Por Jaime Secco*
Dentro del Frente Amplio hay quienes se están impacientando con la queja que se escucha contra las transferencias del Mides por distintos planes de asistencias. En tiempo electoral, se siente urgencia por ajustar ese “flanco”.
Descalificar esos planes como “asistencialismo”, apela a un razonamiento cruel, caro a cierta izquierda sesentista: la asistencia mella el sufrimiento y por ende la rebeldía. Es asistencialismo o revolución. Viva el sufrimiento. Mario Benedetti, a la caída de la dictadura escribió una nota autocrítica en la que explicaba que había aprendido que cuanto peor peor, no mejor.
Cuando la izquierda llegó al gobierno, la situación luego de la crisis del 2002 era demasiado grave como para discutir en estos términos. Se implementó de apuro un plan de emergencia. Plan que -aunque alguno no se enteró-, terminó al tercer año como estaba previsto. Pero eso no quería decir que todo estuviera solucionado ni que el Estado se desentendiera. Se crearon o adaptaron planes para atender a los sectores más vulnerables. Entre ellos, Uruguay Trabaja, Vías de Salida y una adaptación de la Asignación Familiar, que era universal pero con un monto muy bajo y fue concentrada en quienes podía hacer una diferencia.
Las primeras críticas fueron de la derecha. El ex presidente Julio Sanguinetti acusó al gobierno de estar comprando votos. Pero una encuesta de 2009 reveló que no, que los beneficiarios no habían cambiado masivamente su voto. La campaña siguió, se extendió a algunas cámaras empresariales -no todas-. Y la prensa opositora machacó a diario hasta convencer o confundir a sectores trabajadores que ven que otros reciben dinero por holgazanear, y también a militantes del Frente Amplio.
El Mides lanzó en noviembre pasado una campaña llamada/1 Mitos y verdades de las políticas sociales, que debiera haber aventado esas acusaciones. Conviene/2 repasarlo. El 85% de los beneficiarios estudian y trabajan, el 71% de los ingresos de sus familias provienen del trabajo, no se entrega dinero sino crédito en las tarjetas, solo para alimentos, los montos de la tarjeta van de $ 700 a $ 3.766 aunque pueden acumular hasta $ 7.299 para hogares con seis menores, solo 1,76% de los impuestos que recauda la DGI de transfiere a las tarjetas -no se está desangrando al fisco por esto- y, finalmente, la cantidad de tarjetas ha bajado de 71 mil a 64 mil entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013.
Destacamos que la cantidad de beneficiarios se está reduciendo (10% en dos años), que para ellos la Tarjeta es un complemento ya que dos tercios de sus ingresos provienen de otra fuente y que el 85% trabaja o estudia. Es decir, se trata de un complemento de ingresos, no de un pago para no trabajar; nadie vive panza arriba con setecientos pesos.
Todo indica que los planes tienen un diseño muy cuidadoso. Y ahora los candidatos de los partidos tradicionales prometen no tocarles una coma.
¿Tiene fundamento?
Todo muy lindo, pero ¿está bien transferir fondos de esa manera? La pregunta puede contestarse en varios planos. El primero es sociológico, de política social. El Uruguay no sólo ha crecido económicamente, sino que ha mejorado su distribución, medida por el índice Gini, por la profundidad de la pobreza, por la comparación del decil inferior y el superior; por todos los métodos. Sin embargo, las exportaciones están concentradas y muchos de sus principales rubros no requieren demasiada mano de obra. La mejor distribución se logró por varias políticas, entre ellas los consejos de salarios. Pero fue determinante el apoyo del Estado. El aumento de las jubilaciones, la reforma de la Salud, la Reforma impositiva y otras reformas han transferido fondos hacia los más desfavorecidos.
Al presentar una Rendición de Cuentas el ex ministro Fernando Lorenzo dijo que el país tiene buena distribución comparado con la región, pero todavía está lejos de los países más desarrollados. Ahora, agregó, la distribución primaria (que cuenta sólo salarios y ganancias) de países modelos como Dinamarca es peor que la distribución final uruguaya. Es decir, los países ricos e igualitarios lo son por la redistribución ejecutada por sus gobiernos.
Es decir, las transferencias selectivas no son ni nuevos inventos de la izquierda -no lo son las Asignaciones Familiares-, ni originales a nivel internacional. Así funcionan los países que funcionan mejor.
Pero hay otro nivel de filosofía política, más profundo que el de hacer dar los números del balance social: el de los derechos fundamentales. Marina Arismendi, fundadora del Mides, siempre insistió en hablar de derechos, más que de beneficios. Relacionar el mínimo vital a los derechos es casi contemporánea de la Declaración de los Derechos del Hombre por la Francia Revolucionaria. Con las hambrunas de 1793, los enragés (rabiosos) y los sans-culottes afirmaban que era ridículo hablar de igualdad de derechos si había quien no tenía garantizado el derecho fundamental de conservar su vida.
De eso se trata. De asegurar minimamente el derecho a la vida. Para todos, independientemente de su trabajo o méritos. A un mínimo de alimentos; como se ampara la atención médica o la educación.
¿Hasta cuándo?
Eso no quiere decir que todo sea fácil y ya esté resuelto para siempre.
Primero; es cierto, por ejemplo, que hay umbrales sobre los cuales las transferencias desalentarían el trabajo. Hoy estamos lejos, sin embargo.
Segundo; es cierto que, pese al cuidado de los instrumentos, alguien puede considerar degradante depender de una ayuda. ¿No sería mejor darle un trabajo, aunque fuera inútil? ¿Barrer una y otra vez una placita? Es una preocupación humana. Pero las consecuencias pueden ser más humillantes. Alimentarse debe ser visto como un derecho. A nadie lo condenan a trabajo comunitario por haberse atendido en Salud Pública. Cuando se empiezan a pedir contraprestaciones se suele perjudicar a las personas. Lo indica toda la experiencia internacional. O porque los funcionarios desarrollan ínfulas de poder, o porque ese trabajito les dificulta desarrollar su ocupación actual, más o menos precaria, sea de medio horario, de reciclaje o lo que sea. En realidad, incluso sería mejor que algunos controles que se han adherido tradicionalmente a la Asignación, como la obligación de asistir a la escuela, fueran independientes del Mides. La obligación de educar a los hijos es para todos, no sólo para quienes tienen tarjeta.
Tercero; ¿no hay algunos que pueden estar “de vivos”? El problema existe. De hecho, el Mides dos por tres elimina personas del beneficio, y a veces ello se filtra a la prensa. Pero es muy marginal. Si quedan 64 mil beneficiarios y sólo el 15% no estudia o trabaja, estamos hablando de 9.600 casos. Pero entre ellos, hay mil situaciones: incapacitados, madres que si salen a trabajar dejan a los hijos solos -el año pasado más de una terminó presa por ese motivo-. En fin, muchas situaciones. Entre ellas, gente que nunca trabajó ni sabe por dónde empezar. La pobreza es producto de una sucesión de golpes que sus víctimas acumulan en su biografía y de cuyas consecuencias de vulnerabilidad se hace cada vez más difícil salir sin apoyos.
Es el núcleo duro; ese 6% de ‘desocupación estructural’ que los economistas están tan contentos de que no aumente. Hay razones culturales, de salud, de historia de vida, que hacen que no se pueda acabar con un desembarco como el del Plan Siete Zonas. Pero, los números cantan, el trabajo hombre a hombre del Mides y la oferta de empleo están haciendo disminuir el número de quienes precisan apoyo.
Alentador, pero no definitivo. Porque una cuarta pregunta es: ¿Hasta cuándo vamos a tener que pagarles? Hay que decirlo: en algunos casos, probablemente por toda la vida. Como se le paga a los pensionistas, que es gente que ha decidido dejar de trabajar y por eso se la apoya, a veces sin que hayan contribuido solidariamente a ninguna caja, por el hecho de vivir en sociedad.
Para comparar, el mínimo no imponible de IRPF debe verse como una transferencia del Estado a quienes ganan menos en la forma de eximirlos de cumplir con su obligación de aportar parte de sus ingresos. Ampara a más gente y es mucho más dinero.
Mientras haya capitalismo, es decir, un sistema social basado en la competencia, habrá perdedores, excluidos, vulnerables y necesitados. Y habrá que luchar para mantener redes sociales de apoyo. Eso lo sabía hasta Milton Friedman, el papa del neoliberalismo, que en 1966 propuso una asignación universal básica en Estados Unidos.
El tema no es nuevo. La primera campaña electoral moderna, en Estados Unidos, dirigida por una empresa de relaciones públicas, fue financiada por magnates de Hollywood en 1934, en plena Gran Crisis. Se impidió la elección del novelista Upton Sinclair, que se había presentado a gobernador por el Partido Demócrata luego de haberlo hecho por el Socialista y parecía encaminarse a un triunfo arrollador. El programa de Sinclair, que tenía apoyo del presidente Roosevelt, era “Terminar con la pobreza en California”. La campaña “científica” que lo derrotó se basó en un aluvión de acusaciones, en el entendido de que no iba a tener tiempo para desmentir todo, y además en contraponer a los trabajadores con los desocupados. Convencer a los trabajadores que era de su interés dejar que los desocupados se murieran de hambre.
Vale no olvidar entonces que, como en 1971, tenemos el corazón a la izquierda.
1.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.335035183304341.1073741845.273864496088077&type=1&l=5b7d50edf3
2.
http://www.youtube.com/watch?v=QPoSAKyeR88
*Periodista, integrante del Ejecutivo de Banderas de Líber, FLS, Frente Amplio.
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