El agua potable hoy ya no está en las canillas, y se estima que ya para el 18 de julio “no se va a poder tomar esa agua, y la población en su conjunto tendrá que tomar agua envasada”, afirmó el lunes el director de OSE .
El presidente Luis Lacalle dice que el agua es potable, y pareciera que dice que es sano beberla. La Real Academia no da una definición química pero sí conceptual de potable: que se puede beber en tanto es pasable, aceptable. Hoy no lo es porque la norma de agua potable prevé un máximo de cloruro de 250 miligramos por litro y la de la canilla ya es de 720, y prevé un máximo de 200 miligramos por litro de cloruro, y es de 440. Esto, por la proporción creciente de agua proveniente del Río de la Plata que se está mezclando con el agua dulce para prolongar la situación.
La gravedad de lo que pasará en 15 días, señala Ortuño, es que al disminuir aún mas hasta agotarse la reserva de agua dulce de Paso Severino, tendremos en los hogares agua con una proporción mucho mayor a la actual de agua del Río de la Plata, con niveles de cloruro, sodio y por tanto salinidad de más, y de trihalometano (un subproducto de la desinfección con cloro) mucho más alto. Y en tanto afectará la salud, no será bebible.
Que no se vaya a poder tomar el agua porque puede causar enfermedades, es lo que explica que desde el gobierno se haya anunciado la semana pasada la ampliación de los subsidios a las personas con jubilaciones más bajas “Nosotros –agregó Ortuño– estamos planteando que todavía se debe ampliar el beneficio y establecer mecanismos de 
asignación de agua para toda la población de menores recursos, y garantizar que haya una adecuada distribución de agua en toda la región para combatir los problemas de desabastecimiento y de llegada tardía; sobre todo a los barrios más alejados de la capital y de Canelones”.
“Para eso se requieren políticas públicas, en un plan articulado y coordinado con las intendencias. Ese es el fundamento del planteo que hizo el Frente Amplio y le acercamos al presidente de la República la semana pasada: que convoque al Sistema Nacional de Emergencia, y en ese marco, todas las instituciones coordinen las acciones para asegurarnos que todas y todos tengan agua envasada para beber.
Cuando se aprobaron el 10 de febrero restricciones en el uso de agua potable tras el alerta del Ministerio de Salud Pública, fue cuando el Frente Amplio sumó a pedirle el esfuerzo a la población, el planteo de un esfuerzo del gobierno tomando un paquete de medidas de inversiones e ingreso de personal para evitar que se profundizara la situacion. “En aquel momento, señala Ortuño, afectaba a la Costa de Oro y expresaba una baja de reservas bien significativas en el agua potable para toda el área metropolitana. Planteamos medidas de inversión que permitieran realizar obras, reparación de pérdidas, inversiones de abastecimiento de agua y lamentablemente en ese momento no se hicieron. Se están concretando recién ahora”.
El planteo implicaba levantar los recortes presupuestales, que para OSE significaron 200 millones de dólares en el quinquenio, más la reducción y pérdida de mil funcionarios. Hubiera sido una inversión significativa para concretar obras. Entre ellas, terminar un trasvase de agua del arroyo Solís Chico hacia la Laguna del Cisne; “allí teníamos el problema mayor pues había que abastecer la zona desde Montevideo, afectando sus reservas de agua”. Esa era una obra que salía 3 millones de dólares.
Además, el FA planteó hacer con premura un plan de reparación de pérdidas, retomar la obra de Casupá, “que es la solución a la falta de reservas”, y tomar personal nuevo, cosas que todavía hoy siguen pendientes o a medio camino. “Recién en este contexto crítico empieza el gobierno a adoptarlas, cuando desde mayo estábamos pidiendo, además de las obras y de las inversiones, medidas de apoyo a la población”. Terminando junio se le quitaron los impuestos al agua envasada, y se amplió el sector de la población a la que desde el Mides se asiste con dinero para comprar agua, de 20 mil personas a casi 500 mil personas. Pero no se aceptó la rebaja o cancelación de la tarifa de OSE a los hogares afectados por el mal servicio; ni siquiera el exonerar un gasto básico de hasta mil pesos. El argumento con que Isaac Alfie sostuvo la negativa es que una exoneración iba a llevar a que la población dilapidara agua. Tal vez se anticipó así a la posibilidad de un carnaval invernal. Con sentido común, Ortuño es contrario a que OSE cobre por un servicio que no brinda.
No sería la primera vez en la historia. En al menos dos oportunidades sucedió: en 2015 en Maldonado, “ante un evento de olor y sabor por fuera de las normas y por tanto una baja calidad, y en el 2019, más acotado a la zona de la costa de Canelones, donde también hubo un problema de calidad de agua y también se dispuso el no pago”, recuerda Ortuño.
Ahora, el gobierno nacional ha manifestado voluntad de aportar recursos, “porque no se trata de que OSE pierda dinero en un momento en que tiene que invertir más. Que los fondos vengan de rentas generales, que además ahora acaba de aprobar un fondo especial para atender el déficit hídrico”.
El FA planteó al gobierno nacional en dos oportunidades de este año, en febrero y a fines de abril, caminos para acotar, mejorar y paliar la situación, a las que el gobierno nacional solo respondió con la aspiración de que se concretaran las lluvias y que la obra de Arazatí respondería a mediano plazo a la situación. “Cosa que nosotros no compartimos. En febrero incluso se llegó a plantear que ‘el déficit hídrico estaba controlado’. “Esa fue la palabra del Ministro de Ambiente; y agregó –recuerda Ortuño– que Ortuño era tremendista o fatalista por plantear que la situación tendía a un agravamiento y que había un peligro en el abastecimiento de agua potable. Lo que lamentablemente se confirmó meses más tarde”.
El sitio web de Inumet da cuenta de que la sequía se inició en 2020, con el tercer año más seco de la historia registrada, y el clima se mantuvo “extremadamente seco” los dos años siguientes, para continuar en ese tenor este año. El fernómeno climático es el de La Niña, y los registros existentes señalan que puede durar tres, siete o más años. Ortuño tiene las esperanzas puestas en previsiones de Facultad de Ingeniería y del Inumet, “que plantean que por lo menos en la primavera vamos a tener lluvias importantes como para recuperar parte de las reservas. Ése es el horizonte que inicialmente estamos manejando.”
Es la sequia más importante de los últimos 40 años la que está viviendo el país, “pero la situación es también resultado de decisiones equivocadas del gobierno nacional. Y sus respuestas, cuando han sido acertadas, han llegado tarde y además en forma insuficiente. En octubre, el fenómeno climático estaba diagnosticado por el gobierno. Sobre esa base, resolvió el día 24 la emergencia agropecuaria por sequía. Pero ninguna medida se adoptó para el abastecimiento de agua potable. Las reservas de agua dulce son las que se están agotando desde el mes de noviembre, y entendemos que también es responsabilidad del gobierno la falta de previsión y respuestas oportunas a esa caída de reservas”.
“Pero la decisión política que entendemos como el error más importante del gobierno es no haber concretado la construcción de la represa del Arroyo Casupá”. Junto con la presidencia, Tabaré Vázquez entrega a Luis Lacalle una carpeta con este proyecto, que consideraba urgente. Se estaba en condiciones de hacer el llamado a licitación, “que es a lo que no dio el tiempo en la administración anterior”.
Su construcción hubiera insumido dos años, “con lo que hoy no hubiese estado completamente llena la represa con los 118 millones de metros cúbicos que puede embalsar. Pero sí hubiéramos tenido aunque sea un porcentaje mínimo, de un 10%, o nos hubiera aportado unos 10 millones de metros cúbicos, que es 10 veces más de lo que tenemos hoy en estas horas. La interrupción de un proyecto tan importante la estamos pagando hoy, habiendo perdido tres años con una decisión del actual gobierno que nos deja sin el Proyecto Casupá. Y tampoco ha concretado el Proyecto Neptuno, a ya casi cuatro años de gobierno de la actual administración. El gobierno deja el legado de encarar esas obras a futuro. y hoy tratar de responder a esta emergencia”.
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