Reforma del Estado
No se trata de una reforma, se
trata de un sistema de reformas
Entrevista al contador Daniel Mesa

El presidente electo José Mujica ha actualizado por estos días la idea de dinamizar la “reformar del Estado”, como uno de los proyectos de trabajo del nuevo gobierno que se inicia el 1º de marzo. Este es un tema recurrente al inicio de la acción de gobierno de todas las administraciones en las últimas tres décadas en el Uruguay.

Pero lo real es que en el actual gobierno del Dr. Tabaré Vázquez  se dieron pasos muy relevantes en este tema. La ONDA digital dialogó con el contador Daniel Mesa, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y una de las personalidades que más ha trabajo en este último periodo,

en el tema “reforma del Estado”

- ¿Por qué Uruguay necesita una reforma del Estado?

- Fundamentalmente, porque el Estado cumple una función, tiene tareas que desarrollar y, esa función, tiene un objetivo: para algo lo hace. Y, en función de ese objetivo, es que el Estado debe ordenarse, organizarse y resolver qué servicios o qué bienes produce. Entonces el Estado uruguayo a lo largo del tiempo, pasó por diversas situaciones y tuvimos muchos años – desde mediados de la década del 80 hasta el 2005, esos 20 años – en que, fundamentalmente, hubo un esfuerzo de los partidos que gobernaron en ese período y que conformaron – entre ambos – las mayorías, para disminuir el papel del Estado, achicar el tamaño del Estado, sin decirlo, como una política implícita, un objetivo implícito que era reducir el Estado. Abrir más campo, de acuerdo a las tendencias de boga en ese momento, al mercado, según la oposición entre el Estado y el mercado.

El Frente Amplio se planteaba y se plantea una opción diferente. Es decir, el planteo es un Estado que tiene que ser funcional al desarrollo económico nacional y que, aparte, tiene que ser funcional a la democracia, tiene que ser cada vez más democrático. Ese es el planteo programático general del Frente, planteado así expresamente – en los lineamientos programáticos del período vigente – y que en el nuevo gobierno se refuerza - porque se plantea la necesidad de elaborar un proyecto de desarrollo nacional. Entonces, ante eso, hay que ver que este Estado que tenemos como se adecua a esa nueva realidad.

Esto es desde el punto de vista del plano de los objetivos, pero desde el punto de vista del funcionamiento del Estado – no importa para qué objetivo – también nuestro Estado tiene deficiencias generadas durante mucho tiempo. Porque se utilizó como un elemento que alimentó los apetitos clientelísticos y se ubicaron las cosas de cualquier manera. Es por eso que teníamos un Banco Hipotecario fundido. Por otro lado se prohibió el ingreso – de lo que es contradictorio al “clientelismo” – pero que cuando las “papas quemaban”, cuando los déficit eran cada vez más importantes, se generó una prohibición de ingresos a la función pública, lo que dejó como resultado – después de doce o catorce años de ese proceso – un funcionariado con una edad promedio muy alta. Aparte, se generaron formas de obedecer pero no cumplir – mediante esa disposición de no permitir el ingreso de personas al Estado -  lo que obligó a este gobierno a regularizar 10.000 situaciones de gente que estaba contratada en forma diversa pero que – en realidad – eran funcionarios del Estado y tenían sus contratos tergiversados en sus objetivos.

- O sea, había un problema estructural y había un problema de recursos humanos no adecuados.

- Sí, recursos humanos no adecuados, políticas no adecuadas, presupuesto no adecuado, que se formulaba sobre la base de conseguir del Parlamento una autorización para gastar y después – dentro de eso – el gobierno de turno acomodaba según la plata que tenía. Todos estos son elementos que van en contra de un Estado eficiente, que sabe lo que tiene que hacer y que adecua sus recursos a lo que tiene que hacer. Los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros a las necesidades. Y no sólo eso, sino un Estado que sea capaz de ser controlado. Que el ciudadano común pueda entrar a la página de Internet y ver que dijeron que iban a construir 14 carreteras y construyeron 12 y ½, ¿por qué? O dijeron que iban a gastar 100 pesos pero gastaron 200, ¿por qué? Entonces, eso es imposible de hacer con el Estado tal como estaba al 2005 y aún tal como está hoy. Porque el tema de los recursos humanos existe, porque todavía no tenemos una gestión orientada a resultados, que nos permita decir “vamos a llegar a esto” y que todo el mundo pueda medir objetivamente; porque todavía tenemos trámites muy largos; porque todavía – cuando uno va a ser atendido a un lugar – no siempre es atendido en tiempo; porque no tenemos todavía la capacidad profesional suficiente, y por profesional no me refiero al título, sino a saber hacer bien la tarea. Porque si bien avanzamos muchísimo, pero muchísimo, a través del Plan Ceibal y los esfuerzos de Antel y la Agencia de Gobierno Electrónico en nuestra agenda digital y en nuestra posibilidad de tender puentes con la ciudadanía y – por ese lado – hacer más eficiente la gestión del Estado, todavía falta mucho.

Todos esos elementos nos marcan que podemos ser más eficientes, podemos utilizar mejor los recursos y podemos que, cada peso que cada uno de nosotros aporta por impuestos, rinda mejores resultados. No de cualquier manera ni cualquier resultado, sino resultados que sean coherentes con un proyecto de desarrollo nacional y que sean coherentes con seguir generando condiciones para aumentar la democracia del país. Creo que esos son los motivos centrales para tener que cambiar el Estado. Asegurando, por otra parte, que se administra bien, que no existen desperdicios, que se minimizan las posibilidades de corrupción, de eso se trata.

- Usted dice que esta reforma ya empezó con esta administración frenteamplista, o sea que no se parte de cero. Se parte de una base que hay que seguir desarrollando.

- Es cierto, no se parte de cero. No se parte de cero porque hubo intentos reformistas antes, y recalco, reformistas. Porque pretendieron aplicar un modelo tomado, analizado, de otras realidades – no voy a decir copiado, porque no es cierto, tampoco – que se trató de implementar pero que no con la fuerza suficiente, no con la convicción política suficiente y eso terminó en una serie de técnicas, de propuestas, que se ritualizaron, que nunca llegaron a aplicarse en su conjunto y que tampoco aplicaban el concepto global, porque seguían teniendo el objetivo político implícito de reducir el tamaño del Estado. Entonces se pensaba en cuántos funcionarios públicos nuevos vamos a tener, sin ver qué tareas vamos tenemos que desarrollar y – por lo tanto – cuántos precisamos. Eso pasó desde 1995 – en el Estado central – hasta el 2005, los últimos diez años. Y, a partir de 2006, este gobierno inició un proceso de reforma, con estos objetivos políticos que planteábamos antes, que todavía ha tenido marchas y contramarchas, aceleraciones y detenciones y que hoy – es bueno que – el presidente de la República electo, se preocupe por solucionar el problema del Estado. Que lo vivió como ciudadano y que lo vivió como ministro, porque según palabras de él, esto es una traba fundamental al funcionamiento, se demora todo más de lo que se debe, no se puede trabajar así y tenía y tiene razón. Entonces el proceso de reforma debe seguir. Pero no se trata de una reforma, se trata de un sistema de reformas. Son muchas reformas y muchos cambios. Tanto es así que – en su momento – bautizamos al proceso como un Proceso de Transformación Democrática del Estado. ¿Por qué transformación? Porque iba un poquito más allá de retocar algo. Pero un cambio de raíz es un cambio que se precisa y – además – no cualquier cambio, sino un cambio que vaya en camino a la democracia. O sea, que genere cada vez más participación de la sociedad en el tema. ¿Qué reformas? ¿Por qué un sistema de reformas? ¿Qué compone un sistema de reformas? Se requiere una reforma institucional.

Tenemos instituciones que están viejas, que no surten efecto. Un intento – por ejemplo -  de reforma institucional, es el Proyecto de Ley de Descentralización que se aprobó. Que será mejor o peor, pero es un intento de reforma institucional. Se habló muchas veces de agregar ministerios, de quitar ministerios, de fusionar unidades. Como reforma institucional, se creó el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, porque no había coordinación de las políticas sociales. Y, ¡vaya que fue necesario! Entonces, reforma institucional, cambio en las instituciones. Por ejemplo, en el campo del ciclo presupuestario hemos tenido siempre una confusión en qué hace la OPP, en qué hace el Ministerio de Economía. Hay que resolver esa confusión. Por ejemplo: qué pasa con la Presidencia. La Presidencia es un inciso, desde el punto de vista presupuestal, un lugar donde se cargan créditos pero no es un ministerio y hay dificultades crecientes de funcionamiento, en la medida en que aumenta la cantidad de Unidades Ejecutoras ligadas a la Presidencia. Está la OPP, Servicio Civil, el Instituto de Estadísticas, la Dirección de Proyectos de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, las dos reguladoras – las de Comunicaciones y la de Aguas y Energía – ahora se ha agregado la Agencia de Compras – que todavía no está funcionando efectivamente – la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV). Son demasiados adornos para el “arbolito” y quizás ahí convenga pensar en un Ministerio. Me refiero a eso en cuanto a cambios institucionales. Ha habido propuestas en todo el proceso anterior, de partir ministerios grandes en dos, de fusionar ministerios chicos. Hay mucho para hacer. En cada ministerio hay muchas Unidades Ejecutoras que – por lo menos – merecen una revisión.

Otra de las reformas, es la reforma de los recursos humanos. En cantidad, en calidad, qué recursos humanos precisamos para que el Estado sea funcional al desarrollo económico y cada vez más democrático. ¿Son éstos? ¿Los podemos capacitar? Primero: ¿sabemos qué es lo que hay que hacer? Segundo: ¿qué capacidades se necesitan para hacerlo? Tercero: los funcionarios de hoy, ¿tienen esas capacidades? Algunos las tendrán, otros no. ¿Cómo capacitamos a los otros? ¿Qué hacemos con los que no podamos capacitar?

- ¿Las edades?

- Las edades. Por eso se intentó – durante este período – mediante incentivos de retiros anticipados, que algunos funcionarios que estaban en condiciones y que les convenía irse, se les facilitó la posibilidad de retirarse y hubo una buena cantidad que se retiraron. Pero no se trata de más o menos, se trata de los que se precisen. Lo que no implica que hay que mandar a la calle a un montón de funcionarios. Hay que buscar una solución transitoria – precisamente facilitada por las edades de los funcionarios – para que culminen su carrera y trate de encontrar dentro del Estado una tarea que sí puedan realizar con eficiencia. Esto implica que a los recursos humanos  – además – hay que organizarlos. Entonces, los organismos del Estado deben reestructurarse, debe verse cómo tienen que estar organizados, qué estructuras internas tienen que tener para desarrollar sus funciones. A cuántas personas precisan y para hacer qué. Otra reforma: los sistemas de información. En cuanto a los sistemas de información, no tenemos sistemas de información suficientes, no tenemos información suficiente, tenemos sistemas muy viejos.

- Cuando usted dice información, ¿quiere decir la información que circula hacia los organismos de dirección?

- Me refiero a todos. Me refiero a la información interna y me refiero también a la información que puede expandirse. Hoy contamos con una conectividad más grande, con una capacidad de transmisión interna del Estado mayor, con tener redes más potentes y con portales crecientes se posibilitan que el ciudadano se entere cada vez más de lo que pasa en el Estado y cada vez haga más trámites desde su casa. Pero esa es una parte de la historia. Lo que importa es saber cuál es la realidad para uno poder medir y comparar e – incluso – para saber porqué no se logra determinado resultado, o porqué se logra. De todas maneras hoy tenemos un sistema de información financiera que ya tiene más de diez años, está muy viejo, es muy rígido, hay que cambiarlo. Hay un diagnóstico que se hizo al respecto sobre el que hay que seguir trabajando. Tenemos un sistema de gestión humana que se está cambiando todo, pero aún no se terminó de implementar. No tenemos un sistema adecuado de presupuesto, está también atrasado y hay que trabajarlo bien. No tenemos una plataforma de compras del Estado que permita facilitar los procesos,  abrir más puertas a los proveedores para que el Estado pueda elegir mejor y hacer más transparentes esos trámites, seguir cercando las posibilidades de corrupción en ese campo. Y eso como sistemas globales, pero a cada organismo también le falta su sistema de información que nos pueda decir cuánto cuesta hacer esto.

-Las intendencias, ¿están comprendidas en este razonamiento?

- Las intendencias tienen autonomía constitucional. Por lo tanto tienen los mismos problemas en su dimensión, algunas menos, otras más. Incluso se ha tratado, desde la relación con el gobierno central, a través de las transferencias de recursos presupuestales, se han buscado algunos mecanismos de compromiso de gestión con las intendencias para impulsar a que mejoren sus sistemas de información. Porque ha habido cosas que han sido buenas y han reconocido que les han servido, pero tienen los mismos problemas. Indudablemente que una reforma del estado debe incorporarlos a todos, lo que hay que ver es de qué manera.

- El Uruguay, cuando piensa en estas reformas, ¿tiene referentes en el mundo?.

- Yo diría que no referentes, sino experiencias de las que aprender. Probablemente haya más de una que podemos leer en la literatura y en la información que existe, en la información que manejan los institutos multilaterales, que siempre los hemos mirado desde el punto de vista del crédito, pero nunca los miramos como se debe, desde el punto de vista de los conocimientos que pueden tener acumulados o a los que pueden acceder, que es bastante interesante. Y ahí hemos visto experiencias que nos pueden servir.

Por ejemplo, tenemos la experiencia de Chile, con sus características especiales. De cualquier experiencia uno tiene que ver qué hicieron y cómo lo hicieron y extraer lo que realmente sirva a nuestro país. Nunca copia,  aprender de los errores que cometieron otros para no cometerlos. Cuando uno va a ver esas experiencias, inicialmente le muestran todo lo bueno y lo correcto es preguntarles: “¿qué les salió mal?, ¿en qué se equivocaron? Porque quiero aprender de eso. Lo bueno lo leo en un libro. Otro lugar que es totalmente diferente, desde el punto de vista constitucional, de cultura nacional pero que tiene parecidos asombrosos con nosotros, es el caso de Nueva Zelanda, por el tamaño, por tensiones más importantes, por relación con sus vecinos más cercanos. Quizás Australia es a Nueva Zelanda lo que Argentina es a nosotros. Que también ha llevado un proceso con sus particularidades y que también, sin copiar, hay elementos para extraer conclusiones. Fundamentalmente hay una cosa muy importante, que parece obvia pero que no lo es: que lo fundamental – en cualquier reforma – es tener sentido común y hacer las cosas que uno pueda hacer para mejorar, sin fijarse – a veces – en lo que, aparentemente desde el punto de vista técnico, es lo mejor. Hay que razonar, hay que comprender la realidad y – sobre eso – trabajar. Nos hemos fijado – fundamentalmente – en esos dos casos.

- Esas experiencias, ¿han llevado mucho tiempo en su proceso de resultados?.

- Sin duda. En Chile, las primeras experiencias nuevas, son de 1990, cuando empezaron un proceso. Llevan casi 20 años y siguen mejorando. Yo estuve en Chile en el 2006 – cuando empezamos el nuevo proceso de reforma acá – y estuve este año. Y es notoria la diferencia de avance en esos tres años, a pesar de que ya estaban avanzados. En el caso de Nueva Zelanda, su primera experiencia de reforma, es de 1984. Después se hicieron dos o tres más, pero ahí empezaron. Son características diferentes a las de nuestro país, pero importa la experiencia concreta de cómo lo hicieron ellos, sin copiar. A lo mejor, nosotros estamos descubriendo que muchas de las cosas que se dieron primero en Nueva Zelanda después aparecieron en Chile y descubrimos que hubo gente de Chile que fue a estudiar a Nueva Zelanda. Pero bueno, más allá de eso, son experiencias interesantes, que pueden adecuarse a nuestro país, por tamaño, por recursos, por filosofía. No hubo conceptos preconcebidos en ninguno de los casos sino, simplemente, mejorar la eficiencia del Estado. Nueva Zelanda empieza la reforma porque está en una situación de crisis total. En los primeros años de la década del 80 está en un déficit complejo, con dificultades de exportación de commodities, como lo que exportamos nosotros, y ahí se ven obligados a apretarse los cinturones y arrancan con una reforma que les permitió mejorar el funcionamiento del Estado. En Chile – cuando van saliendo de la dictadura – tienen que ver cómo hacen para mantener su proceso de desarrollo económico. Siempre hay un motivo, un objetivo que impulsa a una reforma. Entonces, de esos lugares nos hemos interesado en ver cómo hicieron para ver – con las prácticas que han desarrollado – cuáles pueden ser aplicables en nuestro país y en eso estamos. En estos días nos visita una delegación de Nueva Zelanda, con la que estamos afinando cosas.

- El presidente electo, el primer paso que dio en esta dirección, fue hablar con la Central de sindicatos y, a partir de allí, se ha razonado que es un eslabón imprescindible.  ¿Esta de acuerdo con estas afirmaciones? 

- Cuando este gobierno empezó a tratar otra vez el tema de la reforma – una vez establecidos los lineamientos generales – lo primero que decidimos, fue hablar con el Secretariado del PIT-CNT. Está muy bien que el presidente empiece – este nuevo período presidencial – de la misma manera. Si bien los objetivos de la transformación del Estado, es aumentar la democracia, también deben hacerse con los métodos más democráticos posibles. Entonces, la sociedad en su conjunto y – en especial, los trabajadores – deben ser partícipes de ese proceso. Es más, uno de los temas del proceso de negociación colectiva, ha sido la reforma del Estado. No con la intensidad que hubiéramos querido. Hay que generar confianzas, tienen que estar claros los papeles de cada uno y también dejar que la experiencia se vaya consolidando, para empezar a pensar en las transformaciones del Estado como tal, que son más – yo diría – planteos programáticos que estrictamente reivindicativos. Entonces, uno tiene que entender que los sindicatos tienen que madurar esas probabilidades, que está muy bien que participen y es imprescindible que lo hagan. Es más, en todo proceso en el que uno trate de obtener resultados y demostrarlos a la ciudadanía, tiene que haber lo que nosotros llamamos hoy: “Compromiso de Gestión”. Cada organismo tiene que comprometerse a lograr algo con el superior y – a su vez – con sus trabajadores. Y un compromiso de gestión, implica obligaciones de las dos partes y eso hay que negociarlo. Tenemos varios funcionando en el Estado, tanto que se creó una Reguladora de Compromisos de Gestión para tener aplicaciones parecidas en todos lados y aprender de un caso para aplicarlo en otro. En ese caso, los trabajadores, es indiscutible que participen. Que participen discutiendo las metas que plantea el gobierno, que participen discutiendo los recursos de los que se dispone para alcanzarlas y que participen – activamente – en el seguimiento de los logros. Eso es vital. Si,  tienen que participar.

- Parece por sus palabras y por lo que se maneja públicamente, que la necesidad de un consenso político amplio  y acciones contundentes de gobierno son requisitos básicos para obtener logros en este tema.  

- Un poco lo que hemos aprendido en estos años de tratar de reformar conceptos, es que hay ciertos requisitos que hay que cumplir, cierto orden en que procesar las cosas. El primero es que exista voluntad política con el gobierno, voluntad política al más alto nivel. El presidente tiene que ser un apoyo constante en la reforma y tiene que haber un apoyo decisivo de los ministros y – fundamentalmente – tiene que haber un apoyo decisivo del Ministerio de Economía y Finanzas. Por qué digo esto, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de la política fiscal, de si el Estado tiene déficit o no lo tiene, de que los organismos tengan dinero cuando tienen que gastarlo. Entonces – en materia de costos – tiene lo que, en la jerga internacional, los consultores llaman “poder de veto”. Es decir, puede resistirse a que se utilicen determinados recursos. Entonces es fundamental que el ministro de Economía esté compenetrado e impulsando y hasta liderando – en algunos aspectos – la Reforma del Estado para que esto se facilite. La voluntad política entonces – a todo nivel – es el primer requisito. El segundo requisito es que – en general, cuando hay que cambiar algo es porque – no tenemos capacidades institucionales para hacerlo bien. O nos falta información, o no tenemos los recursos humanos adecuados, o no tenemos infraestructura, o nos falta un software. Entonces, el segundo requisito, es generar capacidad institucional, que es como de base, como una infraestructura, sin la cual uno no puede aplicar nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevas técnicas. Entonces hay que mejorar la capacidad institucional. La tercera cosa es que tiene que haber participación de todos, que nadie puede quedar ausente. Y la cuarta cosa – que siempre hay que repetirse una y otra vez – hay que aplicar el sentido común. Si cumplimos esos requisitos, entonces puede empezar como un nuevo proceso de reforma.

-¿Se necesitan leyes para avanzar en esto hoy en el Uruguay? O sea, ¿el parlamento necesita estar involucrado en este proyecto?

- Bueno, en algunos aspectos sí y en algunos aspectos más que el parlamento, el cuerpo electoral, porque de un proceso de reforma, puede resultar la necesidad – eventualmente - de efectuar un cambio en la Constitución. Crear una nueva compensación o cambiar la estructura de cualquier organismo, requiere de ley. O sea que el proceso de reforma – indudablemente – implica cambios de las normativas a distintos niveles. También – como los procesos de reforma no pueden cambiar cada cinco años – un proceso de reforma requiere transformarse, hasta donde se pueda,  en una política de estado. Porque sería muy costoso – para el Estado – estar cambiando de orientaciones de reforma en la medida que cambie el gobierno. En este caso – afortunadamente – se cumplen dos períodos de gobierno del mismo partido, lo que asegura la continuidad de las ideas centrales de una reforma, que es una buena plataforma para estos cinco años que quedan. Pero – en mi opinión – hay que trabajar para hacer acuerdos, por lo menos a nivel parlamentario – que aseguren un respaldo del conjunto de la población al proceso de transformación del Estado.

- ¿Queda algo que usted quiera agregar sobre este tema, que mis preguntas no hayan contenido?

- Yo diría como resumen, que la transformación del Estado es mucha cosa, son muchas reformas diferentes que forman un sistema; si yo avanzo en una hago avanzar a las otras. Eso es lo bueno que tiene. Pero hay que tratar de verlo globalmente y no desde la particularidad de cada una de las reformas, porque si no…

- ¿Usted quiere decir que se tienen que ejecutar todas? ¿No se puede empezar por una?

- No, claro. Se pueden ir ejecutando. Eso depende. Hay que marcar la estrategia para la ejecución. A veces una reforma precipita otra, entonces – quizás – tengo que tener una trayectoria. Pero lo que importa es tener la visión global de la transformación del Estado entera, para ir impulsando las distintas reformas que se entrelazan. Por ejemplo: hoy tenemos un proyecto que está trabajando sobre los organismos de contralor del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación, que trata de mejorar los sistemas de contralor, para que lleven menos tiempo y sean más efectivos. En resumen es eso y tratar de evitar superposiciones con los otros organismos y tratar de evitar vacíos entre estos organismos. Y eso, ¿a qué se liga? ¡Ah! Se liga a los procesos de compra - ¡casi nada! – y de contratación, que son muy importantes; se liga al propio control presupuestario; se liga a las previsiones de cuentas; se está relacionando con todo. Si tomamos otra punta de la reforma y pensamos para qué queremos el gobierno electrónico: porque nos permite mejorar los sistemas, mejorar la comunicación, la experiencia de reducir tiempo en los trámites. Todo está relacionado. Porque cuando se empuja una, se están empujando todas. Y – a veces – hay que verlas en conjunto para ir aprovechando de la sinergia que se produce en ese sistema conjunto de reformas.

- Generalmente – en la vida común – cuando uno le pregunta a un ciudadano sobre estos temas, se refiere a cómo lo atienden en las oficinas públicas. Sin embargo, la exposición suya, muestra que – en realidad -  es algo más complejo. Es la propia estructura del Estado, su forma de gestión y, también, esa parte de la atención al público.

- Claro, pero, ¿qué pasa? Que la atención al público o el servicio que reciben los habitantes es el resultado final y es lo que el ciudadano ve. Hay que hacer todo lo demás para que el resultado sea la totalidad. Por ejemplo, hoy hablábamos de los chilenos; la reforma chilena se empieza a principios de los 90 y ellos tienen un método que se llama: Programa de Mejora de Gestión, que establece una serie de sistemas – por ejemplo – los recursos humanos, las compras, el gobierno electrónico. Es decir, una serie de sistema que va uniendo a los organismos en función de en qué estado están respecto a esos sistemas. Su primer esfuerzo fue lograr la capacidad institucional – lo que decíamos hace un rato. Entonces trabajaban hacia eso. Cuando tuvieron la capacidad institucional más o menos completa, recién pasaron a ver con qué calidad prestaban los servicios y a incorporar normas de calidad y a incorporar – en esos programas de Mejoramiento de la Gestión - las Normas ISO 9000, para mejorar los procedimientos de atención a los ciudadanos, etc. Y – recién ahora, 2009 – empiezan a atacar las tareas sustantivas de los organismos. Por ejemplo, cómo se están prestando los servicios concretos de salud, cómo se están produciendo, lo que marca los tiempos.

El año pasado y este año ha habido unos fondos concursables para proyectos de calidad, en que funcionarios y grupos de funcionarios y organismos pueden concursar y se han logrado algunos aportes interesantes. El tema está presente, pero resulta claro que eso se relaciona con la mejora de la capacidad institucional de los organismos. Si no tienen con qué, el servicio de calidad no se va a prestar. Eso no quiere decir que ninguna de las reformas esté aportando a un mejor servicio por parte de los funcionarios. La capacitación de los funcionarios, por ejemplo, en atención al cliente, facilita que el ciudadano se atienda mejor. La implantación del nuevo sistema informático, también facilita eso. Pero, en concreto, el estudiar por organismo, cómo se mejora la calidad del servicio, eso va más lentamente.

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