se trata de la estrategia de gestión del alcalde Kassab bautizada de “combate al desorden urbano”. Al nombrar militares para los cargos del primer escalafón, el alcalde pretende evitar las acusaciones de clientelismo político de la administración municipal, así como infundir la impresión de seguridad.

Además, la “Operación Delegada”, que consiste en la contratación de policía militar por parte de la alcaldía para fiscalizar actividades irregulares en su tiempo libre, puede ser considerada también un elemento central de la política de Kassab de “Combate al Desorden Urbano”. De acuerdo al convenio que la sustenta, las 31 subprefecturas cuentan con cerca de 3 mil policías militares para actuar en el combate al comercio ilegal en las calles. En este año, el presupuesto ya aprobado para la actividad es de 100 millones de Reales, cuatro veces superior al de 2010, cuando fue creada.

Se trata de una tendencia altamente preocupante que requiere un análisis cuidadoso. La profesora Ermínia Maricato, en una columna reciente para “Carta Maior”, fue muy competente al identificar las lógicas de carácter local que subyacen a estos procesos - en especial aquellas dictadas por el mercado inmobiliario. Raquel Rolnik, relatora especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, también ha realizado un excelente trabajo en denunciar dichas lógicas locales.

La comprensión de estos procesos, sin embargo, exige que se tenga en cuenta no solo las dinámicas locales y nacionales, sino también las regionales y globales. Otros dos casos importantes contribuyen en esta tarea.

El primero es norteamericano. El 23 de enero de 2012, el Departamento de Policía de Miami-Dad anunció poseer Drones listos para su uso. Los Drones son aeronaves no tripuladas muy utilizadas por el Ejército de los Estados Unidos en Irak y Afganistán. Se trata de una tecnología de guerra que ayuda en la vigilancia y en el ataque de objetivos enemigos.

El 23 de enero, la red NBC afirmó que el Departamento de Policía de Miami-Dad ya estaba dispuesto a lanzar sus dos Drones de ser necesario. La misma semana, la red CBS informó acerca de experiencias del Departamento de Policía de Nueva York con Drones. Ambos departamentos de policía declararon que los Drones de las corporaciones no poseen armas letales y están provistos, simplemente, de cámaras. Sin embargo, este episodio implica un proceso más amplio de transferencia de tecnología por parte de las fuerzas armadas hacia las corporaciones policiales. Por último, son dinámicas que conforman procesos de militarización de la gestión urbana.

El segundo caso que nos interesa es el de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Según Christopher McMichael en un artículo para el portal OpenDemocracy, la ciudad es gobernada por la Democratic Alliance (DA) - partido que se opone al African National Congress (ANC), actualmente responsable por la administración federal. Como parte de su política de oposición, la DA se propuso hacer de Ciudad del Cabo un ejemplo de “buen gobierno”. Para ello, ha puesto en práctica políticas públicas muy similares a las de “Combate al Desorden Urbano”, de Kassab, en San Pablo.

Cada caso anterior corrobora la tesis de que se multiplica lo que Stephen Graham llama “urbanismo militarizado”: la intención de controlar a la población por medio del empleo sistemático de tácticas agresivas y del uso de los medios de comunicación para la difusión y normalización de discursos. Sin embargo, ambos aportan un nuevo dato: el proceso en curso no se trata de la simple suma de fenómenos localizados, sino de la construcción a escala global de un repertorio transnacional del urbanismo militarizado.

Otro aspecto de este proceso es igualmente perverso: mientras los presupuestos militares de los Estados, en especial de las potencias, sufren recortes cada vez más significativos, la industria bélica y aquellos que proveen servicios de inteligencia parecen estar cambiando - emocionados - hacia corporaciones policiales y estructuras locales de autoridad - en especial hacia aquellas de países en desarrollo.

Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte
Fuente: Teoria y Debate

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