El 1 y 2 de abril se realizará en España el primer congreso de la Europa Laica, los organizadores dicen que “con esta iniciativa pretendemos debatir acerca de diversos temas de interés para el laicismo y su necesaria actualización a los retos que se nos plantean en el siglo XXI”. Entre las ponencia en debate está; “La construcción del estado laico. El laicismo del siglo XXI.
«Como he expresado a lo largo de esta ponencia, no es la imposición de las creencias religiosas el único peligro que se cierne sobre la libertad de conciencia. Posiblemente no sea tampoco el más determinante en la actual confluencia de poderes económicos, políticos y mediáticos. Con toda seguridad no son las instituciones religiosas (y sus correspondientes creencias y valores) los principales centros de poder que se imponen dogmáticamente, y de manera coercitiva, a las instituciones que supuestamente deberían representar al poder civil y al conjunto de l@s ciudadan@s.
Por más que la “problemática religiosa” no haya estado en el centro de las luchas sociales en los dos últimos siglos, puesto que la situación de explotación económica, unida a la opresión política, ha provocado los más duros combates por la consecución de transformaciones del sistema económico y político, principalmente ligados a la clase obrera y a la emancipación de la mujer, las creencias religiosas y las instituciones clericales han jugado en todo momento un papel determinante de connivencia con (y legitimación de), los poderes establecidos.
En la actual fase del capitalismo en su etapa ultra (o neo) liberal, el dominio ejercido por la confluencia de los citados poderes sobre las conciencias individuales, y sobre el conjunto de los derechos humanos, ofrece una amplitud y profundidad muy diferentes al que ejerciera la religión y sus instituciones en los albores del laicismo moderno, sea cual sea el proceso histórico en el que nos fijemos (Reforma, Ilustración, Revolución Francesa, Revolución Americana). En amplitud, porque el propio proceso de globalización económico y financiero abarca a todo el planeta y nadie puede escapar de su influencia; en profundidad, porque la capacidad de alienar las conciencias individuales se extiende mucho más allá de los procesos perceptivos conscientes, e irrumpe masivamente de forma inconsciente en la conciencia de todos los seres humanos.
Cuando los seres humanos sufren sobre sus conciencias los efectos masivos dogmáticos que alienan sus conductas en torno a un individualismo a ultranza, la mercantilización de las relaciones sociales o la utilización de los recursos públicos (la esfera pública) para fines privados, debemos plantearnos si éstos no son retos que el laicismo deba abordar en este siglo XXI.
Cierto que los argumentos del ultra (neo) liberalismo no son de carácter “trascendente”, a la manera de las religiones. Pero no es ésta una razón determinante. Sí lo es, sin embargo, que su prédica se imponga sobre las conciencias individuales de manera coercitiva y absoluta, de manera que sea imposible sustraerse a su influencia.
Claro está que la ideología ultraliberal ya no necesita púlpitos ni confesionarios para conformar las conciencias: éstos han sido sustituidos por los mucho más eficaces y persuasivos medios de comunicación de masas en sus distintas modalidades (prensa, radio, televisión).
Los voceros ultraliberales ya no son señores con sotana, pero su papel lo juegan de manera igualmente efectiva individuos con ternos de Armani, que viajan en yet privado (o en business) y no son replicados por nadie (o casi nadie). Sus ritos litúrgicos ya no tienen lugar en iglesias o catedrales, sino en las sedes de los centros económicos o políticos más relevantes (Comisión Europea, BCE, OMC, FMI, Banco Mundial, Davos, etc.).
En definitiva, ha acabado imponiéndose una ideología con vocación de pensamiento único sobre todos los estados nacionales, así como sobre sus respectivas sociedades y, por supuesto, en las relaciones internacionales: el comúnmente denominado neoliberalismo. Este pensamiento, al igual que las creencias religiosas, está compuesto por un conjunto de creencias indemostradas e indemostrables, que no sólo informan automáticamente y sin discusión posible la actuación del estado en materia económica y social, sino que se imponen miméticamente al conjunto de la sociedad por todos los cauces imaginables.
Sus dogmas, intocables e imperecederos (como los religiosos) son resumibles en unos pocos principios:
1) Fracaso de lo político como ámbito dominante, así como sus instituciones, procedentes de la Modernidad (estado, partidos…). Las instituciones políticas son incapaces de generar cohesión social o dotar de identidad.
2) Fragmentación y desaparición del interés general. Impugnación y neutralización de los derechos sociales.
3) Liberalización de todos los mercados. Eliminación de cualquier tipo de “protección nacional”.
4) La soberanía reside en el mercado, no en el pueblo. Eliminar la regulación y reglamentación de la economía y la sociedad. Todo el poder para el mercado.
5) Todos los impuestos son malos, todo lo público ineficiente. Estado mínimo, excepto para los intereses transnacionales o la banca.
6) Privatización de todo lo privatizable. Eliminar cualquier forma de propiedad o servicios públicos. La libertad económica prima sobre la libertad política, de conciencia o de las personas.
8) La sociedad es la suma de los consumidores, no de los ciudadanos.
De esta manera, y a una escala planetaria, al clericalismo de las religiones monoteístas, hasta el siglo XX, ha venido a superponerse esta especie de clericalismo socioeconómico, con los consiguientes estragos de aniquilación humana, aumento de la desigualdad y crisis ecológica generalizada. En el ámbito de los derechos humanos, a la vez que se ha generalizado su reconocimiento formal contemplado en la Declaración de 1948, éstos se ven obstaculizados y conculcados permanentemente. Como quiera que son los que articulan el ámbito público, y dado su carácter universal, es obligado que les reconozcamos preeminencia respecto a cualesquiera otros principios o valores religiosos o ideológicos.
Los derechos y libertades fundamentales son condición necesaria para sustentar la vida pública en los sistemas democráticos, y en la medida en que estos derechos se vean cercenados por los poderes dominantes en esta fase ultraliberal, la calidad de la democracia y con ella la vida de millones de seres humanos se presenta subordinada a los intereses abstractos del “mercado”.
No debemos olvidar que la privatización de instituciones y servicios públicos ejerce un efecto de “jibarización” de la esfera pública, eliminando espacios donde confluye el interés general y, por tanto, dificultando las condiciones de ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. A estos efectos, me permito recordar el apartado incluido anteriormente en este mismo trabajo “La esfera pública como ámbito de interés para el movimiento laicista”.
En lo que respecta a la libertad de conciencia, a la igualdad y al pluralismo ideológico, no parece que los grandes poderes económicos y sus poderosos medios de comunicación nos dejen otro camino a l@slaicistas que la lucha ideológica y política contra sus incontestables verdades dogmáticas y sus devastadores efectos en el ámbito de lo público. Pero ese camino lo debemos empezar a construir, y a definir, y a discutir desde ahora
Por M. Enrique Ruiz del Rosal
Ponente del Congreso
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