La militarización de Paraguay
Por Niko Schvarz*

A poco andar, el gobierno de Horacio Cartes ha mostrado la hilacha. Además de integrar su gabinete con notorios integrantes de la dictadura de Stroessner que durante 35 años sojuzgó a Paraguay (como el ministro de Defensa, general Soto Estigarribia, y el canciller Eladio Loizaga), ha impuesto una Ley de Militarización del Estado por la cual el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para intervenir cuando y como quiera en cualquier región del país en donde a su juicio se registraran “amenazas contra las autoridades legítimamente constituidas”, un término totalmente vago que se presta a cualquier arbitrariedad.

De hecho, la ley se comenzó a aplicar aún antes de ser sancionada, con la presencia de tropas en el norte del país, a pretexto de actividades del denominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo). Asimismo, en la noche del jueves 22 de agosto, el mismo día en que el Poder Legislativo aprobaba la ley a marchas forzadas y a tambor batiente, cinco patrulleras de la policía nacional paraguaya, con efectivos de la comisaría 18ª del área metropolitana, se estacionaron frente al local de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) cuando en su interior se reunían varias organizaciones sociales y de DDHH para considerar precisamente la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna.

La ley fue sancionada en tiempo récord (miércoles 21 y jueves 22). El objetivo real de la derecha en el gobierno es arrinconar al opositor Frente Guasú y de criminalizar la lucha social que continúa en ascenso, con movilizaciones de distintos sectores, como la educación y la salud, entre otros. El sector Avanza País, con Adolfo Ferreiro como vocero, se pronunció a favor de la ley, y en consecuencia el miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados con apenas el voto en contra del Frente Guasú, que solamente en aspectos puntuales logró el apoyo de otras bancadas. El mismo día el Frente Guasú salió a atacar el proyecto, calificándolo de inconstitucional y de preámbulo para la violación de los Derechos Humanos, al estilo de la liberticida Ley 209 de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se produjo una intensa reacción de la ciudadanía, que se pudo apreciar nítidamente en las redes sociales, lo que determinó que la cúpula de Avanza País, que el miércoles había votado a favor de la militarización, revirtiera su postura y el jueves se sumara al Frente Guasú en la votación contra la ley en el Senado. Antes se había logrado también que otros partidos progresistas, como el PDP de Rafael Filizzola, con 3 senadores, y representantes del Encuentro Nacional también se opusieran a la ley. En total, fueron 11 votos de oposición, que perdieron frente a los 29 votos a favor, pero el Frente Guasú ya no quedó aislado y el movimiento ciudadano contra la militarización siguió en crecimiento.

Esa noche del jueves se realizó una concentración de protesta en el Panteón Nacional de los Héroes y acto seguido la mencionada reunión de la Coordinadora de Derechos Humanos CODEHUPY, frente a cuya sede en la calle Estados Unidos 1431 se instaló la policía antimotines. Primero llegaron dos patrulleras, luego otras dos y por último una quinta y un vehículo con efectivos de la FOPE (Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada), permaneciendo allí durante un extenso lapso. Uno de los integrantes de la policía se acercó al local para inquirir sobre la reunión. Un vocero de la misma, Fernando Rojas, declaró que ante estos procederes “era muy difícil no hacer la asociación con lo que sucedía en época de la dictadura de Stroessner”.

En la mañana de ese jueves 22 la CODEHUPY había ingresado una nota dirigida a los líderes de las bancadas en la Cámara de Senadores con relación al proyecto de ley “que modifica los artículos 2º, 3º y 56º de la Le Nº 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna”, presentado por el Poder Ejecutivo y que desde la noche anterior contaba ya con media sanción de la Cámara de Diputados.

En dicha nota el organismo exhortaba a las bancadas a votar en contra las modificaciones, basada en los siguientes argumentos: 1) el proyecto atenta contra el artículo 3º de la Constitución, ya que rompe con el principio del equilibrio entre los poderes del Estado, al otorgar al Poder Ejecutivo mayores facultades en perjuicio de los demás poderes del Estado y escapando del control de los otros poderes; y 2) el proyecto permite que en la práctica el Poder Ejecutivo instale un estado de excepción en forma permanente, sin límite de tiempo y sin aprobación ni control del Poder Legislativo”. Este último aspecto es fundamental.

Desde la oposición se ha señalado que con la militarización, el gobierno y la derecha paraguaya buscan abiertamente renegar de los derechos humanos y traer tropas yanquis al país. Al mismo tiempo, procuran desacreditar a los movimientos sociales que han venido desarrollando sus movilizaciones por sentidas reivindicaciones. Tal es el caso de los docentes y médicos que elevan reclamos sobre sus jubilaciones, algunas de 150 dólares al mes, y sus salarios congelados desde largo tiempo.

Un destacado analista anota que “el ministro del Interior Francisco de Vargas no encontró mejor respuesta que pedir la colaboración militar de Estados Unidos para sofocar lo que en lenguaje oficial y de la oligarquía y el mundo mediático de la derecha, es la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia revolucionaria que, de hecho, es funcional al régimen y un rentable pretexto para la represión de las organizaciones campesinas”. En el debate de la ley en la Cámara de Diputados, el legislador Edgar Ortiz exigió que durante los cinco años del mandato de Cartes rija el Estado de Excepción en los departamentos de San Pedro y Concepción, porque según él “hay que retirarse de los derechos humanos”.

Agrega el analista citado una visión definida de los recientes sucesos en Paraguay: “Dos días antes de que el acaudalado empresario (Cartes) asumiera el mandato quinquenal, fue acribillado en el noreste del país el dirigente campesino, enemigo del latifundio y de las corporaciones del agronegocio, Lorenzo Aquino, sumándose a más de 130 luchadores sin tierra asesinados en los últimos 15 años por esbirros de latifundistas y narcotraficantes (recuérdese los sucesos de Curuguaty). Al cuarto día, un grupo de una docena de hombres secuestró de una estancia a cuatro guardias de seguridad y a un policía, dándoles muerte, hecho que inmediatamente, sin dar tiempo a la verificación correspondiente, el gobierno y la prensa afín adjudicaron al EPP. Eso alcanzó para desplegar el mayor arsenal represivo en el noreste del país, intensificando el amedrentamiento que sufre la población desde hace años”.

Es en este cuadro que se inscribe la ley de militarización del Paraguay. Ello exige un amplio movimiento de solidaridad por parte de las fuerzas progresistas de nuestros países, particularmente en el ámbito de los integrantes del Mercosur, así como de la Unasur y la Celac, con las fuerzas que bregan ahincadamente por restablecer las normas de vida democrática en Paraguay. La suerte de Paraguay nos afecta a todos, en primer lugar a los pueblos del Cono Sur.

*Periodista y escritor uruguayo

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