El diagnóstico de sequía de Inumet motivó medidas de emergencia en apoyo de la agropecuaria a partir de que se conociera, en 2020, y en los tres años siguientes. La baja potabilidad del agua de OSE para consumo humano fue advertida por el Ministerio de Salud Pública en mayo 2023, e inmediatamente la Intendencia de Montevideo inició análisis en el suministro de OSE a todas sus policlínicas, y dio a conocer diariamente los resultados. El Poder Ejecutivo empezó a hacer los análisis de potabilidad recién al mes siguiente, y el MSP fue aceptando niveles de cloro y sodio más altos como potbles, en discrepancia con la IM y fuentes médicas.
Se la llamó crisis hídrica, se determinó que afectaba a la zona metropolitana y a los 1,8 millones de personas que la habitan en Montevideo y Canelones. Se recomendó el uso de agua embotellada, y el gobierno resistió durante 50 días la obvia necesidad de sacarle la carga impositiva a su venta. El gobierno 
se sigue negando a modificar o sencillamente anular la tarifa de OSE por el servicio que mal presta, tal como se supo hacer, por ejemplo, en 2018.
La distribución de agua envasada a los amplios sectores de la población en la zona metropolitana de Montevideo y alrededores se planteó, las intendencias colaboraron activamente, pero no hay un mapeo cierto de lo que se logró y lo que falta por hacer. Menos aún de los efectos médicos del agua que el gobierno nacional llama potable por razones políticas.
Lo primero que se ahogó en la sequía fue la transparencia, y se hirió la defensa irrestricta de la vida humana. La mora del gobierno puede adjudicarse a la torpeza, a la voluntad de ahorrar, a que estaban ocupdos con cosas más importantes, y a depositar una confianza mística en que la lluvia era inminente, enunciada solo cuando la ciudadanía empezó a preocuparse por la situación. Lo cierto es que la demora permitió el planteo de negocios en nombre de soluciones. Y esos negocios son todos con empresas privadas.
En definitiva, el problema no se produce porque no llueve por más de tres años, en un fenómeno meteorológico predecible y predicho, sino porque el Estado dejó que la situación derivara a urgencias tales que las normas adminiustrativas autorizan a saltearse controles de gasto. Se sabe que OSE basa su inversión en lo que recauda y no en los aportes de rentas generales, que este gobierno redujo drásticamente su presupuesto y su cantidad de personal. Desde FFOSE se adelanta que los gastos extraordionarios son abultados, y ojalá podamos ver la factura final.
Hay aspectos que pierden relevancia ante lo tremendo del conjunto, pero lo cierto es que el tema de la desalinizadora (al día de hoy ubicada de todos los lugares en Laguna del Cisne, que tiene agua dulce) no recibe explicación porque no la tiene. Se manda fabricar a Holanda un modelo uruguayo; las medidas del container en que estará, y también las de la boca de carga trasera de todos los modelos de avión Hércules están en la web. Y quién le erró tan feo al centímetro jamás se sabrá; que no hablen de responsabilidades. Además, en vez de mandarla por barco, no se podía alquilar un avión?. En fin.
Lo primero que se evidenció ante una ciudadanía incitada a ahorrar es que hay mucho caño roto, por los que se va, se estima, el 50% del agua potable. Las cañerías tienen 100 años, mes más o menos, y reclaman una gran obra. Mientras llegue su momento para la OSE, cenicienta presupuestal, en 2005 se creó una gerencia específica de OSE encargado de realizar la supervisión, seguimiento y administración de las obras de los proyectos de reducción de agua no contabilizada, o RANC, con el objetivo de evitar, al menos, que el nivel de pérdida sea mayor.
Este gobierno redujo el presupuesto de RANC en 20 millones de dólares anuales, y aprobó un proyecto sustititutivo de Seinco y CSI Ingenieros que es iniciativa de estas firmas casualmente ligadas al proyecto Neptuno. La buena idea implica pagar 369 millones de dólares por diez años -a razón de 36,9 millones anuales-, parte de los cuales son 5,4 millones de dólares anuales “por el gerenciamiento y tareas que OSE ya realiza”, argumentó el director por el FA Edgardo Ortuño. Agregó que el proyecto “no es sustentable porque no tiene presupuesto para su realización ni aporta ni recursos ni financiamiento”.
Surge de los hechos que el ímpetu privatizador aprovechó la coyuntura, porque 45% de pérdida de agua es promedio en el continente, y “si bien a nivel internacional el 100% no lo tiene nadie”, los países que manejan sistemas “más eficientes” manejan entre “15% y 20%” de pérdida, según explicó Ortuño. “Lo que hacen estas consultoras es diagnosticar un barrio o una manzana, ver donde está la mayor cantidad de pérdidas y atacar esa zona: se hace construcción de una red nueva y eliminamos las pérdidas, los robos y todo lo demás” en esa zona, que se presenta como el todo.
Respecto de los gastos privatizados se sabe sí que la obra planteada para que el río San José aporte agua al Santa Lucía antes de su desembocadura en él y antes de la toma de OSE, muestra erogaciones sin control administrativo, ni plan de obras ni conocimiento del caudal de ambos ríos; esto último se infiere, porque las reiteradas preguntas y pedidos de informes son ignorados por el gobierno nacional. Es más, no se sabe quién y con qué criterios se decidió la obra de trasvase de agua, ni de quién es la responsabilidad de que se haya empezado con tal demora que la situación se afirma superada por las recientes lluvias (pero no es así) sin haber terminado la obra. La diputada Lilian Galán hizo el detalle y sumó: 38,5 millones de dólares se gastaron. “La inexistencia de un plan y ni siquiera de una mínima reflexión técnica, explicó Galán, queda retratada en la acumulación de resoluciones del Directorio de OSE, donde parece que cada pocos días se dan cuenta de algo nuevo y salen “de urgencia” y por compra directa a hacer una inversión más, un ajuste más en la operativa. Sin embargo, como ha quedado demostrado en los hechos, no han podido garantizar el suministro de agua potable”.
Las compras “de urgencia” no sólo son siempre a privados sino que son exceptuadas de contralor, como debería ser, por una resolución que el superior gobierno suspende; con efecto retroactivo, faltaba más: “(Compras por excepción).- Las adquisiciones que se celebren al amparo de lo dispuesto por el literal i), numeral 3º, inciso 2º del artículo 33º del TOCAF 1996, en todos los casos deberán contar con la previa certificación del Ministerio de Economía y Finanzas prevista en el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, so pena de nulidad.”
La improvisación del gobierno es tan variada que acepta una cronología. El 12 de abril se decide obras con fundamentos no explicitados, que no se concretan pero se pagan: un nuevo canal de toma, aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes, para colocar una bomba adicional donada por ALUR. Esto se hizo por compra directa a Espina Obras Hidráulicas, con un costo de 710.816 dólares. El mismo día se resuelve realizar un “dragado de un canal sobre el cauce del río Santa Lucía, aguas abajo de la presa de toma de agua de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes”. También compra directa, se adjudicó a Tecno Dive, con un costo de 151.800 dólares.
El 10 de mayo se decide construir 10 kilómetros aguas abajo de Aguas Corrientes “una presa de tierra, cuyo objetivo sería el llenado diario del tramo fluvial comprendido entre la presa de Aguas Corrientes y la presa de tierra a construir, con aporte de las mareas del Río de la Plata, tramo que actuará como reservorio de agua bruta”. Esa represa hay que abrirla, rompiéndola a diario, para que pase agua desde el Río de la Plata, cuando se podrían haber puesto caños que atravesaran la represa y abrirlos y cerrarlos con válvulas. No es algo extraño a la operativa habitual de OSE, señaló la diputada Lilian Galán. La presa provisoria en Paso Belastiquí fue también una compra directa adjudicada a José Cujó SA, por 538.074 dólares.
El 24 de mayo se contrata un tercer dragado, y otra vez invocando razones de urgencia, se repite una compra directa que se reparte entre tres empresas.Tecno Dive repite contratación por 184.189 dólares, BigTech por 147.156 dólares y Aretajes SRL por 110.992 dólares.
El 20 de junio se decide construir un trasvase desde el río San José en el Paso Valdez hasta el Paraje Belastiquí Para ello se compran 20.006 metros de tubería de fundición dúctil; el tramo a cubrir es de 13.500 metros. Nuevamente se aduce razones de urgencia y se realiza una compra directa a la firma brasileña Saint Gobain Canalizacao de caños de 1.200 mm por un monto de 14.308.112 dólares.
El 22 de junio se decide quién realizará la obra para la que se compraron los 20 mil metros de caños. Y es interesante, porque en la resolución se informa que en la iniciativa participa la Cámara de la Construcción. O sea, OSE deja en manos de las empresas privadas el diseño de la solución: hay por lo menos riesgo de que la solución técnica propuesta sea más onerosa para la Administración que si esta hubiera sido analizada internamente por los técnicos de OSE. Nadie podrá sostener que hubo al menos el control que deriva de la oposición de intereses. Así las cosas, la obra se reparte entre las empresas Espina, Cujó, Teyma, Stiler, Ciemsa y Saceem, por compra directa, claro, por un monto total de 15.677.423 dólares.
La urgencia todo lo justifica. El 26 de junio, el Consejo de ministros exonera a OSE de presentar los requisitos previstos en el artículo 11 del Decreto 90/00, que exige algunas constancias mínimas aun en la hipótesis de compra directa por excepción. Magia pura, esta resolución del Directorio de OSE de fecha 22 de junio ya sabía lo que el Consejo de Ministros iba a decretar cuatro días después.
El 23 de junio, OSE se percata de que, para la realización de la obra de trasvase, habrá que construir otra presa provisoria sobre el río San José, para que se acumule agua suficiente como para luego bombearla desde el San José hasta el Santa Lucía. Nuevamente se recurre a la opinión de la Cámara de la Construcción para que se haga cargo de la obra, y esta recomienda nuevamente a la firma Cujó SA para que haga esta obra provisoria por 757.855 dólares.
El 27 de junio recobra actualidad el exceso de caños. El Directorio de OSE decide comprar 6.000 metros más de caños de 1.200 mm para la obra del trasvase, pero esta vez adquiere PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Es raro, la Resolución del 22 de junio que le adjudicó la obra a las empresas que ofreció la Cámara de la Construcción menciona 1,2 km de tubería doble de PEAD, eso serían 2.400 metros, y 13,5 km en fundición dúctil, esto es, 13.500 metros de caños contra los 20.006 efectivamente comprados. Un margen de seguridad de 150% en un caso y de 48% en el otro.
El 30 de junio, el directorio de OSE cae en la cuenta de que para la colocación de los caños de fundición dúctil ya adquiridos se necesitan algunos accesorios, que por supuesto, sólo podrá proporcionar la misma empresa. Se mencionan bajo la denominación genérica de tting, pero son válvulas de aire, de desagüe, tes, etcétera. Listo, se adjudica la compra directa a la firma Saint Gobain por un adicional de 470.191 dólares.
Estas obras, que deben tomarse como ejemplo y no como todo lo hecho y no hecho, son obras de emergencia y no parte de una solución al problema general de OSE. Cuando termine la sequía –pues siempre que paró, llovió– habrá que desarmarlas, o dejarlas como atractivo turístico.
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.