El análisis de clase social cobra una nueva dimensión. Tratamos aquí dos aspectos de carácter teórico. El primero para señalar los límites de las teorías convencionales de estratificación social y la necesidad de renovar la teoría social. El segundo para destacar la importancia de analizar las clases sociales desde un enfoque relacional e histórico.
Límites de las teorías convencionales y esfuerzo interpretativo
Sintéticamente, apuntamos las principales insuficiencias de las teorías convencionales sobre las clases sociales y el enfoque aquí adoptado, desarrollado en otra parte (Antón, 2014).
No es adecuada la visión atomista, individualista extrema e indiferenciada, de carácter liberal o postmoderno que, fundamentalmente, contempla a individuos aislados y diferentes entre sí, sin posiciones similares con otros individuos y sectores de la sociedad. Su representación es el círculo o la manzana. La visión funcionalista de la agregación de individuos, con la distribución en estratos continuos, tiene insuficiencias; su forma es la pirámide o la pera. Igualmente, es unilateral el idealismo, presente en enfoques ‘culturales’, con la sobrevaloración de la subjetividad y el voluntarismo de la ‘agencia’ y la infravaloración de la desigualdad socioeconómica y de poder o el peso de los factores estructurales, contextuales e históricos.
Nos detenemos en la crítica a la idea marxista más determinista o estructuralista, de amplia influencia en algunos sectores de la izquierda. No es adecuada la posición de la prioridad a la ‘propiedad’ (no la posesión y el control) de los medios de producción –la estructura económica- que explicaría la conciencia social y el comportamiento sociopolítico, así como la idea de la inevitabilidad histórica de la polarización social, la lucha de clases, y la hegemonía de la clase trabajadora. El error estructuralista es establecer una conexión necesaria entre ‘pertenencia objetiva’, ‘consciencia’ y ‘acción’. El enfoque marxista-hegeliano de ‘clase objetiva’ (en sí) y ‘clase subjetiva’ (para sí) tiene limitaciones. La clase trabajadora se forma como ‘sujeto’ al ‘practicar’ la defensa y la diferenciación de intereses, demandas, cultura, participación…, respecto de otras clases (el poder dominante). La situación objetiva, los intereses inmediatos, no determinan la conformación de la conciencia social (o de clase), las ‘demandas’, la acción colectiva y los sujetos. Es clave la mediación institucional-asociativa y la cultura ciudadana, democrática y de justicia social.
La clase trabajadora, a diferencia de la burguesía que controlaba ya muchos resortes de la economía en su lucha contra el Antiguo Régimen, no domina los medios de producción y distribución, ni tampoco el Estado. No puede apoyarse en el control económico que no tiene, sino en desplegar su capacidad de influencia como fuerza social, su hegemonía política en la sociedad como sujeto transformador. De ahí que su acción sociopolítica, cultural y democrática sea más decisiva. Además de ser consecuentemente partidaria de las libertades civiles y políticas y la democratización del sistema político, debe apuntar a una democracia social y económica más avanzada. Es ahí donde entra en conflicto abierto contra la desigualdad socioeconómica y los privilegios de las capas acomodadas que utilizan los resortes del poder político e institucional para defender la estructura social y económica desigual. La conformación de ese sujeto es fundamental, pero no nace mecánicamente de su situación material de explotación sino de la evolución relacional e histórica de sectores sociales subordinados que se indignan frente a las injusticias, participan en el conflicto social y desarrollan la democracia.
Por tanto, es imprescindible superar ese determinismo económico, dominante en el marxismo ortodoxo, así como el determinismo político-institucional o cultural de otras corrientes teóricas.
En consecuencia, es importante la mediación sociopolítica/institucional, el papel de los agentes y la cultura, con la función contradictoria de las normas, creencias y valores. Junto con el análisis de las condiciones materiales y subjetivas de la población, el aspecto principal es la interpretación, histórica y relacional, del comportamiento, la experiencia y los vínculos de colaboración y oposición de los distintos grupos o capas sociales, y su conexión con esas condiciones. Supone una reafirmación del sujeto individual, su capacidad autónoma y reflexiva, así como sus derechos individuales y colectivos; al mismo tiempo y de forma interrelacionada que se avanza en el empoderamiento de la ciudadanía, en la conformación de un sujeto social progresista. Y todo ello contando con la influencia de la situación material, las estructuras sociales, económicas y políticas y los contextos históricos y culturales.
Como referencias intelectuales, todas ellas desde una posición democrática y de izquierdas, se pueden citar dos autores: E. P. Thompson (1977; 1979, y 1995), historiador británico riguroso y de orientación marxista, pero heterodoxo y anti-determinista, pionero en la crítica al enfoque estructuralista, y A. Touraine (2005, y 2009), sociólogo francés, que revaloriza el papel del ‘sujeto’ y los derechos humanos universales, particularmente los ‘culturales’ para hacer frente, principalmente, al conflicto étnico; no obstante, hoy es insuficiente (sus textos están escritos antes del impacto de la crisis, la austeridad y la fuerte involución social y democrática) para analizar la importancia de la nueva cuestión social y la pugna sociopolítica y cultural por los derechos sociolaborales y democráticos. Podemos añadir otro investigador (junto con estudiosos afines) de los movimientos sociales y la contienda política, Ch. Tilly (2010; Mcadam ET AL., 1999; Mcadam ET AL., 2005) que, para explicar los conflictos sociales, pone el acento en la estructura de oportunidades políticas y los procesos culturales ‘enmarcadores’; sin embargo, para explicar la conformación e intensidad de las demandas progresistas y el carácter de los sujetos populares deja algo de lado un aspecto fundamental: las dimensiones y características de los agravios e injusticias padecidos y la experiencia popular de su gravedad, ligada a su cultura democrática y de justicia social. Por último, podemos citar los intentos de superación de la rigidez marxista (y weberiana) sobre las clases y sujetos sociales, haciendo alusión a los trabajos de E. O. Writh (1994) y E. Del Río (1986).
“Creer en la lucha de clases es involucionar” Sí que existe la desigualdad pero no creo que la solución sea la confrontación y sí el consenso y la negociación.Leer más
Por otro lado, también recogeremos algunos elementos empíricos de corte funcionalista, weberiano o de otras corrientes. Sobre estudios concretos respecto de la estratificación social, aparte del de la socióloga Marina SUBIRATS (2012), señalamos solamente cuatro, con distintos enfoques: dos ya clásicos en la sociología convencional estadounidense (Kerbo, 2003, y Lenski, 1969), y dos españoles de reconocido prestigio en este ámbito (Requena ET AL, 2013, y Tezanos, 2002). No se trata de una mezcolanza ecléctica sino de construir un análisis riguroso, con fundamentación empírica, recoger algunos componentes valiosos de las distintas tradiciones teóricas y criticar y desechar las ideas más inadecuadas. Se trata de un esfuerzo analítico e interpretativo, asentado en un enfoque social y crítico.
Los factores principales de diferenciación socioeconómica y de poder son tres: 1) ingresos o rentas (jerarquía económica); 2) estatus profesional u ocupacional (dominio o control) y posición en la estructura de poder o autoridad (dominación / subordinación); 3) posición (propiedad o posesión / explotación) ante los medios de producción. Corresponde, básicamente, a las prioridades analíticas de las tres corrientes mencionadas: funcionalista, weberiana y marxista. Existen otros factores relacionales (sexo, origen…), estilo de vida y consumo, capacidad cultural, subjetividad… que solo aludiremos brevemente.
Para el análisis de los procesos sociopolíticos habrá que combinar: 1) la interpretación científica de la realidad; 2) la evaluación de las tendencias sociales, los sujetos colectivos y los escenarios sociopolíticos probables, y 3) las propuestas normativas de cambio social.
Clases, actores y conflicto social
En España (y otros países europeos periféricos) se ha conformado una amplia conciencia popular progresista, social y democrática, de indignación frente a las consecuencias de la crisis y la gestión antisocial de las élites económicas e institucionales. Existe una fuerte deslegitimación de la política de austeridad y un amplio desacuerdo con la gestión política dominante (Antón, 2013).
El discurso oficial (La austeridad es inevitable -UE y Troika, 2010/2013-, o El modelo social europeo es insostenible -Mario Draghi – BCE, 2013-) no convence a la mayoría de la sociedad y no consigue su resignación. Persisten unos valores democráticos -libertades y participación política-, y de justicia social -derechos sociales, económicos y laborales-, casi universales hasta la crisis. Ahora, frente a la desigualdad social, el empobrecimiento, la austeridad y los recortes sociales, se ha generado mayor diferenciación popular respecto de las élites y su involución social y democrática. No se consolida el fatalismo, sino que se mantienen vivas la oposición a la dinámica regresiva y las aspiraciones al cambio progresista.
En este Estado, salvo dinámicas puntuales y locales, existe un escaso apoyo social a corrientes populistas antidemocráticas, de extrema derecha o xenófobas, irracionales o fundamentalistas. Tampoco hay revueltas violentas ‘antisistema’ y la protesta social es pacífica y democrática. Sí hay posibilidades para el desarrollo de dos dinámicas: por un lado, un conservadurismo fuerte y cierto autoritarismo por parte de la derecha y el poder; por otro lado, tendencias a la fragmentación, la competencia individualista o intergrupal y el desarraigo social o normativo que pudieran desencadenar una crisis social disgregadora.
En la mayoría de la sociedad se ha reafirmado una cultura cívica, basada en valores democráticos y de justicia social. Hay una mayor brecha social en relación con los ‘poderosos’, la minoría oligárquica o la llamada ‘casta’, que afecta a su menor legitimidad ciudadana. Existe una fuerte diferenciación ‘cultural’ entre la ciudadanía indignada, de defensa de derechos sociales y democráticos, respecto de las élites dominantes, que gestionan la austeridad y los recortes sociolaborales. Se configura una nueva conciencia social, con nuevos sujetos o movimientos sociales interclasistas o populares y de fragmentos de clases trabajadoras. Se basa, por un lado, en la percepción del poder y su carácter oligárquico, y por otra parte, en la expresión democrática y social de amplios sectores de la ciudadanía, con nuevas mentalidades, en particular entre jóvenes, y demandas locales y globales sobre elementos sistémicos.
Hay un proceso de diferenciación de clases sociales, distinto al de otras épocas pero que también conlleva cierta polarización social. El posicionamiento de amplios sectores populares ante intereses comunes y su participación en el conflicto social son fundamentales y previos para la ‘pertenencia’ y la ‘formación’ de las clases que se identifican y actúan como tales, es decir, que ‘existen’ como actores sociopolíticos. Los elementos de apoyo y configuración de cada agrupamiento social tienen distinto peso: las clases dominantes se apoyan en el control económico y del poder; las clases subordinadas, deben basarse en su experiencia de movilización social y democrática, su capacidad asociativa y su subjetividad. La situación material similar junto con, por una parte, la ofensiva regresiva del ‘poder’ y, por otra, la acción sociopolítica y la cultura popular crítica, va creando la percepción social de tres conjuntos con contornos difusos, fragmentación interna y denominaciones diversas, pero diferenciados entre sí: Arriba, abajo, intermedio; ganadores, mantenimiento o perdedores; poder (financiero y clase gobernante), capas medias, clases trabajadoras y desfavorecidas.
La crisis del empleo y los ajustes laborales han tenido un gran impacto, no solo para la mayoría de clases trabajadoras sino también para las clases medias, con un estancamiento o descenso de sus trayectorias profesionales, sus expectativas vitales y su situación socioeconómica. En particular, ha tenido una fuerte repercusión entre jóvenes de clase media, ilustrados, con altas capacidades académicas, con un bloqueo de sus aspiraciones laborales y su estatus vital, generándose una gran frustración e indignación, y mayor diferenciación con las élites dominantes.
En resumen, la protesta social progresista ha adquirido un nuevo carácter y dimensión, en un contexto de crisis sistémica y con unos rasgos particulares: lacras socioeconómicas ampliadas por la crisis económica; gestión regresiva de las principales instituciones políticas; contra unos adversarios o agentes poderosos: casta financiera o gerencial y clase política gobernante; conciencia popular progresista y reafirmación ciudadana en una cultura democrática y de justicia social.
Se ha ido configurando una corriente social indignada en torno a dos ideas fuerza: 1) Contra las consecuencias injustas de la crisis, los recortes sociales y la política de austeridad; 2) frente a la gestión poco democrática de la clase política gobernante. Y con dos objetivos básicos: a) giro socioeconómico con defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar, la vivienda digna, el empleo decente y el equilibrio en las relaciones laborales…; 2) democratización del sistema político y participación ciudadana. Emergen elementos culturales que afectan a la percepción ciudadana de la nueva cuestión social y la necesaria regeneración democrática, así como a la convivencia intercultural. Los sentimientos humanitarios y solidarios se enfrentan a nuevas realidades, se modifican y se amplían a nuevos sectores sociales.
Se ha abierto una nueva etapa sociopolítica. El cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) La situación y la experiencia de empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y subordinación. 2) La conciencia de una polarización, con una relación de injusticia social y democrática, entre responsables con poder económico e institucional y mayoría ciudadana. 3) La conveniencia, legitimidad y posibilidad práctica de la acción colectiva progresista, articulada a través de los distintos agentes sociopolíticos, aunque haya dificultades en la conformación de las élites asociativas y políticas y el cambio institucional. Se ha producido una nueva fase de la protesta colectiva progresista, con novedades respecto del periodo anterior y una importante repercusión electoral. Son dinámicas emergentes, pero suficientemente consistentes, y con un particular impacto en los jóvenes: precariedad laboral y de empleo, frustración por los procesos precarios de inserción social y profesional, indignación y participación cívica. Aparece la necesidad del cambio político-institucional, la importancia del papel de lo social y nuevas élites sociopolíticas con el horizonte de una salida progresista de la crisis y la necesaria renovación y unidad de los sectores progresistas, las izquierdas sociales y políticas y los grupos alternativos. Todo ello constituye un estímulo para un pensamiento crítico y una nueva teoría social, así como una acción transformadora y democratizadora. Junto con mayor conciencia crítica personal y una actitud cívica igualitaria, vuelven nuevos y renovados sujetos sociales, palancas fundamentales para el cambio social y político emancipador.
Extracto de la Comunicación titulada Cambios en las clases sociales presentada en el II Congreso de Trabajo, Economía y Sociedad, octubre de 2015.
Por: Antonio Antón Morón
Profesor honorario. Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid – UAM. Imparte docencia en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación.
Bibliografía citada
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