El empresario Carlos Pedro Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma de la provincia de Jujuy –en el noroeste argentino-, fue absuelto en 2015 en la causa judicial que lo incriminó por la desaparición de 29 de sus trabajadores y otras personas durante la última dictadura militar y, como lo hace habitualmente cada verano, ha seguido amarrando en el puerto de Punta del Este sus siete yates -“Cristina”, “Isis”, “Venus”, “Black Beauty”, “Minerva”, “Argos” y “Neptuno”-, uno para él, otro para su esposa y los restantes para cada uno de sus hijos.
La indígena Milagro Sala, una militante social, permanece en una prisión jujeña desde enero de 2016, acusada de haber participado en el año 2009 en una manifestación de protesta en la que le fueron lanzados dos huevazos al entonces senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En diciembre último, en el primer día del juicio oral en su contra, ella denunció que está presa por ser “negra y coya”, porque no participó de aquella protesta ni estuvo en el lugar del incidente. Los acusadores pidieron la pena máxima de cuatro a seis años de prisión. En la cárcel de Alto Comedero donde está recluida, ella contó a una delegación de las Naciones Unidas que la visitó que fue torturada y que sufre un hostigamiento permanente.
En 2012 –tres años antes de su absolución-, un juez había procesado y aportado todos los elementos de prueba que incriminaron a Blaquier –el zar del azúcar más poderoso de América latina- y a su ex jefe de personal, Alberto Lemos, por utilizar camionetas de su empresa y organizar junto con el Ejército los apagones producidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976, durante los cuales fueron secuestradas 400 personas en el pueblo de Ledesma, entre estudiantes, militantes políticos o sociales, sindicalistas y trabajadores del ingenio. Todos fueron torturados con saña y 29 de ellos permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.
Milagro Sala es diputada del Parlasur y, además, dirigente de la cooperativa Tupac Amaru, que construyó miles de viviendas para obreros jujeños, la mayoría de ellos indígenas, talleres que producen ladrillos y otros elementos de construcción, y piletas de natación para los niños de las poblaciones marginales. Milagro recordó una vez que cuando ella era niña le prohibían remojarse en las piletas recreativas del pueblo porque decían que, “como era negra, desteñía y ensuciaba el agua”. La misma discriminación existe hoy con los chiquitos indígenas. Luego de la detención de Milagro, el gobernador Morales ordenó dejar sin agua las piscinas de la Tupac Amaru y, posteriormente, “personas desconocidas” destruyeron los vestuarios de los natatorios y derribaron los parques infantiles.
La Sala de Casación jujeña que revocó el procesamiento judicial de Blaquier, Lemos y otros empresarios, no aportó ningún elemento nuevo y, sin embargo, desestimó la acusación y dejó libre de cargo y culpa al incriminado y a los otros civiles imputados por los crímenes de lesa humanidad. El juez Fernando Poviña, quien lo había procesado, dijo que la complicidad de Blaquier con el régimen militar “tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma”. El miedo reina en Jujuy desde hace un siglo. Cuenta una leyenda que en los pueblos azucareros del norte argentino, para hacerse más ricos, los patrones de los ingenios hacen un contrato con El Familiar, que es el diablo mismo. Para ser ayudados, cada año le ofrecen un peón de los que llegan a la cosecha para que se lo coma, y el maligno prefiere a los más díscolos, los rebeldes. Cuando desaparece alguien o la muerte se lleva a alguno en los accidentes que suelen ocurrir en la caldera y el trapiche, muchos creen que los eligió El Familiar, que vive en un cuarto oculto de los ingenios. Olga Marquez de Arédez dio vueltas y vueltas ella sola, durante muchos años, en la plaza de Libertador General San Martín de Ledesma, llevando un pañuelo blanco en la cabeza y en la mano la foto de su marido, Luis Arédez, un médico que trabajó en el ingenio Ledesma, fue intendente radical del pueblo y desapareció en 1977. Un cáncer derrumbó en 2005 a Olga, quien murió sabiendo que a Luis no se lo llevó El Familiar, sino que lo desaparecieron porque cuando fue intendente tuvo la pretensión de cobrarle al Ingenio Ledesma los impuestos de feudo que le correspondían.
Los jueces que han venido sumando cargos en contra de Milagro Sala en los últimos meses, hasta hoy no han aportado ninguna prueba incriminatoria en las diversas causas y, sin embargo, la Justicia jujeña se niega a dejarla en libertad mientras se sustancian los procesos. La Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, argumentó que existe la inmunidad de arresto para los diputados del Mercosur, como en el caso de Milagro, y recordó el carácter excepcional de la prisión preventiva; las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo han brindado su solidaridad a la detenida; Amnesty Internacional afirmó que Milagro es una “presa política”; el Papa Francisco le envió de regalo un rosario bendecido; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reclamaron a las autoridades argentinas que de inmediato la dejen libre; el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de arbitraria la prisión de la luchadora social. El presidente Mauricio Macri respondió que la mayoría de la población “está convencida de que debe permanecer presa” y el gobernador Morales –quien, desde luego, no integra el Poder Judicial- aseguró: ”No liberaré a Milagro Sala”.
Por William Puente
Periodista
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