|
Uruguay
en el camino de la justicia y la modernidad se alejó de la
ortodoxia: nafta para el déficit del Estado
Mensaje
del Presidente Dr. Jorge Batlle
a la Asamblea General
Señor Presidente
de la Asamblea General
Don Luis Hierro López
Señor
Presidente:
De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República,
venimos a cumplir con el deber de dar cuenta a la Asamblea General
del Poder Legislativo del estado de la República, así como de
aquellas mejoras y reformas que se consideren dignas de la atención
de la Honorable Asamblea.
El año que ha concluido fue para el Uruguay, así como el
anterior, un año de prueba. El país vivió o mejor dicho, sufrió,
el embate de condiciones adversas que enfrentó con éxito, con la
colaboración y participación decidida del pueblo de la República.
Fueron adversas las condiciones climáticas, la suba de la tasa de
interés, las que comenzaron a hacerse presentes en nuestro país
con los cambios financieros ocurridos en la región a principios
del año 1999, también lo fueron los precios de los productos
principales que el país exporta, así como llegaron a
extremos no pensados los valores internacionales del petróleo. De
igual forma, fueron adversos los resultados fiscales, debidos, no
solamente a los factores enumerados, sino a la necesidad que tuvo
el estado de restringir los gastos, de disminuir las inversiones,
de hacer una política de control de la administración para estar
a tono con la situación que la República estaba atravesando.
Estas circunstancias se vieron agravadas por el tremendo impacto
negativo sobre nuestra producción cuando, en el mes de octubre,
el país vio con zozobra cómo se ponía en peligro su condición
de libre de aftosa sin vacunación.
El Gobierno siente que debe reiterar una reflexión consignada
anteriormente: todo esto pudo ser sobrellevado, gracias a la
comprensión de las circunstancias que el país vivía, exhibida
por el pueblo del Uruguay. Su sentido de responsabilidad, su
información sobre los hechos que ocurrían, su capacidad de
comprensión, fue central para que el gobierno pudiera desarrollar
las tareas que nos han permitido, al finalizar esta dura jornada,
encontrarnos viviendo con la estabilidad social, que
caracteriza y distingue desde siempre a nuestro país. Ello ha
hecho posible mantener las variables macroeconómicas esenciales,
desde las que, en el correr de este año 2001 la nación puede
comenzar a mejorar el perfil de su economía y por ende recibir la
sociedad, el beneficio que ello supone. Hemos mantenido un nivel
de inflación que nos asegura el ser un país confiable, en
condiciones de retomar el ritmo de crecimiento que en un promedio
de 3.4 por ciento esta nación mantuvo entre 1984 y 1998, cosa que
le permitió duplicar sus ingresos cada veinte años.
Más allá de estas apreciaciones generales y por conducto de las
distintas Secretarías de Estado, la Asamblea General del Poder
Legislativo recibirá la información pormenorizada de lo llevado
a cabo en el año. El Poder Ejecutivo entiende que le es
permitido, hacerle llegar al Poder Legislativo algunas reflexiones
que considera importantes en lo que hace a lo acontecido en este
lapso.
En primer lugar, tal como se señaló el 1ro. de marzo, es asunto
prioritario para los uruguayos buscar, con la colaboración y
participación de todos, los caminos que sellen para siempre la
paz y consagren la armonía entre nosotros. En ese contexto, el
Poder Ejecutivo tuvo la fortuna de poder contribuir a resolver
algunas situaciones, que desde tiempo atrás venían siendo objeto
de la preocupación de los ciudadanos, tal el caso de la joven
nieta del poeta argentino Juan Gelman, así como lo relacionado
con la identidad de quien se suponía era el joven Simón Riquelo.
Estas y otras circunstancias determinaron la constitución de la
Comisión para la Paz, integrada por ciudadanos que actuando con
responsabilidad y prudencia trabajan en pos de ese propósito. La
ciudadanía y el Gobierno confían en su gestión. Esa Comisión,
así como todo el país, ha sufrido la triste pérdida del
sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre, quién representó en esta
tarea uno de los más sólidos pilares morales, contribuyendo con
capacidad y sensibilidad a alcanzar estos objetivos de paz.
Otro de los puntos centrales que el Gobierno desea destacar es el
que tiene que ver con la conducta del pueblo del Uruguay y de sus
técnicos y autoridades en el episodio de la fiebre aftosa,
declarada el mes de octubre en la frontera con la República
Federativa del Brasil, en el Departamento de Artigas. La rapidez y
eficacia con que los medios técnicos actuaron, el apoyo inmediato
de la Fuerzas Armadas de la República, la comunicación que se le
hizo a todos los países con los cuales tenemos relaciones
comerciales en el asunto carne, para que ellos supieran de
nosotros el estado en el cuál habíamos caído; el hecho de tener
el Uruguay lo que hoy se conoce como trazabilidad en los ganados,
sistema incorporado por ley a nuestro país desde hace 30 años,
nos permitió, no sólo conjugar este problema con rapidez y
eficacia, recuperando nuestra condición y nuestros mercados, sino
además ratificar ante el mundo la seriedad y responsabilidad con
que actúa el Uruguay.
El Poder Ejecutivo cree que decir la verdad, tanto en ésto, como
en todos los casos, es algo que hace a la identidad
nacional, que ratifica y consolida el prestigio de la República,
y que ello debe aplicarse, con el alcance con que nuestras fuerzas
lo puedan llevar a cabo, a todas las áreas de la vida nacional.
Ello nos ha permitido recuperar mercados, consolidar nuestra
condición sanitaria y al mismo tiempo, con la ayuda de una
primavera y de un verano muy propicios, tener la certeza de que el
año al cual el país se asoma, será nuevamente uno de producción
creciente, condiciones mejores del mercado y por lo tanto adecuado
para aplicar con eficiencia los conocimientos y tecnologías
que, conjuntamente con el Plan Ganadero, nos permitan un
crecimiento sustantivo en la producción primaria uruguaya y su
consiguiente industrialización.
En ese orden de buscar claridad y verdad el Gobierno inició y
continuará con los esfuerzos adecuados para eliminar el daño,
que a nuestro comercio legal y a nuestra economía, le produjeron
las diferencias cambiarias ocurridas en el Brasil a partir de
1999. Esa tarea, que reclama una revisión profunda de las normas
existentes en la Dirección de Aduanas, como en la Dirección
General Impositiva y el cruzamiento de informaciones con el Banco
de Previsión Social, nos permitirá mejorar la recaudación del
Estado, para no tener necesidad de nuevos impuestos, ya
altos en el Uruguay, de manera que todos cumplamos con las
obligaciones tributarias en pie de igualdad.
El 1ro. de Marzo, en oportunidad de dirigirnos a esta
Asamblea, manifestamos la necesidad de que nuestro país asuma un
compromiso con la realidad en la que vive, y que ello nos llevaría
de la mano a procesar cambios muy profundos en la sociedad
uruguaya, en las funciones que cumple el Estado, así como en la
naturaleza de las distintas acciones financieras, comerciales e
industriales que el Estado practica a través de sus Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados. En las dos Leyes de Urgencia, así
como en los Decretos de desregulación, y en la Ley de
Presupuesto, se han incluido normas que procuran atender esta
realidad. El Poder Ejecutivo entiende que éstos son algunos de
los pasos que el Uruguay debe dar, para poder, no solamente
competir con éxito en un mundo difícil, sino además para
mantener, profundizar y consolidar el nivel de justicia y equidad
social que ha distinguido siempre a esta nación.
El tiempo de los países parapetados detrás de altas barreras
arancelarias, alentando desarrollos agropecuarios e industriales,
públicos o privados, ha pasado.
Hoy se necesitan economías de escala, asociaciones empresariales,
tecnología de punta, para competir, ya sea en la región o en el
mundo.
Buena parte de nuestra industria privada ha debido ajustarse a
esta realidad. Los servicios del Estado aún no han realizado
adecuadamente ese proceso. Con ese propósito, será
imprescindible que nuestro país analice las disposiciones
constitucionales que tienen que ver con los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados. Con organizaciones, grandes para el
mercado nacional, pero pequeñas comparadas con las de la región,
y aún menores a nivel continental o global; dirigidas por
ciudadanos en muchos casos sin experiencia en negocios tan
complejos; desarmadas por las rigideces que las leyes le imponen a
su administración; con gerentes y mandos medios acostumbrados por
años a no tener necesidad de tomar en cuenta al mercado;
enfrentan una situación que difícilmente podrán superar con éxito
si no removemos estos obstáculos.
Encarar estas reformas es tarea, además de urgente, común a
todos los uruguayos. A quienes más les debe interesar es a
los funcionarios de estas organizaciones, particularmente a sus
mandos técnicos, concientes del debilitamiento de las
instituciones a las que pertenecen y quieren. No cambiar es
retroceder. Darle la espalda a esta realidad es casi tanto como
condenarlas a su fracaso.
El Poder Ejecutivo procurará encarar y resolver estos problemas,
dando cuenta y participando de sus propósitos a todos los
partidos políticos de la República, como es su obligación.
Sintiendo que esta circunstancia está colocada por encima de las
ideologías, de los partidos e inclusive por encima de los
funcionarios que conviviendo por años en su trabajo con estos
organismos, los quieren y forman parte de su vida. Es para
defender ese amor y esa vida que debemos adaptarlos a competir en
el mundo de hoy.
Como lo dijimos el 1ro. de Marzo, este es un desafío que el
tiempo nos impone, que va mucho más allá y no está atado a la
decisión de personas o partidos, sino que es un desafío que
golpea, reitero, nuestras puertas y nos dice con claridad “o nos
adaptamos al mundo o el mundo nos dejará atrás”.
El Gobierno de la República mantiene una intensa y creciente
relación de trabajo con los distintos centros de formación
de la Nación, tanto aquellos que corresponden a la
Universidad de la República o los que maneja la ANEP, cómo los
que desarrollan su actividad en la educación privada. Existe un
nivel de relacionamiento creciente y provechoso, que se
ejemplifica no solamente en los niveles asignados en el
Presupuesto a la educación, en momentos difíciles para la
vida económica y financiera de la República, sino que además
muestra ejemplos muy claros con temas concretos de creciente
trabajo en común entre el Estado y la Universidad, en
asesoramientos, consultorías, en actos por los que se le ha
cedido a la Universidad áreas para la investigación y el
compromiso que hemos asumido de profundizar esta tarea en el
futuro. El Gobierno entiende que el conocimiento está en la base
del crecimiento y de la libertad. Haremos todos los esfuerzos para
mejorar los niveles educativos del país, teniendo siempre
presente, que un porcentaje muy alto de nuestros niños nacen en
los hogares más débiles.
El Poder Ejecutivo ha procurado, por la vía de medidas
administrativas reclamadas por los exportadores del software, así
como con la creación de la Comisión para la Nueva Economía, y
su participación en simposios que estimulen estas actividades, de
apoyar los esfuerzos que le han permitido al Uruguay ser conocido
y respetado en el Mercosur, al tiempo que sus productos son
aceptados por los más exigentes mercados internacionales.
El Uruguay puede transformarse en la región en un centro de
actividades de tecnología avanzada, así como exportador de
servicios. Tiene capital humano dentro y fuera del país, que
incorporado a las distintas áreas, a la vida y producción
nacional, le permitirán crecer, así como abrir nuevas y exitosas
oportunidades de trabajo.
En el Uruguay la desocupación puede y debe ser reducida con una
economía abierta, con un estado moderno, con educación, ciencia
y cultura. Uruguay tiene que producir, vender y ser en todas sus
actividades natural y excelente. Serlo, importa además,
asumir que en la vida, tanto las personas como las sociedades, al
tiempo que tienen derechos, tienen deberes. Si atendemos, tanto a
unos como a otros, tendremos un país mejor.
Dificultades de carácter instrumental y legal han demorado mucho
más de la cuenta las tareas a la que nos hemos
comprometido, referidas a resolver los asentamientos ubicados en
los suburbios de diferentes ciudades del país. Los departamentos
de Salto y Rivera han recibido los primeros contratos. Esperamos
que este año, resueltos los obstáculos legales y
administrativos, podamos invertir una cifra del orden de los 18
millones de dólares en la corrección de los asentamientos y con
ello mejorar la vida familiar, que sigue siendo el centro de la
estructura de la sociedad. Proteger la familia y proteger la vida
desde el embarazo de la madre es condición para una sociedad
estable, en donde la felicidad no sea solamente la consecuencia de
obtener los medios materiales necesarios para vivir sino que, además,
se asiente, de manera esencial, en valores que permitan
asegurarnos una convivencia de paz y armonía.
El Poder Ejecutivo ha tenido el honor de participar en el orden
regional e internacional, en las reuniones del MERCOSUR y del
Grupo de Río. En cuanto al MERCOSUR el Poder Ejecutivo ha
insistido en forma reiterada en la necesidad de constituir y
conformar instrumentos institucionales que consoliden su
funcionamiento. Una Secretaría Técnica y Tribunales Arbitrales
permanentes, que nos permitan resolver con objetividad las
diferencias comerciales, que en los últimos meses en forma
creciente han generado obstáculos en la aplicación de los
principios que dieron origen al Tratado de Asunción. Los
esfuerzos del Uruguay siguen orientados, a alcanzar estos
objetivos. Asimismo en todos los casos en que le ha tocado a
Uruguay participar en estos eventos, la representación de nuestro
país ha respetado, no solamente lo que son nuestras tradiciones
en materia internacional, sino lo que tiene cada día mayor
consistencia y que es el concepto de que las relaciones
internacionales forman parte de una política de Estado.
El Uruguay ha seguido esa política en todas las ocasiones que le
ha tocado actuar, tanto a sus parlamentarios, como a los
representantes del gobierno, al integrar y formar parte de las
distintas organizaciones internacionales.
El Poder Ejecutivo expresa en el orden internacional su firme
decisión de buscar mercados para lo que el Uruguay produce. Con
ese propósito hemos manifestado nuestra decisión de participar
en las negociaciones iniciadas hace años para consagrar una
asociación de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego.
Siendo que toda negociación supone dificultades relativas a
superar políticas locales o nacionales que traban esos acuerdos,
el Gobierno entiende que el obtener acceso a los mercados, cuando
ellos además son de la dimensión del que constituyen Canadá,
Estados Unidos y México, significa acceder a posibilidades que
hoy, lamentablemente, no se dan, como en el siglo pasado, en el
mercado europeo. Uruguay, con una población y una cultura que
mantiene sus profundos vínculos con las naciones europeas,
abierto a la inversión en nuestro país que aportan los capitales
y la tecnología de esas naciones, que en forma creciente se
vienen instalando entre nosotros con resultados positivos para
ambas partes, desea, así como los integrantes del MERCOSUR,
alcanzar con Europa acuerdos que nos permitan generar
mayores corrientes de comercio bajo normas más generosas y más
abiertas. Estamos dispuestos a participar de las próximas
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y junto con
el Grupo de Cairns tratar con firmeza de que ellas incorporen los
temas agrícolas como temas prioritarios. Asimismo, el Oriente
supone un mercado nuevo para nuestros productos. Esas corrientes
iniciadas exitosamente, e interrumpidas por el proceso de la
aftosa, mostraron y volverán a hacerlo, posibilidades de
dimensiones en permanente expansión para nuestros productos.
Todos estos temas, amén de aquellos de los que informan los Señores
Ministros, tienen un denominador común: mantener el déficit
fiscal en los niveles comprometidos. Ello nos asegura una baja
tasa de inflación y una participación beneficiosa en los
mercados financieros internacionales. Controlar el gasto,
reducirlo todo lo posible, mantener una política de austeridad,
reclamar de todos los entes públicos una actitud similar, es una
obligación que el Poder Ejecutivo la entiende como prioritaria en
la gestión del Gobierno.
Finalmente, Señores Legisladores, el Poder Ejecutivo reitera su
voluntad política, correlato de su obligación constitucional, de
mantener y profundizar los entendimientos que permitan al Uruguay
adentrarse en el camino de la justicia y la modernidad.
Continua: Memoria
Anual del Ejercicio 2000
LA
ONDA®
DIGITAL
|
