|
Lo jurídico y la lucha de ideas en Uruguay
Por Walter Martínez*
Un abogado amigo, no hace mucho, me decía, primero sucede el hecho luego viene el derecho, se legisla después de los sucesos.
Hace bien poquito, conversando con un Juez, casi de casualidad, me decía que el derecho es conservador y está bien que lo sea, ya que las normas fijan reglas para regirnos y éstas, no se pueden estar cambiando todos los días.
Con estas dos afirmaciones, que aclaro, están fuera de contexto, me quedé pensando en los últimos contratiempos políticos del FA. En materia jurídica sin dudas, han sido contradicciones fuertes que han golpeado la orientación general del gobierno y hasta nos han enfrentado, en una suerte de conflictos internos sobre nuestras decisiones y sobre lo que debería hacerse o no.
A vuelo de pájaro, pensando en cosas gruesas, recordemos: la interpretación de las SCJ sobre la inconstitucionalidad de algunos juicios y procesamientos sobre violación de DDHH. Derivación directa de ello fue la remoción de Mariana Mota, trasladada de la justicia penal a la civil. Este hecho tuvo aspectos salientes. El respaldo público a un Juez por parte de sectores de la sociedad en franca contradicción con lo decidido por la Corte y como desprendimiento de la decisión de los Supremos, el cuestionamiento que nos empezamos hacer sobre las designaciones y controles que tienen (o no) los miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Podemos sumar a la lista de conflictos, la iniciativa presidencial del impuesto para caminería que fue derogado por inconstitucional, en fallo de la Corte a favor de los rurales.
Ni hablemos del famosísimo tema Pluna, donde nos debatimos entre decisiones que arrancan en posibles juicios contra el Estado y continúan por procedimientos jurídicos defectuosos que hacen retroceder decisiones políticas.
Finalmente podría agregar el reciente caso de confrontación Casal -DGI, que terminó con un expediente cerrado por miedo a un juicio lesivo para el Estado. Supongo que la enumeración podría ser mayor, pero a lo que quiero referirme es que las normas jurídicas vigentes han operado en fuerte contradicción con los postulados del gobierno de izquierda que impulsamos, más allá de matices, más allá de los énfasis que las fuerzas que integran el FA, en un tema u otro. Lo que si es cierto e irrefutable, es que miramos a la sociedad desde otro lugar. Los DDHH, los impuestos a los que más tienen, las empresas públicas y su funcionamiento. El énfasis a las políticas sociales.
Todas y cada una de esas decisiones están en la orientación general de quienes votamos al FA pero los contratiempos jurídicos nos pusieron en discusión y exposición pública de errores.
Me pregunto entonces, cuáles fueron estos errores, o para ser más precisos,¿ hasta dónde son errores o en realidad las normas vigentes nos habilitan o no a impulsar cambios? Creo que la derecha vernácula, que de derecho la sabe lunga, nos está encorsetando y nos derrota en un terreno donde estamos expuestos, no solo por presunta falta de idoneidad, sino que la normativa vigente en muchísimos planos obedece a otro Uruguay, a otros modelos políticos y sobre todo a otras correlaciones de fuerza.
Lo jurídico también es un campo de debate, discusión y cambio. Las normas deben acompasar el paso del tiempo, y los cambios del país serán estructurales en tanto lo jurídico acompase la orientación del cambio.
Los partidos tradicionales legislaron largo y mucho para generar formas de gobierno que los perpetuara. Legislaron con inteligencia para retrasar el ascenso del Frente Amplio al gobierno. Hoy mismo se afanan en encontrar normas para disputarle el gobierno a la izquierda simplemente porque las normas que defendieron durante mucho tiempo ya no le sirven. Utilizan recursos plebiscitarios, que pocas veces en la historia usaron, para bajar la edad de la imputabilidad por mero rédito político.
Todo esto me lleva a pensar que en vez de autocriticarnos hasta la flagelación, parece necesario y audaz pensar en el derecho: en las normas jurídicas como un campo importante en la lucha de ideas y en cambios que se deben hacer. Lo jurídico en última instancia, no es un altar sacrosanto sino que es una herramienta más que nos damos las personas para convivir y éstas, deben ir en armonía con los tiempos que corren.
•Publicista y dibujante
LA ONDA® DIGITAL
|
|