Los empresarios colombianos reaccionaron negativamente al discurso del primero de mayo de Gustavo Petro, en el que fue particularmente duro contra los empresarios. El presidente vaticinó que si no pasaban las reformas pensional y de salud que el gobierno propone, los fondos de pensiones y las EPS (entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan obligatorio de salud del Régimen Subsidiado a sus beneficiarios) se acabarían. Dijo que los empresarios decían mentiras respecto de la reforma laboral, los llamó “esclavistas”, y como si todo eso no fuera suficiente, amenazó con la disyuntiva de “reformas o revolución”.
Los empresarios tomaron nota. Y en pocas horas, las palabras de Petro lograron unir al Consejo Gremial, que vive una división sobre cómo deberían relacionarse los empresarios con Casa de Nariño, sede del gobierno.
A las siete de la mañana del martes, medio día después del “balconazo”, el Consejo Gremial Nacional convocó a una reunión virtual extraordinaria a los 32 miembros. Pocas horas después, a las tres de la tarde, lanzaron un comunicado que hace un fuerte llamado al presidente.
“Le hacemos un llamado como jefe de Estado a cumplir con la obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y a respetar el equilibrio de los poderes públicos. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista y, por tanto, es su deber garantizar el orden político, económico y social del país”, dice el comunicado del CGN.
“Convocaron la reunión y todo el mundo estaba de acuerdo con que hay que hacer un llamado a defender la democracia”, dijo a La Silla (portal de donde se toma esta información) uno de los que asistió y lo confirmaron dos asistentes más.
Y no solo le hicieron este fuerte llamado, sino que sintieron la necesidad de recordarle al presidente la contribución empresaria al país. “El sector empresarial del país además de contribuir con el pago de impuestos, apoya el crecimiento económico y social, apoya la competitividad y productividad de las regiones, generando empleo formal y bienestar a través de la financiación de programas de responsabilidad social y valor compartido a favor de la población de menores ingresos en todas las regiones de Colombia”, dice el comunicado de CGN.
Este no es el lenguaje que usa normalmente un gremio frente al presidente de Colombia, pero rápidamente se construyó un consenso entre los representantes gremiales de que la oportunidad ameritaba marcar un límite frente a la retórica anti empresarial del mandatario. Y sobre todo, a su incitación a revivir los paros del 2019 y 2021, que paralizaron el país con un altísimo costo para la economía.
“Preocupa la posibilidad de pasar de las coaliciones, de la concertación, del diálogo, a la exaltación de masas”, dijo María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara Colombo Americana y la presidenta de Aliadas, un gremio que reúne a 40 asociaciones empresariales. En el Consejo Gremial están representados 32 gremios y llevan meses divididos alrededor de cómo posicionarse ante el gobierno.
A marzo de 2023, Colombia tenía 22 millones de personas ocupadas, entre las que entran los informales y los formales. De esos, 9,6 millones están contratadas por el sector privado y apenas 924.000 personas por el sector público. El resto están repartidos entre informales, empleados domésticos y jornaleros.
Por ahora, el discurso del presidente contra el empresariado no ha calado en la población. En la encuestadora de opinión pública Invamer, la percepción del sector privado ha mejorado 9 puntos desde la posesión de Petro (pasó del 51 al 58 por ciento de aprobación), y en la internacional Edelman Trust, que evalúa la confianza ciudadana en distintos aspectos de la sociedad, el 68 por ciento dice que confía en las empresas; en la consultora de opinión de El Tiempo y en el laboratorio empresarial Universidad del Rosario, el 66 por ciento dice sentirse “orgulloso” de las empresas.
El presidente parece haber previsto esta situación. “Al ser el primer presidente de izquierda elegido en Colombia, los ánimos de resistencia son altos, grandes, y provienen de grupos muy privilegiados, sobre todo por el dinero público. Cuando proponemos volver a un mayor peso de la política pública, de la sociedad, para garantizar los derechos de salud, de las pensiones… entonces estos grupos reaccionan; se organizan”, dijo Gustavo Petro.
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