El objetivo político de dar por terminada la crisis hídrica fue, se demostró, la inmediata adjudicación del proyecto Neptuno a firmas privadas; el primer objetivo, y ningún otro. Lacalle y la mayoría oficialista en OSE dicen que la crisis hídrica terminó, el ministro de Medio Ambiente Robert Bouvier no está seguro.
El jueves, Bouvier tiene cita con el parlamento y se escuchará sobre sus dudas y certezas en un proceso para nada transparente. El resto de la ciudadanía, incluyendo a la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, acepta la palabra presidencial, pero no parece convencida: la IM seguirá distriubuyendo agua embotellada, y seguirá controlando la calidad del agua que llega por OSE a sus policlínicas.
La mejor definición de la situación de la sequía parece ser la consignada por el periódico de Libertad La Semana: la emergencia hídrica está en pausa. Lo que hace el Estado en el tiempo que habilita la naturaleza en esa pausa, es lo que define prioridades. La de este gobierno fue adjudicar el proyecto Neptuno y no fortalecer OSE ni revisar su política de aguas; fue dar luz verde a un proyecto que no 
acumulará agua dulce, como podrían hacerlo alternativas disponibles: “La crisis hídrica demostró la necesidad de obras para embalsar el agua dulce que nos faltó (represas Casupá, Solís Chico, diques) asegurando el agua potable y para perder menos”, supo señalar el director por la oposición en OSE, Edgardo Ortuño.
La prioridad fiscal y favorecer el negocio privado fueron, una vez más, las constantes de este gobierno. La sequía asomó en 2009, y asumió el protagonismo ya sin interrupciones junto a este gobierno, en 2020. Como se sabe, cada año desde entonces el gobierno atendió las necesidades derivadas de la sequía en el agro con planes de apoyo; reconoció que afectaba seriamente a la población recién el 19 de junio. Tras escarceos amarretes con los impuestos, el gobierno aceptó sacarle el IVA al agua embotellada (22%) y luego el IMESI (10,5%), pero se negó a no cobrar o cobrar menos el servicio de conexión de agua a todos o algunos hogares.
Dice el gobierno que el reparto de agua embotellada le insumió 60 millones de dólares, y el costo de la obra de trasvase de agua hecha entre el río San José y el Santa Lucía fue, según versiones, de 40 millones de dólares. Que al día de hoy no se sepa si esa obra se mantiene o se desarma es una clara referencia a la ausencia de un diagnóstico sobre la situación hídrica del país. El subgerente general de OSE Jorge Minola se refirió a la posibilidad de una nueva sequía: “Los pronósticos de Inumet están a la vista de todo el mundo, y no son demasiado alentadores”, cita La Semana. En consecuencia, agregó, esa obra provisoria de trasvasamiento “será el tiempo el que dirá si debe mantenerse para afrontar futuras sequías”.
De hecho, la improvisación se vio cuando, con las lluvias precipitándose, tuvieron que ir en medio de la noche a retirar las bombas del alcance de las aguas en los dos puntos del trasvase, Buschental y Belastiquí. Esas bombas movían 200.000 metros cúblicos de agua dulce por día, y el proyecto Neptuno plantea mover 300.000 metros cúblicos diarios de agua del Río de la Plata que no solo contiene sal sino problemas sanitarios no cabalmente explicitados, tras una inversión de 364 millones de dólares en la instalación y el pago por parte de OSE de un canon anual durante 17 años y medio. Esto último lleva, según Ortuño, “a un costo total contractual será de 5.377.271.690 unidades indexadas, que son más de 800 millones de dólares”.
El diputado frentista por San José Nicolás Mesa comparó ambos caudales y se preguntó por la razonabilidad de la obra de Neptuno; una duda legítima, si las hay. “Se pretende que el Neptuno aporte 300 mil metros cúbicos de agua por día, y la obra que están haciendo en Buschental mueven 200 mil metros cúbicos. Entonces: para qué hacemos Neptuno, si ellos mismos (el gobierno nacional) dicen que las obras acá salen en el entorno de los 30 millones (luego se manejó la cifra de 40 millones) y el Neptuno más de mil millones. No están dando las cuentas”, dijo Nicolás Mesa a La Semana. Y desde FFOSE emergió el mismo razonamiento: “La obra de trasvase hecha en el río San José implica suministrar agua dulce a la planta de Aguas Corrientes en un caudal de 200 mil metros cúbicos diarios, un aporte muy importante que es la tercera parte del caudal que necesita Montevideo. Y eso demuestra que Neptuno no era una urgencia. Esta es una obra mucho más económica que también aporta agua y ni siquiera hay que discutir el tema del agua salada, porque el Río San José es un río de agua dulce
El proyecto Neptuno, informaron desde el superior gobierno, es tomar agua del Río de la Plata cuando su salinidad es baja “con una capacidad de toma de hasta 300.000 m³/día, una nueva planta de potabilización de capacidad de producción de hasta 200.000 m³/día, capaz de satisfacer hasta un 25% de la demanda máxima a fin del horizonte de proyecto, que es en 2045”. También, bajar su salinidad si es el caso en una planta potabilizadora anexa, que tendría una capacidad restringida de retener la sal. Si esa capacidad restringida de la planta potabilizadora es superada por la salinidad del agua, hay que tomarla de una laguna de reserva a construir a 10 kilómetros, e integrarla a la red de OSE a través de 80 kilómetros de tubería. Desde esa red se atienden los hogares de unos dos millones de habitantes de la zona metropolitana.
Además de ser más o menos salobre, el agua del Río de la Plata plantea problemas y riesgos sanitarios para el consumo humano, que no se dice siquiera si están considerados, lo que lleva a suponer que no, ya que hacerlo implicaría capacidades definidas como “complejas”, que superarían en mucho los de la desalinizadora que acoplaríuan a Neptuno. Según la información que puede recabar un lego como este periodista, los problemas son de seis tipos:
1.- El Río de la Plata ha sido históricamente afectado por la contaminación industrial, agrícola y urbana, incluyendo cianobacterias. Vertidos de sustancias químicas, desechos industriales y aguas residuales sin tratar pueden afectar negativamente la calidad del agua y hacerla inapropiada para el consumo humano.
2.- La elevada carga de sedimentos transportado por el agua que desemboca en el estuario puede afectar la claridad del agua y la presencia de partículas suspendidas. Esto puede influir en la potabilidad del agua, ya que la sedimentación puede contener materia orgánica y contaminantes.
3.- El exceso de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, provenientes de las aguas residuales y el agua de lluva que escurren tierras agrícolas, puede llevar a la eutrofización del agua (o sea, el incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, lo que provoca un exceso de fitoplancton) que agota el oxígeno en el agua y afecta su calidad.
4.- Las aguas contaminadas pueden albergar microorganismos patógenos, como bacterias, virus y parásitos, que representan un riesgo para la salud humana si el agua no se trata adecuadamente antes de su consumo.
5.- La actividad industrial puede liberar en el agua metales pesados como mercurio, plomo y cadmio. Estos elementos son tóxicos para los seres humanos y pueden acumularse en los organismos que consumen agua contaminada.
6.- Debido a la amplia gama de contaminantes presentes en el agua del Río de la Plata, el tratamiento para hacerla potable puede ser complejo y costoso. El proceso de purificación del agua debe ser lo suficientemente eficiente para eliminar contaminantes químicos, biológicos y físicos.
Para abordar estos problemas, dicen los manuales, se requiere una gestión ambiental sólida, que involucre la regulación industrial, la mejora de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la educación pública sobre la importancia de mantener limpios los recursos hídricos. Además, información actualizada sobre la situación del Río de la Plata y los esfuerzos en curso para mejorar la calidad del agua y su potabilidad.
La intendenta Carolina Cosse se pronunció sobre el proyecto, y su declaración deja abierta la consideración de riesgos sanitarios para la población: “Tengo profundas dudas ante un proyecto que nadie conoce. Es un proyecto con estudios técnicos que nadie conoce. Se invocan estudios que no han sido compartidos con la población. La experiencia de crisis que acabamos de vivir refrenda estas dudas que tengo. Estuvimos tomando agua salada una gran cantidad de tiempo y este proyecto no es una desalinizadora; es una potabilizadora que va a tomar agua del Río de la Plata sin desalinizarla”.
“No es un proyecto viable tomar agua del río de la Plata, potabilizarla y nada más. Ni siquiera me voy a meter a analizar los costos porque no los conocemos; el proyecto no lo conoce nadie, y por lo que veo, es bastante caro”.
A este panorama se agrega el reclamo ante la justicia de detener el proceso licitatorio, planteado por el Consultorio Jurídico de Udelar, y un planteo anunciado el 16 de noviembre por el director Ortuño ante el TCA, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solicitando la anulación de la obra por haberla resuelto de urgencia, en un día, sin contar con los informes técnicos correspondientes de OSE ni tiempo para su estudio. Anunciada la definición de la licitación por el presidente Lacalle, la aprobación de detener y/o anular el proceso licitatorio es probable que amerite juicios de reparación contra el Estado. Eso no está claro.
A esto se agrega la muy probable inconstitucionalidad de la acción y el procedimiento gubernamental para hacerlo, en violación del artículo 47 de la Constitución y la ley 17.283, referidas al derecho ciudadano al medio ambiente. El otorgamiento de la licitación, que no está claro si se efectiviza con su anuncio o posteriormente, con las firmas que avalen el pliego, dará lugar a eventuales acciones al respecto que son de esperar.
Hasta aquí la actuación de este gobierno y su manejo de responsabilidades, pero hay que sumarle “la deteriorada capacidad de OSE de afrontar la situación”, señaló en entrevista el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE Federico Kreimerman. “Si se toma como referencia 2018, cuando se produjo el último ingreso a la plantilla de OSE, la empresa ha perdido a más de 1100 funcionarios” y hoy tiene solo unos 3.300. Perdió la cuarta parte de su personal, “y eso tiene repercusiones en la posibilidad de cumplir con el servicio. Particularmente en el momento más tenso, que es en una crisis hídrica”. Además, “este gobierno redujo 15% los recursos destimados a la inversión, que entiendo era de 90 millones. Esos números no son lo que manejamos técnicamente nosotros”.
En el Estado se afirma desde siempre que OSE “es la cenicienta de las empresas públicas”; permanentemente desatendida en sus necesidades porque no hay rédito político en hacerlo. Pero Kreimerman señala la necesidad de la inversión “para recomponer la infraestructura de cañerías, que hoy es un sistema obsoleto. Teniendo en cuenta que OSE tiene miles de kilómetros de cañería, si sumo toda la red”, el bajar la inversión “hace que la reposición de lo viejo y lo obsoleto sea mucho más lenta. Subsisten varias partes del sistema con caños de 75, 100 años de puestos, y hoy están operativas. Obviamente son los que primero se rompen en momentos de mayor demanda de agua.”
La responsabilidad por esto excede a esta administración y se pierde en la noche de los anteriores gobiernos. Hace falta un plan general de modernización de OSE, y el autor recuerda uno del gobierno de Jorge Batlle, aunque es muy posible que haya habido anteriores. “Tanto este gobierno, como el anterior y el anterior, subcontrataron consultorías que definieron planes. El problema es justamente cuando se traducen los planes a acciones, por motivos de no querer gastar, no se ponen en práctica”.
“Por supuesto que hace falta un plan de modernización. Pero es sistemático. Cada administración arranca con la buena voluntad de querer hacerlo pero después la imposición de la política económica lo tumba”.
Por las referencias que tiene FFOSE, “se habla del orden de más de 100 millones de dólares, solo para reponer cañerías obsoletas. A esto se agrega equipamiento, la importancia de tener personal para el mantenimiento permanente de los sistemas, que no lo hay; pueden ser cañerías, equipamiento, personal de mantenimiento, bombas y control; un montón de cosas que no existen hoy debido a la ausencia de inversión.”
Y FFOSE no conoce las cifras precisas porque esos rubros “se han ido retirando de los presupuestos de OSE, porque a lo que no se ponen en práctica no se termina sabiendo bien cuánto cuesta. Los planes prescriben, o el director tiene que aprobar los gastos y no se hace; no se presupuesta y queda en la nada. Porque los planes a veces se hacen porque hay equipos técnicos trabajando para esas cosas; pero bueno, todo se detiene en la plata”.
OSE no recibe aportes de Rentas Generales y su presupuesto se basa en la recaudación de su tarifa. FFOSE no conoce el monto de la recaudación, pero sabe que el presupuesto de la OSE incluyendo salarios, gastos operativos e inversiones ronda los 400 millones de dólares anuales.
Para FFOSE, el meollo del tema es “armar bien el presupuesto, pues incluye la inversión, que no se tiene que realizar directamente. Se pueden tomar líneas de créditos. Perfectamente se podría financiar sin tener que aumentar la tarifa. Porque nosotros no queremos que se aumente la tarifa”.
Una posibilidad de financiamiento para la que no asoma voluntad política es que las grandes empresas que toman gratuitamente agua del subsuelo como parte fundamental de su operativa, paguen un canon anual que se destine a la modernización de OSE. Es una práctica internacional que Uruguay ignora. FFOSE ni siquiera tiene un listado de esas empresas (UPM y las de agua de mesa, entre ellas) ni los volúmenes de los que se apropian.
“Son –señala Kreimerman– conglomerados multinacionales. El agua mineralizada está en una zona de Lavalleja, pero más allá de la cantidad, lo importante es que se paga muy poco o no se paga por un producto con el que hay un lucro importante a partir de esos recursos naturales. Es un problema de políticas más generales del Estado. Y las inversiones grandes de OSE no pueden provenir de la tarifa sino ser inversiones provenientes de rentas generales. No se hace hoy, pero debería hacerse.”
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