En la delegación uruguaya de Salto Grande todo sigue como era entonces. Hubo reclamos opositores a los cuales se sumaron miembros del oficialismo; se llegó así a una interpelación que habilitó dos votaciones que por mayoría establecieron requisitorias y conductas para el Poder Ejecutivo que éste no cumplió.
Las 36 personas identificadas por el FA que entraron por la ventana a sus puestos en la Comisión Técnico Mixta “siguen todos trabajando –señala el senador Daniel Caggiani. Lo que hicieron algunos es renunciar al Partido Nacional; después, están todos atornillados. No se fueron ni las autoridades ni se fueron los supuestos funcionarios de planta; están todos ahí, siguen trabajando”; lo que en verdad solo implica que siguen cobrando.
“Pero además, sabemos de la suspensión de concursos internos que entre otras cosas significaban ascensos y aumento de salario de algunos funcionarios. Lo hicieron a dedo, y eso significó aumentos salariales justificadas en cambios formales de funciones”, reveló Caggiani.
En la interpelación del 3 y 4 de octubre, el oficialismo aprobó por mayoría, 53 en 95, no solo el apoyo a los dos ministros cuestionados, sino que se consideró “fundamental garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos económicos destinados a la CTM”. También, que “la designación de delegados y funcionarios deben atender especialmente a la idoneidad técnica, respetando tanto las normas estatutarias como las de ética en la función pública”.
Esto constituye una clara expresión de que en el oficialismo se consideró necesario apartarse de los manejos exclusivamente del sector político del presidente Luis Lacalle instaurando institucionalmente en este organismo binacional el clientelismo, haciendo de él un botín electoral. (Una situación similar, pero no idéntica, está planteada y empieza a desgranarse más al sur: ver nota También en CARU hay ñoquis, en esta edición.)
Una segunda moción, de Cabildo Abierto y apoyada por el Frente Amplio, fue aprobada con 50 votos y en ella se afirma que “en razón de la gestión inadecuada en relación a la designación de personal y a los cambios en el estatuto de los funcionarios de CTM sin las debidas consultas al Poder Ejecutivo, no alcanza con la renuncia de (el ex presidente de CTM que renunció en setiembre, Carlos) Albisu sino que deben dimitir también el resto de los delegados uruguayos. Y se recomienda una auditoría externa de gestión.”
Lacalle reaccionó anunciando que pedirá la renuncia de funcionarios que sean también ediles y que no se cierra a no pedir la renuncia de los directores uruguayos de CTM pero que no entendía el planteo, en tanto el principal miembro de la delegación uruguaya, Albisu, “ya renunció. Claramente, acá no hay ilegalidad ni corrupción. Sí, quizás, un abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso a solucionar en comunicación directa con CTM”.
Desde entonces, sin novedad en el frente de parte del Poder Ejecutivo. En cambio, desde el Frente Amplio el senador Daniel Caggiani consideró necesario “hacer un importante señalamiento sobre la utilización y la prioridad del uso de los fondos públicos, en este caso binacionales, para el financiamiento de amigos políticos. Y esto es más complejo aún, porque estos departamentos del litoral están viviendo una situación bastante particular por la diferencia del tipo de cambio billete con Argentina y el desvío de comercio. Y la realidad es que los niveles de desocupación promedio en Salto, Paysandú y Río Negro ya ronda los dos dígitos, y hay un gobierno ausente en propiciar medidas que puedan atender –al menos como emergencia– esas situaciones. Ellas afectan sobre todo a los pequeños comercios del litoral del país, y desde el gobierno hay sin duda una falta de sensibilidad ante la situación. Se acomodan los que están en el gobierno y para la ciudadanía en general es un ‘sálvese quien pueda’. Esta es sin duda una señal bastante embromada y creo que no se condice con los dichos públicos y menos con las prácticas que pueden ser también tolerables en términos éticos y morales.”
Esto habilita, anunció Casggiani, a acciones políticas. “De hecho, ya se convocó nuevamente al canciller al Parlamento y no descartamos que se puedan promover otras instancias, como puede ser una solicitud de censura. En realidad, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.
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