El año 2016 se viene caracterizando por la presencia de gobiernos de derecha en la región, especialmente por los cambios ocurridos en Argentina y Brasil. Junto a estos 
cambios políticos se realizan cambios en el plano económico, con políticas macroeconómicas más ortodoxas donde se supone una menor intervención del Estado. Vale la pena analizar el papel del Estado en estas corrientes ortodoxas, dominadas por la fuerte influencia de las grandes instituciones financieras privadas y el propio FMI. Estas políticas de corto plazo son básicamente de carácter financiero y priorizan garantizar el pago de los servicios de la deuda externa, como primera prioridad, la atención del déficit fiscal como instrumento para asegurar el pago de la deuda y como medida antiinflacionaria y la atención del propio problema de la inflación.
El crecimiento surgiría de la acción del sector privado bajo las reglas del libre juego del mercado. Para el objetivo de crecimiento y empleo se plantea la mínima intervención del estado, inclusive tratando de desmontar regulaciones y controles del pasado. Esto significa la baja de aranceles, las desregulaciones en el campo financiero, la libertad en el movimiento de capitales, la eliminación de monopolios de las empresas públicas, o de su promoción e inclusive su privatización. El libre juego del mercado será suficiente para alcanzar crecimiento económico, para resolver los problemas económicos y sociales prevalecientes en cada uno de los países.
En la realidad en momentos de crisis, como la del 2008, es donde se muestra que las desregulaciones financieras son una de las principales causas de dicha crisis, que el mercado no pudo resolver la difícil situación financiera, que no siempre la acción del sector privado puede considerarse virtuosa y, por lo tanto, la intervención del Estado fue central y decisiva para resolver los distintos problemas económicos que se fueron sucediendo. En esencia, el libre juego del mercado puede generar crisis, caídas económicas y graves problemas sociales.
BASIL, ARGENTINA CHILE
La crisis política ayuda a la actual crisis económica. Como hemos analizado en diversos artículos anteriores, la integración regional es vital, es central para el desarrollo de cada uno de nuestros países. Una fuerte presencia de Brasil es absolutamente indispensable, para concretar la anhelada y necesaria integración. Argentina vive también una etapa de crisis política. El peronismo, que puede ser de izquierda, de centro o de derecha, vive asediado por procesos de corrupción, especialmente el kirchnerismo. Ganó Macri, ganó la derecha que busca acercarse a la política de EE UU en la región. Los conflictos sociales se agudizan por algunas medidas económicas del actual gobierno. En Chile, Ricardo Lagos declara que se vive la peor crisis institucional y política, sólo superada por la dictadura de Pinochet. Es otro país que lamentablemente también fue ganado por la corrupción. Brasil, Argentina y Chile muestran un muy elevado descontento social y político, donde los partidos políticos pierden credibilidad y su representatividad se ve muy limitada.
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Por ello entendemos que la intervención del Estado es imprescindible para asegurar crecimiento y, especialmente, mejoras sociales tendientes a avanzar hacia la igualdad, hacia la no discriminación por etnias, por generaciones, por sectores sociales, por género.
El centro de estas políticas ortodoxas son de corto plazo, muchas veces de profundes ajustes económicos, como se vivieron en el pasado en la región y hoy se vive en la Unión Europea, especialmente en los países del sur. La primera prioridad de estas políticas es garantizar el pago de los servicios de la deuda. En el pasado ello significaba un superávit de la balanza comercial, para lo que se proponía procesos devaluatorios para incrementar las exportaciones y limitar las importaciones. En la actualidad, las divisas necesarias para asegurar el pago de la deuda pueden derivar de las entradas de capitales, influidos por la baja tasa de interés en los mercados financieros internacionales.
Téngase presente que los activos financieros en 1980 eran el 29% del PBI mundial y 30 años después eran 12 veces superior a dicho producto. Para ello se impulsa la libertad en los movimientos de capitales, enfrentando y eliminando cualquier tipo de regulaciones y controles sobre los mismos. La experiencia de los últimos años muestra que esta entrada de capitales influye sobre la apreciación de la moneda nacional, originando fuertes atrasos cambiarios que terminan afectando el nivel y competitividad de las exportaciones. En los hechos, se termina utilizando la política cambiaria para atender el problema inflacionario, afectando nítidamente la competitividad de exportaciones, especialmente de aquellas que tienen más valor agregado y contenido tecnológico.
Si el tema de asegurar las divisas necesarias para garantizar el pago de la deuda se resuelve por la entrada de capitales, el problema se centra en alcanzar un superávit primario en materia presupuestal para el pago de los servicios de la deuda. La batería de medidas se centra en enfrentar los desequilibrios fiscales, con mayores impuestos y, especialmente, con recortes de gastos públicos, como salarios y jubilaciones, con menores gastos sociales e inclusive con privatizaciones como lo vimos recientemente en Grecia. Bajar el déficit fiscal, alcanzar un superávit primario requiere de una muy fuerte intervención del Estado. Mínimo Estado para el crecimiento, pero máximo Estado para asegurar el pago de los servicios de la deuda.
La prioridad siguiente es atender el problema de la inflación, con recetas centradas en que su causa central deriva de la expansión monetaria y del aumento de la demanda. Enfrentar la inflación requiere de la contracción de la demanda por la vía de restricciones monetarias y de crédito, caída del gasto público y de los salarios, a lo que se agrega el ancla cambiaria. Si la inflación deriva de otras causas, como ha ocurrido históricamente, el aumento de precios internos se mantiene y muchas veces se reiteran ajustes que afectan profundamente el crecimiento e incrementan la desigualdad.
El mundo desarrollado ha mostrado que las tesis de estos ajustes no se ajustan a la realidad. Tanto en EE UU como en Europa se han concretado elevados déficits fiscales y altas expansiones cuantitativas de carácter monetario, que en lugar de generar inflación culminaron con fuertes procesos de deflación.
Estas políticas ortodoxas que ya están aplicando Argentina y Brasil, defienden a los grandes bancos acreedores y afectan a las grandes masas sociales por menor crecimiento, mayor desempleo, menores gastos sociales y menores salarios y jubilaciones. Los profundos retrocesos que generan estos ajustes terminan afectando la propia calidad de la democracia.
Los propios documentos internos del FMI, que analizamos en artículos anteriores, muestran profundas críticas a las propuestas de la institución, tal vez porque terminaron afectando a los propios países desarrollados, especialmente en la Unión Europea. El departamento del Tesoro de los EE UU tiene un gran poder sobre las decisiones del FMI, pero no necesariamente aplica sus recetas en su política interna. En algunas ocasiones los gobiernos progresistas de la región se vieron muy influidos por estas políticas ortodoxas, con resultados muy negativos.
Por Alberto Couriel
Economista y ex senador
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