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Educación
publica
Los desafíos detrás del 4.5%
Profesor Edgardo Rubianes* |
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¿A la investigación
científica le toca el 4.5%?
Merthil Manginni |
Educación
publica
Los desafíos detrás del 4.5%
por el profesor Edgardo
Rubianes*
Dentro de unos años la “crisis política” asociada a las
instancias de cómo alcanzar el 4.5 % será vista como lo
anecdótico. Lo central lo constituirán los resultados y elsigno
de los mismos que la instrumentación de la decisión haya
provocado.
 Un
logro
Los entretelones gubernamentales
sobre la inclusión del “4.5% del PBI para la Educación Pública”
en la propuesta presupuestal y el modo de concretarlo no
deberían impedirnos visualizar la importancia que tiene la
definición adoptada y las implicancias de ella derivadas. El
destinar un 4.5% del PBI para la educación no es una
reivindicación nueva, tiene larga data, es recomendado por la
propia UNESCO y ha rondado los escenarios electorales en más de
una oportunidad.
En su momento, los sindicatos de
trabajadores y gremios estudiantiles impulsaron un plebiscito
para que una disposición de ese tipo alcanzara rango
constitucional. Como se recordará, si bien la iniciativa tuvo
apoyos políticos algo más amplios que los de la izquierda, el
porcentaje de votantes que incluyó la papeleta por el SI en
Noviembre de 1994 estuvo lejos del requerido. Sanguinetti
-electo presidente en dicha instancia electoral y que no
acompaño la iniciativa plebiscitada sosteniendo que introducía
una rigidez indeseable al manejo presupuestal- se había no
obstante comprometido en la campaña a incrementar la inversión
educativa en las sucesivas rendiciones de cuenta en dirección a
ese porcentaje.
El tema volvió a estar presente
en las elecciones de 1999. El 4.5% para la Educación formó parte
de los “compromisos programáticos” que el Directorio del Partido
Nacional “exigió y acordó” con Jorge Batlle en la recta final
hacia el balotaje de Noviembre en el que este enfrentó y derrotó
a Vázquez. Pero al igual que lo ocurrido con otros compromisos,
ni Sanguinetti a fines de los 90 ni la coalición blanqui-colorada
que gobernara a comienzo del nuevo siglo, lo cumplieron.
El actual mensaje del Poder Ejecutivo concreta, por tanto, no
solo un compromiso electoral sino también una justa y vieja
reivindicación. La resolución conllevó resignar en mayor o menor
medida, apoyos a otras áreas carenciadas y todos los actores
vinculados al sistema educativo deberíamos tenerlo muy presente
y ponderar la responsabilidad agregada que implica.
¿Tiempo de reformas?
El incremento presupuestal
aprobado, abre un abanico de desafíos que sería bueno analizar.
El primero se refiere a la capacidad de asociar estos apoyos
presupuestales a las imprescindibles reformas que globalmente el
Sistema Educativo Público reclama a gritos. No es cosa solo
de “poner más dinero en el sistema”, hay que también
transformarlo. El desafío convoca en primer lugar a las
autoridades de la enseñanza. Pero también debe ser asumido por
el resto de los actores. La confluencia de nuevas autoridades
dispuestas a conducir un proceso incluyente de elaboración de
reformas, el apoyo a las mismas desde el Ejecutivo y el
parlamento y el incremento de los recursos presupuestales indica
que el subsistema ANEP esta frente a una oportunidad histórica
para impulsar y concretar cambios sustanciales.
Que una asamblea de ADES haya
definido, simultáneamente a la crisis política, que la
reivindicación gremial debía ser no la histórica del 4.5%
sino del 6%, muestra que una reforma educativa incluyente
podría encontrar obstáculos incluso en sectores que la han
reivindicado. De la capacidad de las nuevas autoridades de
liderar y articular este proceso, involucrando
participativamente a actores clásicos -asambleas
técnico-docentes, gremios de docentes y funcionarios, asociación
de padres y alumnos- como a otros representativos de la sociedad
civil y de la producción, dependerá el éxito. Confiemos que los
involucrados puedan estar a la altura del momento que la
sociedad les encomienda.
¿Aceptaremos que la sociedad nos atraviese?
En el subsistema universitario la
situación no se vislumbra tan optimista. A un mes de las
elecciones que definirá nuevo Rector y nuevos consejeros de
todos los ordenes en las Facultades, y nuevos decanos en muchas
de ellas, no se observa demasiada dinámica reformista. Ante el
mínimo movimiento o planteo desde otros ámbitos de la sociedad,
la Universidad se pone a la defensiva. Algunas resoluciones de
este año, como la del Claustro General de febrero, ratifican
desgraciadamente esa conducta. En estos días, un par de
Ministros han lanzado provocativamente sendas reflexiones sobre
la realidad universitaria. Coincidiendo o discrepando con los
planteos, nadie con seriedad puede decir que Astori o Mujica son
la expresión de proyectos políticos “de derecha o
antiuniversitarios”. Son además, y nada menos, que las cabezas
de los grupos mayoritarios del gobierno electo por la gente hace
pocos meses. El mismo gobierno que prioriza presupuestalmente a
la Educación Pública. No es cosa de hacer oídos sordos a los
planteos, mirar para el costado como ha ocurrido reiteradamente
o apretar el play del cassetero. Hay un desafío de la
hora pues, que nos compete específicamente a los universitarios.
No debería ocurrir que los incrementados apoyos económicos se
repartieran con los mismos parámetros históricos del toma y daca.
La Universidad tiene zonas enfermas, tiene dinámicas perversas.
Sano es, en primer lugar, reconocerlo y luego actuar en
consecuencia. De lo que se trata -y repito, más allá del
acuerdo o no con las propuestas- es definir si se acepta o no
que el debate sobre la Universidad y sobre su futuro involucra a
toda la sociedad y no solo al “demos” universitario.
Significa definir si la Universidad se abroquelará sobre si
misma o si como esa sociedad le esta demandando ya desde hace
tiempo, se transforma ella misma en co-protagonista de
inexcusables cambios e impulsa desde su propio interior y sin
preconceptos, una segunda Reforma Universitaria. Si acepta que
la sociedad la atraviese y la ayude a procesar su propia
transformación.
¿El 1% como parte del 4.5%?
Un tercer desafío, pero vinculado
con el anterior, esta planteado en relación a la Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI). La izquierda incluyó en su
programa una “meta fija” como porcentaje del PBI respecto a la
Educación pero, contrariamente a lo que se ha difundido
últimamente, no es la única meta fija comprometida en la campaña
electoral. Alcanzar a mediano plazo una inversión nacional -en
este caso se incluye la pública y la privada- del 1% del PBI en
CTI fue también un compromiso explicitado enmarcado en uno de
los cinco ejes estratégicos del cambio, el del Uruguay
Innovador. En ese sentido, con la creación de la Agencia de la
Innovación, nueva figura publica estatal incluida en el
articulado presupuestal, se busca optimizar la capacidad del
Estado para diseñar y ejecutar planes y programas de CTI
articulando actores públicos y privados, oferta y demanda
científico-tecnológica; y recursos financieros hoy dispersos. Se
aspira además que sea una palanca para la Innovación en el marco
del Plan Estratégico a elaborarse y que tiene prioridades en
algunas áreas esbozadas en líneas generales cuando se instalara
el Gabinete Ministerial de la Innovación en el pasado mes de
Abril.
Así como en otros sectores, el
fortalecimiento de los recursos destinados a la “Educación”
implicó recortes importantes a fondos o programas que
actualmente, si bien dispersos, se destinaban a ciencia y
tecnología (p.e. Fondos Clemente Estable y Nacional de
Investigadores y el PEDECIBA) y que en el marco de la nueva
institucionalidad podrían ser incorporados, articulados y/o
potenciados en y por los programas de la Agencia. La opción por
la “Educación” quitó objetivamente fondos que taxativamente
estaban destinados a CTI. Con la nueva situación algunas
incógnitas surgen: ¿de los recursos incrementales, cuánto
destinará la Universidad a financiar Investigación? ¿qué
sucederá con programas como el PEDECIBA que vio recortado
dramáticamente sus recursos? ¿se hará cargo la Universidad, como
codirectora de dicho programa, de aportarlos? En relación a los
proyectos de investigación, ¿se seguirá sin establecer
prioridades como ha venido sucediendo en estos 20 años o se
definirán áreas y sectores concordantes con las que se definan
en el Plan Estratégico Nacional de CTI? ¿cómo se incorporara la
demanda social y productiva al respecto?
Estas y otras cuestiones relacionadas están
desafiantemente ubicadas en la actual agenda. Resolverlas
acertadamente determinará el balance que hagamos a fin del
período respecto “al 4.5%”. Apoyo
presupuestal incremental y transformaciones educativas son
andariveles de un mismo proceso. Participativo si, societario
también y que englobe a toda la Educación. Es hora de cambios.
* Docente e investigador universitario
LA
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