Una nueva, inédita burocracia, nos invade. La gestión presencial con el Estado se trasmuta en virtual, informatizada a través de la Red y el cambio de paradigma comunicacional se produce con discontinuidades, no sólo cronológicas, en los Entes del Estado. No existe una acción coordinada de los sistemas adoptados en cada uno de ellos. Por el contrario, hacen gala de una independencia lindante con la incompatibilidad en la selección de los medios, su instrumentación y operación. Con origen en las decisiones de cada Organismo, la adopción de sistemas se pone en manos de técnicos; ingenieros de sistemas, programadores y operadores integrantes de esta nueva clase. Su gestión- cuando no es externa- coincidente con la pertenencia a una generación distinta de las de sus jefes, resulta tan opaca que les hace tomar cuotas de poder desde la instrumentación y la operación hasta los objetivos de la implantación de estos sistemas. El ejemplo más claro es la fijación de la seguridad como el mayor referente, al cual se rinde un culto absolutamente exagerado. No parece haber nada ni nadie que fije directrices, que imponga limitaciones y condiciones al libre albedrío de estos nuevos burócratas. Por el contrario, son ellos los que manejan todo lo relativo a esta forma comunicacional incluso desde el lugar físico del gobierno, algunos instalados en la misma Torre Ejecutiva.
De la realidad
He cuestionado hace poco tiempo las características del RUPE: Registro Único de Proveedores del Estado. Ahora, con la actualizada experiencia en registrar una empresa unipersonal visualizo que el problema es mucho mayor que operativo. En lugar de la interminable lista de incongruencias, encontradas en todos ellos, abordaré el tema por los principios que deben guiar la instrumentación de sistemas informatizados en el Estado. Ellos son la transparencia, coherencia, igualdad de oportunidades, seguridad e incremento de la democracia por la participación ciudadana. Estos principios deben ser satisfechos con la eficiencia en el trabajo funcionarial y contribuyen a la generación de valor agregado de empresas y trabajadores en el ámbito de la formalidad. Podemos probar como estos principios son desestimados y/o traicionados en la actual implantación de estos sistemas.
Ejemplifico con la seguridad: Cómo se recuerda una contraseña de 8 dígitos, conteniendo elementos, mayúsculas, minúsculas y números? Anotándola…y exponiendo así toda la seguridad. Justificado por el absurdo, el sustento último de los creadores de mecanismos de seguridad es el terrorismo! Cuando todos sabemos que nuestros datos en la red son pasibles de ser captados, incorporados a bases de datos, vulnerados por personas y empresas multinacionales, comercializables e intercambiables, las engorrosas exigencias de seguridad pierden razón de ser y pasan a ser una justificación del propio sistema y por extensión, del trabajo de creadores y operadores.
La transparencia: la condición amigable de operación de sistemas de gestión con el Estado no se da. Se patentiza en la proliferación de Manuales para operar Sistemas cuya instalación debería tener entre otros cometidos, eliminar los Manuales!
La coherencia: los sistemas deben ser congruentes con las necesidades del Estado y compatibles entre sí. Es más, interconectados para disponer en tiempo real situación y datos de personas y empresas. La coherencia debería comenzar por el uso de nuestro idioma (cuando logran cambiar password por contraseña aparece el login!) y una única acepción para vocablos con igual función. Usuario puede ser el nombre, apellido, cédula de identidad o el RUT .Pero una sola acepción para el Estado!
Por último, no puede haber igualdad de oportunidades entre un operador avezado que logra superar las dificultades e ilógica de la operación a distancia y un pequeño empresario, emprendedor o artesano que pretende trabajar dentro de la formalidad y para el Estado. Las promociones del gobierno para incorporar más ciudadanos a la formalidad son así neutralizadas y dificultadas, cuando no anuladas.
La comunicación mediante sistemas
Para la operación de una Empresa con los organismos del Estado, los requisitos siguen siendo estar registrada en el BPS, la DGI, el MTSS y el BSE y el procedimiento a través de la web debería ser más fácil, menos oneroso y más rápido. Pasa todo lo contrario. Y una vez obtenidos los registros reseñados, la inscripción en el RUPE debería consistir en una verificación acudiendo “en línea” a esos Organismos. En rigor, debería ser automático. Sin embargo y avalado por el artículo realizado sobre el RUPE, puedo afirmar que en lugar del sistema trabajar para nosotros, los usuarios trabajamos para él. Cuando se pone operativo un Sistema nuevo con tantos y tan graves fallos, debería mantenerse la gestión presencial por más tiempo.
Los costos agregados de los organismos serán menores a las pérdidas de los usuarios, medidas en tiempo de operación, impedido acceso a oportunidades, deserciones y pasajes a la informalidad o, peor aún, la elección por la misma. Esta situación supera lo meramente técnico y pasa a ser un problema político. Pongo un ejemplo muy claro: luego de años de capacitación, incorporación de becarios y nuevos funcionarios, la atención personalizada en el BPS es excelente. Antes uno se paraba frente al mostrador con la sensación de que podía “rebotar”. Hoy nos sentamos en la mesa de un funcionario con la sensación de que podrá haber algo mal pero lo van a solucionar. Y así sucede. Entonces, ahora que funciona bien; cual es el apuro en abandonarlo?
A cuenta de mucho más
Un simple usuario puede plantear objeciones, no pretendan que también dé soluciones. Si sostengo que tenemos derecho a rebelarnos, denunciar esta situación y exigir soluciones para superarla. Cometidos a aplicar los avances tecnológicos en la comunicación a favor de todos, los integrantes de esta nueva clase se han constituido una fuente de poder anexa y aún dentro del Estado que actúa corporativamente. Una burocracia cibernética que oculta la identificación y responsabilidades ya no atrás de las mamparas sino en los sistemas. La dirección política de los Entes debe asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia.
Por el Arq. Luis Fabre
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