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Universidad Lo que se puede leer a continuación, es un trabajo escrito por el Profesor e investigador Rodolfo Gambini preparado como parte de varios documentos que ADUR maneja como base de discusión sobre la situación de la Universidad de la Republica en el marco de su X Convención a realizarse en Mayo. Estas opiniones, como la propia Convención adquieren particular interés ya que en la mayor casa de estudio se inicia por estos días una importante instancia de sus distintos órdenes que la llevara en el mes de junio a elegir un nuevo Rector, que sustituirá al Ing. Fafael Guarga que ha llegado al final de su mandato.
Las circunstancias políticas resultan favorables para encarar estas transformaciones, por tanto tiempo postergadas, y llevar adelante una discusión interna fructífera que conduzca a una propuesta de renovación plasmada en un nuevo proyecto de Ley Orgánica. La situación demanda la participación de todos los universitarios, aun de aquellos que han sufrido por décadas experiencias que los condujeron a la desmovilización, el gremio debe ver en la próxima convención la oportunidad tan esperada de sumarse al proceso de creación de un sistema universitario renovado. La educación superior ha sufrido cambios profundos en los últimos 50 años en todo el mundo. Hemos pasado de sistemas diseñados para la formación de elites profesionales a sistemas que proporcionan, en muchos países desarrollados, formaciones superiores de algún tipo a más del 70% de los jóvenes. En Uruguay se ha dado este proceso de generalización de la demanda, pero se ha producido dentro de un sistema universitario que ha tendido a mantener sin mayores cambios la misma oferta de carreras y formaciones y ha debido enfrentar el proceso con recursos muy limitados y prácticamente congelados. En lugar de entrar en una etapa de democratización creciente capaz de proporcionar capacitación superior a quienes hoy serian más de la mitad de la población activa, hemos entrado en un prolongado proceso de masificación. Sus características visibles para todos son: la despersonalización de la enseñanza; la concentración de grandes números de estudiantes con escasa motivación debido a una oferta de opciones que no les satisface; una bajísima proporción de egresos frente a los ingresos, con la consiguiente frustración de generaciones de jóvenes; el deterioro progresivo de los niveles de la educación que se imparte impulsado por insuficiencias de infraestructura y de docentes y las dificultades crecientes de aprendizaje que las propias condiciones de enseñanza masiva imponen, unido a las malas formaciones de los jóvenes que ingresan al sistema desde una enseñaza media con problemas similares a los aquí mencionados. El rol creciente de la formación de egresados de las instituciones privadas, con una proporción muy superior de egresos frente a los ingresos, hace más evidente el fracaso de los intentos democratizadores de la enseñanza pública. El estudiante que puede pagar tiene muchas más probabilidades de obtener un título que el que no puede. Posiblemente la calidad de los egresados de la Universidad de la Republica sea superior, pero sinceramente no creo que la diferencia en calidad baste para justificar la bajísima relación entre ingresos y egresos. Como se sabe, de acuerdo con el reciente estudio publicado por UNESCO de 16 países latinoamericanos estudiados, Uruguay comparte con Bolivia y Guatemala los últimos puestos con una eficiencia de titulación de apenas el 28% de los ingresos. En este sentido, el objetivo de incrementar los egresos, tanto en relación a los ingresos como en números absolutos, debe ser priorizado. Pero también es necesario prestar particular atención a la calidad de la educación y de la investigación, que el mencionado deterioro de las condiciones de trabajo ha puesto en peligro. Si bien se requiere que la oferta de educación superior se extienda y adquiera alcance y cobertura nacional no parece conveniente seguir expandiendo a la Universidad de la República. Tampoco tiene sentido la creación de otras Universidades que funcionen como meros compartimentos estancos o compitan sin compartir recursos o colaborar. Dada la escasez de recursos humanos y materiales de nuestro país es imprescindible reunir los disponibles en las distintas áreas y disciplinas y redireccionarlos en función de necesidades y objetivos de alcance nacional. Para ello resulta necesario crear un sistema de educación superior pública que integre diversas instituciones que trabajen con autonomía pero coordinadamente. La reforma universitaria debe, por tanto, trascender los límites de esta Universidad y plantearse como la reestructura del sistema de educación superior pública nacional. Para ello será necesario cambiar la ley orgánica y crear un sistema de educación terciaria y superior, que incluya instituciones de distinto nivel organizadas en torno a las grandes áreas temáticas que hoy existen en nuestra Universidad. Una alternativa que me parece particularmente adecuada sería desarrollar una estructura en tres niveles que trabajarían coordinadamente. A) Una institución de postgrado que forme investigadores en todas las áreas del conocimiento y prepare para la innovación combinando diversas habilidades de carácter científico, con las ingenierías las ciencias aplicadas y la economía. Es preciso recordar que en materia de investigación científica, si comparamos la situación uruguaya con la de nuestros vecinos: Argentina, Brasil y Chile, Uruguay presenta un retraso apreciable, tanto en inversiones como en el número de científicos y tecnólogos dedicados a la investigación. Estudios comparativos indican que es necesario duplicar, al menos, el número de científicos y técnicos vinculados a actividades de I+D en los próximos 10 años; mejorar la calidad del sistema científico aumentando la proporción de investigadores con maestrías y doctorados llevándola a un 50% de los investigadores activos; incrementar la cobertura temática de las áreas existentes en el país hoy bastante dispersa debido a las muy reducidas dimensiones de nuestro sistema científico y crear instituciones destinadas a la promoción de la transferencia de conocimientos a los sectores sociales y productivos, y al apoyo a las empresas innovadoras. Eso requiere fortalecer nuestros postgrados, con criterios de calidad y exigencias uniformes, nuevas instituciones para formar investigadores, laboratorios básicos, aplicados e industriales y centros de investigación social y humanística B) Un conjunto de instituciones que reúnan las actuales competencias de la Universidad de la República redistribuidas en torno a dependencias múltiples, combinando unidades que contendrían los recursos humanos y la infraestructura de laboratorios, organizadas jerárquicamente en Institutos Centrales y Núcleos que reúnan a varias de las actuales facultades y posean amplia autonomía financiera, con unidades o Áreas dedicadas a tareas específicas ya sea en materia de enseñanza, como de investigación interdisciplinaria. La superación de la estructura de carreras longitudinales facilitando el tránsito horizontal de los estudiantes sólo será posible en la medida en que las carreras profesionales puedan cruzarse efectivamente superando las barreras de las Facultades. La actual repartición de los edificios universitarios dispersos por todo Montevideo dificulta sin duda estos intentos de coordinación Será obviamente muy difícil lograr esta flexibilización del sistema sin estructuras físicas que acompañen ese proceso. C) Instituciones de enseñanza terciaria y politécnica, con adecuados niveles de capacitación y con formaciones básicas suficientes para permitir una rápida adecuación a las cambiantes demandas de trabajo. En mi opinión una reforma educativa de las dimensiones aquí esbozadas no puede hacerse sólo desde dentro de la Universidad de la República, aunque debe ser ella la que tenga la iniciativa y defina una propuesta propia. Debemos darnos ámbitos de discusión internos comenzando por nuestro propio gremio, para llevarla luego al conjunto de la Universidad estableciendo un dialogo entre los ordenes con un claro liderazgo del rectorado, y ampliarla finalmente llevándola a nivel parlamentario para que legisladores y universitarios trabajen conjuntamente en el diseño final de la nueva estructura institucional. Dicho trabajo culminaría con la elaboración de una Ley Nacional de Educación Superior Pública. La existencia de un gobierno que ha recibido el amplio respaldo de la ciudadanía, ofrece una oportunidad única para encarar estos cambios que no debe desaprovecharse. No es posible omitir hacer referencia, en las actuales circunstancias a otros dos asuntos. Orientación al ingreso Si no se combate la masificación, la calidad de la enseñaza y la relación egresos versus ingresos difícilmente mejoren. Es claro que ello pasa en primer lugar por abrir las oportunidades y aumentar sustancialmente el número de estudiantes en la próxima generación, por lo que la limitación del ingreso al Sistema resulta inconveniente. Pero parece imprescindible realizar una evaluación universal y obligatoria al ingreso al Sistema, que permita a todos recibir una educación superior, pero que oriente a los estudiantes a los niveles y especialidades para los que estén más motivados y capacitados. La supuesta permisividad actual es engañosa y tiene un enorme costo, antes que nada de carácter humano, contribuyendo a la frustración de un porcentaje muy alto de los jóvenes, y desperdiciando recursos que podrían ser empleados para capacitarlos para la vida profesional y para contribuir al desarrollo del país.
Matrícula Existen buenos argumentos a favor y en contra de tal iniciativa. En los países latinoamericanos en que se ha aplicado, la matrícula se ha establecido como la regla y las becas que permiten estudios gratuitos solo atienden a casos excepcionales. Si además el cobro de matrícula se emplea para cubrir gastos de funcionamiento o sueldos docentes el sistema sólo contribuirá a agravar las diferencias para el acceso a la universidad pública según el origen socio-económico de los estudiantes y no contribuirá a mejorar la calidad de la educación. El pago de matrícula en países como el nuestro no puede cubrir más que una pequeña proporción de los presupuestos que las universidades necesitan, a menos que se fijen montos de matrícula impracticables. Por otra parte, si junto al cobro de matrícula se procura impulsar una mayor igualdad de oportunidades para que jóvenes de familias con menos recursos hagan estudios terciarios y superiores, es posible que el pago no pueda exigirse a más de un 50% de los estudiantes, debiéndose mantener formas de ingreso gratuito para el resto. Pero aún si lo recaudado por ese concepto no superase el 10% del presupuesto universitario, si se lo destina exclusivamente a la mejora del sistema educativo, a la creación de nuevas opciones y carreras y al combate de la masificación podría tener efectos positivos. Considero que si se resuelve llevar adelante una transformación en profundidad del sistema de enseñanza superior, lo que exigirá del Estado nuevos recursos, sería una muestra de responsabilidad y de realismo ante el conjunto de la sociedad, y en particular ante las clases más necesitadas que hoy también pagan sin disfrutar de los beneficios de la educación, poner el tema en la agenda, asegurando la gratuidad del ingreso para esos sectores. Pero en las actuales circunstancias, mi posición es contraria a una imposición a corto plazo de matrículas aún con las restricciones aquí esbozadas. En efecto a mi entender tal sistema no puede más que despertar muy fuertes resistencias en los usuarios de servicios universitarios que, con las actuales carencias de infraestructura, oferta de opciones y calidad de muchas carreras, no ofrecen por el momento las condiciones mínimas requeridas. Por otra parte no cabe duda que la implementación de un sistema de estas características es delicada y crucial para asegurar que el mismo no tenga consecuencias negativas. Resumo en el siguiente proyecto de resolución los aspectos centrales de mi propuesta, no con el ánimo de que sea tomado tal cual, sino para ser lo más concreto posible en lo que considero es el núcleo de la misma. Visto 1) Que la Universidad de la República viene sufriendo desde hace décadas un prolongado proceso de deterioro que se expresa en el desmejoramiento en las condiciones de estudio, la obsolescencia de su estructura jurídica concebida para una sociedad y un mundo diferentes y el creciente número de desafíos no atendidos que el desarrollo del país nos plantea y exige. 2) Que en Uruguay se ha dado un proceso de generalización de la demanda de estudios superiores en un sistema universitario que ha tendido a mantener sin mayores cambios la misma oferta de carreras y formaciones y ha debido enfrentar ese incremento de la demanda con recursos muy limitados y prácticamente congelados. 3) Que debido a estas circunstancias la enseñanza se ha masificado a extremos inaceptables; caracterizados por la despersonalización, la concentración de grandes números de estudiantes con escasa motivación a causa de una oferta de opciones que no les satisface, con una muy baja proporción de egresos frente a los ingresos, y la consiguiente frustración de generaciones de jóvenes, el deterioro progresivo de los niveles de la educación que se imparte, impulsado por insuficiencias de infraestructura y de docentes, y las dificultades crecientes de aprendizaje que las propias condiciones de enseñanza masiva imponen. 4) Que en materia científica y tecnológica el país esta muy rezagado frente a nuestros vecinos de la región Argentina Brasil y Chile y necesita para su desarrollo en las próximas décadas de un fuerte incremento en el número de científicos y tecnólogos dedicados a la investigación y la innovación tecnológica, lo que plantea muy altas exigencias de calidad a nuestro sistema de educación superior. Considerando 1) Que ante la creciente demanda de formaciones terciarias, superiores y de postgrado, y la necesidad de darle a la educación superior alcance y cobertura nacional, es impensable seguir expandiendo la Universidad de la República que se ha transformado en un organismo excesivamente pesado y burocrático y que por lo tanto se deben generar nuevas instituciones, más pequeñas y con un mayor grado de especialización. 2) Que para superar la desesperante lentitud en el tratamiento de los problemas de fondo en la Universidad; la burocratización del Consejo Directivo Central que reduce muchas veces los temas a tratamientos formales sin ir al meollo de los mismos, las dificultades que enfrentan las iniciativas innovadoras y la anticuada organización en Facultades, se requiere redistribuir las competencias de los ordenes y los servicios. 3) Que dada la escasez de recursos humanos y materiales de nuestro país es imprescindible reunir los disponibles en las distintas áreas y disciplinas y redireccionarlos en función de necesidades y objetivos de alcance nacional. Para ello es necesario crear un sistema nacional de educación superior pública que integre diversas instituciones que trabajen con autonomía pero coordinadamente. 4) Que las circunstancias políticas resultan favorables para encarar estas transformaciones, por tanto tiempo postergadas, y llevar adelante una discusión interna fructífera que conduzca a una propuesta de renovación plasmada en un nuevo proyecto de Ley Orgánica. 5) Que la elección de Rector, es en estas circunstancias de enorme relevancia, ya que el compañero que elijamos para ocupar dicho cargo deberá liderar la reforma universitaria y encabezar con propuestas claras y visión de largo plazo la discusión interna y la negociación con el poder político. Resuelve 1) Impulsar, desde la Universidad de la República, la elaboración, con la participación de todos los órdenes, de un Proyecto de Ley para la creación de un Sistema de Educación Superior Pública. 2) Solicitar a los candidatos al rectorado que establezcan por escrito sus posiciones respecto a la reforma universitaria, en particular en lo relacionado con la creación de nuevas instituciones, la reforma de la Ley orgánica, el ingreso y la matrícula. 3) Designar un grupo de trabajo que elabore, en coordinación con los distintos Centros los lineamientos de un proyecto de reforma universitaria a ser acordados por el orden; en particular los del Proyecto de Ley de Educación Superior. Citar a una nueva Convención, en plazo a determinar, para que analice las propuestas y tome posición. LA ONDA® DIGITAL |
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