Racismo y violencia policial en EEUU

La discriminación racial en Estados Unidos impregna todos los contactos con la policía, a veces desde la escuela, afirma un informe de expertos independientes en el contexto de Naciones Unidas que se presentará a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de ONU de este año.

El grupo independiente de expertos concluye que Estados Unidos debe redoblar sus esfuerzos para acabar con la discriminación racial que afecta a los afrodescendientes y asegurar la rendición de cuentas de violaciones cometidas, tras un estudio en el terreno. Además, recomienda la necesidad de respuestas centradas en los derechos humanos al abordar cuestiones como la indigencia, las enfermedades mentales y la drogadicción.

También pidió formalmente al gobierno de EEUU que redoblara sus esfuerzos para promover la rendición de cuentas ante violaciones cometidas por las fuerzas del orden, tanto las que han tenido lugar, como las que puedan pasar en un futuro.

El Consejo de Derechos Humanos creó el Mecanismo Internacional de Expertos para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley en julio de 2021 para formular recomendaciones, entre otras cosas, sobre las medidas concretas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos de africanos y afrodescendientes cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los tres expertos del Mecanismo visitaron Washington DC, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y la ciudad de Nueva York, y se reunieron con representantes de la sociedad civil y de las víctimas, así como con funcionarios federales, estatales y locales, incluidos los de las fuerzas del orden, las administraciones municipales, los agentes judiciales, los sindicatos policiales y otras partes interesadas.

De acuerdo con el Consejo, la delegación se alegró de conocer diversas iniciativas, incluso a nivel estatal, que las autoridades han desarrollado para combatir la discriminación racial que afecta a los afrodescendientes. Sin embargo, el Mecanismo siente la urgencia, y la responsabilidad moral de hacerse eco del dolor de las víctimas y de sus rotundos llamamientos a la rendición de cuentas y a recibir apoyo.

«Hemos conocido algunas iniciativas centradas en las voces de las víctimas y los supervivientes, así como de aplicación de la ley que podrían reproducirse en todo Estados Unidos. Acogemos con satisfacción las medidas reparadoras adoptadas hasta ahora, incluidas las órdenes ejecutivas firmadas en 2021 y 2022, así como las de reparación individual a través de acuerdos civiles por daños y perjuicios», dijo una de las expertas del Mecanismo. Añadió que, sin embargo, aún se necesita «una acción más enérgica, incluso por parte de las autoridades federales, para dar lugar a fuertes medidas de rendición de cuentas por violaciones pasadas y futuras».

«Esto incluye impulsar mecanismos de supervisión con poder de obligar; la asignación de recursos apropiados; y la provisión de una reparación, apoyo y rehabilitación sólidos a las víctimas, incluido el acceso a la justicia y a los servicios de salud física y mental», especificaron.

La esclavitud ha dejado un profundo y duradero legado arraigado en el país, que puede percibirse a través de traumas generacionales, dicen los expertos, que agregan que “la discriminación racial impregna todos los contactos con las fuerzas del orden, desde el primer contacto, a veces ya en la escuela, mediante la elaboración de perfiles raciales, el arresto, la detención, la condena y la privación del derecho de voto en algunos Estados. En cada uno de esos aspectos, los datos disponibles apuntan a un claro impacto desproporcionado sobre los afrodescendientes”.

El Mecanismo considera una prioridad imperativa abordar y deshacer el círculo de la pobreza que recae sobre los afrodescendientes. Esto incluye cambiar urgentemente la manera de abordar la pobreza, la falta de vivienda, el abuso de sustancias y las enfermedades mentales, y pasar de una respuesta judicial penal a una respuesta centrada en los derechos humanos.

Según el Consejo, la conclusión es que se necesita una respuesta a nivel de todo el Estado que conduzca a normas federales de actuación policial, y emprender reformas de todo el gobierno que redefinan la misión y el alcance de la policía.

«Aunque reconocemos que la mayoría de estos esfuerzos tendrían que llevarse a cabo a nivel estatal y local, pedimos al Gobierno federal y al Congreso que sigan demostrando su liderazgo, en particular asignando fondos federales a iniciativas políticas a nivel estatal, adoptando normas nacionales sobre el uso de la fuerza y emprendiendo investigaciones penales federales sobre casos de su uso excesivo por parte de los órganos policiales y de seguridad», afirmaron.

La delegación ha compartido sus conclusiones preliminares con el gobierno y redactará un informe completo que se publicará en los próximos meses y se presentará al Consejo de Derechos Humanos en su 54º periodo de sesiones, de setiembre a octubre de 2023.

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