La investigación en las universidades está jaqueada por la desconfianza de los contribuyentes y del “mundo político”, las brechas -no solo financieras-, la baja inversión, los desarrollos de garaje y las tendencias predominantes en la evaluación académica.
Según los participantes en el panel «Investigación en Universidades» que se desarrolló el viernes 18 en el marco de FAPESP Week Montevideo, tanto la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de São Paulo (FAPESP) como la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) tienen un papel a cumplir. Ambas organizaron la versión uruguaya del evento junto a la Universidad de la República (Udelar). El panel fue moderado por el rector de la Udelar, Roberto Markarian, y reunió al presidente del consejo técnico-administrativo de FAPESP, Carlos Américo Pacheco, su director científico, Carlos Henrique de Brito Cruz, el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, Marcelo Caballé, el vicerrector de Investigación, Posgrado e Innovación de la Universidad de Playa Ancha (Chile), Daniel López Stefoni, y la coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC-Udelar), Judith Sutz.
Aun las mejores universidades están “presionadas por una especie de onda de utilitarismo y cortoplazismo, de querer resultados para mañana”, denunció Brito Cruz. Puede verse en el mundo una “creciente impaciencia de la persona que paga impuestos por los resultados y beneficios del financiamiento de la educación superior, las universidades y las investigaciones”. Hace 50 años «las personas aceptaban fácilmente la idea de que si el gobierno usaba una parte de los impuestos para eso, habría beneficios para la sociedad. Hoy en día se ponen dudas”.
A juicio del director científico de FAPESP uno de los factores que contribuyen al cortoplazismo es la irrupción de Internet y de los aplicativos que transmiten “la ilusión de que jóvenes que nunca estudiaron las ecuaciones de Maxwell o la teoría de la evolución o de la gravitación, entran en un garaje y escriben un aplicativo de computador y al día siguiente tienen una empresa que vale un millón de dólares”, ironizó. El foco de las universidades “que quieren ser buenas es educar bien a sus estudiantes”, recordó, y “esta presión lo que hace es que la universidad comience a perder la noción de que una de las razones por las que investiga es garantizar una buena educación para sus estudiantes”.
La investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) “son indelegables en cuanto involucran valores culturales, formativos, y aportes al desarrollo”, indicó López Stefoni. En Chile, donde existen cerca de 60 universidades, el 90% de las publicaciones científicas y tecnológicas, el 75% de las empresas incubadas y el 55% de las patentes de residentes están vinculadas a las universidades. “Sin embargo, hay un alto grado de concentración: El 75% de las publicaciones de corriente principal y el 93% de las patentes se concentra en apenas cinco”.
La brecha alcanza a los países. Medida en publicación de artículos de corriente principal, América Latina y el Caribe producen aproximadamente 4% de la productividad científica. “Hace 20 años era el 2%, pero el caso chileno ilustra la dificultad de hacer una contribución relativa en el tiempo cada vez mayor: en 2003 representaba el 0,22% y hoy día ha crecido en una décima, para lo cual tuvo que multiplicar por tres su productividad científica”. Si se comparan liderazgos en número de investigadores entre países de la OCDE, por ejemplo, “encontramos que la cantidad de investigadores por millón de habitantes es casi seis veces menor en Argentina que en Finlandia, o siete veces entre Uruguay y Japón”. López Stefoni evaluó que la inversión global en I+D «es baja como sea que la comparemos», y planteó dudas: “Las últimas veces que me ha tocado ir al Parlamento hay desconfianza en el mundo político”. Por otra parte “no es tan claro que se obtenga mayor financiamiento a las universidades y efectivamente vamos a tener una investigación que de rédito social o intelectual”.
Ciencia egoísta y crecientemente menor-Judith Sutz recordó que las universidades tienen que ocuparse «de hacer investigación de calidad, y también de que esa investigación apunte a mejorar aspectos negativos o deficitarios de las sociedades en las que están insertas». Mencionó ejemplos de cómo se orienta la política de investigación en la Udelar, y repasó las tres ediciones del Programa de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social destacando sus etapas: detección de problemas y demandas, jornadas, talleres entre demandantes e investigadores, recepción de problemas y proceso de evaluación, entrevistas a contrapartes.
Según la coordinadora académica de CSIC, “los desafíos, dificultades, estímulos para hacer ciencia avanzando la frontera del conocimiento o para incidir directamente en el logro de algún objetivo fundamental para la sociedad, como por ejemplo disminuir la desigualdad, son diferentes”. Entre varias razones que explican las diferencias mencionó dos: “una externa a la comunidad científica es el problema de la demanda de conocimiento por parte de la sociedad -si es débil, la investigación queda aislada-, otra interna: la espinosa cuestión de la evaluación académica”. Respecto de esta última presentó una conjetura: “las tendencias predominantes en la evaluación académica están produciendo una ciencia “egoísta” y crecientemente “menor”. Hay una preocupación en ascenso en parte de la comunidad científica internacional por esta deriva”, dijo.
Sutz explicó que “la transformación del sistema de evaluación académica es una necesidad para la salud de la ciencia y para su robustez social. Siendo la investigación una actividad nacional y a la vez internacional, sólo concebible a través del trabajo cooperativo de científicos de todo el mundo, el sistema de estímulos y las modalidades de evaluación de la actividad académica requieren establecer al menos algunos criterios en común”. En este sentido sugirió comenzar a trabajar “en nuestra casa ampliada, las universidades con las que tenemos un intenso relacionamiento, en la construcción de un sistema de evaluación a la altura de los desafíos que tenemos. A poco andar, estaríamos trabajando con investigadores e instituciones de todas partes. FAPESP y la AUGM pueden cumplir un papel clave en esto”, concluyó.
El brasileño Carlos Américo Pacheco se refirió a la relación universidad-empresas, que “es mucho más compleja que simplemente la transferencia de tecnología, y empieza por la formación de personal”. Si bien “la cereza de la torta de este proceso es el laboratorio conjunto entre ambas”, reconoció que en América Latina “el aporte de privados para investigar en universidades no representa más que 5-7% del presupuesto universitario”. Siendo el proceso de patentes «claramente del sector privado”, Pacheco alertó que “muchas no tienen valor comercial”, y reflexionó: Si la primera función de la universidad es difundir el conocimiento, la última cosa que puede hacer es protegerlo de ser utilizado por otros, a menos que la justificativa sea que involucra recursos públicos que precisan protegerse”.
La ponencia del argentino Marcelo Caballé destacó los “cambios notables en los últimos años” en su país, que se traducen en reconocimiento, obras de infraestructura y financiamiento: para 2017 hay un presupuesto aprobado de U$S 5.000 millones. En Argentina hay 60 instituciones universitarias públicas y 1.600.000 estudiantes. Caballé indicó que si bien el PBI se duplicó, “la inversión en ciencia y tecnología se multiplicó por 4, y en universidades públicas por más de 20. Ha habido una mejora sustancial y estamos bastante conformes”.
FAPESP Week Montevideo se desarrolló el 17 y 18 de noviembre en el edificio “José Luis Massera” de la Udelar con la participación de científicos y académicos de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Fuente, Web de la UdelaR
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