La Economía Cubana

por Manuel David Orrio
Periodista independiente

LA HABANA. Los economistas y periodistas independientes que a lo largo del año estuvieron publicando desde Cuba sus consideraciones sobre la situación económica isleña pueden estar de plácemes. José Luis Rodríguez, ministro de Economía, durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular reconoció que la metodología contabilizadora de las estadísticas macroeconómicas del país presenta serias deficiencias, sin contar de las contradicciones señaladas por aquellos, y en virtud de las cuales cabe sospechar desde falta de profesionalismo hasta voluntad fraudulenta.

Tal y como han estado afirmando los economistas y periodistas, Rodríguez admitió la necesidad de comenzar a medir el producto interno bruto (PIB) a precios constantes de un año más cercano a los actuales, y no a los del hoy referencial 1981, dadas las desviaciones que el mismo introduce en la apreciación de la realidad económica de la Isla. Durante todo el 2000 los independientes lo señalaron, así como sugirieron que 1995 sería un buen punto de partida. Ahora Rodríguez lo acepta, aunque haciendo mutis sobre la paternidad del análisis.

El ministro de Economía de Castro "subió la parada", al apuntar lo que los independientes no han señalado: una subvaloración del PIB, provocada por la metodología oficial vigente, que no contempla cómo registrar parte del valor agregado de ramas como la educación y la salud, dada su aparente gratuidad, lo cual hace que a la sumatoria del PIB sólo se agregue el gasto público asociado a esos conceptos, y no ganancias vinculadas a un supuesto valor mercantil, en las condiciones cubanas, o su equivalente.

Más allá de la olímpica tranquilidad con que Rodríguez reconoció el carácter poco veraz de las estadísticas cubanas, al admitir semejantes descuadres por defecto y por exceso, llama la atención en sus enfoques cómo el pensamiento económico oficial acaba de echar por la borda al mismísimo Carlos Marx, para quien sectores como la educación y la salud no son productores de valor, sino apropiadores del mismo mediante una redistribución del ingreso nacional. No sólo Carlos Marx cayó borda abajo; junto a él se precipitó el concepto oficial de educación y salud gratuitas: a partir de ahora, sólo cabe hablar de servicios como ésos en su carácter de pagados ¿por quién?

Sólo reconociendo a esas ramas un valor mercantil se hace posible aplicar a las mismas aquellas definiciones propias de la determinación de un aporte que, nadie sabe cómo, ha de pasar por oscuridades cubanas como la formación de precios, ganancias y rentabilidades, así como por la nominación de quién paga y con qué. Otra cosa no sería más que manipulación estadística, destinada a fundamentar un crecimiento del PIB no surgido de las ramas de donde debe emerger. Ojo atento: cabe la posibilidad de que se pretenda justificar incrementos del PIB por medio de una inflación contable del gasto social. Si por los años 60 del siglo pasado hubo en Cuba quien se dedicó a especulaciones sobre cómo eliminar el dinero, ahora parece que habrá quien se dedicará a inventarlo. Basta pensar en esta escena, extrañamente cercana al teatro vernáculo: un grupo de burócratas se reúne para determinar el valor agregado de una consulta al médico de la familia y concluye que el resultado de la discusión es añadible al PIB.

Una cosa es reconocer valor dentro de una economía de mercado, donde puede ser indiferente que pague el Estado en nombre del ciudadano -o éste mismo- y otra muy distinta crear un engendro contable de dudosa conexión con la realidad monetaria del país. Llama la atención que el pensamiento económico oficial pretenda sumergirse en esas honduras teóricas y no se concentre en temas tan concretos como el de la eficiencia y calidad de los servicios de educación y salud, cuyos gastos en términos de precios de 1981 no parecen haber remontado el récord de 1986. Sólo para citar un ejemplo, un estudio oficial aseveró que el 40 por ciento de los habaneros opina lo peor de la estomatología estatal capitalina.

No es objeto de estas líneas evaluar la situación económica de Cuba, a la luz o el apagón de las cifras hechas públicas en la pasada sesión del parlamento isleño. No obstante, vale destacar seis puntos, mucho más que el declarado crecimiento del PIB en 5,6 por ciento, a los envejecidos precios de 1981:

1- Un anunciado crecimiento de las exportaciones en 12 por ciento de la mano con un silencio notable sobre el ascenso de las importaciones, acerca del cual sólo se informó que se hubo de pagar 500 millones de dólares (MMD) más para adquirir en el 2000 similar cantidad de petróleo que en 1999. En país de economía abierta como Cuba, ¿puede hablarse de crecimiento económico sin aumento de las importaciones físicas?

2- La liquidez monetaria en pesos creció a un ritmo ligeramente superior al del PIB -5,8 vs 5,6- y nada se informó sobre el estado de la liquidez en dólares. La suma de ambas, calculadas al cambio oficial de 20 pesos por dólar, supera al monto del PIB que resulta de las declaraciones gubernamentales. De este modo, ¿cómo se fundamenta la informada ligera disminución del índice de precios al consumidor?

3- El ingreso medio por trabajador se reportó en 359 pesos mensuales. Considerando el monto real de distribución racionada de alimentos y los precios de estos en todos los tipos de mercados no racionados, no parece haber base para el declarado consumo per cápita diario de 2585 kilocalorías y 68 gramos de proteína. Ingerir dos huevos al día -una persona- cuesta el 30 por ciento del ingreso reportado; como mínimo existe un millón 400 mil pensionados cuyos emolumentos ni siquiera se acercan a los 359 pesos de marras, para no mencionar a otros sectores de la población sin acceso a esa posibilidad

4- La declarada reducción de la intensidad energética en 3,4 por ciento parece realidad; ella significa que producir cada millón de pesos de PIB importó 414 toneladas de combustible equivalente en 1999 y alrededor de 400 en el 2000. Sin embargo, ¿justifica esa disminución que con similar cantidad de petróleo el PIB se haya incrementado en 5,6 por ciento? ¿Cómo ascendieron la productividad del trabajo y la efectividad de las inversiones si el comportamiento de la variable energética tendió al estancamiento y perjudicó principalmente al consumo no eléctrico lo que, para sólo citar un ejemplo, significó severas restricciones en los servicios de transportes?

5- La inversión bruta interna, de carácter principalmente estatal, pasó de ser el 6,3 por ciento del PIB corriente de 1995 a representar el 11,3 por ciento del logrado en el 2000, para confirmar una creciente contradicción entre acumulación y consumo. La negativa gubernamental a una mayor apertura hacia los esfuerzos de inversionistas privados nacionales y extranjeros, así, se presenta como el reiterado desecho de la posibilidad de destinar a un mejoramiento de la calidad de vida, particularmente en los casos de la tercera edad, los discapacitados y otros sectores en desventaja, parte de los recursos estatales empleados en la inversión.

6- Llama la atención el tira y encoge gubernamental acerca de la situación del empleo, pues en un par de meses se han sucedido varios reportes oficiales contradictorios; desde uno que declaró una tasa de desocupación de sólo 3,8 por ciento, hasta lo aseverado por Rodríguez en el parlamento cubano: una tasa de desempleo de 5,5 por ciento. Metodológicamente, no es lo mismo desempleo que desocupación; y todo parece indicar que, o el gobierno no acaba de decidir sobre qué bases analizará el fenómeno del empleo, o está manipulando las cifras. ¿Por qué, esa conducta oficial? ¿Por qué tantas contradicciones alrededor de la ocupación laboral? En ocasiones anteriores he llamado la atención acerca de este problema, cuya clave profunda radica en que, en las condiciones cubanas, si no crece la ocupación, no asciende el PIB.

Todo lo anterior invita al ejercicio de una severa y metódica duda relativa al desempeño económico isleño, tanto en el 2000 como en los últimos cinco años. Un discurso apologético en los estrados del parlamento cubano no oculta la ausencia de respuestas de fondo a problemas que no sólo tienen que ver con el futuro económico de Cuba, sino con el más elemental principio constitucional de rendición de cuentas de elegidos a electores. Si el gobierno de Fidel Castro dispone de recursos para editar en formato tabloide 13 millones de ejemplares de los cursos televisivos Universidad para todos, sin dudas también los tiene para imprimir un resumen estadístico de acceso general, contentivo de las cifras que informa a organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), para sólo citar un ejemplo. Rodríguez, por supuesto, no aboga por el ejercicio de ese elemental deber, que está entre lo que no dice. O, quizás, entre lo que no le dejan decir. LA ONDA® DIGITAL