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Entrevista
a la profesora Elsa Gatti
- Al finalizar las sesiones del Congreso de la Educación, si tuviera que evaluar de 1 a 10. ¿Que nota le colocaría a sus resultados? - Resumir en un número una evaluación, es una tendencia que revela la ilusión de que es posible “medir con objetividad” procesos que por su misma riqueza y complejidad se resisten a esa pretensión. Yo diría que, a la hora de hacer un balance del Congreso, habría que tener en cuenta, por lo menos los siguientes factores:
a) Aunque es una instancia que tiene su propia y particular entidad, no puede ser valorado independientemente del debate, que produjo los insumos básicos que en el Congreso se discutieron y del que, los congresistas fueron representantes, elegidos por las asambleas territoriales o las organizaciones que hicieron llegar aportes documentales.
b) El valor del Congreso está sí en lo que en esta instancia se pudo “producir”, pero no se agota en ello. La misma complejidad de esta instancia, dada por la numerosidad y diversidad de participantes, enlenteció los ritmos inicialmente previstos y, en razón de ello, disminuyó lo que podría considerarse su “productividad”, al no llegarse a tratar en plenario todos los informes producidos por las 15 comisiones de trabajo.
c) El trabajo realmente fuerte, de análisis y discusión de los temas se dio (y así había sido previsto) en las comisiones. En ellas el intercambio fue muy rico e intenso, y quedará en la memoria de los participantes, en especial de los más jóvenes y de los delegados de las zonas más remotas del Interior, que nunca antes habían tenido oportunidad de participar en una instancia de esta naturaleza y magnitud.
Como balance general, entonces, y sin pretender ponerle nota al Congreso, yo diría que hubo errores (de organización, de funcionamiento, de logística) que habrá que analizar con vistas a no repetirlos en futuras instancias similares. Pero también que esta experiencia fue inédita en el país, y por tanto hubo que inventar todo, apelando a la creatividad de todos y cada uno, corrigiendo en la marcha, re-aprendiendo a participar, luego de la larga siesta en que se pretendió adormecer a las fuerzas vivas del país, en las que reside toda la potencialidad creadora en una sociedad realmente democrática, como bien lo advertía en su momento José Pedro Varela.
- ¿Además de la participación y representación de 1500 delegados, conceptualmente cuáles fueron los aportes del Congreso al llamado debate educativo? - No hemos podido todavía procesar toda la información. Recién el sábado, en reunión conjunta de la CODE y la Mesa que presidió el Congreso, se abrieron los sobres que contienen los informes completos de las 15 comisiones. Ese material debe ser ordenado y sistematizado para su publicación sin ningún tipo de cortes, tarea que esperamos tener terminada a fin de año. Ahí podríamos empezar a valorar los aportes del Congreso, sus fortalezas y sus posibles inconsistencias. Ahora sería prematuro.
Yo quisiera, sin embargo, hacer una reflexión que apunta a clarificar un error que se repite en los medios de comunicación a partir de falsas mediciones hechas y difundidas, en especial por los partidos políticos de oposición, que siempre fueron contrarios a esta modalidad de consulta popular.
Se dice que el debate no es representativo, porque participó un 1% de la población. Esa es una gran mentira, que se hace pasar como verdad, a partir del señuelo que denunciábamos en la 1ª pregunta. Cuando se dice que participaron 20.000 personas en el debate, sólo se incluyen los que lo hicieron a través de las asambleas territoriales (713 asambleas en todo el país). Más allá de que nunca antes una ley fue discutida en nuestro país por ese número de personas: Rama ironizaba que cuando se pedía participación en las reformas, se pretendía hacer una asamblea en el Estadio Centenario; la pudimos hacer en el Palacio Peñarol.
Pero además de las asambleas territoriales hubo más de 400 aportes documentales, la mayoría de ellos realizados por grupos e instituciones de la más diversa índole, que se comprometieron con el debate, hicieron llegar su opinión y la defendieron en el Congreso. Nos referimos a colectivos juveniles no agremiados, asociaciones de padres de niños discapacitados, minorías étnicas, cooperativas, ONGs, agrupaciones profesionales y de productores, asociaciones de institutos privados, población privada de libertad, además de los aportes oficiales, técnicos y sindicales directamente vinculados a la enseñanza, que se han querido mostrar como los “corporativismos”, acusándolos de haber querido “copar” el debate y el Congreso.
Si uno analiza comparativamente los dos informes (el de las asambleas territoriales y el de los aportes documentales) puede advertir fácilmente que ello no sucedió, ya que el centro de las preocupaciones difiere y la riqueza de los aportes no directamente procedentes del campo educativo, es enorme.
No ha sido posible cuantificar el número de personas que representan los colectivos que hicieron llegar los aportes, pero probablemente sean varios cientos de miles. Los partidos políticos, que se auto-erigen en los exclusivos representantes de la voluntad popular, deberían analizar por qué la gente no eligió expresarse a través suyo, sino que se sintió representada por los colectivos sociales en los que actúa cotidianamente y que recogen sus inquietudes y propuestas.
- ¿Son vinculantes las resoluciones del Congreso con las futuras decisionesinstitucionales sobre la enseñanza y la educación? - No, no lo son. El Congreso no puede sustituir al Parlamento en su irrenunciable función de proponer, discutir y aprobar las leyes nacionales. Pero puede y debe acercar a los señores Representantes, aportes que ayuden a interpretar el sentir de la ciudadanía que los eligió, y la voz de los técnicos que conocen la materia sobre la que se va a legislar.
Dada la amplitud con que fue planteado el debate, han surgido del mismo, críticas y propuestas que no sólo refieren al marco normativo, sino a aspectos que caen dentro del ámbito de decisión de las autoridades autónomas de la educación. Habiendo sido convocantes al debate, tanto la ANEP como la UdelaR, hay una predisposición a recibir, estudiar y en lo posible viabilizar las reformas necesarias. Así al menos lo manifestaron en el acto de apertura el Director Nacional de Educación Dr. Luis Yarzábal y el Rector de la Universidad Dr. Rodrigo Arocena. Sería muy triste que se haya involucrado a tanta gente en este “discutidero” para luego hacer oídos sordos a lo que de allí ha surgido, que es de una riqueza inmensa.
- ¿Como sigue ahora este debate?, ¿Es la hora del Parlamento para sintetizar todas las propuestas en una nueva Ley de Educación? - Sí. Cuando comenzó este proceso, en mayo 2005, en una jornada convocada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de la que participaron las autoridades de la enseñanza, los sindicatos de docentes y estudiantes, las ATD, las organizaciones de trabajadores y empresarios, las asociaciones de institutos de educación privada, etc., hubo acuerdo en la necesidad de cambiar la actual Ley General de Educación Nº 15739, conocida como Ley de Emergencia. Y se planteó que la nueva ley debía ser encarada como un proyecto de interés nacional, discutido y construido entre todos, aunque variando en cada etapa del debate el lugar y peso de los actores, en virtud de las características propias de cada uno de los tres momentos que identificó en esa oportunidad el Dr. Luis Yarzábal, Presidente del CODICEN:
El momento social, el más rico y fermental se desarrolló durante los 5 meses de debate ciudadano. El Congreso operó como síntesis de ese proceso y como bisagra hacia la formulación de bases para la nueva ley, labor que aun no está concluida y que tiene un perfil más técnico. Esta tarea es la que tiene por delante la CODE, y que habrá de culminar con la publicación y elevación a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a las autoridades de la enseñanza, de un Informe final que dé cuenta de todo el proceso y sistematice las recomendaciones surgidas del debate y del Congreso. Este Informe debería estar pronto en febrero/marzo 2007. A partir de allí comienza el momento legislativo propiamente dicho. Es, como Uds. bien dicen, la hora del Parlamento.
Pero ello no significa que los otros dos momentos se hayan agotado. Una vez que el pueblo hace suyo el tema de la educación y asume que es posible “construirla entre todos”, se genera una dinámica de participación que no puede tener fechas tope, porque la problemática educativa es inagotable y está sometida a nuevos y permanentes interrogantes y desafíos. En el Congreso hubo mociones que apuntaban a darle a éste el carácter de instancia reconocida institucionalmente y periódicamente convocada.
- ¿Son pertinentes las críticas de las instituciones privadas de la educación, expresadas al finalizar el Congreso en una declaración?. - La confrontación público/privado tiene, en nuestro medio, raíces muy profundas, que no se diluyen apelando a eufemismos como “enseñanza pública de gestión privada”. En la tradición nacional, la escuela pública, de tradición vareliana es la escuela común, gratuita y laica, siendo el Estado el responsable y el garante del cumplimiento integral de estos principios. De ahí que, ya mucho antes del Congreso se haya planteado en algunos ámbitos, por ejemplo en la Asamblea General del Claustro de la Universidad, la discusión sobre el alcance del concepto “Sistema Nacional de Educación”; si se refiere a la educación pública (estatal) o debe abarcar también a la educación privada, cuya existencia está expresamente legitimada en la Constitución de la República. Esta discusión, que, como digo estuvo presente en el debate previo, era obvio que se iba a re-editar en el Congreso, donde las instituciones privadas tuvieron una activa participación e intentaron plasmar su particular visión del sistema, de sus problemas y las alternativas de solución a los mismos.
La confrontación se hizo patente cuando se abordaron las formas de apoyo económico (exoneración de impuestos y/o subvenciones) a las instituciones privadas por parte del Estado, que se pretenden presentar como corolario de la libertad de enseñanza y defensa del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
La declaración a la que ustedes refieren no fue firmada por todas las instituciones privadas. La AIDEP (Asociación de Institutos de Educación Privada) no sólo no la firmó, sino que envió a la CODE una nota de reconocimiento a la labor desarrollada, agradeciendo la participación que se les dio en el Congreso y expresando su satisfacción porque todas las mociones presentadas, aun cuando no hayan obtenido consenso serán elevadas. No es un dato menor, para entender esta diferencia de posición, el saber que la AIDEP, que reúne a las instituciones privadas no católicas, está en contra del subsidio a la educación privada.
No podemos ser ingenuos; nuestra sociedad no es homogénea y -siendo la educación un acto esencialmente político- las diversas perspectivas e intereses se pusieron de manifiesto en las discusiones del Congreso, como ya había sucedido en el debate previo. Sin avasallar el derecho de nadie a expresar sus opiniones, se votaron propuestas, a veces complementarias y a veces contrapuestas. Pero la prensa ha amplificado unas voces y silenciado otras, lo que es también una forma de incidir en el debate.
- ¿Cual es el futuro de la CODE? - La CODE sigue trabajando hasta completar las tareas implícitas en los objetivos que le fueron asignados al momento de su creación.
Una vez que se entregue el Informe final, la CODE deja de existir. Pero tenemos tarea -muy ardua todavía- para todo el verano.
Página web: www.debateducativo.edu.uy,
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Lo
que sigue a continuación es la entrevista mantenido por La ONDA
digital con la profesora Elsa Gatti, integrante de la Comisión
Organizadora del Debate Educativo (CODE).
