Hace 32 años nacía la Universidad Católica de la mano del Goyo Alvarez /// En un país de tradición laica en el que hasta hace 32 años sólo existía la Universidad pública (Udelar), el 22 de agosto de 1984 el presidente de facto, general Gregorio Alvarez, firmba el decreto 343/984 que autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y reconoció sus planes de estudios y los programas presentados. Aquella sería la cabecera de playa para el futuro nacimiento de una serie de institutos privados de educación superior que desde entonces intentarían transformar en un bien de consumo a un derecho humano básico, como lo es la enseñanza.
El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 había dado inicio en Uruguay a una trágica dictadura que se ensañó particularmente con la enseñanza pública, los maestros y los profesores. Los militares, que con el respaldo de sectores civiles disolvieron el Parlamento, prohibieron la actividad de los partidos políticos, cerraron los sindicatos, censuraron la prensa y encarcelaron y torturaron a millares de uruguayos, también destituyeron a 10.000 funcionarios públicos por razones políticas, un buen número de ellos docentes. “Los temas de moral, como a veces se tienen que discutir. O de moral laica, se tienen que discutir de “derecha o izquierda”… El pensamiento católico decía; “ustedes no tienen moral”, como si la moral fuera patrimonio de una religión… Basta ver lo que ha ocurrido en todas las religiones, lo que ocurre hoy mismo, para saber que nadie puede tener ese patrimonio. La moral laica era otra cosa, empezaba por el respeto a las diferencias de criterio (…)” Aquí en su intervención Sanguinetti hace referencia a la polémica que se desató cuando se autorizó en su gobierno que quedara la Cruz (instalada en Tres Cruces) en alusión a la visita del Papa Juan Pablo II. Y también a una reciente polémica por la iniciativa de colocar la “Virgen María” en la Rambla. Pero luego refiriéndose a la creación de la Universidad Católica, relata: “Lo viví cuando la Universidad Católica. Yo me encuentro cuando llegamos en 1985 al gobierno que el Goyo Alvarez en los últimos meses de su gobierno, de su dictadura, autoriza la creación de la Universidad Católica. Imagínense el escándalo. Por dos motivos. Primero romper el monopolio de la Universidad (Pública) por decreto. En segundo lugar crear una Universidad Confesional. Mis mentores batllistas decían; no es imposible que haya (una Universidad Católica), es concebible dentro del batllismo… yo les decía, por supuesto que es concebible. Si somos esencialmente pluralistas y la extensión de la libertad de culto es esa. Pero se dijo, tiene que ser por Ley… Pero ahí yo pragmáticamente pensé (porque además de la doctrina tenemos que ser pragmáticos) esta Ley no sale nunca más! Entonces llamé al Dr. Juan Vicente Chiarino y a Monseñor Luis del Castillo y les dije; ‘ustedes el primero de marzo están funcionando a cualquier precio como Universidad’. Porque a mí el Partido (Colorado) me puede pedir que no autorice una Universidad, pero que cierre una Universidad, no me lo puede pedir nadie. Y así fuimos…» El Dr. Sanguinetti en noviembre de 1984 ganó las elecciones presidenciales. Sería el primer presidente constitucional, elegido democráticamente tras 13 años de dictadura cívico-militar. (Transcripción de La ONDA)
La versión del ex presidente Dr. Luis María Sanguinetti
En un reciente “coloquio sobre el Batllismo”, el pasado 11 de agosto en la Casa del Partido Colorado, al plantearse el tema de la Laicidad en tiempos del gobierno de Batlle y Ordoñez el Dr. Luis María Sanguinetti recordó la autorización que dio su gobierno para que funcionara la Universidad Católica. Lo relató de la siguiente manera:
Fue intervenida la Universidad de la República y modificados sus planes de enseñanza, y la dictadura hizo que centenares de profesores perdieran sus cátedras y que muchos tuvieran que emigrar. Casi el 40% de los docentes universitarios fueron expulsados u obligados a renunciar. Los cargos vacantes fueron cubiertos mediante nombramientos directos y el nivel de enseñanza decayó, mientras el movimiento estudiantil era desarticulado y en las facultades se instalaba un régimen policíaco. Se puso en marcha un sistema restrictivo para la admisión de estudiantes.
El Goyo Alvarez, quien ocupó la Presidencia de facto entre 1981 y 1985, mantuvo hasta el final de la dictadura las medidas represivas contra los opositores reales o potenciales, y extendió su persecución hasta los países vecinos, en especial a la Argentina. Ya en las postrimerías del régimen, el interés de la Conferencia Episcopal Uruguaya para dar nacimiento a la Universidad Católica, y la intervención del papa Juan Pablo II, le fueron como anillo al dedo al dictador que seguía desconfiando de la Universidad estatal a pesar de que desde el inicio del terrorismo de Estado se habían hecho esfuerzos para destruirla. Fue así que aprobó con entusiasmo la creación de la UCU.
El 17 de diciembre de 2007, Alvarez fue procesado con prisión preventiva por el juez Luis Charles por crímenes de lesa humanidad, y el 22 de octubre de 2009 un tribunal lo condenó por el homicidio de 37 personas durante su etapa como comandante en jefe del Ejército
Años después de la puesta en marcha de la UCU surgirían otras universidades privadas, como la de Montevideo, de la Empresa (UDE), el Instituto Claeh y la ORT, y en 2012 el diario El País consideraba que la Udelar “ha sido desde hace décadas funcional al ‘establishment’ intelectual que rodea al Frente Amplio” y que “el único golpe” a su “hegemonía” ha sido “la habilitación de universidades privadas”.
Y en una entrevista publicada por El Observador el 19 de julio de 2015, al referirse a la educación pública y laica, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, afirmaba que “la educación es un tema privado siempre, porque se trata de particulares. Los chicos no pertenecen al Estado. Los chicos son personas libres en un país libre. La educación no es un tema de público o privado, es un tema cuyos principales educadores son los padres, que son privados. Y hasta el dinero con el que cuenta la educación pública viene de los privados, que son los impuestos”.
Un particular razonamiento
La UCU prefiere tomar como punto de partida la fecha de su inauguración, el 5 de marzo de 1985, cuatro días después de la asunción presidencial de Julio María Sanguinetti en el retorno de la democracia y cuando ya había quedado atrás la larga noche de la dictadura. Pero, queriendo poner las cosas en su lugar, hace dos años el general Alvarez envió desde la prisión una carta al semanario Búsqueda, que la publicó en su edición Nº 1.779, en la que reivindicó su intervención decisiva para el funcionamiento de la UCU: “Sr. Director –señala la nota-, el pasado 22 de agosto se cumplieron 30 años de la aprobación del Decreto Nº 343/984, de 22 de agosto de 1984, que tuve el honor de suscribir como Presidente de la República Oriental del Uruguay, acompañado por el entonces Ministro de Educación y Cultura, Dr. Armando López Scavino.
Por dicho Decreto se autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica ‘Dámaso Antonio Larrañaga’, accediendo a la solicitud oportunamente presentada por la Conferencia Episcopal Uruguaya. El Poder Ejecutivo fundamentó la referida autorización en razones jurídicas, históricas y culturales”.
En la carta, el dictador recuerda que su decreto fue aprobado el 29 de octubre de 1984 por el Consejo de Estado -aquel mamarrachesco organismo creado por los militares para reemplazar al Poder Legislativo que ellos mismos habían disuelto- y menciona la intervención entonces del papa Juan Pablo II, “fundamental y determinante para superar todos los inconvenientes que entonces se presentaban”.
Alvarez no quiere que le quiten méritos.
Por William Puente
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