Triunfo en Venezuela, represión en Colombia, desnacionalización en México
Por Niko Schvarz*

La semana transcurrida ha sido pródiga en acontecimientos relevantes en América Latina. A la hora de escribir estas líneas está votando el pueblo chileno, y descontamos una significativa victoria de Michelle Bachelet. Viajando hacia el norte, nos encontramos con la victoria del PSUV y de sus aliados en las elecciones regionales del domingo 8 en Venezuela; con una serie de acciones regresivas en Colombia, en particular la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro; y con medidas de desnacionalización del petróleo por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, aliado con el PAN, algo realmente inaudito en la patria de Lázaro Cárdenas.

En líneas generales, el gobierno de Nicolás Maduro superó con éxito la prueba electoral, que la oposición había elevado a la categoría de un referendo sobre la acción de dicho gobierno. De paso sea dicho, y como prueba de la raigambre democrática de sucesivos gobiernos amanecidos con Chávez desde 1998, ésta era la elección número 19 que se celebra en Venezuela en estos 15 años, lo que incluyó elecciones de todos los poderes, nacionales y regionales, así como referéndums de carácter revocatorio, que resultaron confirmatorios. Del conjunto de esas instancias, las fuerzas chavistas y sus aliados vencieron en todas, con una única excepción.

El domingo 8, las fuerzas del gobierno ganaron la mayoría de las alcaldías en 23 de las 24 entidades federales. Del total de 337 alcaldías, 255 fueron para las fuerzas bolivarianas, distribuidas entre 242 para el PSUV y otras 13 para sus aliados del Gran Polo Patriótico (GPP), en total el 75,68% de los cargos. La oposición obtuvo 76 alcaldías, o sea el 22,55% del total. En las elecciones municipales de 2008 había obtenido 54 alcaldías. Ahora, en las elecciones del 8 de diciembre, la alianza gubernamental también ganó la mayoría de los concejos municipales. Todos los electos deberán desempeñarse en el período 2013-2017.

En número de votos: la alianza gubernamental alcanzó 5:216.522 votos, el 54,39% del total, mientras que la oposición (Movimiento de Unidad Democrática, MUD) obtuvo 4:373.910 votos, o sea el 45,60% del total. La ventaja es de 8,79% de los votos, una cifra que multiplica varias veces la ventaja que obtuvo Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles Radonski en la elección presidencial del pasado 14 de abril, que alcanzó apenas el uno y medio por ciento de los votos. En la actual elección, el porcentaje de votantes llegó al 58,92% del total de los ciudadanos habilitados.

De las 24 capitales del país, las fuerzas bolivarianas ganaron 15 y la oposición del MUD 9, algunas de éstas por escasos votos (como Lara, Mérida o Táchira), según anunció Maduro, que agregó: “De las 40 ciudades más pobladas, ganamos 30. Y hemos ganado el 75% de los concejos municipales del país”.

A pesar de que el balance general le resultó adverso, la oposición obtuvo plazas importantes, como Barinas (el municipio natal de Chávez) y Valencia, capital de Carabobo, y también las ciudades de Maracaibo en Zulia, Maturin, capital de Monagas, San Cristóbal y Barquisimeto. Asimismo la alcaldía mayor de Caracas, disputada entre Antonio Ledezma, su actual titular opositor, y el ex ministro de Comunicación Ernesto Villegas, quedó en manos del primero. La oposición también mantuvo sus espacios en el este de Caracas, incluyendo Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo. En cambio, en Libertador (Distrito capital) el más poblado de los cinco municipios de Caracas, resultó reelecto Jorge Rodríguez, que se desempeñó a la vez como jefe de campaña del chavismo.

A la hora de un balance, dos conclusiones de modo primario. La oposición, que se negó a reconocer el resultado de la anterior elección presidencial (la primera sin Chávez) se jugó entera para dar el 8 de diciembre un paso decisivo con el objetivo de desalojar al chavismo del gobierno. Fue un fracaso rotundo, aunque la oposición alcanzó una votación apreciable y puestos de gobierno en la esfera municipal no desdeñables. Una aguda confrontación seguirá instalada en la vida política venezolana, sin duda.

El gobierno se empeñó en el último período en la adopción de una serie de enérgicas medidas para contrarrestar la guerra económica emprendida por la derecha, que en esta etapa consiste en acaparamiento en gran escala de productos de primera necesidad, (y por ende desabastecimiento), elevación brutal de los precios, fuga de divisas con afectación muy sensible en la cotización del dólar, combinado con medidas de sabotaje eléctrico que provocaron apagones en grandes áreas, todo ello multiplicado por una concentrada campaña mediática a efectos de generar una situación de caos y desestabilización. La respuesta consistió en una intervención estatal directa para controlar, rebajar los precios y poner a la venta al público los artículos esenciales, que se habían elevado en grandes proporciones. Hemos visto a través de Telesur ejemplos concretos de estas maniobras, en materia de alimentos, artículos de limpieza y electrodomésticos, que llegaron a límites que cuesta creer. El gobierno logró que el Parlamento votara una Ley Habilitante que autoriza estas actuaciones. La elección demostró que un sector mayoritario de la población aprueba estas decididas acciones de beneficio colectivo. También en este plano la confrontación está latente, persiste la tensión.

La inicua destitución de Gustavo Petro
El 9 de diciembre el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, destituyó al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para el ejercicio de la función pública por 15 años. Es un acto inicuo, ejercido contra el titular de un cargo electo por el pueblo de la capital colombiana. Más aún si se une al adoptado tiempo atrás contra la entonces senadora Piedad Córdoba, expulsándola del Parlamento e inhabilitando para ejercer una función pública a esta muy destacada luchadora social, empeñada con una esfuerzo tenaz y persistente en todas las acciones por la paz en Colombia. El proceso que terminó con la destitución de Piedad Córdoba también fue encabezado por el Procurador Ordóñez.

Todo esto responde a maniobras urdidas por el ex presidente Álvaro Uribe, acérrimo enemigo del proceso de paz. El Fiscal es un hombre del uribismo, y si logran expulsar a Petro de la alcaldía bogotana, el cargo pasaría a manos de otro uribista notorio.

En este caso, el Procurador alegó hechos ocurridos un año atrás. En diciembre 2012, el alcalde Petro puso fin a contratos con privados para la recolección de residuos en Bogotá y encargó esa tarea a una empresa pública de Agua y Saneamiento (Aguas de Bogotá), a la vez que se logró la inclusión social en el programa de diez mil clasificadores informales. Mientras el cambio se procesaba, la basura se acumuló en las calles, por lo que se procedió a un contrato con cuatro empresas privadas para resolver la situación de emergencia. Pasado un tiempo la situación se normaliza, Aguas de Bogotá se encarga del servicio, se prescinde de las empresas privadas y los clasificadores van formalizando su situación. Pues bien: el Procurador Ordóñez toma ahora como pretexto estos hechos ocurridos un año atrás para decretar la destitución de Petro.

La reacción de la ciudadanía bogotana ante este exabrupto ha sido ejemplar, vigorosa y masiva, en protesta y coreando el lema: “Petro no se va”. El alcalde asimismo se ha propuesto resistir la medida, con el apoyo del pueblo. La Plaza Bolívar, cercana a la Alcaldía, se ha convertido en un gran centro de concentración de millares de ciudadanos, una especie de Plaza Tahrir de El Cairo trasplantada a Bogotá. El discurso que allí pronunció Petro fue contundente, llamando a una resistencia colectiva, multitudinaria y permanente. En su torno se configura una suerte de “movimiento de los indignados” de Bogotá. En la alocución del primer día, apareció el ex líder del M-19, Antonio Navarro Wolf, en la tribuna ocupada por Petro y su familia. La movilización continúa. La última palabra no está dicha.

El Frente Amplio ha emitido una declaración al respecto firmada por Mónica Xavier en la que, después de expresar “su total respaldo al compañero alcalde Gustavo Petro destituido injustamente como consecuencia de la presión de los grupos económicos bogotanos”, señala: “La suspensión por 15 años de toda actividad política al compañero Petro -una medida similar a la aplicada a la compañera Piedad Córdoba- muestra una clara intencionalidad política que atenta contra la afirmación de la democracia en un momento en que toda América Latina brega por alcanzar la paz en el conflicto interno colombiano y la reintegración de los antes enfrentados a un sistema democrático plural y de respeto a los derechos humanos”.

El gobierno de Santos se lava las manos. Dice que hay que cumplir con las resoluciones de los organismos competentes, aunque una decisión de esta naturaleza, según opinión de entendidos en la materia, no está dentro de las atribuciones del Procurador. En otro ámbito, y en relación con las conversaciones de paz que se realizan en La Habana, las FARC decretaron unilateralmente un cese al fuego a partir del 15 de diciembre y por el término de un mes. La intempestiva reacción del gobierno de Santos, lejos de valorar la contribución de esta iniciativa al proceso de paz, fue declarar que intensificarán las operaciones militares contra las FARC.

La entrega de PEMEX al capital extranjero
Lo que terminaron de aprobar en el Congreso mexicano el PRI del presidente Enrique Peña Nieto y el PAN, su antecesor en el gobierno, en la noche del 12 de diciembre tras 20 horas de sesión, es ni más ni menos que la entrega de PEMEX al capital extranjero y al capital privado nacional. Adoptar esta decisión en el país que en 1938, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, adoptó esta medida ejemplar y pionera de defensa de la economía y de la soberanía del país, es algo realmente inicuo, y así lo expresó el pueblo mexicano antes, durante y después de la votación, dentro y fuera del recinto parlamentario. Hemos visto enormes manifestaciones callejeras desplegadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, y por el Partido del Trabajo (PT), que libraron intensa lucha contra el proyecto en ambas ramas del Congreso. Un grupo de parlamentarios de estos partidos ocuparon el estrado en señal de protesta, y en varias intervenciones resonaron los gritos de “vendepatrias” y “traidores”. Los parlamentarios de la izquierda, que dieron los 134 votos contra el proyecto (aprobado por los 353 votos del PRI y del PAN) dijeron que la medida desnacionalizadora constituía “un atraco a la Nación”.

Bachelet
Cuando terminamos estas líneas, Santiago y todo el país se conmueven por la contundente victoria de Michelle Bachelet, próxima presidenta de la República de Chile.

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