Una Copa América entre bombas, tiros y muertos

por Rodrigo Taibo

El presidente colombiano  Andrés Pastrana fue a Asunción para asistir a la reunión extraordinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), que resolverá sobre la realización de la Copa América en julio próximo en este país andino.

Pastrana, quien ha defendido la realización de ese torneo en su país pese a los atentados terroristas con coche-bomba perpetrados en las últimas semanas en varias ciudades del país, dijo que “he tomado la decisión (....) para asegurar la realización de la Copa en nuestro país”.

Pastrana se unirá a la delegación colombiana, que hasta antes del anuncio de su asistencia, estaba encabezada por el ministro de Minas y Energía, Ramiro Valencia, quien aseguró el viernes que “la violencia no nos quitará la Copa América de nuestra casa”.

“Nosotros no podemos negar nuestra realidad, pero también es cierto que en Colombia a ningún deportista lo han tocado por el sólo hecho de venir a competir a nuestro país. De manera que la violencia no nos quitará la Copa América de nuestra casa”, dijo Valencia.

“Nunca en ningún evento deportivo internacional que ha celebrado Colombia a habido ni un dirigente, ni un árbitro y ni un jugador que haya sido herido violentamente por hechos ajenos al deporte”, recalcó.

La Copa América colombiana, seriamente amenazada por actos terroristas que en las últimas semanas han afectado a varias ciudades del país andino, se celebrará entre el 11 y el 29 de julio próximo.

Todos matan

 “¿Quién mata mejor?” en Colombia es la pregunta con que el filósofo francés, Bernard Henri Levy inicia un extenso reportaje sobre la situación en esa nación andina, publicado por el diario francés Le Monde .

Titulado “Los dolores de cabeza de Carlos Castaño”, en alusión al jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que la guerra en Colombia son las matanzas de campesinos a manos de las AUC o de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero también “es Bogotá con sus asesinatos en plena calle, sus sicarios, su gente secuestrada al por mayor y es Medellín, donde las paredes de la ciudad están cubiertas de afiches con la sigla MAT, ‘Maten A los Taxistas’, acusados “por los cárteles de la droga de utilizar sus radios para comunicar con la policía y denunciar a los dealers de coca”.

Tras relatar su viaje al departamento de Córdoba, donde hace más de un mes las AUC mataron a “20 personas sospechosas de colaborar con la guerrilla marxista” y luego llegaron las FARC y “y mataron a otros diez por temor a que fraternizaran con el enemigo”, Levy reproduce sus encuentros con dos de los principales protagonistas del conflicto que Colombia padece desde hace casi cuatro décadas.

Durante este “viaje al infierno de la coca”, Levy entrevistó a Carlos Castaño, líder de las AUC, a quien considera “febril, desenfrenado y psicópata” y a Iván Ríos, consejero de Manuel Marulanda “Tirofijo”, máximo jefe de las FARC, a quien califica de “simpático”.

Su encuentro con Castaño fue en la zona de fincas en el corazón de Córdoba y que abarca otros departamentos “tan vastos como los crímenes espantosos” que se le imputan.

“Soy un hombre de justicia” es lo primero que le dice Castaño, repitiendo que “no estamos en el tráfico” de droga. Aunque, más adelante dirá que “cuando una tierra es estéril y lo único que se puede cultivar es eso. ¿Les va a prohibir a los campesinos que ganen su vida?”, exclama Castaño.

Tras hacerle notar que tiene el mismo discurso que las FARC, el jefe paramilitar dirá: “Le prohibo decir eso. La diferencia es que con los beneficios de la droga nosotros hacemos el bien. El Bien”.

“Con el dinero de la droga hemos hecho esta carretera por donde vino usted”, afirmó Castaño.

El líder de las AUC explicó luego que a los sindicalistas “los matamos porque impiden a la gente que trabaje”.

Levy dijo que “en las dos horas con Castaño (...) no habrá ni una palabra de compasión ni pesar” por los crímenes que se le atribuyen. A lo sumo dirá que “su ejército creció un poco rápido” y en algunos casos, es decir matanzas, “faltó profesionalismo”.  Al cabo de dos horas de conversación, con un Castaño “desenfrenado y febril”, Levy se pregunta “si simplemente no estará drogado”

La primera pregunta a Iván Ríos de las FARC fue: “¿Es posible que sus hombres hayan asesinado a los sobrevivientes de una matanza perpetrada por vuestros enemigos jurados?”.

“Todo puede suceder. Hay abusos en todas las guerras”, le responde en el campo militar de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, cabecera de la zona desmilitarizada de 42.000 km2 en el sur del país a cargo de la guerrilla.

Levy va luego por el tema de los secuestros. Pero para Ríos la respuesta es: “hay una manera muy simple de no ser secuestrado: pagar antes. A menudo es lo que la gente hace. Entonces, todos quedamos contentos. Ellos porque no son secuestrados y nosotros porque no tenemos gastos”, y concluye afirmando: “es el secuestro virtual”.

Ríos defiende luego a los campesinos que trabajan en plantaciones de coca y se pregunta si “es ilegal trabajar, mantener a su familia y si ello lo convierte a uno en narcotraficante”.

De Regreso de San Vicente del Caguán, Levy concluye que se trata de “un comunismo traficante. El comunismo con cara de gangster”.

“Nunca se vio una guerra reducida a este enfrentamiento entre malhechores y títeres, clones y payasos”, afirma Levy para concluir que el conflicto colombiano ha alcanzado el “estadio supremo de la bufonada y el estadio elemental de la violencia desnuda, sin disimulo, reducida a su verdad sangrienta”.

El reportaje de dos páginas con fotos y un pequeño mapa de Colombia, en el marco de la serie que publica Le Monde todos los días sobre lo que denomina “Los condenados de la guerra”.

La barbarie

La guerra que libran en Colombia los paramilitares de extrema derecha y las guerrillas izquierdistas en diversas regiones del país se sume en la barbarie, puesto que cada vez son más frecuentes los crímenes masivos de campesinos cuyos cuerpos son decapitados o mutilados.

Varios de los cuerpos de los labriegos fueron encontrados decapitados o con los brazos mutilados, y otros con el tórax abierto con cierras eléctricas, según denunció en su momento el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Eduardo Cifuentes.

Cifuentes, quien dos días después de conocida la matanza acudió a la apartada región para comprobar la magnitud de la matanza, al comentarla dijo a los periodistas que “estamos frente a una situación de la más extrema crueldad que se pueda imaginar el ser humano”.

Eduardo Cifuentes admite que su trabajo en Colombia como máximo veedor de los derechos humanos no es fácil, porque los grupos armados de izquierda y derecha están enfrascados no en una guerra civil, sino en una guerra contra la población civil.

“Muchas veces, después de las masacres, lo que encuentra la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo son cuerpos descuartizados”, dijo Cifuentes, un abogado de 47 años nombrado en 2000 por el Congreso de la República como Defensor del Pueblo.

Cifuentes tiene la tarea, virtualmente imposible, de velar por el respeto de los derechos humanos en un país azotado durante 37 años por una brutal y creciente guerra de guerrillas.

El funcionario ve escasas perspectivas de mejora, debido a que los grupos armados ilegales de extrema izquierda y derecha se disputan el control territorial y el liderazgo político a las puertas de las elecciones presidenciales de mayo de 2002.

“En la medida en que los actores armados entiendan que para mejorar su posición de negociación tienen que mostrar más fortaleza militar, pues va a sufrir mucho más la población civil”, aseguró Cifuentes.

“Esta ha sido una guerra definida no como guerra civil sino como una guerra dirigida contra la población civil”, agregó Cifuentes, cuya oficina inicia acciones jurídicas en las cortes y provee el servicio de defensa legal a personas pobres.

Los grupos armados, particularmente los escuadrones paramilitares de ultraderecha, atacan a menudo a campesinos, quienes conforman la mayoría de los cerca de 40.000 muertos que dejó la violencia en la pasada década.

La vasta mayoría de los abusos contra los derechos humanos quedan en la impunidad en este país andino de 40 millones de habitantes, advirtió el último informe de Amnistía Internacional.LA ONDA® DIGITAL