El jueves 20 de noviembre, en el “prime time” de las 20 hs., el presidente Barack Obama se dirigió al país en un discurso televisado para anunciar que, en uso de su autoridad legal, había decidido emitir una “orden ejecutiva” -algo parecido pero no idéntico a lo que en estos pagos llamaríamos un decreto- por medio de la cual se suspende la deportación de entre 4 o 5 millones de inmigrantes indocumentados, un poco menos de la mitad de los 11 millones en estas condiciones.
Esta iniciativa política de Obama está dirigida, en primer lugar, a complicar a sus rivales republicanos que hace solo dos semanas atrás le propinaron una derrota humillante en las elecciones de medio término, quedándose con el control de ambas cámaras del congreso. Si el pato está rengo, que no se note. Con un ojo puesto en las elecciones presidenciales de 2016, esa es la máxima que guiará la política de la Casa Blanca los próximos dos años, tanto en plano doméstico como en la política exterior.
Hasta el momento, la jugada de Obama parece estar cumpliendo su objetivo. El partido republicano se transformó en un hervidero, dejando expuesta nuevamente la fractura interna entre un ala conservadora moderada, que busca garantizar la gobernabilidad, y un sector de extrema derecha, referenciado en el Tea Party, que entra en toda provocación “progresista” y es furiosamente racista y antiinmigrante.
Los jefes republicanos habían logrado domesticar a sus propios extremistas para las elecciones de medio término, en parte vetando las candidaturas del Tea Party en las primarias para disminuir su peso en las bancadas legislativas, y en parte negociando con algunos de sus referentes menos fundamentalistas. Este arduo trabajo está ahora en peligro. Varios senadores y representantes que militan en este sector ya están amenazando con paralizar de nuevo al gobierno cuando asuma la mayoría republicana en enero. Una medida altamente impopular que le ha costado las elecciones a los republicanos en 2012.
Con las elecciones presidenciales de 2016 en la mira, en la que los votos de los inmigrantes, en particular los hispanos, tienen cada vez más peso, otro problema que enfrentan los republicanos es atacar a Obama sin desplegar un discurso abiertamente xenófobo. Por eso critican la forma y no el fondo de la medida. Acusan al presidente de actuar como un “emperador” por pasar por alto el congreso y prometen usar todas las herramientas a su disposición para evitar que se implemente una medida que consideran inconstitucional.
El dilema republicano es leer correctamente la demografía y las encuestas de opinión. La foto indica que los latinos y asiáticos son solo el 11% del electorado, comparado con el 75% de blancos, que mayoritariamente consideran peligrosa la inmigración ilegal. Pero la película indica que la demografía está cambiando de manera acelerada y que el 63% de los americanos de origen latino y el 66% de los de origen asiático votaron al partido demócrata en las elecciones de medio término.
En una encuesta de Wall Street Journal/NBC News conocida el miércoles previo al discurso de Obama, el 48% rechazó la política unilateral de Obama, pero el 57% apoyó la necesidad de una vía para darle ciudadanía a los inmigrantes ilegales.
Por eso si el partido republicano cayera en la tentación de movilizar al electorado blanco por el problema de la inmigración, la polarización los llevaría a posiciones de extrema derecha rechazadas por un electorado, que en el marco de una cierta recuperación de la economía, mayormente se mantiene en el centro del espectro político.
El alma progresista del partido demócrata parece haber revivido. De manera comprensible, un amplio sector de inmigrantes indocumentados, muchos organizados en asociaciones referenciadas en ese partido, celebró la medida de Obama, en un terreno donde el partido republicano corre el riesgo de exponer su rostro más conservador y derechista.
Sin embargo, no hace falta ser de izquierda para ver los límites del “progresismo por decreto”. Los giros emotivos del discurso de Obama (“¿Somos una nación que acepta la crueldad de arrancar a los niños de los brazos de sus padres?”) fueron ampliamente compensados con conceptos de derecha que reafirman que los trabajadores inmigrantes son “criminales”, que viven “sin pagar impuestos”, que “violan las leyes” y que por lo tanto, está totalmente justificado reforzar la temible patrulla de frontera al sur, que separa al país del norte de México.
A decir verdad, la reacción republicana parece desmedida para una medida bastante modesta.
Obama no inventó nada nuevo. Antes que él otros presidentes republicanos usaron sus poderes ejecutivos para darle un estatus semi legal a algunos sectores de inmigrantes. Lo hizo Eisenhower; lo hizo Reagan en 1986, primero dándole amnistía a 3 millones de inmigrantes y luego ampliándolo a 100.000 más, y lo hizo Bush padre en 1990 cuando permitió que 1 millón y medio de esposas e hijos indocumentados de inmigrantes que estaban tramitando su residencia legal se quedaran en el país.
En el mejor de los casos, la medida de Obama podría beneficiar a unos 4 o 5 millones, de 11 millones de inmigrantes indocumentados. El “podría” es importante porque quizás sean muchos menos, ya que no necesariamente todos podrán cumplir con los requisitos exigidos y pagar los 465 dólares que cuesta registrarse e iniciar los trámites.
La medida suspende la deportación de quienes logren demostrar residencia por más de cinco años, trabajo, tener hijos ciudadanos norteamericanos que estén en el sistema educativo o en el ejército y otras exigencias, solo por tres años, tiempo en el cual deberían obtener un estatus legal. Pero como puede ser revertida por el próximo presidente (o por el mismo Obama) la precariedad de su situación continúa.
La política migratoria de Obama no ha sido lo que se dice “progresista”. En sus seis años en el poder se han deportado más inmigrantes que en cualquier otro gobierno norteamericano. De hecho, esta medida está en los marcos de la ley que había negociado con los republicanos, haciendo importantes concesiones, pero que finalmente la cámara de representantes no aprobó. Pero sobre todo, garantiza la continuidad de una amplia mano de obra, que huye de la pobreza y las dictaduras de sus países de origen, de las cuales el imperialismo norteamericano es el principal responsable, dispuesta a trabajar duro. Estos trabajadores, abandonados a su suerte por la gran mayoría de la burocracia sindical de la AFL-CIO, está a merced de una burguesía angurrienta, que los super explota y que, como en otras partes del mundo, los usa para bajar los salarios y las condiciones de vida de la clase obrera nativa.
Mientras que el capital ha conquistado una enorme movilidad y derriba barreras que obstaculizan su expansión, cada vez más transforma al planeta en una “sucia prisión” con muros, cercas electrificadas y guardias fronterizos.
Frente a tanta xenofobia, expresada en el auge de partidos (o fracciones) racistas en Estados Unidos y Europa, suena “de izquierda” ver al presidente afroamericano de la principal potencia del mundo anunciando una seudo amnistía para inmigrantes ilegales. Pero una vez más no todo es lo que parece, y la política de Obama, que por otra parte tiene mucho de cálculo electoral, no es “progresista”, es nada más y nada menos que la política de un sector de la burguesía imperialista de Estados Unidos.
Claudia Cinatti
Fuente:Periodista de laizquierdadiario.com
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