En la nota de la semana pasada sobre el Uruguay de hoy, analizamos la situación internacional con mucha repercusión sobre nuestra evolución económica y la situación política. En este tema llamamos la atención del lenguaje fuertemente confrontativo de los políticos de la oposición, casi con insultos, a propósito de los temas de ANCAP, que dificulta determinantes de la democracia como son los diálogos fluidos, las negociaciones y los acuerdos. Constanza Moreira en “Rashomon o la peripecia de ANCAP” publicado en Montevideo Portal, profundiza sobre el tema muy acertadamente. Hoy centramos nuestro análisis en el tema del crecimiento y la inversión.
En las distintas concepciones económicas se coincide, que para lograr crecimiento económico se requiere altos niveles de inversión. La posición ortodoxa plantea la existencia de un estado mínimo, que se limite a la contención de la inflación, porque el mercado y el sector privado están en condiciones de efectivizar las inversiones necesarias para alcanzar altos ritmos de crecimiento. En el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio, la política macroeconómica privilegió la contención de la inflación y se mantuvieron y transformaron algunos estímulos al proceso de acumulación de capital. Entre estos destacan:
a) Se mantuvo una muy buena imagen en el exterior, especialmente en el sistema financiero internacional, que venía de gobiernos anteriores. El gobierno de izquierda dio seguridad y garantía para el pago de los servicios de la deuda externa, de que no habría expropiaciones, de que habría reglas claras para la inversión extranjera directa con beneficios similares a la inversión nacional y que habría preocupación por los equilibrios macroeconómicos, como por ejemplo, por el déficit fiscal.
b) Se mantuvieron exoneraciones fiscales, a través del régimen de zonas francas, como a las consideradas inversiones de interés nacional, con exoneraciones de determinados impuestos, si se atiende con cierta prioridad el tema del empleo.
c) La propia reforma tributaria tuvo como uno de sus principales objetivos la atención a la inversión. Téngase presente, que Uruguay es un país pequeño que requiere de inversiones y que no existen acuerdos regionales para la localización de las inversiones extranjeras directas. Por lo tanto, hay competencia entre los países de la región.
La inversión productiva fue uno de los talones de Aquiles de la economía uruguaya, con muy bajos coeficientes de inversión (inversión sobre el PBI). Sin embargo, desde el año 2003 el país vivió una etapa de fuerte crecimiento económico, facilitado por elevados aumentos de los precios internacionales de los productos de exportación. Estos altos precios estimularon importantes niveles de inversión extranjera directa, que permitieron alcanzar un alto coeficiente de inversión, llegando al 24% del PBI. Las inversiones de mayor tamaño utilizaron el régimen de zonas francas, donde solamente se paga los aportes a la seguridad social, quedando exoneradas de todo otro impuesto.
Son los casos de las plantas de celulosa y de Pepsi. En la medida que en estos últimos dos años los precios internacionales de las comoditties tienen caídas significativas y hay dificultades económicas en Brasil y Argentina, cae el ritmo de crecimiento y los propios niveles de inversión. ¿Son suficientes y adecuados los estímulos fiscales existentes para enfrentar la nueva situación, para retomar crecimiento y distribución? ¿La propia política macroeconómica es la más adecuada? El crecimiento económico centrado en los altos precios internacionales se aprovechó para mejorar sectores sociales sumergidos y vulnerables. Se mejoraron los niveles de empleo, hubo muy elevado aumento del salario real y del salario mínimo y una fuerte caída de la pobreza. Pero no se aprovechó la oportunidad del crecimiento para el necesario cambio de la matriz productiva, para una mayor diversificación de las exportaciones, para no vender exclusivamente recursos naturales, para colocar mayor valor agregado y contenido tecnológico, para participar en cadenas de valor que permitieran a rubros y actividades de industria y servicios, en su etapa nacional, participar en ellas con mayor contenido tecnológico. Hay dos factores que limitaron estas posibilidades.
Por un lado, la política cambiaría se centró en la contención de la inflación. Se dejó caer el tipo de cambio nominal no enfrentando la causa de su atraso, como por ejemplo, la entrada de capitales financieros especulativos, salvo en 2013. El atraso cambiario perjudicó nítidamente las posibilidades de potenciales exportaciones de rubros de la industria y servicios de mayor valor agregado y de mejor contenido tecnológico. En 2015 y 2016 se mejora la política cambiaria, limitando cambios bruscos, pero las actividades y potenciales rubros no están preparados. Por otro lado, no se avanzó en estos años en una estrategia de desarrollo, en la conformación de una estructura productiva abierta y flexible, donde con amplia participación social se eligieran actividades y rubros “ganadores”, que pudieran participar en cadenas de valor.
Por ello es necesario evaluar los regímenes de zonas francas y las exoneraciones fiscales, con predominio de la atención del empleo, donde se pueden beneficiar actividades industriales y estudios jurídicos; con nueva política cambiaria, con estrategia de desarrollo y nueva estructura productiva, lo que también significa cambios en la reforma tributaria para que el peso de la misma, no caiga solamente en las personas sino también en las empresas que obtuvieron muy elevados beneficios.
En esencia, es imprescindible retomar el crecimiento y por lo tanto el nivel de inversiones. Vale la pena un debate serio sobre las modificaciones que requiere la ley de zonas francas, sobre la propia reforma tributaria para que haya exenciones en función de la estrategia de desarrollo y de una nueva inserción económica internacional, donde impera el conocimiento y es imprescindible complementar las exportaciones de recursos naturales. La propia estrategia ayudaría a definir la conveniencia o no de las inversiones extranjeras.
Hay evaluaciones muy negativas sobre las actuales exoneraciones, como las que se otorgan a la industria automotriz. Tampoco es aceptable que las empresas públicas estén al servicio del descenso del déficit fiscal como ocurre en la actualidad. Vale una discusión sobre las causas de la inflación y por lo tanto la forma de enfrentarla, como sobe los acuerdos comerciales. En el FA hay un cuasi monopolio del equipo económico, sobre estos temas. En un momento en que se habla de renovaciones, un debate sobre estos temas económicos sería positivo para el Uruguay, para el gobierno del FA y para el propio FA.
Por Alberto Couriel
Economista y ex senador
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