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CARTAS
Tarifas
telefónicas: la primera consecuencia del presupuesto
Ing.
Bruno Vuan
La
primera consecuencia del aún no promulgado presupuesto, está a
la vista, y es el denominado rebalanceo tarifario de Antel. Así
es que se rebaja en términos reales el pulso telefónico, la
tarifa nocturna, algunas franjas de la larga distancia nacional,
-en especial en los días domingo con tarifa única-, así como
la larga distancia internacional, la telefonía celular y el
cargo fijo comercial. Como contrapartida, se aumenta el abono
residencial, y se simplifican las franjas horarias en días hábiles,
con lo cual entre las 10 y las 11 y entre las 18 y las 19 el
costo de la llamada local se triplica, y entre las 14 y las 16
se duplica, haciendo que en promedio, para el horario
comprendido entre las 10 y las 20 el costo de la llamada local
aumente un 38%, por cierto muy por encima del IPC y de los
descensos de otras tarifas.
Estamos
ante un verdadero mazazo tarifario, que castiga severamente al
ya de por sí castigado sector productivo de bienes y servicios,
que por sus características, no puede trasladar su consumo
telefónico a horarios más económicos, y donde la reducción
del costo del abono mensual resulta irrelevante. A esto se
agrega, el aumento de los costos de acceso a Internet para las
pymes, sin capacidad económica como para acceder a servicios
que no hagan uso de la red de telefonía pública.
Por
otra parte, el costo de la llamada local resulta un indicador
particularmente preocupante para nuestro país, que comparte con
Uganda el triste privilegio de ser el quinto país en el mundo
con la tarifa más cara, según el informe 2000-2001 de
indicadores mundiales de desarrollo del Banco Mundial efectuado
a partir de datos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones de 1998. En el informe anterior, Uruguay se
ubicaba en el lugar 22, lo que indica un importante deterioro de
este componente del costo país.
Consistentemente,
otros estudios a partir de canastas tarifarias publicados
recientemente, (Posdata 15/09/00; El Observador 07/12/00; Búsqueda
25/01/01), indican que las tarifas orientales son del orden de
un 50% más caras que las argentinas, un 100% más que las
chilenas, un 150% más que las brasileñas y un 400% más que
las norteamericanas, países donde son notorias las reformas
operadas en el sector.
El
rebalanceo de Antel tiene una lógica impecable, que parece
extraída de un texto de microeconomía. Al tiempo que se bajan
las tarifas donde la demanda es claramente elástica, el consumo
residencial, se las aumenta donde esta es inelástica, en el
sector productivo. Simultáneamente, se aumenta en promedio las
tarifas en el sector monopólico, la telefonía básica, y se
las baja en los segmentos de la larga distancia internacional y
la telefonía celular, que una vez promulgado el presupuesto se
abrirán a la competencia. Mientras tanto, se aseguran los
requerimientos de caja impuestos por la OPP.
Como
expresaba al principio, esto es responsabilidad del presupuesto,
y por ende del gobierno, ya que al excluirse la telefonía pública
de la apertura, Antel en función de sus intereses
empresariales, transfiere la percepción de su renta monopólica
a la telefonía básica, y muy probablemente esté utilizando
parte de esa renta para subsidiar los servicios que se abren a
la competencia.
Además
de castigarse severamente al sector productivo, en un abuso de
la posición predominante de Antel en el mercado, se desestimula
fuertemente el ingreso de nuevos prestadores de
telecomunicaciones, privando al país de inversiones, empleos y
competitividad. Si bien la actitud de Antel es legítima y
comprensible, no es el tipo de preparativo para la competencia
que uno espera.
A
pesar que el Ejecutivo y el Legislativo fueron advertidos públicamente
de las consecuencias negativas que hoy vivimos, persistieron en
excluir de la apertura a la telefonía básica, sin que ningún
vocero de la coalición gobernante haya ensayado siquiera una
justificación seria sobre la persistencia de este caduco
monopolio. Porque más allá que se afirme que la telefonía básica
es algo del pasado, esta sigue teniendo, y lo va a tener por
muchos años más, un peso fundamental, entre otras cosas como
plataforma para la prestación de nuevos servicios, en
particular a las personas y empresas de menor capacidad económica.
Excluida
por el momento la posibilidad de cambios en el estatus legal de
la telefonía básica, corresponde que el PE luego de promulgado
el presupuesto, instale la URSEC y reglamente los artículos
respectivos, de manera que los consumidores y agentes de la
industria de las telecomunicaciones tengan las garantías de una
regulación profesional y de un mercado con costos transparentes
y sin abusos. Esperemos plazos más breves que los que se dieron
para conformar la UREE, y en este caso corresponde expresar que
la eventual interposición de un recurso de referéndum no debería
ser razón para que estos se dilaten.
En
efecto, la Constitución de la República es meridianamente
clara, cuando en su artículo 86 expresa que: "La creación
y supresión de empleos y servicios públicos; ..., se hará
mediante las leyes de presupuesto,...". Notoriamente en
este caso se está ante la creación del servicio público de la
URSEC, y sus empleos, se suprime la DNC, se habilita a la creación
de nuevos servicios de telecomunicaciones con excepción de la
telefonía básica, y de un servicio de telefonía celular
prestado por una empresa mixta, suprimiéndose al mismo tiempo
el prestado por un ente autónomo. Al tener las leyes de
presupuesto iniciativa privativa del Ejecutivo, y estando
claramente los artículos referentes a telecomunicaciones
comprendidos en lo que es la materia presupuestal, sólo cabe a
la Corte Electoral rechazar cualquier recurso que se interponga
al respecto. LA
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