La prolongada crisis política peruana está generando más pobreza, inversiones pospuestas y el agravamiento de la recesión, afirma un análisis de Luis Miguel Castilla en American Quarterly. El espectro de la inestabilidad política permanece aunque las protestas se hayan calmado un tanto.
Estos conceptos no son novedosos, sino parte de la lectura generalizada de la situación. El gobierno es débil e impopular —su índice de aprobación en las encuestas es de apenas un 25 %— y, aparte de las medidas de recuperación económica, carece de una agenda política coherente e integral, y las tasas de pobreza solo van en aumento.
La publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recogido en https://www.laondadigital.uy/
La crisis institucional peruana es un hecho, y desde el Estado no se atisba salida a ella. El Congreso está en las encuestas más bajo que el Poder Ejecutivo, ya que continúa promoviendo una legislación interesada. Peor aún, facciones radicales en extremos opuestos del espectro ideológico están entrando en pactos políticos, obsesionados con asegurar nombramientos en instituciones cruciales, como la Oficina del Defensor del Pueblo y la Corte Constitucional. Las prioridades de los ciudadanos, como la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia, siguen en gran medida desatendidas por las autoridades públicas, de las que se sigue desconfiando profundamente.
El atisbo de una recuperación económica con la que finalizó 2022 está siendo deshecha por la crisis política prolongada y el acoso de ciudadanos privados de sus derechos. La economía registró un crecimiento prácticamente nulo en el primer trimestre, por el resultado del impacto negativo de la convulsión social, especialmente en el sur de Perú, seguida de lluvias torrenciales e inundaciones en el norte provocadas por una actividad ciclónica anormal. Peor aún, el riesgo de un El Niño de magnitud significativa frena las perspectivas económicas.
Las previsiones de crecimiento del PBI en lo que resta del año se mantienen en torno al 2%, por debajo de las estimaciones oficiales e insuficientes para mejorar el bienestar de la mayoría de los peruanos. Un crecimiento más rápido es considerado crítico a la luz del deterioro de los indicadores sociales, y la entrada de diversos contingentes de efectivos militares de EEUU, con el propósito declarado de entrenar en la represión a manifestaciones populares, aparece en este contexto como una invasión anterior al desarrollo de hechos que plantearán su necesidad para conservar el orden en los términos necesarios para la economía peruana y para Washington.
La tasa de pobreza aumentó del 25,9% en 2021 al 27,5% en 2022, muy por encima de la tasa registrada antes de la pandemia. Esto corresponde a precios más altos de los alimentos, que afectan particularmente a los más pobres, y enlentece el dinamismo económico, abonando la protesta social como reacción. La tasa de pobreza urbana se ha disparado, habiendo crecido 10 puntos porcentuales, del 14,6 % en 2019 al 24,1 % en 2022. Esto equivale a tres millones de pobres urbanos adicionales, muchos de los cuales participan en la economía informal como trabajadores independientes y migrantes.
El gobierno no está preparado para emprender políticas de apoyo a los pobres de las zonas urbanas, quienes, a diferencia de los pobres de las zonas rurales, no se benefician de los programas de transferencia de efectivo específicos. Ahí radica el desafío político de ampliar las redes de seguridad social que sean financieramente sostenible, incluida la reforma de las pensiones. Aún así, la principal prioridad es restaurar tasas de crecimiento económico más altas y acelerar la creación de empleo.
En este contexto, sería posible que Perú retome una actividad económica vigorosa en un entorno en el que los precios de las materias primas se mantienen elevados, especialmente los precios del cobre, impulsados por las perspectivas de transición energética. Pero la ineficiencia del Estado hace que esa meta sea virtualmente inalcanzable, y explica la ausencia de nuevos proyectos mineros importantes. A esto se agrega la persistencia de altos costos, retrasos injustificados en la aprobación de permisos sociales y ambientales, y la renuencia de algunas nuevas autoridades regionales y locales a apoyar proyectos por temor al rechazo de ciertos movimientos anti-extractivistas, que reducen la competitividad del Perú.
Aunque no hay declaración pública que lo avale, es lógico pensar que con las tropas de EEUU “bota en tierra”, el Estado peruano se convenza de hacer su parte para que se consolide la confianza empresarial. Y con ella, la inversión privada en sectores no mineros podría recuperarse, especialmente en sectores de infraestructura pública priorizados por el gobierno. Y la apertura de nuevos proyectos mineros de importancia debería entrar en el horizonte.
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