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¿Paraguay, una
nueva Bolivia?
por el embajador Rubens Barbosa
 El
día 20, los paraguayos elegirán un nuevo presidente.
En la campaña electoral ha prevalecido, en mayor o
menor grado, un sentimiento anti-brasileño,
exteriorizado en dos aspectos: la revisión del
Tratado de Itaipú y la amenaza a los cerca de 300
mil agricultores brasileños que viven en Paraguay.
Disputan la elección
el ex-obispo Fernando Lugo, con el apoyo de una
coalición de movimientos sociales y partidos de
izquierda, Lino Oviedo, general jubilado, y Blanca
Ovelar, del Partido Colorado, apoyada por el actual
presidente, Nicanor Duarte.
Fernando Lugo fue
recibido por el presidente Lula la semana pasada.
Según el candidato paraguayo, el gobierno brasileño
estaría abierto a rediscutir Itaipú, afirmación
desmentida por el Palacio del Planalto. A pesar de
la negativa, portavoces dicen que no hay agenda
prohibida, lo que configura un gesto inédito de
apertura hacia la solicitud paraguaya. El PT y el
gobernador Requião apoyan la candidatura de Lugo,
que está al frente de casi todas las (no siempre
confiables) encuestas de opinión pública.
La renegociación del
Tratado de Itaipú con Brasil ha sido uno de
los principales temas de la campaña electoral. De
los tres candidatos, Lugo ha sido el más agresivo en
lo que tiene que ver con la defensa de la
''soberanía energética'', palabra de orden para la
tentativa del aumento significativo del precio
pagado por Brasil por la compra de la energía
generada por la Hidroeléctrica de Itaipú y que no es
consumida por Paraguay y de la venta de esa energía
a terceros países.
El tratado define las
reglas de utilización de la usina, la remuneración
de la energía producida, su operación y utilización.
Firmado en 1973, el documento tiene un plazo de
validez de 50 años, o sea, sólo podrá ser
renegociado en 2023.
La prédica de Lugo es
repercutida diariamente por los diarios de Asunción
y encuentra apoyo en Argentina, en Uruguay y,
recientemente, hasta en Chile, donde Ricardo Lagos
dijo que Paraguay tiene derecho a esta
reivindicación.
La demanda Paraguaya
debe ser vista dentro de un contexto más amplio. A
Fernando Lugo debería recordársele que a comienzos
de la década de 1970:
el gobierno brasileño
captó abultados recursos (más de U$S 12 mil
millones) necesarios para la construcción de la
usina Ande; la Eletrobrás Paraguaya, sólo se asoció
al emprendimiento porque el Banco do Brasil le
financió los U$S 50 millones para el aporte en los
U$S 100 millones del capital inicial; cuando las
primeras máquinas de Itaipú comenzaron a generar, no
había mercado para la energía producida; por esto, y
compulsivamente, como preveía y prevé el tratado,
las empresas distribuidoras brasileñas fueron
obligadas a adquirirla;
la energía cara
resultó en la insolvencia de estas distribuidoras,
que, al no poder pagar más a Itaipú, tornaron a la
binacional también insolvente, con la amortización
de los financiamientos externos, garantizados por el
Tesoro brasileño, sin gasto para el similar
paraguayo. Esta deuda, renegociada en 1996, sólo
será saldada en 2023.
Paraguay, por el tratado, tiene derecho al 50% de la
energía generada por Itaipú, pero su economía sólo
absorbe el 10% de este 50%.
El restante lo compra Brasil para su
propio consumo.
Hoy,
casi el 20% de la energía consumida por el sudeste
brasileño (San Pablo y Río de Janeiro) viene de
Itaipú, sin que haya alternativas, al menos a corto
plazo, para que este panorama se modifique.
Lugo alega que esta
energía absorbida por Brasil cuesta cerca de U$S
2,75 el MWh y quiere multiplicar el precio por ocho.
Este no es un precio de mercado, corresponde apenas
a la compensación adicional que Brasil paga al
Paraguay y que debe ser sumado a todos los demás
costos que Brasil asume como consecuencia de las
obligaciones previstas en el tratado. El costo
verdadero debería tener en cuenta los datos
financieros de la empresa.
En el 2007, la renta
operacional de Itaipú estuvo compuesta por U$S 3,042
mil millones de la Eletrobrás (95,23%) y apenas U$S
145,1millones de la Ande (4,77%). Este es el valor
monetario de la energía consumida por cada uno de
los dos países.
Brasil transfirió en
el 2007, por fuerza del tratado, directamente al
gobierno de Paraguay o para honrar los compromisos
financieros de aquel país en la Itaipú Binacional
cerca de U$S 1,5 mil millón, que corresponde al pago
de U$S 41,32/MWh por la ''energía paraguaya''
utilizada, o 14,86 veces más de lo que Lugo alega
que está siendo pago.
Los consumidores
brasileños incluso pagan en sus tarifas de luz cerca
de U$S 200 millones al año por concepto de royalties
a Paraguay. Los royalties pagos por usinas
brasileñas - que en Brasil son denominados
''compensación financiera'' - representan valores
bien menores que los royalties de Itaipú,
evidenciando un costo abusivo de los royalties de la
binacional (de 2,5 a 4,1 veces superiores a los
pagos por las usinas brasileñas).
Cediendo a la presión
del gobierno paraguayo, el gobierno Lula aumentó de
4 a 5,1 el coeficiente de cálculo de la energía
comprada por Brasil, lo que representó gastos
adicionales para el Tesoro de U$S 20 millones más
por año.
El gobierno Lula ha
afirmado que no aceptará ninguna modificación en el
Tratado de Itaipú y que va a mantener la misma línea
adoptada hasta aquí con el gobierno del presidente
Nicanor Duarte.
Dada la ambigüedad de
algunas declaraciones hechas por portavoces del
Planalto después de la visita de Lugo, es necesario
que Brasil se posicione de forma clara frente a
Paraguay para evitar lo que ocurrió con Bolivia.
Se espera que no haya confusión entre los intereses
ideológicos del PT y la actitud del gobierno de
Brasilia. La energía de Itaipú es una cuestión de
seguridad nacional y no admite tergiversación.
Esperamos que los intereses superiores de Brasil
sean defendidos de manera realmente efectiva, y no
con la falta de vigor con que fueron tratados los
problemas de la Petrobrás en lo concerniente a la
nacionalización de las refinerías y al aumento del
precio del gas en Bolivia.
Traducido para LA ONDA digital
por Cristina Iriarte
Rubens Barbosa,
consultor, presidente del Consejo Superior de
Comercio Exterior de la Fiesp,
fue embajador de Brasil en los EE.UU. y en Gran
Bretaña.
Otra Notas de R. Barboza en La ONDA digital
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