El estado y la motocicleta

por Por Ronald Pais
Representante Nacional

Al establecer los principios conceptuales en los que basan su bestseller, "Reinventing Government", David Osborne y Ted Gaebler, afirman: "Primero, nosotros creemos profundamente en el Gobierno". Es oportuno parafrasear a estos autores diciendo, antes que nada, que yo creo profundamente en el Estado.

No cualquier Estado. No un Estado omnipotente y omnicomprensivo. No un Estado que sea un fin en sí mismo. Un Estado instrumento al servicio del ser humano. Un Estado transformador, orientador, canalizador y, en lo que corresponda, administrador. En suma un Estado batllista.

A comienzos del siglo XX, José Batlle y Ordoñez, abandonando una postura prescindente del Estado, estaba dispuesto a admitir, en la hipótesis menos favorable, la administración "dispendiosa" del Estado. Hoy, se exige mucho más del Estado. No basta que éste cumpla sus cometidos esenciales: debe hacerlo , además, eficaz y eficientemente. Un sordo clamor se fue levantando desde la ciudadanía, a través de los años, para terminar con la dilapidación de recursos, las malas administraciones o la cultura de una burocracia insensible y derrochona.

El mayor paso en ese sentido lo han dado las llamadas empresas públicas: los entes comerciales e industriales del Estado (así los denomina la Constitución). Esta revolución silenciosa la inició UTE en 1988 cuando, mediante la contratación de una empresa consultora extranjera, comenzó lo que se denominó el Proyecto de Mejora de Gestión (P.M.G.).

A partir de allí, se produjo un cambio cultural trascendental que visualizó el rol de empresa que debía cumplir el ente eléctrico y donde el malhadado y maltratado "suscriptor" se transformó en el "cliente", alrededor de cuya satisfacción debía girar toda la organización y su actividad. Ese centro de irradiación, con un nuevo enfoque, rápidamente se extendió hacia ANTEL, ANCAP, OSE, etc.

Se terminaron las colas, las demoras injustificadas, los cortes prolongados del servicio, el maltrato en la atención, la búsqueda de "influencias" para acceder a un nuevo servicio. Gracias a las empresas públicas, se desterró el espectáculo de funcionarios públicos tomando té o mate a la vista de quienes aguardaban para ser atendidos.

Ello motivó también un cambio fundamental en la imagen que la gente tiene de esas empresas públicas, con mayorías muy altas de la población que se manifiestan en forma favorable o muy favorable respecto de su gestión. Claro está que, al existir un cambio sustancial en el relacionamiento de las empresas públicas con sus clientes, también se produjo un fenómeno comunicacional que puso en un primer plano a los hombres y mujeres que ocuparon y ocupan cargos de dirección en dichas empresas, lo que no ha dejado de causar escozor y envidia en otros actores públicos que - hasta entonces - eran los únicos protagonistas.

Tal vez ello explique, el desmesurado afán para limitar, controlar y hasta cercenar el accionar de estas empresas públicas. Pero el Estado no son sólo UTE, ANCAP, ANTEL y otros organismos similares. El Estado también es la llamada Administración Central, donde se encuentran - por ejemplo - los Ministerios.

¿Han logrado estos Ministerios y sus distintas reparticiones, un nivel de evolución similar, en cuanto a modernización, eficiencia, racionalización de procedimientos y trámites, trato al administrado (cliente); que el alcanzado por las empresas públicas? Notoriamente no. ¿Se ha logrado establecer un grado de profesionalismo y de desarrollo del management comparable al que existe en UTE o ANTEL? Notoriamente tampoco.

Baste pedir a Juan Pueblo que piense en el último trámite, requisito o información que necesitó de alguna dependencia ministerial para que obtengamos la respuesta.

Permítanme contarles la siguiente historia. Un padre había logrado, después de muchos sacrificios, comprar dos motocicletas usadas, de similares condiciones, para sus dos hijos. El padre les recomendó cuidar mucho esas motocicletas ya que él tendría que pagar el mantenimiento de ambas, a cuyos efectos le entregaría, a cada hijo, una suma de dinero por mes. Uno de los hijos mejoró considerablemente la suya, arregló el motor, la pintó, recuperó los cromados y le introdujo otras mejoras, de modo tal que, al funcionar mejor, logró emplearla en una distribución de paquetes y, lejos de requerir dinero del padre, comenzó a entregarle una parte de lo que producía con la motocicleta.

El padre escuchó a más de un vecino comentar "lo linda que está esa moto", a lo que casi siempre respondió: "Claro, la compré yo". El otro hijo, por el contrario, apenas si hizo algunos cambios menores en la motocicleta, que siguió requiriendo dinero del padre. Lo que el hijo propietario de la motocicleta mejorada no podía entender era que el padre, cada vez que se sentaban a la mesa, hacía comentarios sobre esa motocicleta, poniéndose muy severo en cuanto al estado de limpieza y encerado de la misma. Raramente se refería a la motocicleta que estaba en peor estado.

Al parecer nos está pasando lo mismo con las empresas públicas y el resto del Estado. No solamente en lo referido a la Administración Central. Hablemos del Poder Judicial. ¿Hay un gerenciamiento mínimo de parte de la Suprema Corte de Justicia y las altas jerarquías judiciales sobre el funcionamiento del servicio que deben prestar a la población? Cuando ejercía como abogado siempre me llevé la misma impresión: que solamente el alto grado de profesionalismo, dedicación y esfuerzo que algunos (no demasiados) funcionarios judiciales ponen en su tarea, permiten que ese servicio funcione: pésimamente, pero que al menos funcione. Se le pretende echar la culpa de todo a la falta de recursos. Que un testigo de un delito muchas veces tenga que sufrir "amansadoras" de 4 o 5 horas en una sala de espera que comparte con los familiares de los delincuentes no tiene nada que ver con los recursos y sí con una absoluta falta de capacidad para administrar.

Tampoco escapa a esta crítica el Poder Legislativo. Si bien, como integrante del mismo, he observado una mejoría a través del tiempo, hay todavía años luz de diferencia con el grado de eficiencia y profesionalismo que existe en las empresas públicas. ¿Por qué no se hace un convenio de consultoría con CONEX de UTE, por ejemplo, para mejorar la gestión? Es algo que me lo he preguntado muchas veces. Hace ya un tiempo presenté una iniciativa tendiente a minimizar los impactos ambientales que produce la actividad en la Casa de las Leyes, con ello se reducían también los desperdicios de agua, luz, etc. y se producían los consiguientes ahorros. Hasta el momento no he recibido respuesta.

¿ Y qué me dicen de las Intendencias? Seguramente los más grandes (por no decir los más viejos) recordarán la época de la veda en la venta de carne, cuando traer un kilogramo de La Paz a Montevideo era contrabando? Algo increíble, pero históricamente cierto. Espero que, en el futuro, se registre como increíblemente cierto que un ciudadano que en estos tiempos tiene su auto empadronado en uno de los diecinueve departamentos de este pequeño país, al ingresar a otro corre el riesgo de ser detenido por inspectores municipales que le exigirán toda una prueba de su inocencia, bajo la amenaza de multa. ¡De Ripley! La incapacidad administradora de muchas intendencias que siguen ingresando personal no obstante ser deficitarias, reclamando luego transferencias del gobierno nacional para hacer frente a su propia irresponsabilidad también es un hecho fácilmente verificable.

Es obvio precisar que no nos referimos en especial a ningún Intendente, sino que hablamos de algunas "Intendencias" (no todas) como gobiernos departamentales que deben ajustar su dirección a las mismas exigencias de gestión y administración que hoy podrían aprender de las empresas públicas. ¿Ven ustedes una gran discusión pública de cuáles son los objetivos y mejoras de los Ministerios, Poder Judicial, Intendencias, y también Poder Legislativo? Yo no. Esperemos que sea pronto y no sigamos mirando sólo la motocicleta que está mejor.  LA ONDA® DIGITAL