Israel se cuestiona a sí mismo

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El avance del gobierno israelí sobre las potestades del poder judicial está planteando los contornos cada vez más nítidos de una crisis institucional del régimen democrático; el mismo que el país proclama como señal de identidad. No hay antecedentes claros de tamaña crisis en la historia desde la fundación del Estado de Israel en 1948 (se menciona la propia fundación o la guerra de Yom Kippur en 1973 para ejemplificar la dimensión y alcances del tema), y de la que surgirá inevitablemente un Israel distinto, ya sea que se produzca o se evite la crisis, por la intensidad con que se expresan las fuerzas en pugna.

La Constitución relativa (A.A.)
Israel no tiene una constitución establecida y final, con reglas rígidas de consulta popular para modificarla. Al año de fundado Israel, en 1949, se eligió una asamblea constituyente pero ésta llegó a un punto muerto (el dicho de su cultura es “dos judíos, tres partidos”) y sus miembros decidieron convertir el cuerpo en una legislatura, Knesset, que mantendría el poder constituyente de la asamblea. Allí se acordó que la constitución se dividiría en capítulos, cada uno con una «ley básica», que algún día se convertiría en parte de una constitución formal.

De 1949 a 1992, la Corte Suprema llevó a cabo revisiones judiciales de las decisiones administrativas, considerando la legalidad de las acciones ejecutivas pero sin poder anular la legislación sobre la base de que violaba derechos individuales. Estos derechos fueron objeto, en 1992, de la aprobación por la Knesset de dos leyes básicas, llamadaas fundamentales: Dignidad Humana y Libertad, y Libertad de Ocupación. Esas leyes eran novedosas no solo porque protegían ciertos derechos, como la dignidad, la libertad, la privacidad, la propiedad, el movimiento y la ocupación, sino también porque contenían las llamadas cláusulas de limitación que especificaban que los derechos enumerados podían limitarse solo si la derogación era compatible con los valores del Estado, promulgada para un propósito apropiado y en una extensión no mayor a la requerida. Sobre esa base y tres años más tarde, la Corte Suprema sostuvo que las leyes básicas eran superiores a la legislación ordinaria y que, por lo tanto, tenían el poder de derogar cualquier legislación que las violara.

Desde entonces, la Corte Suprema ha anulado 22 leyes y disposiciones en asuntos que incluyen el encarcelamiento de solicitantes de asilo, la privatización de prisiones y la expropiación de tierras privadas palestinas para permitir asentamientos judíos en Cisjordania. Con el tiempo, la Corte también ha interpretado que el derecho a la dignidad consagrado en la ley básica incluye el derecho a la libertad de expresión y la igualdad.

Desde 1953, Israel ha seleccionado a sus jueces a través de un comité diverso compuesto por tres jueces de la Corte Suprema, dos ministros del gobierno, dos miembros de la Knesset y dos miembros de la Asociación de Abogados de Israel. Para nombrar a un juez de la Corte Suprema, se requiere una mayoría de siete votos del comité de nueve miembros, lo que significa que ningún grupo político puede actuar solo. Los jueces pueden vetar la voluntad de los políticos, y los políticos la de los jueces. Esto ha llevado a un sistema de construcción de consenso y negociación que produce jueces que en su mayoría son del centro político.

Pero la combinación de sus fallos en defensa de las leyes básicas y su membresía ha convertido a la Corte Suprema en un objetivo para la derecha israelí, que acusa cada vez más a la Corte de ser

 demasiado liberal y de extralimitarse en sus poderes. Netanyahu y sus aliados argumentan que las leyes básicas no facultaban explícitamente a la Corte para invalidar leyes y que, en cualquier caso, la Corte ha interpretado sus poderes de revisión constitucional y administrativa de la manera más amplia al tiempo que ha ampliado sus normas vigentes. La derecha alega que la Corte Suprema ha sido excesivamente intervencionista en materia de seguridad nacional.

De hecho, la Corte ha sido bastante respetuosa con el estado, particularmente en asuntos de seguridad nacional y más explícitamente al revisar las acciones del gobierno en relación con los territorios ocupados. La Corte se ha negado sistemáticamente a pronunciarse sobre la legalidad general de los asentamientos de Israel en Cisjordania, que se consideran ilegales según el derecho internacional. También ha autorizado la demolición de viviendas de militantes palestinos, lo que viola las leyes de la guerra.

Lo visible del claro desequilibrio político es que hoy no solo hay manifestaciones, sino que los tres servicios de seguridad, la policía y los reservistas –nucleo fundamental de las fuerzas armadas israelíes– plantean abiertamente el desacato a órdenes del gobierno que contradigan el pronunciamiento de la Suprema Corte. A esto se agrega un proceso de cambios geopolíticos en la región que van en desmedro de la fortaleza de Israel, y amenazas violentas contra el Estado de las que los servicios de seguridad vienen advirtiendo al gobierno. Hay noticia de que lo hicieron al menos cuatro veces, tratando de poner en contexto al gobierno de los peligros que se iban agudizando en el avance político hacia la legislación finalmente aprobada. Y a esto se agrega una situación regional cambiante, para incomodidad de Israel.

El gobierno de ultraderecha formado por Benjamin Netantahu anunció, apenas se formó el 29 de diciembre, que se harían cambios judiciales radicales, que justificó en la necesidad de contrarrestar un sesgo de izquierda percibido en las decisiones del tribunal no electo.

La enunciación de la idea despertó una fuerte reacción ciudadana, con manifestaciones de decenas y centenas de miles de personas cuyo argumento es que la reforma conducirá a un retroceso democrático, como el que se ha visto en Hungría y Turquía. Esta nota se basa en información coincidente tomada fundamentalmente del New York Times, The Guardian, The Washington Post y Haaretz, y todos esos medios destacan lo numeroso, inédito y la muy rara concordancia política de las manifestaciones de protesta: el proverbial principio de “dos judíos, tres partidos”, no se expresa ahora.

El rechazo al camino anunciado por el nuevo gobierno se basó fundamentalmente en prevenir lo que, según el New York Times, muestran los hechos. “Desde Hungría, Rusia, Turquía y Venezuela hasta India y Brasil, la forma en que los jueces respondieron a los ataques a su independencia ayudó a decidir si los aspirantes a autócratas prevalecían en la limitación de los tribunales”. También afirma que “durante las últimas décadas, los intentos de debilitar los tribunales en todo el mundo se han convertido en señales recurrentes de que la democracia está en problemas. Los ataques a la independencia judicial fueron los primeros pasos hacia el dominio de un solo partido”.

En su tercer gobierno (éste es el quinto que encabeza), Netanyahu, basándose en la afinidad personal que tiene con Donald Trump desde los ’80, hizo centro en esa relación a partir de la presidencia de Trump desde 2016 para que Jerusalem fuese reconocida como capital de Israel y se reconociera la soberanía israelí sobre los estratégicos Altos del Golan, entre otras concesiones.

En la segunda quincena de julio, el parlamento unicameral, Knesset, de 120 miembros, votó por 64 a cero (por ausencia de la oposición) la moción anunciada. La Suprema Corte dijo que la revisará, y el parlamento entró en receso hasta octubre. No fue lo único que pasó.

En medio de la crisis política más grave en la historia de Israel, sus agencias de inteligencia y represión enfrentarán el momento de la verdad si el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu les presenta una orden que la Corte Suprema del país considere ilegal, analiza el sitio especializado SpyTalk.

La aprobación de la ley ha provocado al menos media docena de peticiones al Tribunal Superior para anular la medida, que ahora se une a la Ley Básica de Israel, su equivalente a una constitución, y tiene la seriedad legal de una enmienda constituciona (ver nota: La Constitución relativa). El tribunal, que nunca ha derogado hasta ahora una Ley Básica, se ocupará de las peticiones en septiembre, configurando un posible enfrentamiento entre el tribunal y el gobierno. Los expertos legales dicen que una decisión del Tribunal Superior que anule la medida provocaría una crisis constitucional en toda la regla si el gobierno la ignorara.

¿Qué ayuda a determinar si los tribunales regresan del borde del abismo?” dijo a The Guardian Rosalind Dixon, profesora de derecho en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. “La combinación de habilidades y comportamiento estratégico de la corte, y el grado de apoyo que tiene de la sociedad civil, las instituciones y las élites”. “Si un tribunal está solo”, agregó, “es muy difícil ver cómo prevalece el tribunal”. Y una vez que la independencia judicial recibe un gran golpe, el deslizamiento hacia la autocracia puede ocurrir rápidamente, agregó al mismo medio Kim Lane Scheppele, socióloga de Princeton.

Gilead Sher, uno de los mejores abogados de Israel y ex negociador de paz que ahora desempeña un papel clave en la organización de las protestas contra la reforma judicial del gobierno, dijo a SpyTalk que las agencias de seguridad de Israel se encuentran en una encrucijada política.

Eso significa que los jefes de los servicios de seguridad, el Mossad, el Shin Bet, el ejército y quizás la policía israelí, en un momento determinado tendrán que tomar una decisión: ¿Sigo el fallo de la Corte Suprema de Israel o sigo la orden que me dio el jefe de Estado, que contradice el fallo? , dijo Sher en una entrevista telefónica. “¿A quién sirvo? ¿Al rey o al reino?”.

Las partes en conflicto aceleran su paso hacia el choque. El gobierno dejó en claro que la ley aprobada es solo la primera medida en un paquete legislativo de gran alcance elaborado para frenar el poder de la corte. Mientras, se están generando nuevos niveles de desobediencia civil y riesgos reales de seguridad. Lo que comenzó como una disputa política interna ahora se ha convertido en un importante problema de seguridad, con la reciente amenaza de unos 10.000 reservistas militares de negarse, en protesta, a presentarse al servicio. Los reservistas incluyen pilotos de combate, analistas de inteligencia militar y miembros de unidades de élite, cuyo boicot amenaza la preparación militar general de Israel. Las reservas constituyen la mayor parte de las fuerzas israelíes durante la guerra: 465.000 efectivos. Y en tiempos de paz, los reservistas se entrenan constantemente para mantener sus habilidades de combate.

En los días previos a la votación del lunes, decenas de ex altos funcionarios de seguridad israelíes expresaron su apoyo a los reservistas en una carta a Netanyahu.

Nosotros, los generales de reserva jefes de las alas Mossad y Shin Bet, respaldamos completamente a aquellos que han decidido actuar y detener su servicio de reserva”, escribieron. “En este momento difícil, es un acto de responsabilidad nacional, hecho para defender la democracia israelí”.

No son los únicos. Hermanos y hermanas en Armas, un grupo de presión de más de 60.000 reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) establecido a principios de este año en protesta contra el gobierno, expresa su enojo a través de Zur Allon, de 46 años, teniente coronel reservista en las fuerzas especiales de artillería de Israel. “Es que el gobierno está rompiendo un contrato muy simple que tenemos: proteger a un Israel judío y democrático”.

Su protesta se produce en un momento en que Irán avanza con su programa nuclear y su representante libanés, Hezbolá, ha acumulado un enorme arsenal de misiles guiados con precisión en la frontera norte de Israel que pueden alcanzar objetivos estratégicos tan al sur como la ciudad de Tel Aviv.

Esta nueva ley corona la creciente disputa con EEUU, donde se propone suspender la ayuda económica de Washinton, de 3.300 millones de dólares anuales en financiamiento militar, que es más de lo que todos los demás estados del mundo reciben juntos , y que suma alrededor de 150.000 millones de dólares desde su fundación, en 1948. Además, por razones estratégicas EEUU se está retirando de la zona para concentrar su fuerza y la de sus aliados en OTAN en el apoyo a Ucrania, y en coordinación con sus aliados en el Pacífico, entre China y Australia.

Los cambios geopolíticos en Medio Oriente incluyen la entrada de China en esa escena regional, logrando que el gran comprador de armas de los EEUU, Arabia Saudita, establezca vínculos con Iran. Antes de aprobarse la ley, los medios en idioma hebreo estuvieron dominados por la noticia de que la dirección de inteligencia de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) había advertido a Netanyahu no menos de cuatro veces antes de que se aprobara el proyecto de ley que Irán y el grupo militante libanés Hezbolá ven una «oportunidad histórica» en la crisis interna de Israel, con efectos de “gran erosión en la disuasión básica”.

Las firmas que apoyaron las reticencias de los servicios de seguridad, la policía y los reservistas ante el rumbo del gobierno de Netanyahu son claramente representativas de las cúpulas retiradas de todos esos servicios, que acompañaron su posición con advertencias sobre los riesgos para la seguridad nacional que implicaba la situación, particularmente ante movimientos agresivos percibidos en Hezbollah y la oportunidad que esto le abre a Iran, su declarado enemigo. El actual gobierno de Israel, sin embargo, sigue adelante.

 

 

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