Las dos semanas que pasaron serán decisivas en la historia política de Brasil. La guerra más dura que enfrenta esa democracia desde su inauguración en 1988 se juega ahora, en estos días, en estos meses, con el juicio político o «impeachment» contra la Presidenta elegida hace poco más de un año, Dilma Rousseff. Brasil ha asimilado esta crisis política con una recesión de más del 4% del PBI, fragilización de su poder de negociación global en el mundo, y el riesgo de volver a las viejas décadas de caudillismo y cacicazgo que lo caracterizaron en los últimos dos siglos.
El Brasil que redujo la pobreza y la desigualdad, que dio comida, techo, salud y educación a millones de pobres y miserables, está hoy al borde de perderlo todo. Si otros jugadores globales quisieran sacarlo de su lugar de destaque en el mundo, no lo podrían haberlo hecho mejor.
El factor Cunha
El juicio político contra Dilma se desató cuando el Partido de los Trabajadores – PT (el Partido de la Presidenta), decidió acompañar el juicio contra Eduardo Cunha, Presidente de la Cámara de Diputados, acusado de tener cuentas millonarias en Suiza y haber recibido más de 10 millones de dólares de la Petrobras. Al dar cabida al impeachment, Cunha no sólo quería desviar la atención de las acusaciones sobre corrupción que pesaban contra él, sino también desquitarse con el PT por la falta de apoyo.
Sin embargo, los problemas se generaron el mismo día en que Cunha asumió como Presidente de la Cámara, al inicio del actual período. Reconocido conservador y articulador experto de la bancada evangelista, ruralista y militarista del Congreso brasileño (conocida como bancada das tres «B»: do boi, da biblia e da bala), Cunha fue elegido «contra» el candidato del PT por una diferencia grande. Hasta entonces, el PT se había tragado unos cuantos «sapos» eligiendo líderes del Congreso correspondientes a la base aliada (como José Sarney en el primer gobierno de Lula), pero esta vez, Dilma resolvió jugar fuerte. Sabía lo que era Cunha, y la capacidad que tendría, por su investidura, de impulsar leyes conservadoras adecuadas al apetito de esas bancadas. Perdió. Y Cunha empezó también a jugar fuerte; colocó en la agenda de la Cámara tres leyes que harían la delicia del «Tea Party» norteamericano: la ley del Estatuto del no-nacido y el Estatuto de la Familia (para prohibir el aborto en cualquier hipótesis), la modificación del Estatuto del desarme (para liberalizar la compra de armas por civiles) y la ley de modificación de la minoridad penal (que baja la edad de imputabilidad penal). Cunha no está solo, pero no las tiene todas consigo. Las acusaciones de corrupción contra él parecen tener sustento, ya una parte de la población está harta de sus maniobras y el «Fora Cunha» se siente hoy con mucho más fuerza que el «fora Dilma». Cunha va camino a transformarse en un personaje «maldito» de la novela política brasileña.
Wadih Damous, ex Presidente de la Orden de Abogados de Brasil; «Si el proceso prospera aún en ausencia de los presupuestos para los que la Constitución lo prevé, tendremos simplemente un golpe, aunque disfrazado y escondido bajo el nombre de impeachment»
El factor Temer
El Congreso brasileño elegido en la última elección, ha sido considerado como el más conservador de los últimos treinta años. Y es ese Congreso el que juzgará a Dilma, si el proceso iniciado por Cunha continúa. Pero lo más grave no es sólo eso: si el Congreso resuelve llevarlo adelante, más allá de que se declare a Dilma inocente o no, la Presidenta deberá dejar el mando durante 6 meses. En esos meses, ocupará la Presidencia de la República, el actual Vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño – PMDB, aliado del gobierno del PT desde comienzos del gobierno de Lula.
Demás está decir que a Temer le gustó la idea, y ni corto ni perezoso comenzó, primero mandándole una carta a Dilma en la que la acusaba de no haberlo tenido en cuenta y de haberlo relegado a un lugar secundario en la conducción del país, y en segundo lugar, armando sus primeras alianzas, para asumir un nuevo probable gobierno. A continuación el PMDB comenzó a diseñar las líneas de su próximo mandato, redactando un texto denominado: «Un Plano para o Futuro», y que es capaz de causar escalofríos: recorte del presupuesto público, privatización y desregulación, apuesta al sector privado como dinamizador de la economía, flexibilización laboral, reforma tributaria para aliviar de impuestos, entre otros.
El PMDB fue uno de los dos partidos creados por el Estado durante la dictadura, para construir la ficción de que el país aún tenía partidos y Parlamento. El otro fue la Alianza Renovadora Nacional – ARENA. Con el tiempo y pese a la ficción, el PMDB se transformó en el partido de la oposición y ARENA en el partido de la dictadura. ARENA, que hoy se llama Demócratas – DEM, está entre los aliados al impeachment. El PMDB se ha abstenido en las últimas seis elecciones de presentar candidato propio a la Presidencia, pero fue aliado de todos los gobiernos. Se quedó también con varias presidencias, siempre por «accidente», a través de sus vicepresidentes: Sarney (PMDB) fue el Presidente de Brasil cuando Tancredo Neves murió, Itamar Franco lo fue cuando Fernando Collor de Melo renunció luego del impeachment en 1992, y ahora Temer aspira a lo mismo. Sin arriesgar a conquistar votos en una campaña, la política brasilera muestra que, hartos de no poder ganar en elecciones, van a ganar de cualquier manera; ahora, adueñándose del país a través del juicio político.
Las razones no importan si se consiguen los votos en el Congreso y en el Senado, esto determina el apartamiento de Dilma de su mandato por 6 meses. La Justicia, mientras tanto, dice que sólo actuará en vigilancia de los procedimientos, pero no de la materia (es decir, del ajuste a derecho de las razones esgrimidas para destituir a Dilma).
El factor financiero
Cuando Lula brillaba en la campaña de 2002, luego de dos períodos de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y en plena crisis económica, la prensa había inventado un término, el «lulómetro», destinado a medir cuánto subía el dólar, con cada subida de Lula en las encuestas. Cuando Lula ganó, los mercados estaban «nerviosos». Un periodista de la O Globo le preguntó: «¿Cómo piensa que los mercados van a tolerar su victoria?». Y Lula contestó: «Los mercados tendrán que entender que los brasileños tienen derecho a comer todos los días». Así de simple fue la respuesta, porque así de simple era la ecuación de las partes en conflicto.
Cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en Argentina, los mercados financieros rápidamente reaccionaron dando una señal positiva, aún a pesar de que Macri encabezará un gobierno en mucha mayor debilidad que sus antecesores, que sus promesas de campaña son incumplibles y que ya enfrenta una situación económica difícil.
En Brasil, cuando Cunha declaró que daría inicio al proceso de impeachment, las bolsas cerraron al alza, y el dólar cayó 2.2%, como nunca había caído en este tiempo. En un artículo publicado en la revista brasileña Época (7/12/2015), el periodista José Fucs señaló que «predomina, en el mercado financiero, la preferencia por la salida de Dilma y su sustitución por el vicepresidente Michel Temer».
La pregunta es: ¿qué mercados son esos? Tienen poco de invisible, manifiestan sus preferencias políticas abiertamente y su influencia en el futuro de la democracia brasileña es más que preocupante.
Evidentemente no son mercados que reaccionan a señales de «mejoría» de la economía, porque nadie puede suponer que el triunfo de Macri o la vulnerabilidad de Dilma van a mejorar las economías de sus países. Los mercados financieros reaccionan con simpatía porque saben, o presienten, que van a volver a tener grandes ganancias de nuevo. Y la ganancia del capital financiero, puede ser crisis del capital productivo, y la caída del ingreso de la inmensa mayoría de los hogares, como ya ha sucedido en el pasado.
Breve historia del Impeachment
La ley de impeachment en Brasil es antigua: data de 1950. Congresos conservadores ya fueron contra gobiernos progresistas en el pasado de ese país (y de otros, como lo sabemos por la experiencia de Salvador Allende en Chile). Getulio Vargas se suicidó, y Joao Goulart fue obligado a renunciar por las fuerzas conservadoras que dominaban el Congreso brasileño. En su influyente estudio “1964: Anatomia da crise”, el politólogo Wanderley Guilherme dos Santos se basa en la hipótesis de que la antesala del golpe de Estado en Brasil fue la «parálisis decisoria» en que entraron todas las instituciones políticas, pero donde el Congreso tuvo el papel central (Joao Goulart tuvo la pretensión de tratar una ley de reforma agraria, y esa fue la «gota de agua» que terminó de rebasar el vaso).
Algo de eso está sucediendo ahora, y ello explica -en parte- la caída del crecimiento económico. El país está ingresando en una fase de «parálisis decisoria» a causa de los procesos de impeachment que está enfrentando Dilma (hay ya 41 pedidos de impeachment presentados pero que no prosperaron; Lula enfrentó 36). La Presidenta no para, y logró aprobar su meta fiscal en el Congreso la semana pasada, lo que la libera para aplicar el presupuesto y hacer el país andar. Pero está difícil.
La Constitución de 1988 establece las reglas para el impeachment: puede iniciarse en la Cámara de Diputados, pero es el Senado el que resuelve como un «juez». Y al Supremo Tribunal Federal sigue paso a paso las garantías procedimentales del caso.
Las razones del juicio político a Dilma, no serían comprensibles para ningún uruguayo; el gobierno gastó más de lo permitido por el Parlamento, y el Tribunal de Cuentas lo observó. Dilma -posiblemente una de las políticas más incuestionables ética y personalmente de Brasil- no podía ser enjuiciada por ningún «desvío» personal: la observan por «crimen de responsabilidad fiscal». El jurista Joaquim Falcao, del Consejo Nacional de Justicia, lo calificó como un problema rutinario que afecta a todos los gobiernos; desde el federal a los municipales (Época, 7/12/2015). Pero el juicio político deja de ser «jurídico» para ser puramente «político»: las razones no importan si se consiguen los votos en el Congreso y en el Senado. Últimamente la discusión estriba en si el Senado es capaz de votar en contra de la decisión del Congreso: Eduardo Cunha (presidente de la Cámara de Diputados) quiere que esta cámara determine todo: la forma del proceso y el apartamiento de Dilma de su mandato (después de 6 meses de alejamiento de su cargo, será difícil que vuelva). Rápidamente la Procuraduría General de la Nación y el Presidente de la Cámara de Senadores le dijeron que no, pero todavía hay una pulseada. La Justicia, mientras tanto, dice que sólo actuará en vigilancia de los procedimientos, pero no de la materia (es decir, del ajuste a derecho de las razones esgrimidas para destituir a Dilma).
Puestas así las cosas, hay al menos dos conflictos de poderes que están en plena llamarada en el escenario político brasileño: el primero, el más importante, es el conflicto entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Para los defensores del «presidencialismo de coalición», lo que está pasando en Brasil, debiera llevarlos a reconsiderar su entusiasmo inicial. Brasil tuvo que elegir entre Presidencialismo y Parlamentarismo, entre República y Monarquía, en un plebiscito que se realizó en 1993. Para la inmensa mayoría de los brasileños, el parlamentarismo y la monarquía iban juntos; sus defensores aducían las mismas razones y se podía ver claramente quién estaba de un lado y del otro. Para los amantes del parlamentarismo, una advertencia: los presidencialismos en América Latina han servido de apoyo a Presidentes populares contra Congresos conservadores. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora.
La gente votó por Dilma, pero la articulación de intereses en un Congreso donde cada banca está determinada por alianzas, dinero e intereses, y donde el PT, a pesar de ser el segundo partido más grande de Brasil, tiene menos del 20% de representación, llevan a que, en este momento, el Legislativo esté en condiciones de «usurparle» el poder al Ejecutivo. Quien no ganó las elecciones, va a acabar gobernando. Y en este momento, todos defienden al parlamentarismo como una solución «elegante» para la crisis (es imperdible un editorial de la revista «Veja» titulado: «La belleza del Impeachment»). Olvidan que hace años el pueblo brasileño votó otro régimen. Porque recordaban a Getulio Vargas. Porque recordaban a Joao Goulart.
La conclusión es simple: no se puede practicar parlamentarismo si el pueblo votó por el Presidencialismo, no puede gobernar Temer si el pueblo votó por Dilma.
Lecciones para Uruguay
Para los políticos de la oposición en Uruguay que defienden las instituciones, la separación de poderes, y lo jurídico sobre lo político, el proceso de impeachment en Brasil les debería resultar escandaloso. Veamos si sus preferencias políticas les permiten hacer un juicio sereno sobre lo que podría terminar siendo un «golpe institucional» contra un gobierno electo.
Y para la izquierda, un aprendizaje. Si el régimen de Brasil fuera unicameral, la suerte de Dilma ya estaría echada. El hecho de que exista una segunda Cámara (donde además el PT tiene más fuerza), capaz de poner un freno a las ambiciones de Eduardo Cunha, de las bancadas ruralista, evangelista y militarista allí asentadas, es una garantía institucional para impedir la usurpación de poder por el Congreso. La izquierda debe defender el bicameralismo por su condición garantista de la democracia, y hoy, el caso de Brasil lo muestra claramente.
Finalmente, baste terminar aquí con el lúcido análisis de Wadih Damous, ex Presidente de la Orden de Abogados de Brasil, en su artículo de Folha de Sao Paulo del 12/12/2015: «hay una tentativa de golpe parlamentario en la tramitación del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. La soberanía popular debe ser preservada (…). Sólo los regímenes parlamentaristas permiten que el jefe del gobierno sea destituido por razones estrictamente políticas (…). Si el proceso prospera aún en ausencia de los presupuestos para los que la Constitución lo prevé, tendremos simplemente un golpe, aunque disfrazado y escondido bajo el nombre de impeachment».
Por Constanza Moreira
Senadora de la Republica
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